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Opinión

Degradación del PLD cierra ciclo histórico en RD

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Por Ismael Batista

En las últimas décadas de nuestra Era contemporánea la dirigencia de todos los partidos dominicanos han olvidado que el verdadero y real desarrollo del país solo se logra alcanzando la independencia plena. Ahí están los ejemplos ilustrativos de República Popular China e India.

Pero los políticos y gobernantes dominicanos han obviado políticas sociales y gubernamentales que impulsen procesos trasformadores en dirección a la independencia económica y política de la nación Las ejecutorias implementadas por el presidente mejicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), son buen referente.

Ellos deben recordar que el fundador del Movimiento Político la Trinitaria, Juan Pablo Duarte, constituyó un núcleo de patriotas con una concepción liberadora para impulsar la independencia nacional.

Proyecto de nación pendiente, en el cual los dominicanos en el accionar dialectico de la historia del movimiento político, en el que los intentos de conquistarles fueron malogrados en el fragor de la lucha.

Sin embargo, el ideario de la liberación nacional perdura porque no es un proyecto personal o de intereses grupales en busca de poder y dinero para sus beneficios; no para el pueblo y, por ende, están destinados al fracaso y a la pulverización.

En cambio, el proyecto del insigne Juan Pablo Duarte y demás patriotas dominicanos perdurará hasta la conquista final porque es un proyecto en donde priman los ideales y principios para bienestar de todos los dominicanos.

Pero desafortunadamente, en el discurrir de la historia los ideales liberadores de los dominicanos ha estado bajo la sombra y el ataque de los enemigos.

No obstante, las páginas de la historia dominicana son testigos de lo que es capaz el pueblo dominicano en defensa de la patria.

Episodios

Si alguien lo duda, los siguientes episodios de nuestra historia son contundentes ejemplos

Tan pronto se consumó la anexión a España (traidores) el pueblo se levantó en armas dando inicio a la guerra de la restauración en 1863. Acontecimiento frustrado 2 años después en el campo de batalla con la participación activa de combatientes y patriotas de la talla de Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Ulises Heureaux, José María Cabral (patriotas), entre otros.

De igual manera sucedió en el periodo de la guerra de los 6 años cuando el presidente Buenaventura Báez, en sus intentos de enajenar el terruño nacional entregándoles a los Estados Unidos en posesión o en arriendo, la bahía de Samaná.

Otras páginas brillantes de la historia dominicana en las se enarbolaron los ideales de plena independencia de la República Dominicana se destacan la resistencia guerrillera de 1916 a 1924, así como también la lucha en arma de los patriotas dominicanos en contra la intervención norteamericana de 1965.

Es bueno destacar, en los hechos históricos liberadores reseñados en líneas anteriores participaron actores políticos, presidentes, altos rangos del aparato militar de la época y el pueblo en general. Patriotas.

Últimas décadas

¿Qué ha sucedido en las últimas décadas de nuestra época contemporánea con la gestión política y social del sector de clase social que ha regenteado los estamentos de poder en la sociedad dominicana?

Representado en las instituciones y poderes del Estado a través de los partidos políticos, que no han hecho más que convertir en infuncionales las débiles instituciones del país, por medio de las cuales gobernantes ejecutan políticas sociales mediáticas.

En cambio, amasan grandes fortunas a expensa de la depredación de las propiedades del Estado, así como también, entregan al capital foráneo nuestros recursos no renovables, entre otros, sin impórtales las consecuencias sociales deplorables de sus acciones.

PLD

Afortunadamente, en la incertidumbre de este panorama y en medio de la turbulencia política surge la brillante idea de Juan Bosch y funda el Partido de la Liberación Dominicana con el propósito de continuar el proyecto duartiano.

Transcurridos 17 años de su fundación, en los 90s, comienza en el PLD una etapa de degradación política y de transición del  Bochismo a una camada jóvenes de mentalidad pequeño burguesa encabezada por Leonel Fernández y Danilo Medina.

Subsecuentemente a ese proceso, se acelera el deterioro estructural, funcional, de los principios y de la ideología del peledeismo; y finalmente, para 1997, el Partido de la Liberación Dominicana administrando el Estado, le abre la puerta ancha al modelo económico neoliberal transfiriendo las empresas estatales al sector privado nacional e internacional.

