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Opinión

De las promesas al fracaso

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Por: HamletA Hermann

Nada hay como la prensa diaria para contrastar las promesas que hacen los políticos con los resultados que logran.

Cuando estos especímenes y sus socios de aventuras quieren crear opinión pública a favor de una obra multimillonaria, adoptan un procedimiento universal: minimizan los costos reales, ocultan los riesgos y prometen soluciones imposibles. Convencidos de que la emboscada está montada, arman una algarabía durante el inicio de los trabajos en el terreno y, de ahí en adelante, no hay quien los detenga.

Da gusto revisar los periódicos del mes de mayo de 2009. En éstos el Ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, anunciaba “la construcción de elevados que compondrían el corredor Duarte y agilizarían el tránsito de alrededor de 800,000 vehículos diarios”. El conjunto de obras “se extendería desde la entrada de Los Alcarrizos en el Oeste, hasta la intersección de la avenida Charles de Gaulle con la carretera de San Isidro, en Santo Domingo Este”. Como ya es habitual, anunció que “la construcción de los elevados estará a cargo del consorcio Norberto Odebrecht, brasileño, y la empresa Ingeniería Estrella, dominicana”. Anunció además que este corredor Duarte apenas costaría 163 millones de dólares y “será ejecutado con financiamiento privado gestionado por las propias empresas”. Hasta ahí la esencia de esa megaobra del presidente Leonel Fernández.

Para un sector profesional desvinculado de la política partidaria, aquella cadena de pasos a desnivel lucía aberrante. Urbanistas prestigiosos como Eric Dorrejo, Emilio Brea y Cristóbal Valdez advirtieron que no se habían tomado en cuenta los efectos dañinos provocados por los elevados construidos con anterioridad. Los urbanistas advertían, además, que las vías circundantes a la avenida “27 de Febrero” no se habían ampliado ni mejorado para compensar el colosal acceso que se propiciaba con el Corredor Duarte. Sin lugar a dudas, la aglomeración de vehículos sería mayor y la obsolescencia de esa obra se adelantaría ante el incontenible aumento del flujo de vehículos livianos por esa vía.

Tres años después, en 2012, los medios de comunicación se hacen eco del fin de los trabajos del último tramo de esa mega obra. Durante la campaña electoral presidencial, predominaba un festival incontenible de inauguraciones que buscaban satisfacer el insaciable ego del presidente Fernández. Entonces empezaron a confirmarse las contradicciones entre lo prometido y lo ejecutado.

Lo primero es que la promesa de que el Corredor Duarte llegaría hasta el corazón de Santo Domingo Este, no se cumplió. La realidad es que se quedó a mitad de camino en la intersección de la avenida “27 de Febrero” con la calle “Ortega y Gasset”. Nada hubiera que criticar si no fuera porque la obra completa fue propuesta por 163 millones de dólares mientras la mitad construida exigió “una inversión superior a los 203 millones de dólares”, con el agravante del financiamiento privado a altos intereses bancarios. Vale decir: él todo fue prometido por 163 millones y la mitad costó más de 203 millones, relativamente dos veces y media más de lo anticipado.

Peor aún, la incapacidad del Corredor Duarte se ha evidenciado desde antes de la terminación total de la obra. En vez de reducir los tapones de tránsito, éstos se han intensificado y ya alcanzan hasta más allá de las horas pico. El empeño del gobierno y sus contratistas de siempre en “cruzar la ciudad de Este a Oeste, sin semáforos, en menos de 10 minutos” es una estupidez tan grande que debió ser callada por el Poder Ejecutivo.

Con una frivolidad que espanta, el Consorcio Corredor Duarte trata ahora de convencer a la opinión pública de un proyecto de reordenación del tránsito en el Polígono Central. En momento alguno admiten que la infinidad de problemas que, supuestamente, quieren solucionar fueron provocados por ellos con el diseño irracional de la megaobra. Por eso hay que advertir a los niveles de decisión, de la capital y del país, que los pirómanos no pueden ser bomberos. Mal podrían ahora alegar inocencia ante el daño que han provocado al tiempo que quieren beneficiarse con nuevos contratos y absolverse por el crimen urbanístico cometido.

Este turbio proceder descalifica por entero al Consorcio para, siquiera, opinar sobre soluciones del tránsito en cualquier lugar de República Dominicana.

Artículo original publicado en el periódico HOY

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Opinión

Un País en Tinieblas

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Por Isaías Ramos

El país  se encuentra nuevamente al borde de un abismo que amenaza no solo con oscurecer nuestras calles, sino con apagar la esperanza de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Desde octubre de 2024, el sistema eléctrico nacional ha entrado en un estado de colapso programado, reviviendo los fantasmas de tragedias pasadas como las de 1984 y 2002. Apagones de hasta 16 horas diarias no solo paralizan nuestra vida cotidiana, sino que exponen la desgarradora realidad de un modelo energético corrupto, negligente y diseñado para el lucro de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.

Mientras la paciencia de los ciudadanos se agota, el gobierno, incapaz de asumir su responsabilidad, recurre a la excusa de que 800 mil usuarios son «ilegales». Pero esta narrativa no solo es ofensiva, sino que oculta el verdadero problema: estamos atrapados en un sistema diseñado para el saqueo y la explotación, un sistema donde la energía, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un negocio para las élites.

Esta crisis no es casualidad ni un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas que comenzaron con la Ley de Capitalización 141-97. Bajo la promesa de «eficiencia» y «estabilidad», el Estado entregó el sistema eléctrico a manos privadas, prometiendo tarifas justas y un servicio estable. Sin embargo, lo que ocurrió fue el despojo del patrimonio nacional.

