Opinión
Defender la UASD de la privatización que la amenaza, la corrupción que la degrada y el gobierno que la estrangula
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11 años agoon
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pese a las limitaciones, deformaciones y retrocesos que la afectan, es una presa apetecida del persistente programa de privatización de lo público y lo social en esta decadente era neoliberal y en medio esta multi-mega-crisis del sistema capitalista.
Eso viene de más allá de nuestras fronteras. Es un propósito de la gran burguesía transnacional y sus centros imperialistas, asumido por la burguesía de dependiente del país, por sus empresas de en el campo de la educación, por sus cúpulas eclesiales y sus partidocracias comprometidas con la neo-liberalización de nuestra sociedad.
La UASD sigue siendo conquista social a derribar -y/o convertir en lo contrario- por esas fuerzas y los espurios intereses privados que representan.
Recrudecimiento de la ofensiva privatizadora.
Ese propósito se ha recrudecido al calor del debate sobre los presupuestos de educación y su destino, de la crisis fiscal y la carga que representa el endeudamiento público.
La Autonomía, el Fuero y el presupuesto por ley históricamente han perseguido proteger esa conquista y es claro que la asignación del 5% del presupuesto nacional para la UASD estuvo motivada por el interés de favorecer exclusivamente la educación universitaria pública, gratuita y de carácter social.
Pero la verdad es que además de incumplir esa ley y negarle a la UASD gran parte del monto establecido, los gobiernos y el Estado subsidian universidades privadas que operan como negocios, favoreciendo así la privatización de lo público en materia de educación.
Por ley se ha consagrado también una asignación del 4% del PBI para el presupuesto de educación. Pero tampoco eso se cumple, lo que ha generado un clamor nacional contra esa violación
En ese caso el destino del 4% del PBI no ha sido previamente definido en relación con las asignaciones al área pública y al área privada de la educación básica y secundaria. Es materia pendiente de precisiones, que a nuestro debe definirse a favor de la enseñanza pública gratuita. Y si los sectores privados se aprestan a apoderarse de una parte importante de esos recursos -como lo indica su conducta histórica y actual- nosotros/as tenemos que prepararnos para impedirlo y procurar su asignación plena a la debilitada enseñanza pública y gratuita.
La precaria asignación de la UASD se aproxima a los 5,000 millones de pesos anuales; mientras se le niega una suma similar, poniéndola a la disposición de la corrupción gubernamental y el negocio privado.
Además, es evidente que la efectividad de la precaria suma asignada a la UASD ha sido menguada progresivamente por una partidocracia corrompida que también ha penetrado y tomado posiciones claves en la academia estatal; facciones perredeísta, peledeísta, reformista y hasta seudo-izquierdista, ahora con predominio perredeísta, se han apropiado por esa vía de una parte del presupuesto universitario.
Pero también –y esta es la cuestión fundamental- la UASD como institución está seriamente amenazada por el plan de privatización, en tanto centro de estudios de carácter social receptor de más 180 mil estudiantes de origen pobre y de sectores medios de la sociedad.
En esa dirección la partidocracia perredeísta que controla la UASD, cercada por la partidocracia peledeísta que controla al gobierno central y una gran parte del Estado, está aferrada a sus privilegios y a sus modalidades de corrupción. Se estima que en su seno se ha conformando una claque de aproximadamente 100 personas, las cuales ocupan posiciones importantes del tren administrativo y académico desde las que fomentan la corruptela, los privilegios, el parasitismo y el clientelismo.
Esa claque disfruta de una parte del pastel y se aferra a ella, aunque ciertamente esa parte del pastel, en caso de recuperarse por la vía del saneamiento, seria insuficiente para lograr una universidad pública de alta calidad y con un ritmo adecuado de crecimiento y renovación.
Dos luchas entrelazadas y la razón del tarifazo.
La clave, por tanto, para alcanzar esa meta ideal es exigir y conquistar el presupuesto consagrado por ley, al tiempo de transparentar su ejercicio, sanear la academia y establecer normas y controles eficaces para el buen y correcto uso de esos fondos, sin privatizar servicios ni crear empresas conexas autónomas y privilegiadas.
