Opinión
Defender la UASD de la privatización que la amenaza, la corrupción que la degrada y el gobierno que la estrangula
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14 años agoon
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pese a las limitaciones, deformaciones y retrocesos que la afectan, es una presa apetecida del persistente programa de privatización de lo público y lo social en esta decadente era neoliberal y en medio esta multi-mega-crisis del sistema capitalista.
Eso viene de más allá de nuestras fronteras. Es un propósito de la gran burguesía transnacional y sus centros imperialistas, asumido por la burguesía de dependiente del país, por sus empresas de en el campo de la educación, por sus cúpulas eclesiales y sus partidocracias comprometidas con la neo-liberalización de nuestra sociedad.
La UASD sigue siendo conquista social a derribar -y/o convertir en lo contrario- por esas fuerzas y los espurios intereses privados que representan.
Recrudecimiento de la ofensiva privatizadora.
Ese propósito se ha recrudecido al calor del debate sobre los presupuestos de educación y su destino, de la crisis fiscal y la carga que representa el endeudamiento público.
La Autonomía, el Fuero y el presupuesto por ley históricamente han perseguido proteger esa conquista y es claro que la asignación del 5% del presupuesto nacional para la UASD estuvo motivada por el interés de favorecer exclusivamente la educación universitaria pública, gratuita y de carácter social.
Pero la verdad es que además de incumplir esa ley y negarle a la UASD gran parte del monto establecido, los gobiernos y el Estado subsidian universidades privadas que operan como negocios, favoreciendo así la privatización de lo público en materia de educación.
Por ley se ha consagrado también una asignación del 4% del PBI para el presupuesto de educación. Pero tampoco eso se cumple, lo que ha generado un clamor nacional contra esa violación
En ese caso el destino del 4% del PBI no ha sido previamente definido en relación con las asignaciones al área pública y al área privada de la educación básica y secundaria. Es materia pendiente de precisiones, que a nuestro debe definirse a favor de la enseñanza pública gratuita. Y si los sectores privados se aprestan a apoderarse de una parte importante de esos recursos -como lo indica su conducta histórica y actual- nosotros/as tenemos que prepararnos para impedirlo y procurar su asignación plena a la debilitada enseñanza pública y gratuita.
La precaria asignación de la UASD se aproxima a los 5,000 millones de pesos anuales; mientras se le niega una suma similar, poniéndola a la disposición de la corrupción gubernamental y el negocio privado.
Además, es evidente que la efectividad de la precaria suma asignada a la UASD ha sido menguada progresivamente por una partidocracia corrompida que también ha penetrado y tomado posiciones claves en la academia estatal; facciones perredeísta, peledeísta, reformista y hasta seudo-izquierdista, ahora con predominio perredeísta, se han apropiado por esa vía de una parte del presupuesto universitario.
Pero también –y esta es la cuestión fundamental- la UASD como institución está seriamente amenazada por el plan de privatización, en tanto centro de estudios de carácter social receptor de más 180 mil estudiantes de origen pobre y de sectores medios de la sociedad.
En esa dirección la partidocracia perredeísta que controla la UASD, cercada por la partidocracia peledeísta que controla al gobierno central y una gran parte del Estado, está aferrada a sus privilegios y a sus modalidades de corrupción. Se estima que en su seno se ha conformando una claque de aproximadamente 100 personas, las cuales ocupan posiciones importantes del tren administrativo y académico desde las que fomentan la corruptela, los privilegios, el parasitismo y el clientelismo.
Esa claque disfruta de una parte del pastel y se aferra a ella, aunque ciertamente esa parte del pastel, en caso de recuperarse por la vía del saneamiento, seria insuficiente para lograr una universidad pública de alta calidad y con un ritmo adecuado de crecimiento y renovación.
Dos luchas entrelazadas y la razón del tarifazo.
La clave, por tanto, para alcanzar esa meta ideal es exigir y conquistar el presupuesto consagrado por ley, al tiempo de transparentar su ejercicio, sanear la academia y establecer normas y controles eficaces para el buen y correcto uso de esos fondos, sin privatizar servicios ni crear empresas conexas autónomas y privilegiadas.
Un cumplimiento de la ley o un aumento presupuestal sin saneamiento, tendería a convertir una parte mayor de lo asignado en pasto de la voracidad burocrática y de la corruptela en boga. Un saneamiento sin conquistar el 5% sería importante pero absolutamente insuficiente.
Por eso ambas luchas deben interrelacionarse y no contraponerse.
La facción perredeísta que ahora domina la UASD ni siquiera ha optado por librar una lucha consecuente por el 5%. Conservadora al fin y temerosa de las represalias del gobierno peledeísta, ha optado por conformarse con el cuestionado pedazo del pastel que actualmente disfruta y cargar los déficit a estudiantes, profesores y empleados no privilegiados, condenando de todas maneras a la UASD a la precariedad. En momentos en que las autoridades estatales se aprestan a sustituir la pisoteada ley que consagra el 5% del presupuesto nacional para la UASD
Esa es la verdadera razón del tarifazo.
