Opinión
Diagnóstico de deterioro político e institucional
Por Juan Bolívar Díaz
La última encuesta de cultura política democrática diagnostica un claro deterioro de la confianza de los dominicanos en el sistema político y las instituciones estatales y fundamenta la pregonada necesidad de correctivos
La encuesta del 2012 sobre cultura política de la democracia en República Dominicana diagnostica un progresivo deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y las instituciones estatales, situándose en los más bajos niveles entre 26 países del continente.
El estudio, que es parte del proyecto académico internacional “Barómetro de las Américas”, fundamenta las críticas que se hace al sistema político dominicano, y los reclamos de reformas y rectificaciones de un pragmatismo salvaje que pone en riesgo la estabilidad política nacional.
Educación y desigualdad
El capítulo dominicano del Barómetro de las Américas 2012, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) fue presentado esta semana por la socióloga y académica dominicana Rosario Espinal, profesora e investigadora de Temple University, Filadelfia. Fue elaborado en base a una encuesta que abarcó a 1512 personas, realizada el año pasado por la firma Gallup. Esta es la quinta edición del estudio que se viene realizando cada dos años desde el 2004.
El Barómetro 2012 muestra que los países latinoamericanos tienen los niveles medios de desigualdad más altos del mundo, con relativa homogeneidad cuando se comparan los ingresos nacionales. “Mediante un análisis de regresión lineal se evaluó cómo el género, la raza, la edad y el estatus urbano-rural afectan el nivel educativo de la población y el ingreso. Ratifica la educación como fundamento del desarrollo cuando establece que el nivel educativo de la madre tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso personal.
Establece que en RD a mayor edad a partir de 35 años, se registra menor nivel educativo y que “tener la piel oscura y vivir en la zona rural también resulta en menor educación. Los hijos de madres de baja escolaridad no alcanzan a completar la escuela primaria, mientras los de madres con educación superior alcanzan un promedio de 14.2 años de escolaridad.”
Otro diagnóstico terrible
Los resultados ratifican las debilidades políticas e institucionales dominicanas diagnosticadas en los últimos años en múltiples evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo.
También en este estudio el país queda entre los líderes en percepción de corrupción, en el sexto de 26 escalones, con 78.1 por ciento, 2.8 menos que en el 2004, pero 3.6 mayor que en el 2006. En el tope aparece Colombia con 81.7, y le superan también Trinidad-Tobago, Argentina, Guyana y Panamá. RD baja al octavo escalón en la proporción de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción.
Los peores resultados del Barómetro de las Américas para el país se registran en la percepción de que “el barrio está afectado por las pandillas, donde encabeza con 48.6 por ciento, y en la confianza en la Policía, que sólo alcanza al 34.9 por ciento de la población, sólo superado por Honduras y Trinidad-Tobago que registran 28.7 y 32.8.
La esperanza de los dominicanos en prosperar en el país queda mal parada en la encuesta, con un 31.9 por ciento que manifiesta intención de irse a vivir a otra nación, sólo superado por Haití, Jamaica y Guyana, que registran 58, 48 y 35 por ciento.
En valoración de la eficacia gubernamental RD registra la sexta peor posición, con 40.7 por ciento, la séptima peor en apoyo al sistema político, en confianza en el gobierno local y en el sistema de justicia, con 48.8, 45.5 y 45 por ciento, y la octava en evaluación de los gobiernos locales, con 47.5 por ciento. La posición de derecha de la sociedad dominicana queda manifiesta al registrar el sexto escalón continental. Tal vez eso explica el liderazgo en el concepto de que “los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo”, aunque más de la tercera parte de los hogares son presididos por mujeres. Mientras es segundo en apoyo a la cuota de candidaturas femeninas.
Los mejores resultados
En contradicción con su pobre evaluación de las instituciones estatales y políticas, los dominicanos manifiestan una alta participación en las actividades políticas, electorales y comunitarias, situándose entre las más elevadas del continente. Son líderes regionales con 63.4 por ciento en simpatía con algún partido político. La participación electoral del 70.5 por ciento es alta para una nación donde el voto no es obligatorio.
