Santo Domingo, R.D.-La preocupación de que la figura de la inadmisibilidad es usada para buscar disminuir la cantidad de moras judiciales en la Suprema Corte de Justicia, acaba de comprobarse con lo que el Tribunal Constitucional ha considerado la violación de la tutela judicial efectiva por una aplicación rígida de las formas procesales, ya que la Primera Sala del más alto tribunal del pais rechazó un caso por el uso incorrecto de una palabra.

El caso se originó luego de que la Sala Civil y Comercial no admitiera un recurso de casación, al entender que en sus conclusiones solicitó «revocar» la sentencia impugnada, una facultad que está prohibida para la SCJ en sus funciones como corte de casación.

El TC anuló la decisión de la alta corte al considerar que ese tribunal incurrió en un «excesivo formalismo y rigor semántico» que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente.

• La decisión está contenida en la sentencia TC/0262/26, emitida el 1 de mayo de 2026, en el marco de un recurso de revisión constitucional interpuesto por la sociedad comercial Centro Comercial Los Polancos, S.A.

«Si bien podría retenerse el uso incorrecto del término revocar en las conclusiones contenidas en el memorial de casación, se trataba de una cuestión subsanable, pues tanto las motivaciones como los demás pedimentos estaban correctamente dirigidos al tribunal», manifesta el TC en la sentencia.

La alta corte constitucional indicó que declarar inadmisible un recurso únicamente por el uso erróneo de una palabra constituye una limitación «irrazonable» al derecho de acceso a la justicia y al debido proceso.

«La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso, pues la declaratoria de inadmisibilidad por el uso incorrecto de un término en el recurso de casación del que estaba apoderada se constituye en una limitación desproporcionada e irrazonable al derecho a ser oído de la parte recurrente», establece la decisión.

En la decisión el TC recordó el precedente decidido mediante la Sentencia TC/1661/25, de diciembre del año pasado, donde los magistrados anularon una decisión de la Primera Sala de la SCJ que declaró inadmisible un recurso de casación con base al empleo erróneo de una palabra.

Este conflicto surgió por una disputa comercial entre las empresas Centro Comercial Los Polancos, S.A. y Vitusa Corp., relacionada con una deuda.

El caso comenzó con una demanda en cobro de pesos presentada por Vitusa Corp., contra Centro Comercial Los Polancos. En 2012, un tribunal de primera instancia condenó a Los Polancos al pago de 328,524.95 dólares, más las costas del proceso.

Ambas empresas apelaron esa decisión. Posteriormente, la Corte de Apelación anuló la demanda original, pero Vitusa Corp. volvió a presentar el caso ante los tribunales.

En ese segundo proceso, otro tribunal condenó nuevamente al Centro Comercial Los Polancos al pago de 254,472.25 dólares. La empresa apeló, pero la Corte de Apelación confirmó la sentencia.

Luego, Los Polancos recurrió en casación ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la Primera Sala de la SCJ declaró inadmisible el recurso porque en las conclusiones del escrito los abogados solicitaron «revocar» la sentencia, en vez de pedir que fuera «casada».

Ante eso, Centro Comercial Los Polancos acudió al Tribunal Constitucional alegando que la Suprema incurrió en un exceso de formalismo y le violó el derecho a la tutela judicial efectiva.

Santo Domingo. – La lucha de los partidos politicos para que se mantengan los fondos que entrega la Junta Central Electoral no es porque se entienda que los mismos ayudan a la estabilidad democratica, sino que la oposicion a la medida persigue seguir con el mal uso del dinero del patrimonio público sin render cuentas y sin ninguna transparencia.

“Entiendo que es dinero tiene que dársele a los partidos políticos ya que son los responsables en gran medida de la tranquilidad de la sociedad dominicana”, dijo este lunes el diputado Ramón Bueno y ese, ese es el principal argumento.

A saber, que la estabilidad política que disfruta el país desde la última trifulca de interés (elecciones presidenciales de 1994), se debe en gran parte a la madurez de la clase política. Algo que quedó evidenciado tras la suspensión de las elecciones municipales del año 2020.

El último corte de la Junta Central Electoral (JCE) presentado el primero de mayo de este año, computaba 34 partidos políticos de 41 posiciones. El resto, correspondían a movimientos políticos cuyo campo de acción es municipal conforme a lo estipulado en la Ley 33-18 de Partidos.

