Opinión
Democracia de calle contra triple dictadura
Published
11 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Tenemos encima una dictadura de clase que emana de un lumpen imperialismo dominante y de una lumpen burguesía subordinada, una dictadura política-estatal-
El paso de la dictadura estatal bipartidista a la unipartidista -montada sobre un endurecimiento y una degradación mafiosa de la dictadura de clase local y transnacional- se ha producido y desplegado con mayor intensidad en el último lustro; configurándose en forma más precisa como dictadura política morada, a partir de la cooptación total de lo que queda del conservador Partido Reformista Social-Cristiano- PRSC y su matrícula, de la compra y secuestro de la matricula oficial del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y de numerosos grupos satélites, y del entrampamiento de la facción mayoritaria de Hipólito-Abinader (recientemente conformada como Partido Revolucionario Moderno-PRM), amenazada por nuevas escisiones.
Esa correlación, basada en la Constitución del 2010 hecha a su medida, le permitió al PLD-gobierno controlar todas las instituciones y poderes estatales transitorios y amalgamarse en mayor grado con los poderes empresariales, militares y eclesiales permanentes.
En el curso de la competencia política bipartidista por el control absoluto del Estado durante los últimos años, resaltó la incapacidad crónica de la parte mayoritaria del PRD hoy PRM- para bloquear la ingerencia peledeista e incluso para recuperar su matrícula secuestrada por el oficialismo y confrontar con éxito en ese terreno; exhibiendo de paso limitaciones esenciales y trabas insuperables para crear algo diferente y hacerle oposición de calle a esta dictadura institucionalizada, a cuyos mecanismos tramposos de arbitraje recurrió sistemáticamente en forma ridícula.
Dictadura peledeísta compartida, dividida y vulnerable.
Noqueado el PRD, paso a paso, la competencia entre facciones se trasladó al interior del PLD por la necesidad de desdoblamiento que impuso el descrédito progresivo de su líder y presidente de la República por tres periodos, Leonel Fernández. El otro rostro, debidamente maquillado con ciertos cosméticos brasileños, necesario para su reciclamiento, resultó ser Danilo Medina, quien logró imponerse como nuevo presidente para disputar de inmediato la hegemonía al interior del Estado y del partido.
Así las cosas, la dictadura morada ha pasado a ser una dictadura compartida por las dos facciones del PLD y transada periódicamente en su Comité Político; sin que esto implique el cierre de una fuerte e intensa competencia entre los principales bandos en pugna, ni el bloqueo permanente a las convergencias temporales por conveniencias mutuas y razones corporativas.
En esa situación el danilismo ha lucido imposibilitado tanto de romper como de desplazar totalmente el leonelismo, pero si con posibilidad de disminuirlo aun más, arrinconarlo y, eventualmente, forzarlo a recular.
El descrédito de Leonel es brutal, al punto que no solo no logra remontar, sino que desciende cada vez más; mientras que Danilo Medina avanzó en términos relativos, aunque en lo adelante podría descrecer en relación con su boon inicial. Y ambas cosas combinadas, probablemente podrían deslegitimar a mediano plazo una dictadura política compartida y dividida, carente de oposición tradicional pero expuesta al descontento que se acumula contra un sistema en decadencia.
Administrar el modelo neoliberal, sus paquetazos pasados y por venir, sus mafias y la impunidad, la voracidad minera, el narco-estado delincuente y la dependencia -en medio de la multi-crisis global del capitalismo (la cual se seguirá agudizándose y expandiéndose)- solo puede conducir a un desgaste progresivo del régimen en su conjunto y de quienes lo administren.
Y al momento en que el oxígeno inicial que le aportó Danilo Medina a este régimen podrido se evapore totalmente, la dictadura clasista y la dictadura política morada tenderían a endurecerse y con ello también a debilitarse sensiblemente; mucho más si en ese contexto contribuimos a que emerja una fuerte oposición de calle, que ya comienza a gestarse, producto del crecimiento de la indignación y la movilización de sectores populares y sectores medios de la sociedad; y más aun si la misma es acompañada de propuestas emplazadoras, claramente alternativas a la dictadura institucionalizada y las esencias de modelo neoliberal.
