Opinión
Decadencia del progresismo y de las transformaciones mediatizadas
Por Narciso Isa Conde
El cuadro de nuestra América ya no luce tan favorable para las izquierdas y fuerzas transformadoras como al inicio de este siglo.
EEUU y las derechas han retomado la ofensiva y han logrado entronizarse con diversos medios y variadas modalidades en los gobiernos y Estados de Honduras, Paraguay, Perú y Argentina, países Inicialmente situados en el campo del progresismo.
Además, aprovechando las limitaciones y deformaciones en cada proceso, están logrando cambiar a su favor la correlación de fuerza en Venezuela, creando a la vez mejores condiciones para el retroceso.
A eso se agrega que han podido erosionar gravemente al moderado y debilitado régimen del PT en Brasil, apuntando también contra los gobiernos transformadores de Ecuador y Bolivia con estrategias de desgastes limitadamente exitosas.
FACTORES ADVERSOS Y FALLAS
El fin de las ventajas económicas derivadas de los altos precios del petróleo, la reducción de las exportaciones suramericanas a China, India y otras potencia emergentes; el repunte de la corrupción estatal gubernamental (con sus especificidades en cada caso), la reproducción de métodos propios de la política tradicional, la larga coexistencia traumática con las estructuras del gran capital que alimenta a las agresivas derechas continentales, se han combinado al interior de esos procesos esperanzadores para abrirle cancha a la reversión contra-reformista y contra-revolucionaria.
A esa amalgama de factores y de fallas se le suma la peor de todas las limitaciones: la ausencia en sus instancias conductoras de la necesaria determinación de pasar de las reformas más o menos avanzadas a la revolución con una fuerte impronta anticapitalista y socializante del poder y de la economía. Siempre se ha dicho –y ahora vuelve a confirmarse- que proceso de cambio que se profundiza se estanca, se debilita y termina retrocediendo.
Tendencia
Consumada recientemente la restauración neoliberal en Argentina, el vórtice de la contraofensiva reaccionaria se ha concentrado en Brasil, logrando primero más concesiones voluntarias del Gobierno de Dilma Roussett dentro la lógica neoliberal, erosionando más la popularidad del PT y aprovechando al máximo la implosión de la gran corrupción (PETROBRAS-ODEBRECH-GUTIÉRREZ ANDRADE Y BNDB), en la que evidentemente están envueltos altos dirigentes petistas, incluyendo la presidenta y el propio Lula.
Esa gran corrupción, mezclada con la política exterior del Estado brasileño y del PT, con el cartel de la construcción ODEBRECH a la cabeza y acompañada de eficaces asesorías electorales y no electorales del mercadólogo JOAO SANTANA, hoy en prisión, se ha expandido a otros gobiernos de continente, entre ellos, el de Mauricio Funes en EL Salvador, y a los actuales regímenes de República Dominicana y Panamá, evidenciándose fuertes las complicidades en obras sobrevaluadas. En Venezuela y en Cuba, donde también ha operado ODEBRECH, no se han presentado señales de escándalos.
Cuando los actores del desplazamiento y de la insubordinación contra los viejos y decadentes regímenes neoliberales y contra las podridas democracias representativas, no se deciden por las revoluciones, por la negación de los métodos de la derecha y de la corrupción y privilegios estatales-gubernamentales, por la impugnación progresiva del capitalismo en crisis y la socialización progresiva en todos los órdenes, finalmente quedan entrampados en sus redes y opciones, las cuales comienzan a operar introduciendo un neoliberalismo blando dentro de la social-democratización que termina facilitando la restauración de un neoliberalismo duro.
Casos y casos de estancamientos, giros y retrocesos
Esto es urgentemente válido de tener en cuenta para Venezuela, referente clave del proceso continental.
El caso de Argentina, sometida de nuevo a los bombardeos neoliberales, es sencillamente dramático.
El de Brasil – pendiente todavía de desenlace- tiende a serlo también, con el agravante de que Lula viene de las izquierdas socialistas-revolucionarias y ha sido un símbolo de la resistencia obrera y popular que ha devenido, junto a una parte de la cúpula de su también emblemático PT, en un administrador del orden capitalista con una mejor distribución del ingreso nacional a favor de los pobres en época de bonanzas, acompañada de ganancias records en favor del capital financiero brasileño, y –lo peor- en un líder altamente vulnerable a las acusaciones de corrupción, inmerso en escándalos sobrecogedores que ensucian los gobiernos del PT.
La proyección de esa deplorable situación de Lula y el PT le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
En Brasil operan además las pugnas soterradas entre los intereses de los consorcios imperialistas brasileños y los estadounidense, los primeros próximos a Lula, los otros no. Eso explica el caso ODEBRECH y el de PETROBRAS, empresas en expansión arrolladora a contra corriente de todo escrúpulo.
