Análisis Noticiosos
Desafíos para Danilo a mitad de gobierno
Por Elba García
El presidente Medina llega a la mitad de su gobierno con amplia aprobación fruto del mejoramiento del gasto, de su austeridad y la ausencia de oposición, pero cada vez más amarrado por su propio partido por su decisión de no pelearse con nadie.
El presidente Medina llega a la mitad de su gobierno con amplia aprobación fruto del mejoramiento del gasto, de su austeridad y la ausencia de oposición, pero cada vez más amarrado por su propio partido por su decisión de no pelearse con nadie.
El gobierno de Danilo Medina llega a su primera mitad con alta aprobación por su mejoramiento de la inversión pública, especialmente en educación, por su austeridad, reducción de la corrupción y por mayor cercanía a la población, ayudado por la ausencia de oposición política.
Pero sin haber podido solventar los graves problemas de la pobreza, la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, enfrentará una difícil segunda mitad, limitado por las precariedades económicas y las luchas internas en su partido, precipitadas por la actitud presidencial de no enfrentarse con nadie
Los mayores éxitos
El mayor éxito de la primera mitad del gobierno del presidente Danilo Medina ha sido la reorientación de la limitada inversión pública (con apenas 5 por ciento en gasto de capital este año), especialmente su esfuerzo por cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación, 15 años después de su promulgación.
Aunque todavía no ha alcanzado el 4 por ciento, el gobierno se aproxima a la meta, muy concentrado en la construcción de aulas para viabilizar la extensión de la jornada escolar, relegando otros aspectos fundamentales como la formación de maestros. La concretización del Pacto por la Educación y una campaña por erradicar el analfabetismo ha completado el crédito en el sector.
La atención a la pequeña y mediana empresa y productores agropecuarios, con el particular sello personal de las visitas presidenciales ha constituido otro éxito reconocido, aunque los 11 mil millones de pesos que han comprometido en dos años no llegan al 2 por ciento del presupuesto de gastos del 2014, y sólo se han desembolsado unos 7 mil millones de pesos, apenas unos 163 millones de dólares.
Una política de austeridad, cercanía con la gente y humildad de Medina, en contraste con el boato y la malversación de su antecesor, han contribuido al alto porcentaje de aprobación, de hasta 80 por ciento, que ha registrado el gobierno en las encuestas. La renegociación del contrato sobre la explotación de la mina de oro de Cotuí constituyó un hito en la popularidad del mandatario.
Se debe acreditar al gobierno de Danilo Medina el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit que registran las finanzas públicas en los últimos siete años, aunque para ello ha tenido que continuar la política de alto endeudamiento, que según la cámara de cuentas se incrementó en 28 por ciento sólo en el 2013 y que éste año prosigue espoleado por el pago de capital e intereses de la deuda vieja, los subsidios y transferencias y el gasto corriente.
Los mayores fracasos
No haber logrado concretar los pactos Fiscal y Eléctrico, que junto al Educativo integran una trilogía básica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cuenta entre los fracasos de esta primera mitad de gobierno. Escasa voluntad política, amarres partidarios y las urgencias por el enorme déficit fiscal que heredó, determinaron que el gobierno arrancara con otra reforma tributaria, evadiendo comprometerse en un pacto fiscal de amplio espectro que implicaría restricción y reorientación del gasto.
Ha cifrado su ataque a la crisis energética en la construcción de dos grandes plantas de energía basadas en el carbón, el ingrediente de generación más contaminante y cuestionado, y aunque ha invertido en el terreno, llega a la mitad del período sin haber conseguido su financiamiento, por lo que será difícil concluirlas en este gobierno.
El combate a la inseguridad ciudadana ha sido otro propósito de poco éxito, sin haberse materializado la “reforma integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, como tampoco la “reestructuración y profesionalización” de las relaciones exteriores, planteadas en el discurso inaugural del presidente Medina.
Los resultados en el mejoramiento de la salud se corresponden con la pobre inversión que no alcanza al 2 por ciento del producto interno, absolutamente insuficiente. La positiva supresión de las cuotas por atención en los hospitales públicos no ha podido ser compensada, traduciéndose en precariedades, mientras la epidemia de la Chikungunya sumió este año el sistema en crisis con lenta respuesta oficial.