Reclamos como la recuperación del patrimonio privatizado (dado los nefastos resultados en el sistema eléctrico, la industria azucarera, la salud y la seguridad social y el patrimonio natural del país), como también la necesidad de una Constituyente Participativa Popular y Soberana (dado las comprobaciones que evidencian la dictadura institucional imperante y el reino de la impunidad que protege al Estado delincuente y a sus beneficiarios, incluida la PN, la DNCD, las llamadas altas cortes, las cámaras legislativas y la JCE ), han venido madurando para que eventualmente puedan ser asimilados y puedan en perspectiva convertirse en banderas que acompañen y politicen la demandas movilizadoras ya desatadas, relacionadas con aumentos de salarios, guerra a la corrupción, Loma Miranda-parque nacional, nacionalización de la Barrick Gold, superación de los apagones, cese de la violencia contra la mujer, la represión, criminalidad policial e inseguridad ciudadana
La dictadura política tiene debilidades profundas.
Vale anotar, que ese contexto, el hecho de que el PRD-PRM estén como está no quiere decir que necesariamente la dictadura morada vaya a fortalecerse. Las tendencias fundamentales que se observan más bien más allá de las apariencias inducidas- van en dirección a su progresivo debilitamiento.
De ahí incluso el auge del neofascismo a su interior, las disidencias que comienza ha expresarse y que soterradamente están presentes en los cuerpos armados regulares, y los descontentos por el empeoramiento de las condiciones de vida, las incertidumbres económicas, la degradación moral
Por eso nadie que aspire a un cambio profundo debería atormentarse por la declinación del PRD y otros partidos de derecha.
Es bueno, además, que lo que queda del PRSC este jodido y asimilado por el PLD.
Es bueno que el PRD esté en franca decadencia, lo que no debe llevar a despreciar sus bases desorientadas y/o en desbandada. El PRM no es más que un intento de reciclar la parte no comprada por el PLD-Estado, que en medio de su crisis crónica reproduce lo viejo y que por su esencia de clase y de partidocracia está imposibilitado de contribuir a derrotar la dictadura morada en calles, plazas, campos y caminos.
Es bueno que esas fuerzas no puedan ser relevo electoral de la dictadura peledeísta, dándole continuidad el engaño del cambio para que nada cambie.
En el contexto de la crisis que afecta al partidismo tradicional solo resta por registrarse una mayor descomposición del PLD, que ya presenta sus primeras señales de decadencia.
El camino de la confrontación política con el sistema, por tanto, está más despejado. El PLD, degradado y dividido, está cargando cada vez más con todo el peso del desgaste y lo erosión política que provoca administrar esta crisis desde una dictadura estatal unipartidista.
Al PLD le puede ir peor que lo previsible, sobre todo si procuramos que cada vez mas gente entienda que contra su DICTADURA (morada, neoliberal y mafiosa a la vez) hay que dirigir el golpe principal y que la misma solo se derrota en las calles y no en unas urnas previamente trampeadas.
Que ya el PRD se hundió y que el PRM no es lo que era el PRD ni tiene su potencial anterior, y que como están las cosas ni siquiera puede ser relevo electoral del PLD. Mucho menos pueden serlo el PRSC y los demás partidos garrapatas.
Pero es necesario que eso siga siendo así para que el PLD reciba todo el embate popular en las calles. Y para que eso se de al PRM, en su condición de partidocracia entrampada y degradada, hay que cerrarle cualquier posibilidad de recuperación bipolar electoral, negarle oxigeno con alianzas y roles que lo prestigien. Hay que restarle factores que lo ayuden a reciclarse como oposición dentro del sistema; evitando a la vez cargar nosotros/as -desde cualquier tipo de alianza con esa facción- con los costos políticos de sus culpas históricas al lado del neoliberalismo y la corrupción.
Esto exige una clara diferenciación no solo respecto al PRM, sino además frenjte a aquellas fuerzas, que todavía con formato de izquierda o centro-izquierda o centro progresismo), optan por practicar un electoralismo miope, tan miope hasta para no ver el carácter fraudulento en grado extremo de la dictadura morada, de sus órganos electorales y sus altas cortes (JCE-TSE-TC-TSJ); incluyendo aquellos/as que desde esa miopía persisten en subordinarse al PRM en busca de cuotas dentro de un sistema corrompido y corruptor.
Algunos quizás lo hacen sin percibir que van al suicidio o a dejarse arrastrar por la decadencia sistémica, dado que el sistema de partidos y el estado dominante cambiaron para peor: en dirección a una triple dictadura gansterizada.
