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Opinión

Defender la UASD de la privatización que la amenaza, la corrupción que la degrada y el gobierno que la estrangula

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pese a las limitaciones, deformaciones y retrocesos que la afectan, es una presa apetecida del persistente programa de privatización de lo público y lo social en esta decadente era neoliberal y en medio esta multi-mega-crisis  del sistema capitalista.

Eso viene de más allá de nuestras fronteras. Es un propósito de la gran burguesía transnacional y sus centros imperialistas, asumido por la burguesía de dependiente del país, por sus empresas de en el campo de la educación, por sus cúpulas eclesiales y sus partidocracias comprometidas con la neo-liberalización de nuestra sociedad.

La UASD sigue siendo conquista social a derribar -y/o convertir en lo contrario- por esas fuerzas y los espurios intereses privados que representan.

Recrudecimiento de la ofensiva privatizadora.

Ese propósito se ha recrudecido al calor del debate sobre  los presupuestos de educación y su destino, de la crisis fiscal y la carga que representa el endeudamiento público.

La Autonomía, el Fuero y el presupuesto por ley históricamente han perseguido proteger esa conquista y es claro que la asignación del 5% del presupuesto nacional para la UASD estuvo motivada por el interés de favorecer exclusivamente la educación universitaria pública, gratuita y de carácter social.

Pero la verdad es que además de incumplir esa ley y negarle a la UASD gran parte del monto establecido, los gobiernos y el Estado subsidian universidades privadas que operan como negocios, favoreciendo así la privatización de lo público en materia de educación.

Por ley se ha consagrado también una asignación del 4% del PBI para el presupuesto de educación. Pero tampoco eso se cumple, lo que ha generado un clamor nacional contra esa violación

En ese caso el destino del 4% del PBI no ha sido previamente definido en relación con las asignaciones al área pública y al área privada de la educación básica y secundaria. Es materia pendiente de precisiones, que a nuestro debe definirse a favor de la enseñanza pública gratuita. Y si los sectores privados se aprestan a apoderarse de una parte importante de esos recursos -como lo indica su conducta histórica y actual- nosotros/as tenemos que prepararnos para impedirlo y procurar su asignación plena a la debilitada enseñanza pública y gratuita.

La precaria asignación de la UASD se aproxima a los 5,000 millones de pesos anuales; mientras se le niega una suma similar, poniéndola a la disposición de la corrupción gubernamental y el negocio privado.

Además, es evidente que la efectividad de la precaria suma asignada a la UASD ha sido menguada progresivamente por una partidocracia corrompida que también ha penetrado y tomado posiciones claves en la academia estatal; facciones perredeísta, peledeísta, reformista y hasta seudo-izquierdista, ahora con predominio perredeísta, se han apropiado por esa vía de una parte del presupuesto universitario.

Pero también –y esta es la cuestión fundamental- la UASD como institución está seriamente amenazada por el plan de privatización, en tanto centro de estudios de carácter social receptor de más 180 mil estudiantes de origen pobre y de sectores medios de la sociedad.

En esa dirección la partidocracia perredeísta que controla la UASD, cercada por la partidocracia peledeísta que controla al gobierno central y una gran parte del Estado, está aferrada a sus privilegios y a sus modalidades de corrupción. Se estima que en su seno se ha conformando una claque de aproximadamente 100 personas, las cuales ocupan posiciones importantes del tren administrativo y académico desde las que fomentan la corruptela, los privilegios, el parasitismo y el clientelismo.

Esa claque disfruta de una parte del pastel y se aferra a ella,  aunque ciertamente esa parte del pastel, en caso de recuperarse por la vía del saneamiento, seria insuficiente para lograr una universidad pública de alta calidad y con un ritmo adecuado de crecimiento y renovación.

Dos luchas entrelazadas y la razón del tarifazo.

La clave, por tanto, para alcanzar esa meta ideal es exigir y conquistar el presupuesto consagrado por ley, al tiempo de transparentar su ejercicio, sanear la academia y establecer normas y controles eficaces para el buen y correcto uso de esos fondos, sin privatizar servicios ni crear empresas conexas autónomas y privilegiadas.

Un cumplimiento de la ley o un aumento presupuestal sin saneamiento, tendería a convertir una parte mayor de lo asignado en pasto de la voracidad burocrática y de la corruptela en boga. Un saneamiento sin conquistar el 5% sería importante pero absolutamente insuficiente.

Por eso ambas luchas deben interrelacionarse y no contraponerse.

