Opinión
De una gran crisis a otra peor: avanza la rebeldía global
Apropiarse totalmente de los mercados nacionales de los países de “desarrollo medio y bajo” por la vía de las áreas de libre comercio.
Por Narciso Isa Conde
La crisis estructural del capitalismo mundial de final del siglo XX, cuyos primeros síntomas se expresaron al iniciarse la década de los ´70, dio lugar a un proceso de reestructuración del sistema dominante en diferentes vertientes: en sus bases técnicas y científica, en su ideología, en sus formas gerenciales, en su organización, en las relaciones centro-periferia y en sus niveles de transnacionalización o internacionalización. Ese proceso se ha profundizado en el contexto de la presente pandemia COVID 19.
Se trató de otra crisis de sobreproducción, acompañada de una significativa reducción de las ganancias de los grandes consorcios, de perspectivas de agotamiento de las fuentes propias de energía (minerales estratégicos, agua, biodiversidad, extensión del desempleo, grandes flujos migratorios procedentes de los países del Sur y otros síntomas alarmantes.
LAS RECETAS IMPUESTAS:
Desde el inicio de esa reestructuración los grandes centros de poder imperialista se propusieron:
Introducir cambios trascendentes en el patrón de acumulación tecno-científico, en los sistemas organizativos y mecanismos gerenciales, procurando aumentar la productividad y la capacidad especulativa del capital financiero a través de la incorporación en gran escala de la micro-electrónica, la cibernética, la robótica y las demás tecnologías de punta.
Apropiarse totalmente de los mercados nacionales de los países de “desarrollo medio y bajo” por la vía de las áreas de libre comercio. Incrementar su poder empresarial transnacional (altamente concentrado) por la vía de las privatizaciones de las empresas públicas de bienes y servicios, y de los recursos naturales de mayor valor e interés para prolongar su modelo consumista dispendioso.
Eliminar progresivamente las conquistas y beneficios sociales de los (as) trabajadores(as) y los pueblos en materia de políticas salariales, contratación colectiva, seguridad social, deportes, viviendas, salud, educación, diversión, transporte, protección a la niñez y la ancianidad…Atacar, en consecuencia, toda expresión de justicia en la distribución del ingreso, en las relaciones de propiedad, en el papel “benefactor”, protector o redistribuidor del Estado-Nación.
Remodelar y potenciar todas las opresiones funcionales al capitalismo (dominio patriarcal, racismo, adulto-centrismo, el ecocidio y el coloniaje) afines a una racionalidad perversa consistente en la obtención de ganancias y acumulación de capital sin importar consecuencias trágicas. Rehabilitar y renovar las políticas militares de conquista y reconquista de recursos naturales valiosos y zonas de gran valor geopolítico y económico en todos los casos donde se le dificulte por otra vía.
Potenciar la internacionalización del gran capital y sus corporaciones, acelerando los procesos de formación de grandes mercados bajo su control, expandiendo las grandes redes empresariales transnacionales, creando un poderoso aparato de comunicación, precipitando la declinación de los Estados-naciones en la periferia de los grandes centros capitalistas, y fortaleciendo el rol de los mecanismo supranacionales bajo su control (Foros corporativos, FMI, BM, Grupo de los Ocho, OMC, Consejo de la ONU, OTAN, Comando Sur, instancias judiciales y policiales…) Y a esto han llamado globalización.
Elevar concomitantemente el control y el poder de los medios masivos de comunicación, acentuar su proceso de concentración a favor de las transnacionales del ramo y del capital financiero, avanzar aceleradamente hacia una especie de dictadura mediática promotora de los anti-valores del gran capital y de la competitividad sin límites en todas las vertientes de la vida en sociedad. Reestructurar su ideología, rescatando y endureciendo el llamado neoliberalismo, realmente el neoconservadurismo, dada su utilidad y carácter funcional a este proceso de recomposición del sistema.
Todo esto fue facilitado en el tramo final del siglo XX por el derrumbe de los Estados del llamado socialismo real y por la desintegración de la URSS, consecuencia de una gran crisis estructural del estatismo burocrático, no solo simultánea a la multi-crisis del capitalismo, sino además atizada por él.
Igual esas recetas se siguen aplicando y profundizando en las nuevas fases de este prolongado y destructivo deterioro. Incluso los efectos de la agudización de la crisis de salud están operando como ajustes económicos más drásticos que los anteriormente impuestos a través del FMI y el Banco Mundial; mientras las elites punteras del gran capital se deciden por obtener súper-ganancias y completar procesos de privatización, recolonización y asalto de los patrimonios públicos, recursos naturales e instancias ejecutivas del Estado, relanzando las alianzas público-privadas APPs.