En verdad el uni-partidismo estatal peledeísta se tragó a los demás competidores dentro del sistema y los cañones hay enfilarlos fundamentalmente contra ese Estado y esas instituciones amoratadas y amalgamadas con una lumpen-burguesía local y transnacional, ambas conectadas con las nuevas mafias; sin abrirle cancha, ni oxigenar electoralmente, las otras facciones pro-imperialistas y pro-capitalistas, existente o por emerger, que quisieran poder hacer lo que ahora está haciendo el PLD y que posiblemente habrá de terminar pareciéndose a lo que pasa en México.
Ideas claves para que renazca la esperanza.
El devenir de la crisis actual exige sembrar en todo el país estas ideas claves:
- 1) Las dictaduras se derrotan primero que nada en las calles, forjando contrapoder, desarrollando contra-hegemonía cultural, creando poder popular autónomo del Estado, de la clase dominante y del poder imperial.
- 2) Al compás de negar las instituciones de esta dictadura y sus bases constitucionales (Constitución del 2010), hay que convertir-progresivamente y desde ahora- la propuesta de la Constituyente Popular y Soberana en alternativa creadora (acompañándola del tema de la desprivatización); convertirla en conciencia, en una gran bandera, en un programa y un torrente transformador, para tratar de evitar, que en medio de una eventual crisis de gobernabilidad, la implantación de opciones de derecha tengan espacios.
- 3) La organización revolucionaria propia para estos tiempos y el gran movimiento político social con esas banderas y esa dinámica son también exigencias imprescindibles para evitar que cualquier crisis de gobernabilidad sea fácilmente conjurada y pueda en consecuencia prolongarse la existencia de este capitalismo neoliberal y mafioso, aun sea en crisis permanente y en medio de un caos creciente.
- 4) Es preciso tener siempre presente que este sistema no cae por si solo, que hay que derribarlo, comenzando por contribuir a desmantelar desde la democracia de calles su actual dictadura; lo que requiere una propuesta política sencilla, que pueda ser asumida por el pueblo, tipo Constituyente participativa y soberana; portadora de una nueva institucionalidad y un nuevo orden jurídico-político, social económico, cultural alternativo a esa dictadura, a la dependencia y a los pilares del neoliberalismo.
- 5) Eso exige direccionalidad, articulación de fuerzas, conducción, presencia significativa del factor conciente y de las redes de militantes revolucionarios con visión estratégica y antisistémica al interior de las grandes movilizaciones y estallidos: esto es, de nueva vanguardia, una nueva organización revolucionaria, antiimperialista y anticapitalista, prosocialista Y en eso hay un retraso significativo que genera incertidumbre.
- 6) De todas maneras ya existe una pequeña corriente que apunta en esa dirección, diferenciada cada vez más de las dos franjas reformistas procedentes de las izquierdas. Ese es un factor cualitativo importante. El reto es convertirla, al calor de las nuevas luchas, en un referente nacional, en una corriente significativa, fuerte, enfatizada en el pueblo.
- 7) Lo electoral debe entenderse como algo subsidiario, subordinado a los avances que puedan lograrse por la vía extrainstitucional tendente a debilitar la dictadura morada y sus amarres institucionales. Debe depender de la fuerza del contrapoder que logremos construir, de las grietas y erosiones que se le puedan hacer a este tipo de dictadura, y del grado de acorralamiento que la democracia de calle y la propuesta de Constituyente, junto a todos los ejes y demandas movilizadoras, logren tenderle al poder establecido.
Por tanto, la conclusión es una: las fuerzas transformadoras debemos retomar la línea de insubordinación, de desobediencia y desacato a una dictadura cada vez más palpable, que no deja pasar ni siquiera a las fuerzas del sistema no subordinadas al PLD. Y debemos retomarla desde la indignación y movilización popular, por vías, métodos y medios que puedan tornarse cada vez más multitudinarios, para desde ellos contrarrestar la violencia dominante en expansión y potenciar las capacidades de autodefensa y ofensiva popular. (2-12-2014, Santo Domingo, RD).
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Opinión
¿Ignorancia constitucional o rebelión institucional?
Published
1 semana agoon
marzo 8, 2026Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
………………………………….
El autor: Periodista, escritor y catedrático.
…………………………………..