Con esta determinación al partido morado y la estrella amarilla se le quita el traje del proyecto de Juan Pablo Duarte que, impecablemente, exhibía con gallardía, conduciéndole al estercolero partidario de la Republica Dominicana.

Con la degradación política del PLD, se cierra un ciclo histórico en la tierra de Gregorio Luperón, Francisco del Rosario Sánchez, Gaspar Polanco, Ulises Heureaux, entre otros, tantos dominicanos.

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Opinión

La democracia no es sólo electoral.

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Por José Cabral

Lo dicho por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, en el sentido de que tras el cierre definitivo del proceso electoral, el país puede exhibir cada vez más el fortalecimiento del sistema democrático como una referencia regional.

Esta expresión del presidente del órgano comicial se inscribe en lo que siempre se pregona, pero que no pasa de ser un enunciado que en realidad no se corresponde con la verdad.

La JCE todavía es un verdadero desastre, aunque en asuntos puntuales parece haber cumplido con algunas formalidades, como, por ejemplo, unas votaciones relativamente ordenadas, lo cual es un logro de hace ya muchos años.

Pero hablar de avances democráticos evidentemente que es una cuestión relativa, porque este sistema luce muy rezagado y para hacer un análisis realista de la democracia habría que tomar en cuenta muchas otras aristas.

La verdad es que la democracia dominicana es todavía muy de papel, la cual entraña una serie de falencias que muy difícilmente con el comportamiento que tienen los actores políticos se pueda llegar a un punto en el que se acabe la frase más común en el país de que el modelo político avanza y se fortalece.

Escuchar afirmaciones como las de Román Jáquez confirma de que el país sólo sabe manejarse con la creación de una percepción que representa un verdadero engaño, una mentira.

Hay que ser muy atrevido para hablar de un proceso electoral enteramente democrático, transparente e íntegro, cuando todo el mundo sabe que el mismo está lleno de trampas, de compra de votos y de todo tipo de fraudes.

La Junta Central Electoral (JCE) está llena de tantas deficiencias que tal vez sea una de las peores instancias de la débil democracia nacional.

Ahí es muy poco el control que existe, tanto es así que su funcionamiento representa una vergüenza nacional, donde no hay control de nada, absolutamente de nada, a menos que no sea de la organización puntual de unas elecciones llenas de problemas.

Hay que parar que se digan cosas que cuando se ven en los medios de comunicación no deja otra impresión de que el dominicano nada en la mentira y la manipulación.

Cuando la JCE examine y proceda en contra de los que más dañan el sistema electoral y toda la democracia, entonces se podrá usar el lenguaje de que el país camine hacia una forma más creíble y fortalecimiento institucional.

De otra manera se trata de una verdadera vacuencia, que nadie cree y que los resultados son el mejor desmentido de una democracia que sólo existe en el papel, no en los hechos.

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Opinión

República Dominicana: Por ahora… un país a la deriva

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Por Isaías Ramos

Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha disfrutado de un supuesto crecimiento económico notable, impulsado por las remesas de los dominicanos en el exterior, un endeudamiento preocupante, una economía de vitrina, el auge del turismo y las zonas francas. Sin embargo, este «progreso» no ha sido suficiente para superar las vulnerabilidades estructurales de una economía extremadamente dependiente del entorno internacional.

La industria nacional, incapaz de convertirse en competitiva a nivel internacional o de satisfacer la demanda interna, sufre debido a un suministro eléctrico caro e ineficaz, leyes laborales que parecen reliquias del pasado y un sistema de seguridad social ajeno al bienestar colectivo. Esto refleja la falta de voluntad política para buscar un desarrollo económico y social que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano. Un claro ejemplo de esto es la Ley de Educación (66-97), que, aunque virtuosa y creadora de grandes expectativas, finalmente solo ha dejado decepción y frustración en la población.

No obstante, es en la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se plasma la visión de país que aspiramos construir antes del año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho, y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, gestionando y aprovechando sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente en la economía global”.

Esta estrategia de desarrollo, elaborada desde el 2008 y convertida en ley en el 2012, a pesar de estar sustentada en el espíritu de un Estado Social y Democrático de Derecho, permite abrir ventanas a un neoliberalismo que ha logrado imponerse, bloqueando toda posibilidad de promover e implementar la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.

