Opinión
Defender la UASD de la privatización que la amenaza, la corrupción que la degrada y el gobierno que la estrangula
Published
14 años agoon
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pese a las limitaciones, deformaciones y retrocesos que la afectan, es una presa apetecida del persistente programa de privatización de lo público y lo social en esta decadente era neoliberal y en medio esta multi-mega-crisis del sistema capitalista.
Eso viene de más allá de nuestras fronteras. Es un propósito de la gran burguesía transnacional y sus centros imperialistas, asumido por la burguesía de dependiente del país, por sus empresas de en el campo de la educación, por sus cúpulas eclesiales y sus partidocracias comprometidas con la neo-liberalización de nuestra sociedad.
La UASD sigue siendo conquista social a derribar -y/o convertir en lo contrario- por esas fuerzas y los espurios intereses privados que representan.
Recrudecimiento de la ofensiva privatizadora.
Ese propósito se ha recrudecido al calor del debate sobre los presupuestos de educación y su destino, de la crisis fiscal y la carga que representa el endeudamiento público.
La Autonomía, el Fuero y el presupuesto por ley históricamente han perseguido proteger esa conquista y es claro que la asignación del 5% del presupuesto nacional para la UASD estuvo motivada por el interés de favorecer exclusivamente la educación universitaria pública, gratuita y de carácter social.
Pero la verdad es que además de incumplir esa ley y negarle a la UASD gran parte del monto establecido, los gobiernos y el Estado subsidian universidades privadas que operan como negocios, favoreciendo así la privatización de lo público en materia de educación.
Por ley se ha consagrado también una asignación del 4% del PBI para el presupuesto de educación. Pero tampoco eso se cumple, lo que ha generado un clamor nacional contra esa violación
En ese caso el destino del 4% del PBI no ha sido previamente definido en relación con las asignaciones al área pública y al área privada de la educación básica y secundaria. Es materia pendiente de precisiones, que a nuestro debe definirse a favor de la enseñanza pública gratuita. Y si los sectores privados se aprestan a apoderarse de una parte importante de esos recursos -como lo indica su conducta histórica y actual- nosotros/as tenemos que prepararnos para impedirlo y procurar su asignación plena a la debilitada enseñanza pública y gratuita.
La precaria asignación de la UASD se aproxima a los 5,000 millones de pesos anuales; mientras se le niega una suma similar, poniéndola a la disposición de la corrupción gubernamental y el negocio privado.
Además, es evidente que la efectividad de la precaria suma asignada a la UASD ha sido menguada progresivamente por una partidocracia corrompida que también ha penetrado y tomado posiciones claves en la academia estatal; facciones perredeísta, peledeísta, reformista y hasta seudo-izquierdista, ahora con predominio perredeísta, se han apropiado por esa vía de una parte del presupuesto universitario.
Pero también –y esta es la cuestión fundamental- la UASD como institución está seriamente amenazada por el plan de privatización, en tanto centro de estudios de carácter social receptor de más 180 mil estudiantes de origen pobre y de sectores medios de la sociedad.
En esa dirección la partidocracia perredeísta que controla la UASD, cercada por la partidocracia peledeísta que controla al gobierno central y una gran parte del Estado, está aferrada a sus privilegios y a sus modalidades de corrupción. Se estima que en su seno se ha conformando una claque de aproximadamente 100 personas, las cuales ocupan posiciones importantes del tren administrativo y académico desde las que fomentan la corruptela, los privilegios, el parasitismo y el clientelismo.
Esa claque disfruta de una parte del pastel y se aferra a ella, aunque ciertamente esa parte del pastel, en caso de recuperarse por la vía del saneamiento, seria insuficiente para lograr una universidad pública de alta calidad y con un ritmo adecuado de crecimiento y renovación.
Dos luchas entrelazadas y la razón del tarifazo.
La clave, por tanto, para alcanzar esa meta ideal es exigir y conquistar el presupuesto consagrado por ley, al tiempo de transparentar su ejercicio, sanear la academia y establecer normas y controles eficaces para el buen y correcto uso de esos fondos, sin privatizar servicios ni crear empresas conexas autónomas y privilegiadas.
Un cumplimiento de la ley o un aumento presupuestal sin saneamiento, tendería a convertir una parte mayor de lo asignado en pasto de la voracidad burocrática y de la corruptela en boga. Un saneamiento sin conquistar el 5% sería importante pero absolutamente insuficiente.
Por eso ambas luchas deben interrelacionarse y no contraponerse.
La facción perredeísta que ahora domina la UASD ni siquiera ha optado por librar una lucha consecuente por el 5%. Conservadora al fin y temerosa de las represalias del gobierno peledeísta, ha optado por conformarse con el cuestionado pedazo del pastel que actualmente disfruta y cargar los déficit a estudiantes, profesores y empleados no privilegiados, condenando de todas maneras a la UASD a la precariedad. En momentos en que las autoridades estatales se aprestan a sustituir la pisoteada ley que consagra el 5% del presupuesto nacional para la UASD
Esa es la verdadera razón del tarifazo.