Un cumplimiento de la ley o un aumento presupuestal sin saneamiento, tendería a convertir una parte mayor de lo asignado en pasto de la voracidad burocrática y de la corruptela en boga. Un saneamiento sin conquistar el 5% sería importante pero absolutamente insuficiente.
Por eso ambas luchas deben interrelacionarse y no contraponerse.
La facción perredeísta que ahora domina la UASD ni siquiera ha optado por librar una lucha consecuente por el 5%. Conservadora al fin y temerosa de las represalias del gobierno peledeísta, ha optado por conformarse con el cuestionado pedazo del pastel que actualmente disfruta y cargar los déficit a estudiantes, profesores y empleados no privilegiados, condenando de todas maneras a la UASD a la precariedad. En momentos en que las autoridades estatales se aprestan a sustituir la pisoteada ley que consagra el 5% del presupuesto nacional para la UASD
Esa es la verdadera razón del tarifazo.
Represalias contra la protesta estudiantil y profesoral.
Pero el tarifazo abrió la caja de pandora en su contra y activó –todavía limitadamente, pero con mayores posibilidades que antes- el movimiento estudiantil y profesoral cuestionador de los turbios manejos presupuestarios del clan dominante, poniendo en perspectiva en riesgo la estabilidad de su forma perniciosa de gobernar y administrar la UASD.
De ahí su represalia, su reacción despótica, sus amenazas, sus desatinos:
Expulsión de dirigentes estudiantiles por el hecho de reclamar con acciones ordenadas la revocación del tarifazo y denunciar la corrupción.
Amenazas contra profesores desafectos, sustentadores de igual postura.
Apandillamiento, junto a unidades de seguridad infectadas por alimañas de los “servicios” estatales, para montar agresiones y disturbios falazmente atribuidos a los estudiantes.
Confabulación con el poder mediático, las autoridades del gobierno y la alta jerarquía católica para denigrar al movimiento estudiantil emergente y la parte del profesorado que se le vuelve en contra a las actuales autoridades.
Pedido de tropas policiales entrenadas y curtidas en crímenes, abusos y corrupción, para inducirlas a reprimir los estudiantes, violando el Fuero Universitario.
En fin, ejercicio de vandalismo para acusar de vandalismo a la parte contraria.
En verdad los únicos que dispararon con armas de fuego fueron agentes de “seguridad”, como consta en los video filmados; y los únicos que incendiaron y apedrearon vehículos fueron agentes de la seguridad. Armas, gasolinas, spray…fueron llevados a ese escenario por esos señores.
Los estudiantes reaccionaron solo palmeando y coreando consignas cuando recibieron la información de la expulsión de once de sus dirigentes de la voz del bachiller Roberto Sánchez, delegado estudiantil al Consejo Universitario, uno de los expulsados, ya a punto de concluir su carrera de Derecho con un índice superior a 80. La seguridad le disparó al conjunto estudiantil y agravó la situación.
Responsables del caos y medidas necesarias.
Hubo un montaje para desacreditar los estudiantes que contó con la ayuda de grandes medios de comunicación. Los conjurados tienen nombres y apellidos.
El Rector Mateo Febrillet, el Vicerrector Adjana, Luis Cabrera (director del Economato y dueño de la empresa que suministra carne al Comedor Universitario), César Ramos-El Chino (jefe de Suministro), Manuel Gutiérrez (jefe de Seguridad), Fabio Ruiz (ex-convicto y capo de ASODEMU), Lugo y Crispín Peláez (de la Seguridad), entre otros,…deben rendir cuenta por esos hechos; como también por la introducción en la UASD de un grupo de delincuentes llamados “los topos” que responden a la Rectoría, son usados como tropa de choque y han sido articulado a la Seguridad.
El Rector en particular debe responder por el abuso de poder llevado al extremo de llamar a la Policía Nacional, entidad de por si repudiable por su fechorías, a penetrar en la UASD, asaltar el local de la FED y maltratar los/as estudiantes.
