Opinión
De una gran crisis a otra peor: avanza la rebeldía global
Apropiarse totalmente de los mercados nacionales de los países de “desarrollo medio y bajo” por la vía de las áreas de libre comercio.
Por Narciso Isa Conde
La crisis estructural del capitalismo mundial de final del siglo XX, cuyos primeros síntomas se expresaron al iniciarse la década de los ´70, dio lugar a un proceso de reestructuración del sistema dominante en diferentes vertientes: en sus bases técnicas y científica, en su ideología, en sus formas gerenciales, en su organización, en las relaciones centro-periferia y en sus niveles de transnacionalización o internacionalización. Ese proceso se ha profundizado en el contexto de la presente pandemia COVID 19.
Se trató de otra crisis de sobreproducción, acompañada de una significativa reducción de las ganancias de los grandes consorcios, de perspectivas de agotamiento de las fuentes propias de energía (minerales estratégicos, agua, biodiversidad, extensión del desempleo, grandes flujos migratorios procedentes de los países del Sur y otros síntomas alarmantes.
LAS RECETAS IMPUESTAS:
Desde el inicio de esa reestructuración los grandes centros de poder imperialista se propusieron:
Introducir cambios trascendentes en el patrón de acumulación tecno-científico, en los sistemas organizativos y mecanismos gerenciales, procurando aumentar la productividad y la capacidad especulativa del capital financiero a través de la incorporación en gran escala de la micro-electrónica, la cibernética, la robótica y las demás tecnologías de punta.
Apropiarse totalmente de los mercados nacionales de los países de “desarrollo medio y bajo” por la vía de las áreas de libre comercio. Incrementar su poder empresarial transnacional (altamente concentrado) por la vía de las privatizaciones de las empresas públicas de bienes y servicios, y de los recursos naturales de mayor valor e interés para prolongar su modelo consumista dispendioso.
Eliminar progresivamente las conquistas y beneficios sociales de los (as) trabajadores(as) y los pueblos en materia de políticas salariales, contratación colectiva, seguridad social, deportes, viviendas, salud, educación, diversión, transporte, protección a la niñez y la ancianidad…Atacar, en consecuencia, toda expresión de justicia en la distribución del ingreso, en las relaciones de propiedad, en el papel “benefactor”, protector o redistribuidor del Estado-Nación.
Remodelar y potenciar todas las opresiones funcionales al capitalismo (dominio patriarcal, racismo, adulto-centrismo, el ecocidio y el coloniaje) afines a una racionalidad perversa consistente en la obtención de ganancias y acumulación de capital sin importar consecuencias trágicas. Rehabilitar y renovar las políticas militares de conquista y reconquista de recursos naturales valiosos y zonas de gran valor geopolítico y económico en todos los casos donde se le dificulte por otra vía.
Potenciar la internacionalización del gran capital y sus corporaciones, acelerando los procesos de formación de grandes mercados bajo su control, expandiendo las grandes redes empresariales transnacionales, creando un poderoso aparato de comunicación, precipitando la declinación de los Estados-naciones en la periferia de los grandes centros capitalistas, y fortaleciendo el rol de los mecanismo supranacionales bajo su control (Foros corporativos, FMI, BM, Grupo de los Ocho, OMC, Consejo de la ONU, OTAN, Comando Sur, instancias judiciales y policiales…) Y a esto han llamado globalización.
Elevar concomitantemente el control y el poder de los medios masivos de comunicación, acentuar su proceso de concentración a favor de las transnacionales del ramo y del capital financiero, avanzar aceleradamente hacia una especie de dictadura mediática promotora de los anti-valores del gran capital y de la competitividad sin límites en todas las vertientes de la vida en sociedad. Reestructurar su ideología, rescatando y endureciendo el llamado neoliberalismo, realmente el neoconservadurismo, dada su utilidad y carácter funcional a este proceso de recomposición del sistema.
Todo esto fue facilitado en el tramo final del siglo XX por el derrumbe de los Estados del llamado socialismo real y por la desintegración de la URSS, consecuencia de una gran crisis estructural del estatismo burocrático, no solo simultánea a la multi-crisis del capitalismo, sino además atizada por él.
Igual esas recetas se siguen aplicando y profundizando en las nuevas fases de este prolongado y destructivo deterioro. Incluso los efectos de la agudización de la crisis de salud están operando como ajustes económicos más drásticos que los anteriormente impuestos a través del FMI y el Banco Mundial; mientras las elites punteras del gran capital se deciden por obtener súper-ganancias y completar procesos de privatización, recolonización y asalto de los patrimonios públicos, recursos naturales e instancias ejecutivas del Estado, relanzando las alianzas público-privadas APPs.
