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Opinión

Del verbo escuchar: Ventaja del PLD

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Por Melvin Mañón

Trujillo, según numerosos historiadores y el testimonio verbal recibido de personas que estuvieron a su lado ESCUCHABA. Mario Read Vitini, Cesar Alvarez Valera y Francisco Caamaño, en distintas y numerosas ocasiones, vía sus memorias de incidentes o anécdotas a mi referidas atestiguaban que “El Jefe” no era sordo, escuchaba las observaciones, las críticas y los consejos y siempre tuvo un grupo de asesores a los cuales escuchaba hasta que -al final- perdió la noción de si mismo.

Balaguer, quien lo heredó, también ESCUCHABA y sabía, con paciencia, astucia y modales acoger, enmendar, corregir, cambiar o reiterar un curso de acción. Los testigos abundan y Balaguer ESCUCHABA y respetaba, junto a el, a quienes adquirieron la reputación aunque no el rango de asesores. Me consta que tras ganar las elecciones de 1986 ( las únicas que creo ganó limpiamente), entre los meses de noviembre de ese año y finales de diciembre de 1987 pasaba horas enteras escuchándome, preguntándome, enterándose a través mío de lo que el ya no podía ver por su ceguera y como a otros viejos o nuevos, a su lado, me usaba indisimuladamente para, con mi observaciones, validar o rechazar el testimonio de ministros y funcionarios que laboraban a su alrededor.

Don Antonio Guzmán no era sordo pero tampoco se sentía muy cómodo escuchando el disentir en forma de críticas, advertencias o consejos. Sin embargo, su sentido común, su experiencia de trabajo y lo mesurado de sus ambiciones personales le ayudaron a encontrar camino de modo que, aunque no ESCUCHABA  oficiosamente como un ejercicio auto asignado, si ejercía la consulta de pareceres y prefería con frecuencia la confianza que le inspirara el consejero a la sabiduría que adornara a este.

Salvador Jorge Blanco ESCUCHABA pero nunca fue capaz de separar la paja del grano de manera que, al efecto de los malos consejos que recibía se sumaron los defectos de su propia personalidad, la mezquindad, el envanecimiento, la pérdida de perspectiva.  El resultado es de todos conocidos.

Juan Bosch ni como presidente, ni como dirigente político ESCUCHABA nunca a nadie. No aceptaba críticas ni ser enfrentado por uno cualquiera de sus colaboradores y para tratar de influir en el se requería de toda una coreografía que los astutos oportunistas de siempre aprendieron y los mas capaces resintieron y finalmente se fueron de su lado. Don Juan, como muchos de los maestros de antes, no solamente no escuchaba, era intolerante, soberbio y rabiosamente honesto rayando en lo puritano.

Leonel Fernández estaba acostumbrado a escuchar, venía de una escuela donde todos, unos mas otros menos, ESCUCHABAN a Juan Bosch. Como Leonel no tenía la ataduras al pasado de los otros, como tenía consciencia de su inexperiencia, como era avezado y ambicioso, discreto y no confrontacional, aprendió a escuchar a los suyos y también a los que no lo eran. Leonel Fernández es posiblemente el primer dirigente político moderno de la República Dominicana lo cual no quiere decir que fuera ni sea bueno sino que entendió que el tiempo de los caudillos había llegado a su fin y que, en ausencia de ese liderazgo de arraigo y para una sociedad harto mas compleja se debía trabajar en equipo. Supo  aprovechar y descansar en las encuestas e investigaciones, estudiar las experiencias de otros países y partidos y concluyó que las circunstancias y la velocidad de los cambios económicos, tecnológicos y culturales obligaban, o al menos aconsejaban, usar asesores locales y extranjeros a los cuales ESCUCHABA, cuyos informes leía, cuyas opiniones debatía. Fernández fue también el primer presidente que entendió que trabajar con un equipo de asesores, técnicos, políticos, amigos y empresarios le daba una ventaja importante sobre sus adversarios que seguían jugando al Llanero Solitario.

