Opinión
Diagnóstico de deterioro político e institucional
Por Juan Bolívar Díaz
La última encuesta de cultura política democrática diagnostica un claro deterioro de la confianza de los dominicanos en el sistema político y las instituciones estatales y fundamenta la pregonada necesidad de correctivos
La encuesta del 2012 sobre cultura política de la democracia en República Dominicana diagnostica un progresivo deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y las instituciones estatales, situándose en los más bajos niveles entre 26 países del continente.
El estudio, que es parte del proyecto académico internacional “Barómetro de las Américas”, fundamenta las críticas que se hace al sistema político dominicano, y los reclamos de reformas y rectificaciones de un pragmatismo salvaje que pone en riesgo la estabilidad política nacional.
Educación y desigualdad
El capítulo dominicano del Barómetro de las Américas 2012, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) fue presentado esta semana por la socióloga y académica dominicana Rosario Espinal, profesora e investigadora de Temple University, Filadelfia. Fue elaborado en base a una encuesta que abarcó a 1512 personas, realizada el año pasado por la firma Gallup. Esta es la quinta edición del estudio que se viene realizando cada dos años desde el 2004.
El Barómetro 2012 muestra que los países latinoamericanos tienen los niveles medios de desigualdad más altos del mundo, con relativa homogeneidad cuando se comparan los ingresos nacionales. “Mediante un análisis de regresión lineal se evaluó cómo el género, la raza, la edad y el estatus urbano-rural afectan el nivel educativo de la población y el ingreso. Ratifica la educación como fundamento del desarrollo cuando establece que el nivel educativo de la madre tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso personal.
Establece que en RD a mayor edad a partir de 35 años, se registra menor nivel educativo y que “tener la piel oscura y vivir en la zona rural también resulta en menor educación. Los hijos de madres de baja escolaridad no alcanzan a completar la escuela primaria, mientras los de madres con educación superior alcanzan un promedio de 14.2 años de escolaridad.”
Otro diagnóstico terrible
Los resultados ratifican las debilidades políticas e institucionales dominicanas diagnosticadas en los últimos años en múltiples evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo.
También en este estudio el país queda entre los líderes en percepción de corrupción, en el sexto de 26 escalones, con 78.1 por ciento, 2.8 menos que en el 2004, pero 3.6 mayor que en el 2006. En el tope aparece Colombia con 81.7, y le superan también Trinidad-Tobago, Argentina, Guyana y Panamá. RD baja al octavo escalón en la proporción de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción.
Los peores resultados del Barómetro de las Américas para el país se registran en la percepción de que “el barrio está afectado por las pandillas, donde encabeza con 48.6 por ciento, y en la confianza en la Policía, que sólo alcanza al 34.9 por ciento de la población, sólo superado por Honduras y Trinidad-Tobago que registran 28.7 y 32.8.
La esperanza de los dominicanos en prosperar en el país queda mal parada en la encuesta, con un 31.9 por ciento que manifiesta intención de irse a vivir a otra nación, sólo superado por Haití, Jamaica y Guyana, que registran 58, 48 y 35 por ciento.
En valoración de la eficacia gubernamental RD registra la sexta peor posición, con 40.7 por ciento, la séptima peor en apoyo al sistema político, en confianza en el gobierno local y en el sistema de justicia, con 48.8, 45.5 y 45 por ciento, y la octava en evaluación de los gobiernos locales, con 47.5 por ciento. La posición de derecha de la sociedad dominicana queda manifiesta al registrar el sexto escalón continental. Tal vez eso explica el liderazgo en el concepto de que “los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo”, aunque más de la tercera parte de los hogares son presididos por mujeres. Mientras es segundo en apoyo a la cuota de candidaturas femeninas.
Los mejores resultados
En contradicción con su pobre evaluación de las instituciones estatales y políticas, los dominicanos manifiestan una alta participación en las actividades políticas, electorales y comunitarias, situándose entre las más elevadas del continente. Son líderes regionales con 63.4 por ciento en simpatía con algún partido político. La participación electoral del 70.5 por ciento es alta para una nación donde el voto no es obligatorio.
República Dominicana ocupa el segundo lugar en entrevistados que dijeron haber tratado de convencer a otros para que votaran por alguna candidatura, con 31.6 por ciento, y el tercer lugar en porcentaje de las personas que dicen haber trabajado para partidos o candidatos, con 16.8 por ciento, superada sólo por Surinam y Haití, ambas con 17.9 por ciento, mientras Chile, Canadá, México, Panamá y Perú quedan por debajo del 5 por ciento.
La alta participación política y electoral podría estar relacionada con el asistencialismo y el clientelismo, ya que el 31 por ciento de los entrevistados dijo tener, o alguien en su hogar, una tarjeta de los programas de subsidios sociales y el 24 por ciento dijo haber recibido ofertas clientelares en campañas electorales. Sin embargo la participación en actividades comunitarias también es alta, la sexta mayor de los 26 países incluidos, con tasa de 32.9 por ciento. Y en asistencia a reuniones municipales RD ocupa la tercera posición continental, después de Haití y Estados Unidos.