A esto se suma un alarmante endeudamiento, una educación que ha dado la espalda a la formación en principios cívicos y valores morales, exacerbada por métodos de perversión, una inseguridad ciudadana desbordada y un sistema de impunidad que perpetúa la corrupción a niveles alarmantes, debilitando la confianza en las instituciones.

Ante este panorama, el gobierno actual ha propuesto 12 reformas, la mayoría ya contempladas en dicha ley. Es imperativo para el gobierno, antes de llevar a cabo la mayoría de estas reformas, restaurar la credibilidad del Estado y ganar la confianza de los ciudadanos con medidas y reformas reales hacia el bienestar colectivo.

Reformas como el código laboral, la seguridad social y del sector eléctrico para adecuarlas al Estado Social y Democrático de Derecho son impostergables con el objetivo de evitar continuar profundizando la miseria y el endeudamiento económico y social al que este modelo neoliberal ha sometido a la población.

Desde el Frente Cívico y Social entendemos que un Estado Social y Democrático de Derecho no es compatible con un modelo económico neoliberal; por lo tanto, las reformas contempladas en la Ley 1-12 deben realizarse acorde a ese espíritu constitucional y a esa visión del país que todos soñamos vivir, y así encaminar a la nación hacia un futuro próspero y equitativo. ¡Es el momento de demostrar que podemos construir ese país que no solo «crezca», sino que también mejore la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

Los Derechos del Acusado ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El desarrollo de una norma internacional de derecho esta obviamente centrado en el  enjuiciamiento de los supuestos criminales de guerra, el cual se traduce en el apoyo  a un proceso  penal fuerte e independiente.

La implementación de una norma de derecho esta igualmente fundamentada, sin embargo , en la manera en que las personas acusadas  son llevadas ante la Corte Penal Internacional. El proceso  para alcanzar el objetivo  incluye la garantía de un  debido proceso  para todas las personas acusadas.

Es por esta razón que es necesario crear un proceso de defensa  fuerte e independiente. La garantía de los derechos del imputado  es esencial para el establecimiento de un  proceso de defensa  fuerte, y los Estados  Partes podrían necesitar adaptar ciertos aspectos de sus sistemas de justicia penal en el futuro, para asegurar  que sus prácticas referentes a los imputados  tomen en cuenta la jurisprudencia de la CPI en esta área. Delo contrario podrían amenazar la integridad del proceso y perjudicar el trabajo futuro de la CPI.

Uno de los objetivos del sistema  internacional de justicia penal es apoyar la reconciliación entre las personas  y evitar los actos de retribución  colectiva. Para que esto suceda ,  los procedimientos de juicio  deberán respetar los derechos  del acusado, garantizando el empleo de todos los medios de defensa de los cuales tienen derecho  de hacer uso.

Deberá haber un debido proceso , o los miembros del grupo de la persona  acusada se percibirán  ultrajados por un sistema de justicia que no es más que un frente de venganza organizada.

Los artículos 55 y 67 del Estatuto de Roma enumeran los derechos generales de las personas acusadas, y  estos derechos afectan  los procedimientos de competencia del Estado de detención  o custodia.

Los derechos y las obligaciones  que se mencionara están estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,y particularmente garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales son obligatorios para la mayoría de los Estados  Miembros de las Naciones Unidas.

El artículo 67 del Estatuto de Roma establece claramente que deberá existir plena igualdad entre la defensa y la Fiscalía en cualquier proceso ante la Corte Penal Internacional. Por ende, el Estatuto de Roma enfatiza el principio de igualdad de poderes.

A la luz de los derechos del sospechoso establecidos tanto en el artículo 55 como en el artículo 67 del Estatuto de Roma, es esencial para llevar a cabo un procedimiento justo  y efectivo que se garanticen y protejan  estos derechos a lo largo de todo el proceso.

Es recomendable que al arrestar o detener a  una persona el Estado respete todos los derechos estipulados en el artículo 55 para que se garantice el debido proceso, y se evite agravar el proceso en el caso de una revisión  judicial.

El artículo 54 del Estatuto de Roma establece que el Fiscal deberá respetar plenamente los derechos de las personas dispuestos por el Estatuto. Esto significa que las autoridades locales deberán cooperar plenamente con la Fiscalía durante las investigaciones en el lugar de los hechos, y cumplir con cualquier requisito que permita que la investigación descubra tanto prueba vinculante como exculparte para presentar ante la CPI.

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