Hipólito Mejía quizás, el mas sordo de todos no ESCUCHABA a nada ni a nadie aunque lo pretendiera y en eso de pretender tampoco hacía mucho esfuerzo. Aunque cualquiera podía enfrentarlo sin temor a consecuencias, criticarlo en privado o en público, Hipólito nunca le ha hecho el favor de escuchar a ninguno de sus asesores, nacionales o extranjeros de cuyos consejos se burla, de cuyos informes lee el título y sin remordimiento desprecia lo demás. No importa que se le critique, aconseje o enfrente, Hipólito tiene una salida ingeniosa pero no siempre exitosa para evitar enfrentamientos dañinos.  Su sordera lo limita y no parece capaz de entender o aceptar opiniones diferentes a la suya y nunca entendió que su adversario no era Leonel Fernández o Danilo Medina como persona sino que ellos operaban como un equipo armado, estructurado y pensante.

Danilo Medina comparte con Hipólito Mejía el laborantismo incesante y con Leonel Fernández el uso amplio y extenso de asesores a los cuales ESCUCHA. Medina carece de una visión histórica como la de Balaguer  pero comparte con este el aprecio por los detalles, el control de la información y las labores de seguimiento. Con ello compensa, en cierto modo, la ausencia de un discurso equiparable al de Leonel Fernández. 

Algunos errores notables de Fernández pueden atribuirse al descuido, al rechazo a involucrarse en las minucias administrativas; Fernández entendía la existencia de ciertos límites y evitó ser un transgresor de estos. Medina en cambio, quizás por su breve y antigua estadía en el PACOREDO desconoce estos límites, se cree por encima y no sujeto a sus reglas y carece por completo de escrúpulos. Rodeado de gente formada y experimentada en la transgresión, legitimada la trampa política en ese entorno, Medina cuya ambición suprema era ser presidente ESCUCHA pero sus oídos no atienden otra cosa que no sea lo pertinente a mantenerse en el poder, la única y final dimensión que le concierne.

El PLD ha demostrado ser una maquinaria política formidable y ha postulado candidatos que operan en equipo mientras que sus adversarios actúan individualmente, sin ESCUCHAR a nadie y además sin entender que siempre se han enfrentado a un equipo mas moderno que ellos mismos. Los partidos minoritarios y eso incluye al PRM y Luis Abinader no ESCUCHAN, no desean cambiar ni aprender, creen que están bien aunque los resultados digan lo contrario. Prueba elocuente e incontrovertible de esta afirmación es la Marcha Verde donde converge todo el descontento nacional que los partidos no han sabido, podido o querido capitalizar porque no conectan con el pueblo, no conocen el país, no entienden a lo que se enfrentan y permanecen todos dentro de lo que se llama: su zona de confort.

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Opinión

Un Llamado a la Conciencia Democrática

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Por Isaías Ramos

En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.

Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.

Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.

Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.

El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.

Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.

En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.

¡Despierta, RD!

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Opinión

La Corte Penal Internacional y  otras obligaciones internacionales

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Por Rommel Santos Díaz

La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado  y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá  reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.

La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega  u otro tipo de asistencia a los Estados.

El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto  con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto  a la inmunidad diplomática de un extranjero o su  propiedad.

La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones  internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.

Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.

No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido  que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas

El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera  que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.

Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento,  o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el  acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.

Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros  Estados entreguen  a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .

Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de  admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.

De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte  Penal  Internacional solicite la entrega.

El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado  no podrá invocar una  previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.

En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona  que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.

Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido  esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.

En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar  a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona  es nacional acuerde renunciar  a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen  o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.

Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Danilo al margen de la ley

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Por Nelson Encarnación

La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.

Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.

Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.

La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.

El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.

En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.

Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.

¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?

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