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Defensa de Jean Alain busca descargo mediante depósito de pruebas.
Santo Domingo.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recibió 1,046 pruebas de los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez depositó para buscar desmontar todas las imputaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público.
Conforme a los abogados Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi Pumarol la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) optó por ocultar pruebas, cometer actos reñidos con las normas penales y disciplinarias, y sobre todo amenazar a decenas de personas para que, en calidad de testigos se abstengan de suministrar documentos proclives a favorecer a su cliente.
Sostiene que el ministerio público está transitando incluso con la dispensa de cargos y sometimientos a personas con comportamientos criminalmente execrables, como el caso Rafael Stéfano Canó Sacco, quedando evidenciado que es el trabajo descontrolado de los remanentes inquisitorios.
Indicaron que a pesar de las arbitrariedades asumidas por la PEPCA, a lo largo de casi dos años y con mucho esfuerzo, lograron compilar 955 pruebas documentales, 17 audiovisuales, 6 periciales y 68 testimoniales, para un total de 1,046 pruebas, depositadas junto a un escrito de 2,952 páginas que relatan de forma preliminar la realidad de las falsas imputaciones presentadas.
Expresaron que todo dentro de un mísero plazo otorgado por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, sin desmedro de la espera de decenas de pruebas que aún persiste la PEPCA en rezagarlas y que se encuentran en reclamos judiciales.
Explicó que el juez luego se despachó con una retractación conculcadora de derechos, que consistió en aceptar, todo el contenido de un originario disco duro defectuoso que había descartado, contentivo de millones de páginas -que incluían cuantiosas pruebas vinculadas a otros sonados casos, como como son los casos de Alexis Medina y Adam Cáceres, que en modo alguno tienen vinculación con su cliente.
Detallaron que todo esto con el deliberado propósito de imposibilitar no solo la concentración del estudio correspondiente al ex procurador, sino también, dispersar la capacidad de respuesta con miles de archivos ajenos a la litis que les ocupa, lo cual debilitó en buena parte, la tarea de preparar defensa efectiva en escasos meses.
Asimismo, destacó que la cooperación del juez resultó sorprendentemente positiva para las partes adversas, dado que, contrario al mandato legal que data de 200 años de procedimiento penal en cuanto a manejo físico de documentos, luego de ordenar la entrega física del expediente, se contradijo y dispuso que la administración, trámite y entrega de los millares de pruebas fueran de forma digital.
Indicó que esta situación en el entorno social en que se desenvuelven los abogados, fiscales, los jueces y hasta los propios empleados judiciales, y aún hasta las formas de interactuar, lo cual conlleva, en síntesis, una pérdida de atención, tanto en la lectura como en su propia comprensión, lo que demanda de su parte asumir una posición más que vanguardista al derecho de defensa.
Asimismo, los juristas expresaron que es evidente que, desde la salida del ex procurador de su cargo, se orquestó un plan retaliativo para destruirlo por completo, cuyos motivos todos conocemos y que se inventaron que se iría a vivir a Francia, luego que se escaparía a destinos indeterminados, para confundir a jueces y lograr una prisión preventiva.
Agregaron que la amarga realidad para los detractores es que, la batalla legal que libran Alain Rodríguez y sus abogados, tras el cese de la prisión preventiva, tiene su elemento natural en que se ha demostrado que todo el discurso predictivo de ellos ha dejado plantada a la justicia dominicana, quedando nada más un vacío que anhela una respuesta acerca de “qué es lo que queda por asumir de estos señores para los eventuales próximos pasos procesales.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.