Si bien esta cantidad es considerable, para el año 2023 la JCE empaquetó en una matriz un listado de 104 solicitudes de nuevos partidos, agrupaciones y movimientos.

Este año, los partidos mayoritarios reciben RD$1,296 millones mientras que el resto, recibe RD$194 millones, 400 mil pesos y RD$129 millones, 600 mil pesos respectivamente, en función de su porcentaje de votación en el pasado proceso electoral conforme a las directrices de Ley.

Y aunque el monto parece exorbitante, la JCE indicó en un comunicado que ya se contempló una reducción presupuestaria para los partidos que tienen asignado por Ley, un porcentaje del 0.25% del Presupuesto General del Estado en los años no electorales.

La idea que tienen en el Congreso Nacional es de modificar lo que sea que envíen del Poder Ejecutivo.

“No es Ramón, somos parte de un bloque de diputados. Pueden mandarlo de una manera y nosotros consensuarlo y modificando algunos temas podríamos votar por la iniciativa. Tenemos que esperar que envíen porque somos 190 cerebros que pensamos y vemos diferente. El presidente Abinader ha sabido echar para atrás y nosotros también estamos en la disposición de corregir cualquier error que se cometa”, declaró Bueno.

Del lado opositor, el discurso es más agresivo. Danilo Díaz delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la JCE y quien es también legislador, consideró que se busca hacer desaparecer a la oposición política.

Y aunque esta posición parece exagerada, la JCE argumentó que las organizaciones políticas ya suscribieron compromisos con los fondos contemplados en Ley para su subsistencia que incluyen pagos de préstamos, nóminas, locales, etc.

“La JCE no busca más que jugar su rol y ser el ente regulador del sistema. Y ahora el Poder Ejecutivo que va a los partidos para pedir opinión para manejar la crisis busca ahora cargar la crisis a los partidos, procurando darle esta estocada para las elecciones que se avecinan”, declaró Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo.

No es la primera vez que se intenta en acciones similares reducir los fondos a los partidos políticos, la vez anterior, en 2021, la intención fue puesta de lado.

Santo Domingo, R.D.- Roberto Alvarez,  Ministro de Relaciones Exteriores, presentó la iniciativa Alianza de Territorios Insulares para el Desarrollo Económico de la Región del Caribe (Acuerdo Transcaribe), una propuesta de integración regional orientada a fortalecer la cooperación económica, comercial y estratégica entre los territorios insulares y de ultramar del Caribe.

La propuesta fue dada a conocer durante una reunión virtual encabezada por el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Mirex, Hugo Rivera Fernández, en representación del canciller Roberto Álvarez.

En el encuentro participaron representantes de Montserrat, Curazao, Martinica, Guadalupe, Aruba, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y San Martín, entre otros territorios caribeños.

Rivera Fernández afirmó que la propuesta busca construir una visión más coordinada del Caribe insular, aprovechando las oportunidades compartidas en áreas como comercio, conectividad, seguridad alimentaria y cooperación técnica.

«La región posee enormes oportunidades para fortalecer el acceso a mercados, mejorar la conectividad aérea y marítima y enfrentar desafíos comunes como el sargazo«, expresó el funcionario en una información compartida por el Mirex.

Durante la jornada, el director de Negociaciones Comerciales de la Cancillería, José Guillermo Sarita, presentó los detalles técnicos de la iniciativa, que contempla la creación de una zona de desarrollo económico compartida entre los territorios participantes.

• El proyecto prevé la eventual negociación de un acuerdo regional para coordinar políticas y mecanismos de cooperación en áreas estratégicas para la competitividad y el desarrollo económico del Caribe.

La Cancillería destacó que, pese a la cercanía geográfica y los vínculos culturales entre República Dominicana y varios de estos territorios, las relaciones económicas y comerciales no han alcanzado un nivel de integración significativo.

Según explicó el ministerio, el Acuerdo Transcaribe busca precisamente cerrar esa brecha y abrir nuevas oportunidades de intercambio e inversión en la región.

Las delegaciones participantes valoraron positivamente la propuesta y manifestaron interés en continuar avanzando en el proceso de integración.

Como parte de los próximos pasos, los participantes acordaron trabajar en una Declaración Ministerial de Principios y en la conformación de grupos técnicos especializados que desarrollarán las distintas