Opinión
Deberían McKarse las lenguas….carapintadas
Por Narciso Isa Conde
Me refiero a los nuevos comunicadores o incomunicadores “carapintadas”, especialistas en contra-insurgencia verbal.
A esos/as que admiten que la Policía es “una banda” (sin calificarla ni descalificarla, siempre considerándola perfectamente “reformable”, aunque esté podrida), para entonces acusar a los/as protagonistas pobres de las protestas populares y a las organizaciones sociales y políticas revolucionarias que las impulsamos y acompañamos, de ser la “otra banda”, calificándola sin titubeos de “terrorista”, “criminal”, “delincuente”, anclada en la “guerra fría” y en los “doce años de Balaguer”.
Infame reparto de culpas.
A esos que reparten las culpas atribuyéndole los acribillados -y hasta los fusilados por la PN- en medio de las huelgas y movilizaciones contestatarias, a “las dos bandas enfrentadas”; cuando a todas luces -expresados testimonios contundentes de las comunidades que lo confirman- se trata de un ejercicio reiterado de la criminalidad y bestialidad policial, bajo protección gubernamental y con respaldo de la clase dominante, que le garantizan sin sonrojos impunidad y le otorgan licencia para matar, torturar, robar, atracar y asociarse a todo tipo de delincuencia.
Casos como el fusilamiento por la PN del adolescente de Navarrete y el asesinato de los dos jóvenes santiaguero de El Ciruelito por tropas especiales, les resbala a estos señores al punto de atribuírselos a choques entre la Policía y la “banda terrorista” de ese barrio.
Odio y estigmatizaciones.
Son expertos en regurgitar odios contra el FALPO, FELABEL y el FLUP; en estigmatizar las rebeldías e insumisiones de Capotillo, Navarrete, la Yaguita de Pastor, Licey, Canca, San Francisco, la Bombita, Quijá Quieta y Culo de Maco; en denostar a la izquierda que no se rinde ni se dobla, no importa las generaciones que la integren.
No se refieren de esa manera cuando se trata del Fal Pondo rompe/huelga de un lastimosamente mutado Fidel, que no es de apellido Castro, o cuando hablan de la mal llamada izquierda que se empeña en hacerse potable frente a los dueños de esta porquería de democracia. Para ella valen reiterados piropos y elogios a su moderación.
Inversión de la realidad.
Al parecer quieren convencernos de que la CÍA, el PENTAGONO, las guerras calientes, el para-militarismo, el Mossad, la guerra infinita de los halcones, los Candelier, los Guzmán Fermín y sus cirujanos, los Polanco Gómez y sucesores, los gobernantes sin escrúpulos y las mafias políticas y empresariales… se disolvieron a raíz del “fin de la guerra fría” y después de la muerte del Mazámbula de los doce años. El hambre devastadora por igual. Son –según ellos- los nuevos tiempos de una bondadosa postmodernidad y del “fin del comunismo y las ideologías”.
Pretenden inducirnos a “innovar” y a superar el desfase convirtiéndonos en “cuáquero” norteamericanos y “social-pendejos” consumados.
No les importa el uso de fusiles de alto poder contra la población civil desarmada, ni las impiadosas ejecuciones de modernas técnicas de guerras y el despliegue de comandos especiales “encaretados” y pertrechados a lo Rambo y Robocot, como los Topos y los Swatts, para penetrar a sangre y fuego en las barriadas populares indignadas por el crónico abandono, la violencia y extorsión policial, las penurias y crueldades inimaginables.
Quieren convencernos de que esta es una democracia con separación de poderes, tribunales y sistemas electorales probos, y no una dictadura morada y perversa, después de superar su condición bipartista, cercanamente perversa y corrupta.
Sí repudian con todo el hígado las capuchas, los pañuelos, las gomas quemadas, las piedras, las bombitas de estruendo y las “chilenas” o “chagones”, que hasta en su amada y “ultracivilizada”Europa, en Washington y Wall Streep, abundan al compás de las nuevas indignaciones de los/as empobrecidos/as de allá.
Una lucha que no se detendrá ni con calumnias ni con balas.
Y habrán de abundar allá, aquí y acullá. Tanto como las manifestaciones pacíficas no reprimidas, los encadenamientos, las peregrinaciones, los ayunos, las huelgas de brazos caídos, las rondas y paros urbanos y rurales, los levantamientos tipo zapatista o tipo Chávez, las huelgas y movilizaciones no violentas -o violentas- que tumban presidentes y gobiernos, las avalanchas electorales que producen cambios más o menos radicales, las insurgencias tipo FARC y ELN o tipo Palestina, Irak, Afganistán… Todo dependiendo de las condiciones particulares, los niveles de opresión, los actores sociales y políticos, las circunstancias, la correlación de fuerzas y medios.
Y habrá protestas e insubordinaciones inéditas.
Nada ha sido clausurado en la lucha de clases y de los pueblos contra sus opresores, menos en el contexto de esta multi-crisis del sistema capitalista. Todas las formas de lucha se actualizan, se enriquecen, se remozan y se readecuan y siempre brota -junto a lo tradicional que resulta pertinente y válido- lo nuevo que sorprende.
Claro, sería demasiado pedirles a ellos que nos entiendan.
Nosotros/as si entendemos la razón del desbarre de esos incomunicadores que optaron por pintar de camuflaje sus caras exquisitamente perfumadas y llenar de mentiras agresivas y silencios cómplices sus almas renegadas y retorcidas, aun vistiendo prendas muy finas y exhibiendo algunos de ellos muy buenos modales.
Sabemos que mientras se pintan el rostro y nos acusan y acusan a los valientes grupos populares de terroristas y bandoleros -a veces sonriendo y otras iracundos- se inclinan por traspasarles a mercenarios más burdos los fusiles-ametralladoras, las vituallas militares y las mochilas, para no correr el riego de las refriegas directas en esta “hora de los hornos” ni salpicarse de sangre revolucionaria sus camisas de seda.
Ignoran que no tardará mucho el momento en que hasta los militares empobrecidos, vejados y manipulados, se harán merecedores de los dignos motes de “terroristas” y subversivos. Duarte, Luperón, Caamaño y Fernández Domínguez… pasaron por esa dura y feliz experiencia.
De todas maneras los “incomunicadores carapintadas”, como los intelectuales de la misma calaña, deberían Mckarse cuanto antes la lengua para que al menos se reduzca la contaminación sónica.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.