Desde entonces, s de 30 mil millones de dólares en “subsidios han sido transferidos a estas empresas eléctricas, una cifra que hoy pesa como una carga insoportable sobre el endeudamiento nacional. Con esos recursos, podríamos haber instalado 20 mil megavatios de energía solar o 15 mil de energía eólica, garantizando nuestra soberanía energética y dejando atrás este modelo obsoleto. En cambio, seguimos pagando tarifas abusivas, soportando apagones interminables y viendo cómo las ganancias de unos pocos crecen mientras el pueblo vive en la penumbra.

La privatización no solo nos arrebató el control de nuestra energía; nos convirtió en rehenes de un sistema donde la dignidad del pueblo es la moneda más barata.

En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por criminalizar al pueblo. Etiquetar a miles de familias como «ladrones» de energía no solo es una muestra de desprecio, sino también una estrategia que intenta desviar la atención de la verdadera raíz del problema.

El pueblo dominicano no es ladrón. Es víctima de un sistema roto y de un liderazgo incapaz de garantizar soluciones reales. Si existen usuarios irregulares, el Estado tiene la obligación de regularizarlos con dignidad y justicia. Ir casa por casa, instalar contadores y garantizar un servicio digno y accesible. Pero lo que vemos es lo contrario: un castigo colectivo que penaliza incluso a quienes cumplen con sus obligaciones.

No podemos ignorar los paralelismos con eventos pasados. En 1984, las decisiones erradas llevaron a un estallido social que dejó más de 100 muertos. En septiembre del 2002, el descontento popular derivó en protestas masivas con resultados de más de una docena de muertos  y cientos de heridos que sacudieron al país.

Hoy, la situación es alarmantemente similar. La indignación popular crece, las protestas aumentan y la frustración se siente en cada rincón del país. Las voces de los ciudadanos se alzan en un grito colectivo, exigiendo justicia y soluciones reales. Estas no son señales que se deban ignorar. Hacerlo sería abrir la puerta a un nuevo estallido social que podría superar las tragedias del pasado.

En pleno siglo XXI, la energía no es un lujo ni un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce la ONU en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece: «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».

Nuestra nación  no puede seguir siendo esclava de un modelo que prioriza el lucro sobre las personas. Es momento de recuperar lo que nunca debimos perder: el control de nuestra energía y el compromiso con el bienestar colectivo.

Debemos construir un sistema energético basado en la sostenibilidad, accesible para todos y gestionado con justicia. Pero esta transición debe ir acompañada de un enfoque que respete la dignidad del pueblo.

El futuro de nuestro país está en juego. Cada día que pasa sin soluciones es un paso más hacia el colapso, pero también cada acción, por pequeña que sea, puede encender una luz. Una luz que nos guíe hacia un futuro donde la energía sea un derecho garantizado, no una mercancía para el lucro.

Desde el Frente Cívico y Social (FCS), estamos convencidos de que el país necesita un liderazgo renovado, uno que priorice al pueblo sobre los intereses privados, que construya un sistema energético digno y que transforme la crisis en oportunidad.

La pregunta es clara: ¿Seguiremos siendo esclavos de las tinieblas o nos levantaremos para construir el país que merecemos?

¡Despierta, RD!

 

 

 

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Opinión

Cumplimiento de las solicitudes  de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar  asistencia en el trámite.

En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.

El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado  Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.

Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.

Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.

En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte  requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga  o haga ese Estado Parte.

Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para  la ejecución de una solicitud de conformidad con  las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.

Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información  confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente  artículo.

Rommelsantsodiaz@gmail.com

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Opinión

Importante alerta fitosanitaria

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Por Nelson Encarnación

Una de las medidas más saludables adoptadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader relativas a la alimentación escolar fue establecer que en la elaboración de las raciones servidas en los centros educativos se emplee leche de producción nacional, con lo cual se obtienen variados beneficios.

El principal es apoyar y fomentar la ganadería dominicana, cuya incidencia en varias regiones ha sido tradicionalmente muy importante, logrando mantenerse como proveedores que cuentan con una infraestructura confiable, sólida y segura.

El otro beneficio es el control eficaz de la calidad de la leche que se sirve en estos alimentos, así como a los consumidores en general.

Esto alcanza mayor importancia ante las informaciones relacionadas con la aparición de un brote de fiebre aftosa en Alemania, donde se da cuenta de que esa enfermedad, que afecta animales de granja, ha provocado el sacrificio de determinadas especies.

Las acciones adoptadas en ese país se ajustan a los protocolos sanitarios internacionales que exigen sacrificar a los animales expuestos al contagio para evitar la propagación, debido a su alta tasa de infección.

El brote ha generado alarma en Europa, pues es el primero que se registra en Alemania en los últimos 35 años y que aún no ha podido ser controlado de forma completa y radical, según las informaciones de prensa.Esto obliga a las autoridades nacionales a extremar la vigilancia preventiva para evitar su ingreso a la República Dominicana, ya sea a través de leche o de derivados lácteos que lleguen por canales de importación.

Es una alerta oportuna para llamar la atención a fin de que se fortalezcan los controles fitosanitarios para mantener al país libre de una amenaza cuyas repercusiones serian altamente dañinas para el sector.

Sobre todo cuando, según los especialistas, un factor de gravedad y complicación es que no existe tratamiento para los animales infectados, lo cual—como medida extrema—obliga al sacrificio para combatir los brotes.

Es importante resaltar que, afortunadamente, no afecta a los humanos, pero tiene un gran impacto en la ganadería y en toda la cadena de producción asociada a este rubro.

Suponemos que las autoridades del área están edificadas, pues debemos recordar el trabajo que le costó al país restaurar la confianza de nuestros compradores de productos de origen animal, luego de estar vedados precisamente por no extremar los controles.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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