Quemado en transparencia
El gobierno de Medina ha hecho esfuerzos por mejorar la transparencia en las contrataciones, incluyendo veedores en organismos claves como el Ministerio de la Presidencia, pero aún está lejos de alcanzar las metas del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito en lc campaña electoral por iniciativa del movimiento Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. El segundo monitoreo, de julio pasado, lo quema con apenas 22 por ciento de cumplimiento, registrando retroceso en las informaciones de muchas páginas de Internet, No se ha logrado establecer la cuenta única del tesoro ni se han eliminado organismos infuncionales ni duplicidades.
Se reconoce una reducción de la corrupción, pero con una manifiesta decisión de mantener la impunidad, sin combatir los conflictos de intereses, el clientelismo, el nepotismo, las nominillas y las decisiones en beneficio propio de los ejecutivos gubernamentales y especialmente en los organismos descentralizados y autónomos. En contradicción con los principios éticos que rigen la administración pública a la luz de la Ley de Función Pública.
Un fracaso total ha sido la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que no ha cumplido prácticamente ninguna de las 42 funciones que le atribuyó el decreto 486-12, que la creó. Ha ignorado el informe financiero que debe reclamar cada año a los funcionarios públicos obligados a declaración jurada de bienes. Su titular, Vincho Castillo, quedó descalificado con su ridícula declaración jurada de bienes donde excluyó gran parte de sus haberes. Nunca se conocieron tampoco los informes trimestrales sobre la aplicación de los decretos 499-12 y 262-13 que establecieron un plan de austeridad hasta diciembre del 2013.
El reparto del Estado
Pese a la buena intención de mejorar la administración pública, el gobierno de Medina llega a su primera mitad manteniendo en general el reparto del Estado sobre el que fundamentó su predominio el presidente Leonel Fernández. Dos tercios de los organismos estatales conservan los mismos titulares, desde los ministerios, a las direcciones generales, hasta las cámaras legislativas y de las instituciones autónomas y descentralizadas. Se trata de un sistema de parcelación del Estado, donde los dirigentes del Comité Político del partido de gobierno y sus aliados parecen inamovibles. Y desde luego cada uno de ellos dispone de amplia discreción en las nóminas, niveles salariales y otros beneficios, con frecuentes escándalos públicos.
El presidente Medina parece haberse empeñado en no pelearse con nadie. Ni siquiera sustituyó o trasladó al embajador ante el Vaticano, quien incurrió en tres desaguisados diplomáticos públicos en una misma semana, llegando al extremo de discutir en la prensa recomendaciones privadas que le formulara la Cancillería.
En un país de tan arraigada cultura presidencialista, muchos confunden la liberalidad con debilidad y abusan. Eso puede explicar que dirigentes de su partido, de las cámaras legislativas y hasta ministros y directores generales subordinados lo dejaran prácticamente solo lidiando con la crisis internacional originada en la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de personas.
Mientras el mandatario buscaba una salida humanitaria al escándalo, hasta subalternos directos y el liderazgo de su partido preferían sumarse al discurso excluyente de los seudos nacionalistas. Los impunes desafíos al reglamento de la Ley 169-14, que conjura el conflicto, tienen connotación de cuestionamiento al presidente y a su Ministro de la Presidencia por parte de aliados y funcionarios gubernamentales.
Intereses corporativos
Si en la primera mitad de su período el presiente Medina no pudo sobreponerse a los intereses corporativos partidarios para hacer el gobierno que quería y con los funcionarios que le fueran más leales, será casi imposible en la segunda mitad, sobre todo cuando ya la lucha por la candidatura presidencial del partido gobernante para el 2016 limita o determina las acciones gubernamentales. Fue un exceso permitir que funcionarios subalternos iniciaran una campaña electoral en el primer año de su gestión.
Los intereses corporativos han sido determinantes en que Danilo Medina produjera cambios formales significativos en el ejercicio presidencial, pero no de fondo en la gestión gubernamental, como parte de lo que “nunca se ha hecho”. Pretendió hacer tortillas sin romper huevos, y al final puede concluir con un “dry clean” para que se pueda vuelva a lo que antes se hizo.