LOS RESULTADOS:
Así la contrarrevolución conservadora impuso en primera fase su hegemonía en gran escala con la ilusión de un mundo unipolar y un dominio irreversible que no ha tardado en desvanecerse en medio de un agravamiento de su crisis de decadencia, desplegada antes y durante la COVID 19; en cuyo contexto las elites mega-capitalistas remodelan sus roles en medio de fuertes fracturas internas, desafíos de potencias emergentes, insumisiones populares y declive de EEUU como otrora potencia absolutamente hegemónica.
De todo esto ha resultado un capitalismo y un imperialismo más moderno en sus áreas de gran acumulación, pero a la vez más bárbaro, excluyente y brutal respecto a la gran mayoría de la humanidad; altamente financierizado, pentagonizado, especulativo y gansterizado; ayudado, entre otros factores, por la volatilidad que le imprime la informática al capital bancario y a todos sus mecanismos de acumulación, control represivo y alienación. Y, en consecuencia, ha determinado la entronización de un sistema de dominación más concentrado y brutal, militarizado, globalizado y violento.
El imperialismo actual está operando como factor privatizador y comercializador de todo lo estatal y social, incluido el ejercicio de la política; y como desesperada potencia agresora en fase de descomposición de poderío.
Pero con lo que no contaban los magnates e ideólogos del sistema, es con lo que ha provocado esa reestructuración neoliberal y esa agresividad.
Parecería que no pensaron que las recetas para salir de aquella crisis estructural generarían una crisis de nuevo tipo, diferente y peor a todas las anteriores, que terminaría debilitando partes de sus fortalezas.
Una crisis múltiple: económica, social, ambiental, político-institucional, urbanística, moral, militar… con características de crisis integral de decadencia de la civilización burguesa; al tiempo de poner en riesgo la existencia del planeta y de la humanidad, lo que genera múltiples rebeldías como contrapartida.
LA CONTRAPARTIDA SE ACTIVA: AVANZA LA TENDENDENCIA A LA INSUMISIÓN DE LOS PUEBLOS.
A su vez, el empobrecimiento masivo de seres humanos y naturaleza, la inseguridad de vida, la devastadora crisis ambiental, los sufrimientos potenciados, las guerras desatadas, el nivel de la crisis moral, el auge de la mentira y de la delincuencia de Estado, los abusos contra el acervo y la diversidad cultural, el aplastamiento de identidades nacionales y las discriminaciones por género, razas y edad…han dado lugar a una resistencia creciente y a una contrapartida de luchas y rebeldías con profundas potencialidades anticapitalistas y antiimperialistas, y marcada tendencias hacia la insurgencia global; aunque todavía con serios déficits en la conformación de fuerzas transformadoras y de vanguardia que posibiliten articular las rebeldías y crear poderes alternativos.
En América Latina y el Caribe esto se ha transformado en una nueva, intensa y accidentada oleada de cambios hacia la nueva independencia, enfrentada a una feroz contraofensiva imperialista.
En el contexto de un gran ciclo histórico de luchas, esta oleada de cambios es la primera desplegada en este siglo XXI y la cuarta desatada en los últimos 50 años del Siglo XX: 1-Revolución Cubana y su entorno, incluido Abril 65 en República Dominicana y proceso torrijista en Panamá. 2-Auge de las luchas en el Cono Sur y victoria de la Unidad Popular en Chile. 3-Revolución Sandinista en Nicaragua e insurgencias centroamericanas, salvadoreña y guatemalteca. 4-Revolución Bolivariana de Venezuela con sus ondas expansivas hacia Sur y Centroamérica (Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Honduras, Paraguay, Brasil…).
Esta cuarta ola, aun con muchos retrocesos y avances recurrentes, pinta cada vez más difícil de aplastar y/o contener, tanto por medios políticos como por la vía militar.
La supervivencia de la autodeterminación y proyectos transformadores de diferentes calibres en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, México, Bolivia… la contundente victoria del proceso constituyente en Chile, las extraordinarias y recurrentes rebeldías político-sociales en Colombia, Haití, Honduras, Paraguay, Brasil, Puerto Rico… marcan tendencias dentro de los altibajos y déficits del proceso continental. Es el prólogo de cambios más radicales y trascendentes.
26-5-2021 // Santo Domingo, RD.
