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16 mil novecientos cincuenta presos son preventivos de un total de 25,878 que hay en el país.
Santo Domingo, R.D.-La alta cantidad de presos preventivos que hay en el pais es uno de los principales desafios del sistema carcelario dominicano, según Roberto Santana, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, quien advirtió que la anormal situacion compromete la operatividad, los traslados y las condiciones de habitabilidad en varios recintos.
En la actualidad, los Centros de Corrección y Rehabilitación concentran una población de 25,878 internos en todo el país. De ese total, 16,950.09 (65.5 %) corresponde a personas en prisión preventiva, mientras que 8,928 (34.5 %) ya ha recibido condena, según los más recientes datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), con corte a febrero del año en curso.
Durante una entrevista concedida para el programa de televisión, Hoy Mismo, Santana citó como ejemplo que en la fortaleza de La Vega hay unos 1,900 privados de libertad, de los cuales 1,600 son preventivos. Esta situación, obliga a movilizaciones constantes hacia los tribunales y genera una sobrecarga logística.
- “Se me están llenando las prisiones de preventivos”, insistió, al señalar que la lentitud procesal mantiene a muchos internos meses sin juicio.
En cuanto a la organización interna de los centros, Santana explicó que el sistema aplica criterios de segmentación para reducir riesgos y fomentar la rehabilitación. La primera clasificación distingue entre preventivos considerados legalmente inocentes y condenados.
A esto se suma la separación por tipo de delito, reincidencia y edad. “No puedo mezclar a un reincidente con alguien que entra por primera vez, porque lo entrena, lo contamina”, afirmó.
Sobre la alimentación, Santana indicó que el servicio está coordinado con los Comedores Económicos, aunque reconoció dificultades operativas. Explicó que los alimentos son preparados en los propios recintos bajo supervisión de nutricionistas y autoridades, quienes prueban previamente la comida.
No obstante, señaló que el modelo actual ha generado inconvenientes de abastecimiento. “A veces hay problemas con camiones o desabastecimiento”, dijo, lo que ha obligado a coordinar con otras entidades como el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) para suplir productos faltantes.
En materia de infraestructura, el director penitenciario informó que el Gobierno avanza en un plan de construcción y adecuación de recintos. Entre las obras en ejecución citó centros en El Seibo y otras localidades, además de un paquete de diez proyectos ya licitados que se espera concluir el próximo año.
Asimismo, adelantó que otras nueve instalaciones serán sometidas a licitación en el segundo semestre, mientras que el recinto de Pedro Corto, en San Juan, estaría listo en unos tres meses.
Santana subrayó que estos esfuerzos buscan aliviar la sobrepoblación y mejorar las condiciones del sistema, aunque insistió en que sin una reducción de la prisión preventiva y mayor celeridad judicial, las mejoras estructurales seguirán bajo presión.
Santo Domingo, R.D.-Nueva vez, el Gobierno dominicano ha anunciado que busca implementar el cobro de impuestos a plataformas digitales de proveedores extranjeros, como Netflix, Spotify, Airbnb, entre otros.
A pesar de que esta medida ha sido comunicada en otras tres ocasiones, en ninguna logró ser implementada.
En su nuevo intento, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) adelantó el martes que avanza en una propuesta para implementar el cobro de un 18% de Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a plataformas digitales.
El funcionario explicó que la DGII ya trabaja en la creación de un mecanismo que permita recaudar el impuesto sobre los servicios digitales consumidos en el país, asegurando que se encuentra en comunicación con todas las plataformas.
El funcionario aseguró que las plataformas digitales han mostrado disposición ante la iniciativa, al asegurar que “sí, muy positivas, sí, todas, Airbnb, Netflix, todas están en eso, Facebook. Ellos no pretenden darle mucha larga a eso”.
Hace un año, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 30-25, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial No. 11186 el 25 de enero de 2025, que establecía la aplicación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los servicios digitales consumidos en el país.
El decreto contemplaba gravar plataformas de streaming de música y video, servicios de publicidad y redes , plataformas de intermediación y servicios de almacenamiento en la nube y software.
Es decir, empresas como Netflix, Spotify, Disney+, Google Adss, Facebook Ads, Uber, Airbnb, videojuegos, entre otros tendrían que pagar impuestos. No obstante, tras hacerse público el decreto, el entonces vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que el mismo sería derogado y, por tanto, no entraría en vigencia.
En 2024, luego de la reelección del presidente Luis Abinader, fue anunciada una reforma fiscal, la cual contemplaba un Impuesto al Valor Agregado (IVA) a plataformas digitales.
