Opinión
Deberían McKarse las lenguas….carapintadas
Por Narciso Isa Conde
Me refiero a los nuevos comunicadores o incomunicadores “carapintadas”, especialistas en contra-insurgencia verbal.
A esos/as que admiten que la Policía es “una banda” (sin calificarla ni descalificarla, siempre considerándola perfectamente “reformable”, aunque esté podrida), para entonces acusar a los/as protagonistas pobres de las protestas populares y a las organizaciones sociales y políticas revolucionarias que las impulsamos y acompañamos, de ser la “otra banda”, calificándola sin titubeos de “terrorista”, “criminal”, “delincuente”, anclada en la “guerra fría” y en los “doce años de Balaguer”.
Infame reparto de culpas.
A esos que reparten las culpas atribuyéndole los acribillados -y hasta los fusilados por la PN- en medio de las huelgas y movilizaciones contestatarias, a “las dos bandas enfrentadas”; cuando a todas luces -expresados testimonios contundentes de las comunidades que lo confirman- se trata de un ejercicio reiterado de la criminalidad y bestialidad policial, bajo protección gubernamental y con respaldo de la clase dominante, que le garantizan sin sonrojos impunidad y le otorgan licencia para matar, torturar, robar, atracar y asociarse a todo tipo de delincuencia.
Casos como el fusilamiento por la PN del adolescente de Navarrete y el asesinato de los dos jóvenes santiaguero de El Ciruelito por tropas especiales, les resbala a estos señores al punto de atribuírselos a choques entre la Policía y la “banda terrorista” de ese barrio.
Odio y estigmatizaciones.
Son expertos en regurgitar odios contra el FALPO, FELABEL y el FLUP; en estigmatizar las rebeldías e insumisiones de Capotillo, Navarrete, la Yaguita de Pastor, Licey, Canca, San Francisco, la Bombita, Quijá Quieta y Culo de Maco; en denostar a la izquierda que no se rinde ni se dobla, no importa las generaciones que la integren.
No se refieren de esa manera cuando se trata del Fal Pondo rompe/huelga de un lastimosamente mutado Fidel, que no es de apellido Castro, o cuando hablan de la mal llamada izquierda que se empeña en hacerse potable frente a los dueños de esta porquería de democracia. Para ella valen reiterados piropos y elogios a su moderación.
Inversión de la realidad.
Al parecer quieren convencernos de que la CÍA, el PENTAGONO, las guerras calientes, el para-militarismo, el Mossad, la guerra infinita de los halcones, los Candelier, los Guzmán Fermín y sus cirujanos, los Polanco Gómez y sucesores, los gobernantes sin escrúpulos y las mafias políticas y empresariales… se disolvieron a raíz del “fin de la guerra fría” y después de la muerte del Mazámbula de los doce años. El hambre devastadora por igual. Son –según ellos- los nuevos tiempos de una bondadosa postmodernidad y del “fin del comunismo y las ideologías”.
Pretenden inducirnos a “innovar” y a superar el desfase convirtiéndonos en “cuáquero” norteamericanos y “social-pendejos” consumados.
No les importa el uso de fusiles de alto poder contra la población civil desarmada, ni las impiadosas ejecuciones de modernas técnicas de guerras y el despliegue de comandos especiales “encaretados” y pertrechados a lo Rambo y Robocot, como los Topos y los Swatts, para penetrar a sangre y fuego en las barriadas populares indignadas por el crónico abandono, la violencia y extorsión policial, las penurias y crueldades inimaginables.
Quieren convencernos de que esta es una democracia con separación de poderes, tribunales y sistemas electorales probos, y no una dictadura morada y perversa, después de superar su condición bipartista, cercanamente perversa y corrupta.
Sí repudian con todo el hígado las capuchas, los pañuelos, las gomas quemadas, las piedras, las bombitas de estruendo y las “chilenas” o “chagones”, que hasta en su amada y “ultracivilizada”Europa, en Washington y Wall Streep, abundan al compás de las nuevas indignaciones de los/as empobrecidos/as de allá.
Una lucha que no se detendrá ni con calumnias ni con balas.
Y habrán de abundar allá, aquí y acullá. Tanto como las manifestaciones pacíficas no reprimidas, los encadenamientos, las peregrinaciones, los ayunos, las huelgas de brazos caídos, las rondas y paros urbanos y rurales, los levantamientos tipo zapatista o tipo Chávez, las huelgas y movilizaciones no violentas -o violentas- que tumban presidentes y gobiernos, las avalanchas electorales que producen cambios más o menos radicales, las insurgencias tipo FARC y ELN o tipo Palestina, Irak, Afganistán… Todo dependiendo de las condiciones particulares, los niveles de opresión, los actores sociales y políticos, las circunstancias, la correlación de fuerzas y medios.
Y habrá protestas e insubordinaciones inéditas.
Nada ha sido clausurado en la lucha de clases y de los pueblos contra sus opresores, menos en el contexto de esta multi-crisis del sistema capitalista. Todas las formas de lucha se actualizan, se enriquecen, se remozan y se readecuan y siempre brota -junto a lo tradicional que resulta pertinente y válido- lo nuevo que sorprende.
Claro, sería demasiado pedirles a ellos que nos entiendan.
Nosotros/as si entendemos la razón del desbarre de esos incomunicadores que optaron por pintar de camuflaje sus caras exquisitamente perfumadas y llenar de mentiras agresivas y silencios cómplices sus almas renegadas y retorcidas, aun vistiendo prendas muy finas y exhibiendo algunos de ellos muy buenos modales.
Sabemos que mientras se pintan el rostro y nos acusan y acusan a los valientes grupos populares de terroristas y bandoleros -a veces sonriendo y otras iracundos- se inclinan por traspasarles a mercenarios más burdos los fusiles-ametralladoras, las vituallas militares y las mochilas, para no correr el riego de las refriegas directas en esta “hora de los hornos” ni salpicarse de sangre revolucionaria sus camisas de seda.
Ignoran que no tardará mucho el momento en que hasta los militares empobrecidos, vejados y manipulados, se harán merecedores de los dignos motes de “terroristas” y subversivos. Duarte, Luperón, Caamaño y Fernández Domínguez… pasaron por esa dura y feliz experiencia.
De todas maneras los “incomunicadores carapintadas”, como los intelectuales de la misma calaña, deberían Mckarse cuanto antes la lengua para que al menos se reduzca la contaminación sónica.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.