Opinión
Decreto infame (500-25)
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– En su decreto número 500 del año en curso, Luis Abinader, copiando órdenes ejecutivas de Donald Trump, hizo suya la fábula del «Cartel de los Soles» y asumió el recurso de atribuirle a todos los carteles de la droga la condición de «organizaciones terroristas«; recurso empleado para militarizar las supuestas operaciones antidroga y usar el tema como pretexto para agredir, intervenir e invadir militarmente países soberanos, fuera de su control.
Ese proceder se potencia si se trata de territorios ricos en recursos energéticos, minerales estratégicos, agua y biodiversidad; ambicionados por las elites capitalistas estadounidenses y asignada su conquista y reconquista neocolonial al Pentágono y a sus Comandos.
Es el caso de Venezuela y de los pocos países de Nuestra América.
Ella lo dejó claro en 2023 en su intervención en el Atlantic Council: «¿Por qué esta región importa? Por todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras… El triángulo del Litio, entre Argentina, Bolivia y Chile …el 60% del litio del planeta está en América Latina«
Pero su recuento no finalizó allí, sino que, para Richardson, América Latina posee –y es verdad- «las reservas de petróleo más grandes del planeta», incluidas las de «crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año».
Por último, con un lenguaje posesivo, la ex jefa del Comando Sur se atrevió a decir: «tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región«, enfatizando que a EEU le «queda mucho por hacer» en esta región y «tenemos que empezar nuestro juego».
·ABINADER NO PUEDE ALEGAR IGNORANCIA
Luis Abinader, ni desconoce esas declaraciones ni ignora esos designios imperiales, presentes por demás en este país amarrado, con su complaciente anuencia, por el Comando Sur.
Tampoco ignora que el denominado «cartel de los soles» es una burda fabula de Donald Trump y sus asesores de imágenes.
Sobre eso ya se han escrito libros desmontando la mentira. Pero, además, circula profusamente el testimonio del ex Vicesecretario y ex Director Ejecutivo del Programa Anti Droga y Delito de la ONU. Pino Ariacchi.
«Durante mi mandato como Director de la ONUDD, la agencia de la ONU contra la droga y el delito, estuve en Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, pero nunca visité Venezuela.
Simplemente, no hubo necesidad. La cooperación del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico era una de las mejores de Sudamérica; se puede comparar solo con el impecable historial de Cuba. Este hecho, en la delirante narrativa de Trump de «Venezuela como narcoestado», suena a una calumnia geopolíticamente motivada.»
«Pero los datos, publicados en el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la organización que tuve el honor de dirigir, cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump.»
«Una historia que desmonta pieza por pieza el entramado geopolítico construido alrededor del «Cártel de los Soles», una entidad tan legendaria como el Monstruo del Lago Ness, pero apta para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar contra un país que, casualmente, se ubica sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta.»
«Venezuela según la ONUDD: Un país irrelevante en el mapa del narcotráfico».
El informe 2025 de la Onudd es clarísimo, lo que debería avergonzar a quienes han construido la retórica de la demonización de Venezuela. El informe solo hace una mención mínima y breve a Venezuela, y afirma que una fracción mínima de la producción colombiana de drogas pasa por el país rumbo hacia Estados Unidos y Europa.
Venezuela, según la ONU, se ha consolidado como un territorio libre del cultivo de hoja de coca, marihuana y productos similares, así como de la presencia de cárteles criminales internacionales.
·LO DOMINA EL SERVILISMO
Entonces, ¿por qué es capaz de emitir un decreto mentiroso, infame, que involucra directamente a las fuerzas armadas dominicanas y al Estado dominicano en esos viles planes de agresión militar gringa a Venezuela?
¿Por qué?
¿Por qué asumir la criminal política exterior de un imperio genocida ¿Con qué derecho?
¿Hasta dónde va llegar su servilismo?
Apoya al nazi-fascista Zelensky.
Respalda las guerras desatadas por EEUU y la OTAN.
Se mete el rabo entre las piernas frente al holocausto palestino.
Apoyó a Guaidó, delincuente de tomo y lomo.
Se sumó al ultraderechista Grupo de Lima.
Apoyo a González Urrutia, matacuras y agente de la CIA.
Comprometió al país con sucesivas invasiones militares a Haití.
Pactó con el Comando Sur el respaldo a su doctrina de seguridad nacional y a sus acciones militares correspondiente, lo que implica comprometer los cuerpos castrenses y el territorio dominicano con las operaciones militares de EEUU destinadas a imponer su dominación y su saqueo en esta región.
Ahora se arrastra ante el despliegue militar trumpista contra Venezuela y los procesos soberanos de Nuestra América, avalando las mentiras y las narrativas que sirven de pretexto para asaltar nuestras enormes reservas de petróleo, gas, oro, litio, tierra rara, titanio, uranio, níquel, agua y biodiversidad.
El por qué es simple y a la vez pérfido: Abinader es un magnate metido a político, más dócil frente a los designios de la Casa Blanca y el Pentágono, que muchos agentes y colaboradores de la CIA.
Abinader es un lacayo de cuerpo y alma, de mente y corazón.
Es el gobernante más servil de la neo-colonialidad moderna.
Un auténtico Gobernador de Colonia montado sobre una seudo-república.
·EL DERECHO ES NUESTRO: ¡A REBELARNOS!
Esa ha sido su nefasta opción, sin el menor derecho a involucrar a los cuerpos militares y al Estado dominicano en esa bochornosa y peligrosa aventura.
Ni siquiera su Constitución y la de los Hipólito, Leonel y Danilo se lo permite. Mucho menos el pisoteado derecho internacional vigente.
Civiles y militares, hombres y mujeres, jóvenes y niños, tenemos derecho a apelar a Duarte, a Luperón, A Gilbert, a Manolo y las Mirabal, a Fernández Domínguez y Caamaño, para impugnar esa ruta ominosa, para rebelarnos contra esa manera de desconocer el derecho a nuestra autodeterminación y a la de todos los pueblos del mundo.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!