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Nuevos embajadores en el pais presentan cartas credenciales a presidente Abinader.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader recibió las cartas credenciales de siete nuevos embajadores ya acreditados en República Dominicana en un acto celebrado en el Palacio Nacional.
Los embajadores, cuatro mujeres y tres hombres, provienen de países europeos, africanos y asiáticos: el Reino de España, la República del Congo, Albania, Azerbaiyán, la Federación de Malasia, Kenia y Polonia.
Durante el acto, el jefe del Estado estuvo acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.
Lorea Arribalzaga Ceballos, del Reino de España, fue la primera embajadora que presentó sus cartas credenciales ante el presidente Abinader.
Más tarde, la representación se hizo en este orden: Rosalie Kama Niamayoua del Congo; Ervin Bushati de Albania; Rusla Novruz oghlu Rzayev de Azerbaiyán; Muhammad Radzi Bin Jamaludin de Malasia; Everlyne Nwenda Karisa de Kenia y Jolanta Janek de Polonia.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno dominicano, estos embajadores tiene «una destacada trayectoria diplomática en representación de sus países, tanto en organismos multilaterales como en misiones bilaterales».
¿Quién es quién en esta nueva delegación de embajadores?
En agosto de 2021, la representante española, Lorea Arribalzaga Ceballos, fue nombrada embajadora de España en Eslovenia tras una destacada trayectoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Ha ocupado cargos como subdirectora general para Países Andinos (2017-2021), vocal asesora para Iberoamérica y Caribe (2015-2017) y destinos diplomáticos en Italia, Ecuador y Costa Rica.
También ha ocupado funciones en la Dirección General de Política de Desarrollo y la Dirección General de Europa desde su ingreso en la Carrera Diplomática en 2001.
Es catedrática en Comercio Exterior por la Universidad del País Vasco y cuenta con un postgrado en Liderazgo en Gestión Pública por el IESE.
La embajadora congoleña, Rosalie Kama Niamayoua, es doctora en Química por la Universidad Marien Ngouabi, con formación académica en Francia (Universidad de Ciencias y Técnicas de Lille y Universidad Claude Bernard Lyon 1).
La embajadora del Congo, Everlyne Nwenda Karisa junto al presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.Raúl Ascencio.
Desde 2018 se desempeñaba como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Cuba, donde también ejerce como decana del Grupo Diplomático Africano.
Además, es embajadora concurrente en Nicaragua (desde 2019) y en Costa Rica (desde marzo de 2025).
El representante albanés, Ervin Bushati, era embajador en Estados Unidos desde julio de 2023, con acreditación concurrente en México, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica.
Ha sido jefe de Delegación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2017-2021) y miembro del Parlamento de Albania (2013-2021), donde integró las comisiones de Economía y Finanzas y de Política Exterior.
El embajador azerbaiyano, Rusla Novruz oghlu Rzayev, posee una amplia experiencia diplomática y académica internacional: cuenta con licenciatura en Relaciones Internacionales con honores y maestrías en Seguridad Internacional, Paz y Desarrollo.
Ha desempeñado funciones clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y en varias embajadas, incluyendo Argentina, Italia, Uruguay y actualmente Cuba.
Habla azerbaiyano, inglés, español, italiano y ruso, con sólida trayectoria en asuntos políticos, seguridad y cooperación internacional.
En tanto, el embajador malayo, Muhammad Radzi Bin Jamaludin, tiene una licenciatura en Letras con honores de la Universidad de Wisconsin y un Diplomado en Administración Pública (DPA) del INTAN.
Ha ocupado múltiples cargos clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia y en misiones diplomáticas en Nigeria, Chile, Alemania, Canadá, Singapur y Cuba.
Su experiencia abarca áreas consulares, finanzas, política internacional y protocolo, destacándose por su liderazgo en relaciones bilaterales y cooperación internacional.
La embajadora keniana, Everlyne Nwenda Karisa, cuenta con una formación académica en ciencias sociales y desarrollo. Obtuvo su maestría en Estudios de Género y Desarrollo en la Universidad de Nairobi entre 2011-2013.
Completó su licenciatura en Estudios Culturales (Antropología) en la Universidad Max entre 2001 y 2005. Desde marzo de 2024 se desempeñaba como embajadora en Cuba.
La embajadora polaca, Jolanta Janek, cuenta con máster y doctorado en Economía por la Escuela Comercial Principal de Varsovia.
Desde 1990 ha desarrollado una destacada carrera diplomática, incluyendo cargos en las embajadas de Polonia en Roma y Malta, así como en diversos departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Desde 2019 se desempeña como Ministra Plenipotenciaria en el Departamento de Política Europea. Es autora de artículos sobre temas sociales y económicos y domina tres idiomas: italiano, inglés y español.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.