Santo Domingo.- La Policía Nacional y el Ministerio Público ocuparon en las últimas horas un fusil, una ametralladora y 11 pistolas de diferentes marcas y calibres, así como sustancias narcóticas a un hombre durante un allanamiento domiciliario en el sector de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.Nacionales
Decomisan fusil, ametralladora y 11 pistolas en vivienda de Manoguayabo
Santo Domingo.- La Policía Nacional y el Ministerio Público ocuparon en las últimas horas un fusil, una ametralladora y 11 pistolas de diferentes marcas y calibres, así como sustancias narcóticas a un hombre durante un allanamiento domiciliario en el sector de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.Al detenido Lenin Mejía Ortiz (a) Repollo, también se le ocuparon 225 gramos de presunta cocaína y 75 gramos de un vegetal presumiblemente marihuana, así como siete machetes.
El operativo tuvo lugar al fondo de la cañada en el Callejón Petronila, Pueblo Chico, Manoguayabo, donde Mejía Ortiz se encontraba junto a otro hombre identificado como Luis Enrique Hernández (a) Shangal, quien huyó al notar la presencia de los agentes del orden.
Ambos hombres están acusados de haber amenazado en reiteradas ocasiones a un hombre y una mujer que residen en ese sector.
Con relación al fusil AK47, fue incautado con su cargador No. 407816 con 25 cápsulas 7.62 mm, mientras que la ametralladora marca Uzi también tenía su cargador.
En tanto que las otras armas confiscadas corresponden a 11 pistolas, de las cuales seis son marca Witness, calibre 9 mm, No. AE40271, con su cargador; una marca Colt, calibre 45, No. 1118897, sin cargador; una marca Smith & Wesson, calibre 9 mm, No. TYY2412; una marca Taurus, calibre 9 mm, serie ilegible; una marca Star, calibre 9 mm, serie No.1844999 con su cargador; una marca Beretta, calibre 22, serial No. BER68135V con su cargador.
También fueron halladas en el interior de la vivienda tres motocicletas semi desmanteladas, una de ellas denunciada como robada el pasado 26 de mayo 2017.
En la requisa fueron decomisados RD$2,300.00 y una cantidad no especificada de monedas norteamericanas; tres computadoras; un radio de comunicación; 16 celulares; un abejón; tres controles de televisión; un televisor plasma, un juego electrónico, una bocina tipo “quitipo”, cuatro baterías para inversor, un microondas y otra bocina.
En otros operativos realizados en la Capital y provincias, fueron detenidas varias personas, algunas de ellas se encontraban prófugas, al ocuparles cuatro pistolas que portaban ilegalmente.
A uno de los detenidos, Jonathan Salazar (a) Venllami, se le ocupó una pistola marca Browning, calibre 32, en la calle 38 esquina María Montez, del sector Villas Agrícolas, donde se encontraba a bordo de una motocicleta conducida por otro individuo que logró escapar.
Esa arma de fuego había sido robada por desconocidos el pasado jueves de un negocio de la ciudad de San Juan de la Maguana, propiedad del comerciante Carbello Encarnación Morillo.
Otra pistola, una Starker, calibre nueve milímetros, le fue ocupada a Rafelín Segura Suárez, de 24 años, en la comunidad El Peñón, provincia Barahona.
Mientras que Manuel Ramón Pichardo Batista fue arrestado por portar ilegalmente una pistola Glock, mientras estaba a bordo de un jeep placa G1336619-0, en la avenida Libertad, en San Francisco de Macorís.
En Higüey fueron apresados, mediante orden de arresto, Kedwin Santiago Mejía, de 21 años, y Jefferson Sánchez Peralta, de 22; al primero le ocuparon una pistola Smith & Wesson, calibre nueve milímetros.
Estas dos personas eran perseguidas por la muerte a tiros la noche del pasado jueves del joven Francisco Norberto Rosario López, durante un asalto para ser despojado de una motocicleta en que transitaba. Por este hecho también fueron detenidos para fines de investigación, Junior Enmanuel Rodríguez, de 23 años, y Daury Castro Montilla.
Tanto los detenidos así como las armas de fuego y demás evidencias están bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.