Represalias contra la protesta estudiantil y profesoral.
Pero el tarifazo abrió la caja de pandora en su contra y activó –todavía limitadamente, pero con mayores posibilidades que antes- el movimiento estudiantil y profesoral cuestionador de los turbios manejos presupuestarios del clan dominante, poniendo en perspectiva en riesgo la estabilidad de su forma perniciosa de gobernar y administrar la UASD.
De ahí su represalia, su reacción despótica, sus amenazas, sus desatinos:
Expulsión de dirigentes estudiantiles por el hecho de reclamar con acciones ordenadas la revocación del tarifazo y denunciar la corrupción.
Amenazas contra profesores desafectos, sustentadores de igual postura.
Apandillamiento, junto a unidades de seguridad infectadas por alimañas de los “servicios” estatales, para montar agresiones y disturbios falazmente atribuidos a los estudiantes.
Confabulación con el poder mediático, las autoridades del gobierno y la alta jerarquía católica para denigrar al movimiento estudiantil emergente y la parte del profesorado que se le vuelve en contra a las actuales autoridades.
Pedido de tropas policiales entrenadas y curtidas en crímenes, abusos y corrupción, para inducirlas a reprimir los estudiantes, violando el Fuero Universitario.
En fin, ejercicio de vandalismo para acusar de vandalismo a la parte contraria.
En verdad los únicos que dispararon con armas de fuego fueron agentes de “seguridad”, como consta en los video filmados; y los únicos que incendiaron y apedrearon vehículos fueron agentes de la seguridad. Armas, gasolinas, spray…fueron llevados a ese escenario por esos señores.
Los estudiantes reaccionaron solo palmeando y coreando consignas cuando recibieron la información de la expulsión de once de sus dirigentes de la voz del bachiller Roberto Sánchez, delegado estudiantil al Consejo Universitario, uno de los expulsados, ya a punto de concluir su carrera de Derecho con un índice superior a 80. La seguridad le disparó al conjunto estudiantil y agravó la situación.
Responsables del caos y medidas necesarias.
Hubo un montaje para desacreditar los estudiantes que contó con la ayuda de grandes medios de comunicación. Los conjurados tienen nombres y apellidos.
El Rector Mateo Febrillet, el Vicerrector Adjana, Luis Cabrera (director del Economato y dueño de la empresa que suministra carne al Comedor Universitario), César Ramos-El Chino (jefe de Suministro), Manuel Gutiérrez (jefe de Seguridad), Fabio Ruiz (ex-convicto y capo de ASODEMU), Lugo y Crispín Peláez (de la Seguridad), entre otros,…deben rendir cuenta por esos hechos; como también por la introducción en la UASD de un grupo de delincuentes llamados “los topos” que responden a la Rectoría, son usados como tropa de choque y han sido articulado a la Seguridad.
El Rector en particular debe responder por el abuso de poder llevado al extremo de llamar a la Policía Nacional, entidad de por si repudiable por su fechorías, a penetrar en la UASD, asaltar el local de la FED y maltratar los/as estudiantes.
Autoridades así se invalidan para dirigir la universidad y dan espacio a una necesaria reflexión sobre la urgencia de un cambio democrático interno a favor de representantes de la familia universitaria opuestos a la privatización y alejados de la pugna perversa entre las partidocracias del PRD y el PLD.
-De inmediato hay que exigir la apertura de la UASD, dado que prolongar su cierre hasta el 20 de agosto provoca la pérdida innecesaria de recursos y de un mes de clase.
-Hay que demandar la reintegración de los estudiantes expulsados y sus- pendidos y el cese de la amenaza contra los actuales dirigentes de FAPROUASD y el profesor Mochín Pinedo.
-Hay que disolver la Seguridad responsable de tales fechorías.
-Hay que exigir la anulación del tarifazo, el saneamiento presupuestario y la puesta en marcha de un plan nacional de lucha para obligar al gobierno a cumplir con el 5% del presupuesto nacional para la UASD.
-Hay que diseñar y ejecutar un programa de reformas para volver a renovar la universidad publica, preservando su condición de patrimonio social y zona libre de neoliberalismo.
-Hay que unir todo lo sano y lo digno de la UASD, que es la gran mayoría, para salvarla y transformarla, parando en seco este nuevo intento de degradación, desgarramiento y privatización.
Julio 2012, Santo Domingo, RD.
Artículo publicado originalmente en el periódico El Nacional
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
……………………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Opinión
Los pueblos nunca pierden primero su constitución, pierden primero el hábito de defenderla.
Published
1 día agoon
agosto 6, 2026Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Opinión
Examen de reducción de la pena ante la Corte Penal Internacional
Published
1 día agoon
agosto 6, 2026Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