Autoridades así se invalidan para dirigir la universidad y dan espacio a una necesaria reflexión sobre la urgencia de un cambio democrático interno a favor de representantes de la familia universitaria opuestos a la privatización y alejados de la pugna perversa entre las partidocracias del PRD y el PLD.
-De inmediato hay que exigir la apertura de la UASD, dado que prolongar su cierre hasta el 20 de agosto provoca la pérdida innecesaria de recursos y de un mes de clase.
-Hay que demandar la reintegración de los estudiantes expulsados y sus- pendidos y el cese de la amenaza contra los actuales dirigentes de FAPROUASD y el profesor Mochín Pinedo.
-Hay que disolver la Seguridad responsable de tales fechorías.
-Hay que exigir la anulación del tarifazo, el saneamiento presupuestario y la puesta en marcha de un plan nacional de lucha para obligar al gobierno a cumplir con el 5% del presupuesto nacional para la UASD.
-Hay que diseñar y ejecutar un programa de reformas para volver a renovar la universidad publica, preservando su condición de patrimonio social y zona libre de neoliberalismo.
-Hay que unir todo lo sano y lo digno de la UASD, que es la gran mayoría, para salvarla y transformarla, parando en seco este nuevo intento de degradación, desgarramiento y privatización.
Julio 2012, Santo Domingo, RD.
Artículo publicado originalmente en el periódico El Nacional
Por: Edgard Paniagua Miguel
La Caída Moral y Espiritual a la que hemos llegado como Nación nos permite tener ofertas electorales; de los Presidenciables posibles; vacías de esos contenidos virtuosos.
Ayúdeme usted revisando la oferta de esos posibles presidenciables a ver si hablan de: combatir la corrupción, luchar contra la impunidad, sacar de la Justicia, de la PGR y Altas Cortes el clientelismo y partidos.
Recuérdeme cuál ha ofertado revisar los contratos onerosos con las multinacionales, y ahora locales bajo el esquema Fiduciario.
Cual está defendiendo al País de temas migratorios, Aguas, Presas, del desorden en Educación?
Ayúdenme con el tema narcotráfico de drogas, cual de ellos toca ese tema.
Avíseme cuando encuentre el que hable acerca de cambiar el Sistema de reparto de combustibles, exenciones de impuestos, suprimir los favoritismos, tráfico de influencias, elitismos, nepotismos, simonía, dejar de pagar bocinas, barrilitos…
Quien habla de honestidad, honor, respeto a las leyes, decoro, fidelidad, integridad moral?
Solo se habla de Pan y Circo!!
Mentiras probadas como discursos veraces posibles.
La lista es larga pero el botón es suficiente, nuestro mal es Sistémico.
Quién ha ofertado cambiar para bien el Sistema de Gobernar, de Administrar, de impartir Justicia?
El Sistema hay que cambiarlo para que los honestos puedan ser presidenciables posibles. Mientras tanto esto está secuestrado.
Ayúdeme en esa búsqueda…
Opinión
La politiquería… un juego perverso que está desmantelando nuestra nación.
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1 día agoon
junio 1, 2023Por Isaías Ramos
Los políticos, representantes de esta partidocracia, mayoritariamente tienen el complejo de ser gallos de pelea. Entretienen como los gallos y actúan como tales en un eterno reto a “sus contrincantes”, dejando a un lado la presentación de un plan de gobierno que satisfaga las necesidades del pueblo. Después de todo, parece que el bienestar de la población poco les importa.
Este enfrentamiento, lejos de ser un simple espectáculo político, genera consecuencias profundas y a menudo perjudiciales para la población en general. La población es el auténtico perdedor de este juego diabólico, es manipulado, engañado y explotado en beneficio de aquellos que buscan consolidar o adquirir poder, para continuar saqueando y endeudando la nación.
