Opinión
Develada en Colombia la conjura contra Iván Márquez y Jesús Santrich
Abundan expedientes falsos fabricados por Uribe, Santos, Fiscalía, EE. UU-DEA-CIA y cúpula militar.
Por Narciso Isa Conde
«Por fin, los dos camaradas y amigos entrañables -luego de ser perversamente calificados y acusados de narco-terroristas- han quedado exculpados y justamente reivindicados mediante una investigación realizada por la Comisión de la Verdad.»
En el contexto de la nueva gestión gubernamental colombiana encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez, la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha denunciado como falsos los expedientes construidos por el uribismo contra los comandantes de las FARC-EP, Iván Márquez y Jesús Santrich; ambos acusados de narco-terroristas después de firmada la paz; todo por asumir una actitud digna frente a la violación de lo acordado.
Es necesario denunciar de mi parte que por un expediente igualmente falaz, orden de captura y planes criminales, tengo 14 años que solo he podido viajar a Cuba y a Venezuela en vuelos directos y he tenido que enfrentar varias tramas en mi país.
Acusaciones parecidas pesan también contra destacados intelectuales y líderes sociales de Nuestra América y del mundo. Es el caso de Piedad Córdoba y de muchos/as otros/as luchadores/as colombianos/as, latino-caribeños y europeos.
· Las acusaciones en mi caso.
En mi caso la limitación de movimiento se debe a una “orden de captura por delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de financiamiento del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas y circular azul de INTERPOL”.
Esa acusación está contenida también en un documento titulado “Información de las FARC en República Dominicana/ Narciso Isa Conde), entregado por jefes militares colombianos a las más altas autoridades civiles y militares de mi país, en procura de mi extradición a Colombia; en ese informe militar los cargos, todos falsos y oportunamente desmentidos, son aún más grotescos que los que sustenta la referida circular de INTERPOL.
Entre otros quiero destacar textualmente las siguientes acusaciones:
· “Cabecilla de la Comisión internacional de FARC desde 1994”…”
· “Principal contacto con alias Iván Márquez para despliegue de Movimiento Continental desde Venezuela”… “
· Visita a campamentos de las FARC “para recibir entrenamiento terrorista y orientaciones criminales”…
· “Enlace en Centroamérica y vínculos con traficantes de armas”…
La solicitud de persecución a INTERPOL, la orden de captura y las medidas represivas contra mi familia se hicieron, pues, atribuyéndome una supuesta trayectoria terrorista, carente de la más mínima credibilidad; y paradójicamente la referida persecución fue promovida y asumida por los ex presidentes Uribe y Santos (culpables de graves crímenes de Estado) y por el Estado Imperialista más terrorista y mentiroso de la historia moderna: EEUU y su CIA.
· Penalización y Planes Criminales.
Tal penalización, gestada y potenciada en los Gobiernos de Uribe y de Santos, y apadrinada por la CIA -con planes de asesinatos incluidos- fue sostenida también por el Gobierno canalla de Iván Duque, responsable de numerosos asesinatos selectivos y expedientes falsos; los cuales han sido valientemente denunciados por la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada a raíz del Acuerdo de Paz de la Habana, proceso al cual estuve relacionado como observador.
En mi caso, a la frustrada intención de extraditarme (dado que los gobiernos de turno rehusaron meterse en esa trampa, le siguieron dos tramas para asesinarme: una orquestada por el Embajador colombiano Chaux Mosquera, de pura cepa paramilitar, acompañado de su agregado militar, capitán Manuel Henríquez Morel; y la otra, por el general Montoya, quien sucedió a Mosquera al frente de esa Embajada, bien conocido por encabezar el genocidio en la Colonia 13 de Medellín ordenado por Uribe, donde fueron asesinadas más de 2,000 personas, todavía impune.