Por Isaías Ramos
El 26 de enero de 2010 debería ser una fecha emblemática en la historia de nuestro país, un recordatorio del pacto social más significativo de las últimas décadas. Al declarar a nuestra nación como un Estado Social y Democrático de Derecho y promulgar, bajo esta constitución, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo el 25 de enero de 2012, hemos sentado las bases para un futuro prometedor que no hemos sabido honrar.
Más de doce años después, seguimos aferrados al modelo neoliberal que juramos dejar atrás. La cruda realidad es que hemos profundizado un sistema opuesto al pacto social construido con esmero, dedicación y esfuerzo.
El presidente ha fracasado rotundamente en su intento por implementar una «reforma fiscal» que resulta inmoral, injusta e inconstitucional. En su intervención reciente en La Semanal, vimos destellos de reflexión; le instamos a aprovechar esta oportunidad para reivindicarse ante el pueblo dominicano y comenzar a cumplir con el mandato constitucional que él mismo juró respetar: establecer un estado de bienestar y dignidad para cada dominicano.
Es escalofriante pensar cuán distante estuvo el presidente y su equipo del deber constitucional al presentar ese aberrante proyecto de «Ley de Modernización Fiscal» ante el Congreso. Agradezcamos que la cordura prevaleció y evitó lo que pudo haber sido un caos social devastador.
A principios de 2010, nuestra deuda externa era aproximadamente de 13 mil millones de euros; para principios de 2012, había aumentado a cerca de 16,500 millones. Hoy, a finales de 2023, esa cifra ha alcanzado los alarmantes 67,581 millones de euros. Solo este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó 625 millones de dólares para «combatir el cambio climático y mejorar el servicio de redes de media y baja tensión en el sistema eléctrico».
Los actos de irresponsabilidad, burla y despropósito de la casta política gobernante representan un verdadero peligro para el presente y futuro del país. Este abuso e incremento desmedido de la deuda es resultado del abandono sistemático por parte de una élite política que ignora la constitución a la cual juraron lealtad y escatima, desatiende y evade sus responsabilidades políticas, económicas y sociales mientras se benefician personalmente.
Hemos perdido casi catorce años acumulando una deuda social inconmensurable; años marcados por dolor, hambre y sufrimiento entre nuestros ciudadanos.
Durante este tiempo, se han tomado préstamos y se han gastado más de 60 mil millones de dólares en perpetuar desigualdades dentro de un sistema que desafía abiertamente nuestra constitución.
Hasta que no comprendamos plenamente el alarmante nivel en el cual se encuentra nuestra clase política—carente del sentido moral necesario para guiar a una nación—continuaremos hundiéndonos en la miseria y la opresión.
Desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado urgente al presidente: ¡alíneate con la constitución! Es hora de implementar medidas coherentes con el espíritu del Estado Social y Democrático de Derecho. Creemos firmemente que ha llegado el momento de exigir respeto absoluto hacia nuestro marco constitucional. Debemos trabajar incansablemente por:
- Fortalecer la democracia, fomentando transparencia y rendición de cuentas.
- Implementar desarrollo sostenible en nuestro programa económico: crear empleos dignos e invertir en infraestructura.
- Priorizar la educación inclusiva, la salud universal, la protección social integral y la identidad nacional dentro del ámbito social.
No permitamos más indiferencia ni descuido hacia nuestros derechos fundamentales ni hacia nuestro futuro colectivo. Juntos podemos reclamar lo que nos pertenece: justicia social real basada en principios éticos sólidos. La historia nos observa; actuemos ahora antes de que sea demasiado tarde.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere con frecuencia a la protección de información confidencial. La Corte tiene el deber general de proteger la confidencialidad de los documentos e información en su posesión, salvo que su divulgación sea necesaria para una solicitud de cooperación para un Estado.
El artículo 87 del Estatuto prevé que ¨el Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que la justifiquen , salvo cuando su divulgación sea necesaria para tramitarla¨. Por ende los Estados deberán mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional, y sólo podrán revelar a las autoridades correspondientes ( por ejemplo, a la policía para que ejecuten una orden de arresto) la información que necesiten para llevar a cabo la solicitud.
Esas cláusulas pretenden que el Fiscal y la Corte mantengan la confidencialidad lo mejor posible en las investigaciones, órdenes y solicitudes de asistencia de la Corte para evitar que las personas acusadas huyan, los testigos sean amenazados o eliminados, y la prueba desaparezca o sea destruida. Por ende, el éxito del Estado en la conservación de la confidencialidad de tales solicitudes repercutirá directamente sobre la efectividad de la Corte.