Represalias contra la protesta estudiantil y profesoral.
Pero el tarifazo abrió la caja de pandora en su contra y activó –todavía limitadamente, pero con mayores posibilidades que antes- el movimiento estudiantil y profesoral cuestionador de los turbios manejos presupuestarios del clan dominante, poniendo en perspectiva en riesgo la estabilidad de su forma perniciosa de gobernar y administrar la UASD.
De ahí su represalia, su reacción despótica, sus amenazas, sus desatinos:
Expulsión de dirigentes estudiantiles por el hecho de reclamar con acciones ordenadas la revocación del tarifazo y denunciar la corrupción.
Amenazas contra profesores desafectos, sustentadores de igual postura.
Apandillamiento, junto a unidades de seguridad infectadas por alimañas de los “servicios” estatales, para montar agresiones y disturbios falazmente atribuidos a los estudiantes.
Confabulación con el poder mediático, las autoridades del gobierno y la alta jerarquía católica para denigrar al movimiento estudiantil emergente y la parte del profesorado que se le vuelve en contra a las actuales autoridades.
Pedido de tropas policiales entrenadas y curtidas en crímenes, abusos y corrupción, para inducirlas a reprimir los estudiantes, violando el Fuero Universitario.
En fin, ejercicio de vandalismo para acusar de vandalismo a la parte contraria.
En verdad los únicos que dispararon con armas de fuego fueron agentes de “seguridad”, como consta en los video filmados; y los únicos que incendiaron y apedrearon vehículos fueron agentes de la seguridad. Armas, gasolinas, spray…fueron llevados a ese escenario por esos señores.
Los estudiantes reaccionaron solo palmeando y coreando consignas cuando recibieron la información de la expulsión de once de sus dirigentes de la voz del bachiller Roberto Sánchez, delegado estudiantil al Consejo Universitario, uno de los expulsados, ya a punto de concluir su carrera de Derecho con un índice superior a 80. La seguridad le disparó al conjunto estudiantil y agravó la situación.
Responsables del caos y medidas necesarias.
Hubo un montaje para desacreditar los estudiantes que contó con la ayuda de grandes medios de comunicación. Los conjurados tienen nombres y apellidos.
El Rector Mateo Febrillet, el Vicerrector Adjana, Luis Cabrera (director del Economato y dueño de la empresa que suministra carne al Comedor Universitario), César Ramos-El Chino (jefe de Suministro), Manuel Gutiérrez (jefe de Seguridad), Fabio Ruiz (ex-convicto y capo de ASODEMU), Lugo y Crispín Peláez (de la Seguridad), entre otros,…deben rendir cuenta por esos hechos; como también por la introducción en la UASD de un grupo de delincuentes llamados “los topos” que responden a la Rectoría, son usados como tropa de choque y han sido articulado a la Seguridad.
El Rector en particular debe responder por el abuso de poder llevado al extremo de llamar a la Policía Nacional, entidad de por si repudiable por su fechorías, a penetrar en la UASD, asaltar el local de la FED y maltratar los/as estudiantes.
Autoridades así se invalidan para dirigir la universidad y dan espacio a una necesaria reflexión sobre la urgencia de un cambio democrático interno a favor de representantes de la familia universitaria opuestos a la privatización y alejados de la pugna perversa entre las partidocracias del PRD y el PLD.
-De inmediato hay que exigir la apertura de la UASD, dado que prolongar su cierre hasta el 20 de agosto provoca la pérdida innecesaria de recursos y de un mes de clase.
-Hay que demandar la reintegración de los estudiantes expulsados y sus- pendidos y el cese de la amenaza contra los actuales dirigentes de FAPROUASD y el profesor Mochín Pinedo.
-Hay que disolver la Seguridad responsable de tales fechorías.
-Hay que exigir la anulación del tarifazo, el saneamiento presupuestario y la puesta en marcha de un plan nacional de lucha para obligar al gobierno a cumplir con el 5% del presupuesto nacional para la UASD.
-Hay que diseñar y ejecutar un programa de reformas para volver a renovar la universidad publica, preservando su condición de patrimonio social y zona libre de neoliberalismo.
-Hay que unir todo lo sano y lo digno de la UASD, que es la gran mayoría, para salvarla y transformarla, parando en seco este nuevo intento de degradación, desgarramiento y privatización.
Julio 2012, Santo Domingo, RD.
Artículo publicado originalmente en el periódico El Nacional
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Opinión
El medio ambiente y los crímenes en el Estatuto de Roma (2 de 2)
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3 días agoon
mayo 13, 2026Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.