Toda la información correspondiente a mi situación previa a la llegada al país del general Montoya fue entregada al ex presidente Leonel Fernández el 18 de septiembre del 2008, quien si bien aceptó algunas de mis demandas para la preservación de mi vida, no ordenó investigar las conjuras, ni a sancionar a los involucrados. Ni procedió a negarle el “placet” al General Montoya, ni a solicitar su salida del país, pese a su persistente determinación criminal.
La posterior acción represiva contra mi familia incluyó el apresamiento en mayo del 2009 de mi esposa Lourdes Contreras al paso por Miami, en viaje hacia un evento feminista en Jamaica, y además la cancelación del visado a ella y a uno de mis hijos.
Entonces, el Departamento de Estado de EE. UU, emplazado a dar razones, alegó que por mi supuesta condición de “terrorista”, la sanción o represalia se extendía a los familiares cercanos
Por su parte Danilo Medina, que sucedió a Leonel en el 2012, no aceptó meterse en el lío de extraditarme a Colombia, como solicitaron las autoridades de ese país.
· Reivindicación de Iván Márquez y Jesús Santrich.
Los casos de Jesús Santrich y de Iván Márquez -uno asesinado en Venezuela después de burlar la trampa y el otro víctima reciente de un atentado similar a cargo de comandos caza-comandantes luego de creada la FARC/Nueva Marquetalia, tienen una especial relevancia y muestran el valor de la persistencia en la defensa del honor y la dignidad de los seres humanos.
Iván pudo sobrevivir y Jesús dejó un legado admirable. Ambos casos me tocan muy de cerca y no es para menos, dadas tanto sus cualidades revolucionarias, humanas e intelectuales, como los vínculos de solidaridad y amistad cultivados entre nosotros.
Para mí – y pienso que para no pocos colombianos y latino-caribeños- la denuncia de la trama en su contra asume las características de un merecido reconocimiento institucional a sus valores, lo que nos llena de regocijo.
Santrich e Iván, además de comandantes aguerridos, son dos artistas de la pluma, el pincel, la música y la poesía. Dos intelectuales revolucionarios de alto calibre.
Cuando en su discurso de toma de posesión, el Presidente Petro se refirió a su visita previa a Sierra Nevada e hizo referencia al pueblo originario que habita esa montaña y citó las hermosas palabras de la niña que intercambió con él en esa ocasión, recordé el relato que nos hiciera Santrich sobre su larga estancia guerrillera en esa zona, su aprendizaje y dominio del idioma local y su extraordinaria labor educativa en esa comunidad.
Por fin, los dos camaradas y amigos entrañables -luego de ser perversamente calificados y acusados de narco-terroristas- han quedado exculpados y justamente reivindicados mediante una investigación realizada por Comisión de la Verdad.
La denuncia está contenida en el Informe General de esa Comisión, en cuyo anexo a la página 56 se establece valientemente que ambos fueron víctimas de una trampa a cargo del Fiscal General de turno, la DEA-EE.UU y un representante del ejército; versión confirmada por el Presidente Petro y por el Canciller Álvaro Leiva, este último coautor de los principios de la Comisión de la Verdad y la JEP junto a al comandante Jesús Santrich, quienes trabajaron juntos el tema en ocasión de los Diálogos-Habana.
Ese doble asesinato moral finalmente fracasó y debe sentar un precedente de reparación moral más allá de casos específicos, como también inducir al arrepentimiento de quienes por cobardía, medios y persona, les hicieron el juego a las calumnias orquestadas por un poder descalificado para estigmatizar.
Esa conclusión de la Comisión de la Verdad debería servir de base para anular todas las circulares de la INTERPOL relacionadas con expedientes pre-fabricados y todos los encarcelamientos y condenas basados en el poder de mentir y de alienar; todos ellos motivados por el evidente propósito de penalizar la solidaridad con las fuerzas insurgentes y con el torrente opositor a ese régimen comprobadamente criminal y a la vez reprimir cruelmente las luchas populares en defensa de los derechos conculcados.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!