LOS RESULTADOS:
Así la contrarrevolución conservadora impuso en primera fase su hegemonía en gran escala con la ilusión de un mundo unipolar y un dominio irreversible que no ha tardado en desvanecerse en medio de un agravamiento de su crisis de decadencia, desplegada antes y durante la COVID 19; en cuyo contexto las elites mega-capitalistas remodelan sus roles en medio de fuertes fracturas internas, desafíos de potencias emergentes, insumisiones populares y declive de EEUU como otrora potencia absolutamente hegemónica.
De todo esto ha resultado un capitalismo y un imperialismo más moderno en sus áreas de gran acumulación, pero a la vez más bárbaro, excluyente y brutal respecto a la gran mayoría de la humanidad; altamente financierizado, pentagonizado, especulativo y gansterizado; ayudado, entre otros factores, por la volatilidad que le imprime la informática al capital bancario y a todos sus mecanismos de acumulación, control represivo y alienación. Y, en consecuencia, ha determinado la entronización de un sistema de dominación más concentrado y brutal, militarizado, globalizado y violento.
El imperialismo actual está operando como factor privatizador y comercializador de todo lo estatal y social, incluido el ejercicio de la política; y como desesperada potencia agresora en fase de descomposición de poderío.
Pero con lo que no contaban los magnates e ideólogos del sistema, es con lo que ha provocado esa reestructuración neoliberal y esa agresividad.
Parecería que no pensaron que las recetas para salir de aquella crisis estructural generarían una crisis de nuevo tipo, diferente y peor a todas las anteriores, que terminaría debilitando partes de sus fortalezas.
Una crisis múltiple: económica, social, ambiental, político-institucional, urbanística, moral, militar… con características de crisis integral de decadencia de la civilización burguesa; al tiempo de poner en riesgo la existencia del planeta y de la humanidad, lo que genera múltiples rebeldías como contrapartida.
LA CONTRAPARTIDA SE ACTIVA: AVANZA LA TENDENDENCIA A LA INSUMISIÓN DE LOS PUEBLOS.
A su vez, el empobrecimiento masivo de seres humanos y naturaleza, la inseguridad de vida, la devastadora crisis ambiental, los sufrimientos potenciados, las guerras desatadas, el nivel de la crisis moral, el auge de la mentira y de la delincuencia de Estado, los abusos contra el acervo y la diversidad cultural, el aplastamiento de identidades nacionales y las discriminaciones por género, razas y edad…han dado lugar a una resistencia creciente y a una contrapartida de luchas y rebeldías con profundas potencialidades anticapitalistas y antiimperialistas, y marcada tendencias hacia la insurgencia global; aunque todavía con serios déficits en la conformación de fuerzas transformadoras y de vanguardia que posibiliten articular las rebeldías y crear poderes alternativos.
En América Latina y el Caribe esto se ha transformado en una nueva, intensa y accidentada oleada de cambios hacia la nueva independencia, enfrentada a una feroz contraofensiva imperialista.
En el contexto de un gran ciclo histórico de luchas, esta oleada de cambios es la primera desplegada en este siglo XXI y la cuarta desatada en los últimos 50 años del Siglo XX: 1-Revolución Cubana y su entorno, incluido Abril 65 en República Dominicana y proceso torrijista en Panamá. 2-Auge de las luchas en el Cono Sur y victoria de la Unidad Popular en Chile. 3-Revolución Sandinista en Nicaragua e insurgencias centroamericanas, salvadoreña y guatemalteca. 4-Revolución Bolivariana de Venezuela con sus ondas expansivas hacia Sur y Centroamérica (Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Honduras, Paraguay, Brasil…).
Esta cuarta ola, aun con muchos retrocesos y avances recurrentes, pinta cada vez más difícil de aplastar y/o contener, tanto por medios políticos como por la vía militar.
La supervivencia de la autodeterminación y proyectos transformadores de diferentes calibres en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, México, Bolivia… la contundente victoria del proceso constituyente en Chile, las extraordinarias y recurrentes rebeldías político-sociales en Colombia, Haití, Honduras, Paraguay, Brasil, Puerto Rico… marcan tendencias dentro de los altibajos y déficits del proceso continental. Es el prólogo de cambios más radicales y trascendentes.
26-5-2021 // Santo Domingo, RD.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!