No obstante, debido a la falta de apoyo de varios sectores y críticas de la sociedad, el proyecto de reforma fiscal fue retirado, y con ella los planes de cobrar impuesto a estos proveedores extranjeros.
En febrero del año 2022, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) refirió que el Código Tributario Dominicano establece que los servicios digitales no están exentos del ITBIS, lo que implicaba su sujeción a este impuesto.
Pese a los intentos gubernamentales en actualizar el régimen fiscal frente a las plataformas digitales, la falta de consenso y los cuestionamientos sobre su implementación han llevado a abandonar estas medidas en distintas ocasiones.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves 21 de mayo del 2026 el Poder Judicial informó que continuará operando en todo el país como parte de las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio y asegurar la atención a los usuarios, pese al paro convocado por jueces, juezas y servidores judiciales.
La institución explicó que los trámites y servicios judiciales seguirán funcionando con normalidad en las distintas jurisdicciones y dependencias judiciales del país. Además, la plataforma digital justicia.gob.do permanecerá disponible las 24 horas para garantizar el acceso continuo a los servicios judiciales.
El paro de jueces y servidores judiciales fue convocado en reclamo de mejores condiciones de trabajo, reivindicaciones salariales justas y otras demandas relacionadas con el fortalecimiento del sistema judicial dominicano.
Asimismo, el Consejo del Poder Judicial y los órganos de dirección administrativa adoptaron medidas para asegurar el funcionamiento institucional y la continuidad de los servicios judiciales en todo el territorio nacional.
El Consejo reiteró que la manifestación pacífica constituye un derecho fundamental y reafirmó la importancia del diálogo como vía para fortalecer las instituciones. También recordó que miles de ciudadanos acuden diariamente al sistema judicial en busca de respuestas y soluciones, por lo que preservar el acceso a la justicia forma parte de su compromiso permanente con la ciudadanía.
El Consejo del Poder Judicial puso en marcha medidas concretas para fortalecer el talento humano y la infraestructura del sistema judicial, incluyendo la indexación salarial, la mejora de los espacios de trabajo, la movilidad en la carrera judicial y la agilización de suplencias y vacantes.
Estas acciones, respaldadas por el Ministerio de Hacienda y Economía y contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, reflejan el compromiso institucional de avanzar en soluciones sostenibles mientras se garantiza la continuidad del servicio judicial en todo el país.
El Poder Judicial reafirmó su compromiso con las iniciativas orientadas al fortalecimiento y mejora continua del sistema de justicia dominicano.
Además, impulsa nuevas medidas en materia de infraestructura, talento humano y mejoras salariales tras la reciente reunión del Consejo del Poder Judicial.
El Ministerio de Hacienda y Economía habilitará recursos presupuestarios para respaldar la indexación salarial, la modernización de las infraestructuras judiciales y la reducción de la mora judicial, iniciativas contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034 impulsado por el Consejo del Poder Judicial.
De igual forma, el Consejo ejecutará iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial, con el objetivo de avanzar hacia una justicia más ágil, accesible y transparente.
Los recursos presupuestarios serán habilitados de manera gradual en los presupuestos de 2026 y 2027, con el propósito de sostener los objetivos estratégicos del plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la modernización de la infraestructura judicial, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Dos préstamos depositados por el Gobierno fueron aprobados por la Camara de Diputados, cuyos legisladores del PRM no tuvierion reparos en dar sus votos para que continúe el endeudamiento del pais.
Los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados se unieron para favorecer en menos de una hora y media la suscripción de esos contratos que tienen un monto total de USD$600 millones, superando el rechazo de las bancadas políticas opositoras.
Una de estas sería realizada con la Corporación Andina de Fomento (CAF) con el objetivo de permitir la utilización de USD$ 200 millones en “la acción climática”.
El Ministerio de Hacienda y Economía, entidad que estaría encargada de ejecutar los recursos, le permitirá al Poder Ejecutivo tener “resiliencia frente a los impactos del cambio climático”.
“El préstamo tiene como propósito brindar liquidez presupuestaria al gobierno, poniendo a disposición fondos bajo la modalidad de apoyo presupuestario”, dicta el documento legislativo.
Mientras que el segundo empréstito fue acordado por el Poder Ejecutivo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso en la Zona de Punta Cana-Bávaro.
Según establece la pieza, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) dispondría de estos fondos para “contribuir a la mejora de la salud pública y la protección del acuífero costero” en esas demarcaciones.
De manera específica, “incrementar el acceso a agua potable segura en las localidades priorizadas; saneamiento seguro en las localidades priorizadas; y mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en la zona de intervención”.