Según el artículo 87, un Estado Parte podrá también ser requerido para proteger cierta información en su posesión o control, cuando se necesiten medidas para garantizar la seguridad o bienestar físico o psicológico de las víctimas, posibles testigos y sus familiares.Estas medidas se aplicarán de conformidad con la forma en que el Estado prevea y maneje la información y podría también involucrar la confidencialidad de cierta información.
Según el artículo 68 del Estatuto de Roma, un Estado podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas necesarias para la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la información de carácter confidencial o restringida.
El artículo 93 estipula que el Estado requerido para cooperación podrá transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial, y el Fiscal podrá únicamente utilizarlos para reunir nuevas pruebas.El párrafo C de ese mismo artículo prevé que el Estado podrá autorizar la divulgación ulterior de los documentos.
En el contexto de las obligaciones los Estados deberán mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación, y de cualquier documento que fundamente estas solicitudes.
Si la Corte Penal Internacional realiza una solicitud de conformidad con el artículo 87 para proteger cierta información, el Estado deberá cumplirla para asi proteger a las víctimas, testigos y sus familiares
En cuanto a la implementación los Estados deberán contar con procedimientos para mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación y los documentos que las fundamenten. Esta obligación de confidencialidad podrá regularse por vía legal, o podría ser definida por el Poder Ejecutivo. Ya sea que la obligación se implemente por la legislación o por una decisión ejecutiva , el Estado deberá asegurarse de que la via elegida para recibir las solicitudes proteja la confidencialidad.
Adicionalmente los Estados podrán necesitar la implementación de procedimientos y posiblemente leyes que les permitan proveer y manejar información de una manera tal que se proteja la seguridad y el bienestar de las víctimas, testigos y sus familiares. Estos procedimientos normalmente se regularán por la vía ejecutiva y no legal.
Finalmente, podrían implementarse, tanto para la aplicación de las solicitudes de la Corte para proteger información, así como para las solicitudes a la Corte por parte de un Estado para proteger información y ciertos individuos. No obstante, el Estado deberá tomar en cuenta su legislación nacional sobre privacidad, al establecer estos procedimientos y deberá determinar si requiere reformarla.
Por Robinson Lebrón
Art. 37: El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte, cabe destacar que el código penal de la Republica Dominicana en el Art. 317 hace clara referencia de las consecuencias que podrían generar la intención o materializar del aborto.
Resulta incongruente hablar de legalización del aborto mediante una modificación al Código Penal, ya que la constitución claramente es protectora del derecho más sagrado de la humanidad (derecho a la vida), es punible el aborto practicado en todas las modalidades de su práctica.
Los datos de abortos clandestinos son difíciles de obtener, por lo que, la estimación de muertes infantiles es imprecisa, el código penal de la República Dominicana prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que se induzcan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los practiquen.
Esta es la cruda realidad de una sociedad donde el grado de la educación es de un nivel muy bajo, lo que facilita los intentos de la legalización del aborto por múltiples razones sociales, se suman además las debilidades de las distintas instituciones que son las responsables de la persecución penal de los delitos y del régimen de consecuencias de las acciones sociales de nuestras sociedades.
Múltiples argumentos a favor y en contra de la despenalización o penalización del aborto, la abogada y experta en derecho constitucional Dra. Natalia Bernal Cano (especialista de derecho Constitucional de la Universidad Sorbona de París), establece que después de 8 años de realizar varios estudios sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se ha identificado que en este proceso de interrupción le ha degenerado una serie de lecciones desde el punto de vista orgánico, psicológico y psiquiátrico, la cual producen en ellas sentimiento de culpabilidad, adicción al consumo de alcohol, le ponen en riesgo de suicidio, conforme a los estudios realizados por la abogada que consulto más de 200 profesionales de las disciplinas de la psicología de nacionalidad colombiana, explica la investigadora que varios de estos profesionales le confesaron que más de 6,000.00 mujeres consultadas expresaron que fueron afectadas por su salud mental, muchas de las consultadas en peligro de suicidio.
Lo que implica de forma indiscutible que si la intención es la protección al ser humano como único y especial en el universo, la que con mucho amor, sacrificio y dedicación mantienen su concebidos por más de 40 semanas en su vientre, y visto la firmeza de la defensa a los derechos humanos de los que con mucho ahínco tienen sus posiciones a favor del aborto, entonces donde podríamos situar esos seres humanos bien llamadas madres que también tienen sus derechos humanos y fundamentales garantizados en distintos ámbito jurídicos, y que deben ser asistido por el estado para evitar cualquier estigmatización o prejuicios en ese tramo tan importante de gestación.
El autor es Abogado y Docente Universitario.
Por: Robinson Jesús Lebrón Céspedes.