En este escenario, la transparencia es un valor en peligro de extinción. Las operaciones y decisiones tomadas en las altas esferas de poder rara vez son visibles para el público general, manteniendo a los ciudadanos en la oscuridad. Se nos priva de la capacidad de comprender y evaluar plenamente la realidad de nuestra situación, una verdad a menudo incómoda y perturbadora, escondida detrás de los velos de la politiquería y la manipulación.
Si tuviéramos la oportunidad de descubrir la verdad, de atisbar las luchas de poder que se desarrollan en las sombras, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de aquellos a quienes hemos elegidos? Y es que conocer ese mundo de esa casta política causa repugnancia. Pero, conocer la verdad es una responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Sólo así podremos empezar a desmantelar este sistema podrido y corroído que solo busca beneficiarse a expensas de la mayoría, y luchar por una sociedad más transparente, equitativa y justa.
La falta de transparencia y las prácticas manipuladoras de los que ostentan el poder pueden generar una sensación de traición. Aquellos que deberían estar únicamente preocupados por el bienestar del pueblo han demostrado, en su inmensa mayoría, que su único fin es saquear las finanzas públicas. Una muestra de esa realidad es el informe dado por el propio ministro de educación sobre los resultados de evaluación académica de los estudiantes de 3ro, 6to de primaria y 3ro de secundaria son simplemente una vergüenza para el país. Son el resultado de casi tres décadas dedicadas a deformar a los ciudadanos suprimiendo materias de formación en principios y valores como moral y cívica. Además el ambiente al que son expuestos eso niños tan pronto salen de las escuelas son un lastre para cualquier nivel de formación ciudadana. No es fortuito que seamos el país con más muerte de tránsito del mundo, es parte de un sistema de formación educativa colapsado. Es que lo que amerita nuestro país en estos momentos no se resuelve poniendo parches y retazos, solo a través de un proyecto de nación con una visión clara de gobernantes y gobernados trabajando unidos por la patria que queremos dejarle a nuestros hijos y los hijos que queremos dejarle a nuestra nación, solo así seres capaces de lograr lo que la mayoría de este pueblo sueña de vivir en un país donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades.
Ya pasaron 7 gobiernos y ninguno se interesó en rescatar la ley de educación 66-97 de manera integral. Para esta casta política educar al ciudadano es un peligro para su sobrevivencia, pues esta es el arma más poderosa para ayudar a cada persona a volar por sí misma; capacitarlo y formarlo es enseñarlo a buscarse la vida y a encontrar soluciones por sí misma con independencia de las circunstancias y es que verdadera educación no genera dependencia si no auténtica libertad y a eso es lo que más le teme este sistema que sostiene esta especie de dictadura clientelar que para poder sobrevivir requiere de una mayoría en miseria e ignorancia.
Ya son 27 años a la deriva sin un timonel que conduzca a este pueblo hacia un puerto seguro. Los que han ostentando el poder en lo único que se han especializado es despedazar las empresas públicas, regalar nuestros recursos naturales, pervertir a la juventud y crear una sociedad de consumo sin freno.
Hoy, en el Frente Cívico y Social, estamos convencidos de que ha llegado el momento crucial para el pueblo dominicano: el momento de empedrares para decirle decirle adiós de una vez por todas, a esta casta política que solo nos ha ofrecido miseria e ignorancia.
En el FCS estamos listos para desarrollar un plan de acción que cambie el rumbo de la destrucción hacia un nuevo amanecer, un amanecer lleno de esperanza. Nos proponemos refundar nuestra patria bajo los preceptos que nos dejaron nuestros libertadores como legado.
Cada palabra, cada promesa que realizamos, viene cargada de una resolución férrea: trabajar por y para nuestro pueblo. Sentimos cada desafío como si fuera nuestro, porque lo que es. Cada lágrima derramada por la injusticia, cada sonrisa borrada por el desamparo, es también nuestra. Es por eso que lucharemos. Porque conocemos el valor de nuestro pueblo, porque sabemos que merecemos algo mejor.
Así que, juntos, diremos adiós a las sombras del pasado y saldremos adelante hacia la luz del futuro. Juntos, haremos que la esperanza vuelva a florecer en el corazón de la patria. Juntos, porque en la unidad está nuestra fuerza y en la esperanza, nuestro futuro. Y juntos, estamos seguros de que podemos y vamos a hacer que ese futuro sea mejor.