La facción perredeísta que ahora domina la UASD ni siquiera ha optado por librar una lucha consecuente por el 5%. Conservadora al fin y temerosa de las represalias del gobierno peledeísta, ha optado por conformarse con el cuestionado pedazo del pastel que actualmente disfruta y cargar los déficit a estudiantes, profesores y empleados no privilegiados, condenando de todas maneras a la UASD a la precariedad. En momentos en que las autoridades estatales se aprestan a sustituir la pisoteada ley que consagra el 5% del presupuesto nacional para la UASD

Esa es la verdadera razón del tarifazo.

Represalias contra la protesta estudiantil y profesoral.

Pero el tarifazo abrió la caja de pandora en su contra y activó –todavía limitadamente, pero con mayores posibilidades que antes- el movimiento estudiantil y profesoral cuestionador de los turbios manejos presupuestarios del clan dominante, poniendo en perspectiva en riesgo la estabilidad de su forma perniciosa de gobernar y administrar la UASD.

De ahí su represalia, su reacción despótica, sus amenazas, sus desatinos:

Expulsión de dirigentes estudiantiles por el hecho de reclamar con acciones ordenadas la revocación del tarifazo y denunciar la corrupción.

Amenazas contra profesores desafectos, sustentadores de igual postura.

Apandillamiento, junto a unidades de seguridad infectadas por alimañas de los “servicios” estatales, para montar agresiones y disturbios falazmente atribuidos a los estudiantes.

Confabulación con el poder mediático, las autoridades del gobierno y la alta jerarquía católica para denigrar al movimiento estudiantil emergente y la parte del profesorado que se le vuelve en contra a las actuales autoridades.

Pedido de tropas policiales entrenadas y curtidas en crímenes, abusos y corrupción, para inducirlas a reprimir los estudiantes, violando el Fuero Universitario.

En fin, ejercicio de vandalismo para acusar de vandalismo a la parte contraria.

En verdad los únicos que dispararon con armas de fuego fueron agentes de “seguridad”, como consta en los video filmados; y los únicos que incendiaron y apedrearon vehículos fueron agentes de la seguridad. Armas, gasolinas, spray…fueron llevados a ese escenario por esos señores.

Los estudiantes reaccionaron solo palmeando y coreando consignas cuando recibieron la información de la expulsión de once de sus dirigentes de la voz del bachiller Roberto Sánchez, delegado estudiantil al Consejo Universitario, uno de los expulsados, ya a punto de concluir su carrera de Derecho con un índice superior a 80. La seguridad le disparó al conjunto estudiantil y agravó la situación.

Responsables del caos y medidas necesarias.

Hubo un montaje para desacreditar los estudiantes que contó con la ayuda de grandes medios de comunicación. Los conjurados tienen nombres y apellidos.

El Rector Mateo Febrillet, el Vicerrector Adjana, Luis Cabrera (director del Economato y dueño de la empresa que suministra carne al Comedor Universitario), César Ramos-El Chino (jefe de Suministro), Manuel Gutiérrez (jefe de Seguridad), Fabio Ruiz (ex-convicto y capo de ASODEMU), Lugo y Crispín Peláez (de la Seguridad), entre otros,…deben rendir cuenta por esos hechos; como también por la introducción en la UASD de un grupo de delincuentes llamados “los topos” que responden a la Rectoría, son usados como tropa de choque y han sido articulado a la Seguridad.

El Rector en particular debe responder por el abuso de poder llevado al extremo de llamar a la Policía Nacional, entidad de por si repudiable por su fechorías, a penetrar en la UASD, asaltar el local de la FED y maltratar los/as estudiantes.

Autoridades así se invalidan para dirigir la universidad y dan espacio a una necesaria reflexión sobre la urgencia de un cambio democrático interno a favor de representantes de la familia universitaria opuestos a la privatización y alejados de la pugna perversa entre las partidocracias del PRD y el PLD.

-De inmediato hay que exigir la apertura de la UASD, dado que prolongar su cierre hasta el 20 de agosto provoca la pérdida innecesaria de recursos y de un mes de clase.

-Hay que demandar la reintegración de los estudiantes expulsados y sus- pendidos y el cese de la amenaza contra los actuales dirigentes de FAPROUASD y el profesor Mochín Pinedo.

-Hay que disolver la Seguridad responsable de tales fechorías.

-Hay que exigir la anulación del tarifazo, el saneamiento presupuestario y la puesta en marcha de un plan nacional de lucha para obligar al gobierno a cumplir con el 5% del presupuesto nacional para la UASD.

-Hay que diseñar y ejecutar un programa de reformas para volver a renovar la universidad publica, preservando su condición de patrimonio social y zona libre de neoliberalismo.

-Hay que unir todo lo sano y lo digno de la UASD, que es la gran mayoría, para salvarla y transformarla, parando en seco este nuevo intento de degradación, desgarramiento y privatización.

Julio 2012, Santo Domingo, RD.

Artículo publicado originalmente en el periódico El Nacional

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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