República Dominicana ocupa el segundo lugar en entrevistados que dijeron haber tratado de convencer a otros para que votaran por alguna candidatura, con 31.6 por ciento, y el tercer lugar en porcentaje de las personas que dicen haber trabajado para partidos o candidatos, con 16.8 por ciento, superada sólo por Surinam y Haití, ambas con 17.9 por ciento, mientras Chile, Canadá, México, Panamá y Perú quedan por debajo del 5 por ciento.
La alta participación política y electoral podría estar relacionada con el asistencialismo y el clientelismo, ya que el 31 por ciento de los entrevistados dijo tener, o alguien en su hogar, una tarjeta de los programas de subsidios sociales y el 24 por ciento dijo haber recibido ofertas clientelares en campañas electorales. Sin embargo la participación en actividades comunitarias también es alta, la sexta mayor de los 26 países incluidos, con tasa de 32.9 por ciento. Y en asistencia a reuniones municipales RD ocupa la tercera posición continental, después de Haití y Estados Unidos.
Un progresivo deterioro
Lo más relevante del estudio sobre la cultura democrática dominicana es la progresiva reducción que registra en promedio de apoyo al sistema político, en apoyo a la democracia, en valoración de la eficacia gubernamental y de las instituciones fundamentales de la sociedad.
Es relevante que los medios de comunicación social y las iglesias Católica y Evangélicas sean las únicas instituciones que alcanzan aprobación sobre el 60 por ciento, con un 72, 67 y 62 por ciento respectivamente. El Presidente de la nación, la Suprema Corte, el Congreso Nacional, el sistema de justicia, la policía y los partidos resultan quemados con puntuaciones que oscilan entre 47.7 y 32.3. Todas registran caída entre las encuestas del 2008 y el 2012, en especial el Presidente con 15 puntos menos, la Policía con 12, Fuerzas Armadas 10, Junta Central Electoral 9, y Suprema Corte y Justicia que cayeron en 8 puntos.
Entre el 2006 y el 2012 el apoyo a la democracia y al sistema político se redujo casi 9 puntos, pasando en el primero del 78.7 al 70 por ciento, y en el segundo del 57.6 al 48.8. La valoración de la eficacia gubernamental disminuyó 15 puntos en el mismo período, de 55.8 a 40.7 y la evaluación de los gobiernos locales cayó 10 puntos. Y la convicción de que los partidos representan a los votantes se redujo más de 8 puntos, del 49.8 al 41.6 por ciento, entre las encuesta del 2008 y 2012.
Alerta roja al sistema
El progresivo deterioro de los indicadores de estabilidad y fortaleza política y democrática que presenta el capítulo dominicano del Barómetro de las Américas constituye una alerta roja para el liderazgo nacional que se muestra insensible ante las críticas y reclamos de la sociedad organizada y los medios de comunicación.
Ese nivel de insatisfacción y de escasa credibilidad en las instituciones del Estado viene siendo diagnosticado en encuestas, investigaciones y pronunciamientos nacionales, ante los uales el sistema partidario y los gobernantes reaccionan con indiferencia, cuando no con agresividad. Se solazan señalando la participación masiva en las campañas electorales, ignorando que está integrada en gran proporción por buscadores de favores y oportunidades y que hay una sociedad consciente que aspira a mejores estadios de institucionalidad democrática y gobernabilidad.
El clientelismo y el reparto llevado a niveles sin precedentes, con cerca de 800 mil personas en las nóminas y nominillas y en las pensiones del gobierno central, las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos, y casi 2 millones de tarjetas en diversos subsidios sociales han contribuido al mantenimiento de la estabilidad político-social, pero no logran revertir los niveles de pobreza ni han evitado el deterioro que registran los estudios y análisis sociales.
El sistema político se ha atribuido un nivel de vida que compite con el de sus colegas de naciones desarrolladas, con tasas irritantes de corrupción, mientras se ha negado sistemáticamente a acatar normativas como la del defensor del pueblo cuya ley orgánica acaba de cumplir 12 años. Su pragmatismo e insensibilidad le ha impedido aprobar leyes como la de partidos políticos y regulación salarial y poner límites al despilfarro y la malversación de los fondos públicos.-
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?