Porque el pueblo dominicano no merece menos. Porque nosotros, en el Frente Cívico y Social, no daremos menos. Nuestro compromiso es con ustedes, con cada ciudadano, con cada familia, con cada corazón que late con la esperanza de un mañana mejor.
Juntos, podemos cambiar el rumbo de nuestra historia. Y lo haremos. Porque es hora de que la voz del pueblo se escuche. Es hora de que la patria renazca.
Despierta RD!
Opinión
Legislación contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional.
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1 día agoon
junio 1, 2023Por Rommel Santos Díaz
Casi todos los Estados Partes del Estatuto de Roma cuentan con una legislación que contiene los delitos contra la administración de justicia dentro de sus propios sistemas legales. Por ejemplo, tales actividades están estipuladas en el Código Penal.
El artículo 70 del Estatuto de Roma dispone la ampliación de la legislación penal para incluir a las personas involucradas con los procesos de la Corte Penal Internacional, de conformidad con el Estatuto de Roma. Estas personas serán (tanto como sujetos y objetos de estos crímenes); personas acusadas que comparezcan ante la Corte, testigos, y oficiales de la Corte. Adicionalmente, los delitos nacionales que incluyan la interferencia con la prueba deberán ampliarse deberán ampliarse para incluir la prueba requerida para un caso de la Corte Penal Internacional.
Los Estados Partes deberán asegurar que su legislación nacional incluye todas las ofensas enumeradas en el artículo 70 . La manera más sencilla de hacerlo es tomando las ofensas tal y como están en el Estatuto de Roma. La legislación deberá contar con una aplicación tanto territorial como extraterritorial, para que así los Estados Partes puedan enjuiciar tales ofensas cuando sean cometidas dentro de un Estado.
De conformidad con lo anterior, los nacionales podrán ser enjuiciados en la Corte por actos cometidos dentro de un Estado. Según el artículo 70 del Estatuto de Roma, los Estados Partes deberán penalizar estas ofensas dentro de su territorio cuando sean cometidas por un nacional, sin importar en qué lugar estaba el nacional en el momento de la comisión del delito.
Procede señalar que el Estatuto de Roma es omiso respecto a la pena máxima o mínima que un Estado puede imponer por las ofensas contra la administración de justicia. Sin embargo, estos crímenes lesionan el corazón mismo de cualquier sistema de justicia, al despreciar potencialmente su legitimidad y credibilidad. Por ende una pena máxima de 5 años para todas estas ofensas es un buen estándar. Los Estados podrán también prever distintas penas para los diversos tipos de delitos, dependiendo de la gravedad.
Los Estados podrán ir más allá de los requisitos del artículo 70, disponiendo de variaciones más específicas de los delitos enumerados en este artículo , y asignando distintas penas a distintas ofensas, algunas veces superiores a 5 años de prisión. Esto tiene el beneficio de impedir una mayor variedad de posibles ataques a la integridad del sistema de justicia de la Corte Penal Internacional.
Una recomendación importante para los Estados Partes del Estatuto de Roma consiste en extender la legislación existente sobre las ofensas contra la administración de justicia de los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda para incluir la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados Partes ya contienen delitos contra la administración de justicia de estos dos Tribunales, de conformidad con sus propias Reglas de Procedimiento y Prueba . Por ejemplo, las Reglas 77 y 91 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia son: ̈Desacato al Tribunal ̈ y ̈Falso Testimonio ̈, respectivamente. Deberá tomarse en cuenta que existen diferencias entre estas Reglas y el Artículo 70 del Estatuto de Roma.
Finalmente, los Estados deberán asegurarse de que incluyan todos los delitos enumerados en el artículo 70 del Estatuto de Roma, y no solo aquellos de las Reglas del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, porque estas reglas no incluyan ciertos delitos del artículo 70, tales como tomar represalias contra los oficiales del tribunal.