A esto hay que sumar los efectos empobrecedores del paquete neoliberal de Dilma, respaldado por Lula y agregado a los graves problemas acumulados en vertientes tan sensibles como salud pública, educación, tenencia de la tierra y medio ambiente.
En El Salvador, el cambio de mando de Funes a Sánchez Cerén, abrió una nueva oportunidad que parece estancada en el orden de los cambios estructurales necesarios.
Nicaragua, que algo muy especial, luce muy estable dentro sus límites por todo lo que implica el proyecto del canal interoceánico en manos de China Popular.
Uruguay no ha sobrepasado el marco socialdemócrata dentro de su capitalismo dependiente apto, por su escasa población, para ofrecer cierto bienestar social a la clase trabajadora y al pueblo en general con buenos parámetros de libertad y honestidad administrativa
En Cuba el giro dominante en lo inmediato es hacia una combinación de estatismo y capitalismo privado en el contexto de buenas relaciones con EEUU y amplia apertura al capital transnacional, si no se altera ese factor por decisión imperial o cubana. Y ese modelo, de no ser reemplazado, tiende sacar a esa nación de toda dinámica revolucionaria anticapitalista y a embotar las perspectivas socialistas del proceso.
Es claro, sin embargo, que ese nuevo curso del proceso cubano está en fase inicial, tanto en lo que concierne al escenario político propio como al estadounidense, donde los nuevos comicios anuncian otras tormentas que precisamente no se llaman OBAMA; por lo que es temprano para juicios tajantes.
Sigue el combate
Pero la pelea sigue.
Y si el giro hacia la revolución no surge de los liderazgos actuales de esos procesos, brotará de las entrañas del pueblo trabajador y desde la conciencia y organización creada al calor de los procesos fallidos.
El capitalismo no tiene todavía otras respuestas a sus crisis que no sea finalmente más neoliberalismo, lo que vuelve atizar las resistencias y contra-ofensiva populares.
Algo de mayor envergadura puede olerse en Venezuela si se completa el asalto al poder por las derechas. En ambos sentidos: en la dureza de las derechas y en la radicalidad del chavismo revolucionario.
La radicalidad presente en las bases populares de los procesos progresistas y transformadores entorpecidos no necesariamente se revierte cambiando para peor los gobiernos; esto sin negar las frustraciones, retrasos y confusiones que esas realidades podrían generar según las circunstancias.
La ola de cambios puede declinar a nivel del posicionamiento de los Estados, pero no necesariamente desde los pueblos, sobre todo cuando la crisis de decadencia del capitalismo no cesa de agudizarse, deteriorando y caotizando las sociedades cargando sobre la traumática ofensiva neoliberal legitimada efímeramente por el estancamiento y la degradación de los procesos de cambio, sin contar con una fuerza revolucionaria de relevo
Las dificultades que implican esos virajes a favor de EEUU y las derechas no debe ser minimizada.
Estos estancamientos, giros a la derecha y retrocesos, junto a graves fallas éticas, le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
Precisan, por tanto, ser enfrentados con firmeza y optimismo al compás de sus desgarradores efectos; detectando las posibilidades de contra-ofensiva desde los pueblos y redoblando los esfuerzos por construir nuevas vanguardias y liderazgos político- sociales consecuentes, como garantía de avances sin retornos al pasado.
Colombia en tren de paz
Por otra parte, el avance de los acuerdos para la paz en Colombia, otro escenario de la lucha de clase y de la pelea por la soberanía, merece un seguimiento especial de nuestra parte.
Tal fenómeno ya ha provocado cambios no despreciables en la dinámica de la política colombiana y tiende a crear nuevas coyunturas y a generar nuevas exigencias e iniciativas que pueden impactar la realidad continental y mundial en dirección positiva o negativa; dependiendo del tipo de variaciones que produzca en las correlaciones de fuerza y de poder en el periodo de transición hacia la paz.
Las FARC-EP -combinando con mucho talento la firmeza estratégica y la flexibilidad táctica- procuran que la modalidad de la transición sin confrontación armada preserve su acumulado histórico y su capacidad de respuesta insurgente mientras no se consolide el viraje democrático a escala nacional; para que posibilite a la vez ampliar su influencia política e implantación social, garantizando avances ascendentes sin retrocesos hacia una nueva Colombia en paz duradera, capaz de impactar positivamente la región. La ampliación del plazo para arribar a acuerdos sólidos y a sus formas de implementación favorece esos propósitos.
El tema venezolano y el colombiano tienen una estrecha interacción, sin que todavía puedan hacerse predicciones categóricas respecto a lo que pueda ocurrir en ambos lados de esa frontera neurálgica en este mundo convulso.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!