Medina y sus asesores pueden reivindicar su gestión por el alto nivel de aprobación, que no es insólito, ya que los presidentes dominicanos llegan a la mitad del período con buena aceptación, incluyendo a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El declive comienza con la segunda mitad. Aunque Medina ha estado por encima del promedio, lo que en parte se atribuye al desguañangue de la oposición. El surgimiento de una alternativa opositora y la lucha por la candidatura oficialista con todas sus consecuencias, y en un escenario económico precario, serán el gran desafío para Danilo Medina en la segunda mitad de su gobierno, que inicia esta semana.-
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.
Análisis Noticiosos
Santo Domingo está entre los destinos para viajar en 2026, según la BBC de Londres
Santo Domingo figura entre los destinos recomendados para viajar en el año 2026, de acuerdo con una selección especial de BBC Travel, que destaca destinos mundiales con capacidad para de ofrecer experiencias mientras promueven el turismo sostenible y la preservación del patrimonio cultural.
La capital dominicana aparece en una lista que incluye 11 destinos internacionales, cinco de ellos ubicados en América Latina, elegidos a partir de recomendaciones de periodistas de la BBC, expertos en viajes y autoridades globales en turismo responsable.
El criterio central fue identificar lugares que reciben al visitante con entusiasmo y donde el impacto del turismo sea positivo y duradero.
Según la BBC, 2026 será un año clave para Santo Domingo, ya que la ciudad albergará los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto, en el marco del centenario de la competencia. Este evento reunirá a atletas de 37 países y ha impulsado una serie de mejoras urbanas y deportivas en la capital.
Asimismo, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue modernizado, incorporando infraestructura inclusiva como senderos de pavimentación táctil para personas con discapacidad visual.
La BBC subraya que Santo Domingo ofrece mucho más que historia. La ciudad es el epicentro del merengue y la bachata, ritmos que marcan el pulso de celebraciones como el Carnaval de febrero y el Festival del Merengue.
En 2026, además, regresan grandes citas musicales como el Isle of Light, en marzo, y el Presidente Festival, que vuelve tras una pausa de una década como uno de los eventos musicales más emblemáticos de América Latina.
Puerta al ecoturismo del Caribe
BBC Travel también resalta la conexión de Santo Domingo con Samaná, conocida por sus calas, selvas tropicales y aguas turquesas. El hotel Ocama, por ejemplo, ofrece traslados en helicóptero desde la capital hacia esta región, facilitando el acceso a uno de los destinos naturales más atractivos del país.
Otros destinos citados por la BBC, según el orden alfabético
- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
- Costa de Oregón, Estados Unidos
- Costa Rica
- Guimarães, Portugal
- Islas Hébridas, Escocia
- Ishikawa, Japón
- Loreto, Baja California Sur, México
- Montenegro
- Uruguay
- Valle de Colchagua, Chile
Análisis Noticiosos
Una posible amnistía tiene en vilo a los presos políticos venezolanos tras la salida del poder de Maduro
Cúcuta / Caracas .-Las últimas 72 horas han sido electrizantes para el mundo entero, especialmente para todos los venezolanos. Pero hay unos que han vivido aún con más intensidad el desarrollo de los acontecimientos desde que un comando de fuerzas especiales detuviera la madrugada del sábado a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York, donde va a ser procesado ante un tribunal. Los familiares de los presos políticos, e incluso ellos mismos desde la celda, se encuentran esperanzados de que la nueva situación política sirva para conseguir su liberación.
Una amnistía general vuelve a tomar fuerza en este contexto. La sensación es que las cosas no van a volver a ser como apenas hace unos días, cuando el derrocado presidente de Venezuela se encontraba al mando. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que su administración se encuentra a “cargo” del país, sin que haya quedado claro de qué forma se traducirá eso en la operatividad del Estado. Por lo pronto, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidente y alguien de la máxima confianza de Maduro, ha juramentado este lunes como presidenta interina.
La situación resulta confusa, pero a la vez esperanzadora. A estas horas se realizan gestiones al más alto nivel para tratar de poner este tema encima de la mesa. Se suceden llamadas de presidentes, ministros, exmandatarios, personas con influencia, según as fuentes consultadas. Las familias de los presos también a su vez contactan con estos para agilizar los trámites. Por un momento, ven que se ha abierto una ventana de oportunidad. El primero en alzar la voz, a las pocas horas de la caída de Maduro, fue Edmundo González, el candidato que, según los observadores electorales y organismos internacionales, ganó las últimas elecciones presidenciales, las de julio de 2024. “La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, dijo Edmundo.
Una de las presas más conocidas es Rocío San Miguel, una prestigiosa analista experta en el ejército bolivariano. Fue detenida en febrero de 2024 acusada de formar parte de un plan para asesinar a Maduro -las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una acusación falsa-. “Sí, estamos muy esperanzados”, dice al otro lado del teléfono Mini Díaz Paruta, su cuñada. “Esperamos que pronto sea liberada. Todo es un poco confuso, pero creemos que es un buen momento para que ocurra”. La misma ilusión cunde en el entorno de Enrique Márquez, un opositor venezolano, candidato a las presidenciales de julio de 2024, que fue apresado tras negarse a reconocer la victoria en las urnas de Maduro. Con cautela, esperan que este tema tan sensible, en el que suele imperar la discreción, pase a un primer plano con la nueva situación.
Las ONG de derechos humanos contabilizan cerca de 1.000 presos políticos y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos como un gesto primario para iniciar una transición política. También se ha pedido garantizar la libertad plena de más de 9.000 personas que todavía enfrentan procesos judiciales policiales. Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. Las grandes oleadas de manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 dejaron centenares de detenidos por protestar, en la más reciente están incluidos adolescentes.
Pero la persecución contra opositores se convirtió en una política represiva, para la que el chavismo más radical ha reforzado los cuerpos de inteligencia y sus formas intimidatorias como la llamada Operación Tun Tun (violentos allanamientos sin órdenes judiciales) o la detención de familiares para presionar a los verdaderos objetivos. Los últimos años, Maduro ha estado soportado por un sistema policial represivo con un aparato judicial alineado. Así ha logrado arrinconar y censurar a la sociedad civil. Los expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución y violencia sexual en prisión, casos que también están soportados en la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional, la primera que ocurre en un país de América Latina.
Por ello, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, el organismo de la ONU ha señalado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por su Gobierno. En un comunicado difundido el fin de semana advierten que si bien el largo historial de violaciones de Maduro no justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos, la ilegalidad de la operación no disminuye su responsabilidad en esos delitos.
Entre los presos de Maduro más emblemáticos está los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda -además de San Miguel-. También figuran políticos como Nicmer Evans, vuelto a encarcelar hace unas semanas. Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, se encuentran apresados junto a los más de 130 de sus militantes de esa formación. También está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, apresado a principios de 2025 y condenado a 30 años sin haber recibido visita de sus familias ni asistencia de sus abogados. También 174 son militares, que son una huella de las fisuras en la Fuerza Armada Nacional que ha tenido que contener el chavismo estos años.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha señalado que ante la coyuntura actual, “que podría abrir paso a un proceso de transición en Venezuela”, un punto de partida para redemocratización del país sería la liberación plena de todas las personas presas por motivos políticos, civiles y militares. Los bombardeos de Estados Unidos del fin de semana tomaron a varias familias de detenidos a la espera de un centenar de excarcelaciones que se concedieron en Navidad y fin de año.
El chavismo ha usado estas medidas de gracia como válvulas para liberar presión. Los defensores lo han llamado “la puerta giratoria”: salen unos, pero siempre entran otros. En las últimas semanas, ha rechazado la selectividad con la que se conceden, siempre a media noche, por goteo y en total incertidumbre para sus familiares.
Desde Provea, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos en Venezuela, que ha pedido garantías para Nicolás Maduro y Cilia Flores y han condenado los ataques de Estados Unidos, también han señalado que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad” debe enmarcarse en un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia. “Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a regímenes de presentación”.
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