Un progresivo deterioro
Lo más relevante del estudio sobre la cultura democrática dominicana es la progresiva reducción que registra en promedio de apoyo al sistema político, en apoyo a la democracia, en valoración de la eficacia gubernamental y de las instituciones fundamentales de la sociedad.
Es relevante que los medios de comunicación social y las iglesias Católica y Evangélicas sean las únicas instituciones que alcanzan aprobación sobre el 60 por ciento, con un 72, 67 y 62 por ciento respectivamente. El Presidente de la nación, la Suprema Corte, el Congreso Nacional, el sistema de justicia, la policía y los partidos resultan quemados con puntuaciones que oscilan entre 47.7 y 32.3. Todas registran caída entre las encuestas del 2008 y el 2012, en especial el Presidente con 15 puntos menos, la Policía con 12, Fuerzas Armadas 10, Junta Central Electoral 9, y Suprema Corte y Justicia que cayeron en 8 puntos.
Entre el 2006 y el 2012 el apoyo a la democracia y al sistema político se redujo casi 9 puntos, pasando en el primero del 78.7 al 70 por ciento, y en el segundo del 57.6 al 48.8. La valoración de la eficacia gubernamental disminuyó 15 puntos en el mismo período, de 55.8 a 40.7 y la evaluación de los gobiernos locales cayó 10 puntos. Y la convicción de que los partidos representan a los votantes se redujo más de 8 puntos, del 49.8 al 41.6 por ciento, entre las encuesta del 2008 y 2012.
Alerta roja al sistema
El progresivo deterioro de los indicadores de estabilidad y fortaleza política y democrática que presenta el capítulo dominicano del Barómetro de las Américas constituye una alerta roja para el liderazgo nacional que se muestra insensible ante las críticas y reclamos de la sociedad organizada y los medios de comunicación.
Ese nivel de insatisfacción y de escasa credibilidad en las instituciones del Estado viene siendo diagnosticado en encuestas, investigaciones y pronunciamientos nacionales, ante los uales el sistema partidario y los gobernantes reaccionan con indiferencia, cuando no con agresividad. Se solazan señalando la participación masiva en las campañas electorales, ignorando que está integrada en gran proporción por buscadores de favores y oportunidades y que hay una sociedad consciente que aspira a mejores estadios de institucionalidad democrática y gobernabilidad.
El clientelismo y el reparto llevado a niveles sin precedentes, con cerca de 800 mil personas en las nóminas y nominillas y en las pensiones del gobierno central, las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos, y casi 2 millones de tarjetas en diversos subsidios sociales han contribuido al mantenimiento de la estabilidad político-social, pero no logran revertir los niveles de pobreza ni han evitado el deterioro que registran los estudios y análisis sociales.
El sistema político se ha atribuido un nivel de vida que compite con el de sus colegas de naciones desarrolladas, con tasas irritantes de corrupción, mientras se ha negado sistemáticamente a acatar normativas como la del defensor del pueblo cuya ley orgánica acaba de cumplir 12 años. Su pragmatismo e insensibilidad le ha impedido aprobar leyes como la de partidos políticos y regulación salarial y poner límites al despilfarro y la malversación de los fondos públicos.-
(cuarta parte)
Por Oscar López Reyes
La mundología de la comunidad LGBTIQ+ ha estado de pláceme desde principio del siglo XXI, por su visibilidad y aceptación social -con más amplitud en las audiencias infantiles y juveniles- en una especie de mini-revolución gai (en español) que, en el remolino de su entusiasmado afán por la igualdad de derecho, entre el 2017 y 2025 ha girado en retroceso, con un saldo luctuoso en 16 años (2008-2024): más de 5 mil han sido ejecutados por rabias pasionales, homofobias y por gobiernos que criminalizan su actividad con prisión perpetua y pena de muerte.
Inauditamente, el movimiento transgénero, financiado por gigantescas corporaciones transnacionales y organismos internacionales, se ha focalizado en los niños, a los que procuran hipersexualizar a temprana edad y conculcarles la idea de que son dueños de la opción de ellos decidir, sin consultar absolutamente a nadie, si quieren ser hombres o mujeres.
El proyecto consiste en reclutar a niños con estímulos eróticos o excitación sexual, utilizando personajes de la comunidad LGBTIQ+ en dibujos animados o muñequitos (caricaturas), con el alegado señalamiento de educarlos en la tolerancia de la diversidad sexual. Empero se persigue, per sé, descubrir su tendencia e incentivar su conducción hacia esa hoguera con llamaradas casi inextinguibles y lagrimeos retorcidos en el crujir de dientes, cuya salida se complica, en extremo.
¿Ha visto usted a la princesa enamorada de una vampiresa, el beso afeminado o la unión conyugal entre Rubí y Zafiro? ¿Perversión, sí o no? ¿Acaso destila odio el que opina o discrepa sobre estas desafortunadas construcciones sociales, como el matrimonio igualitario? ¿Con purpurina, inciden o no las asociaciones de psicoanalítica y psiquiatras gais estadounidenses en la visualización de esta temática?
Como nunca antes, miles de homosexuales están saliendo del armario. Encuestas y estudios demográficos revelan que entre el 1.6% y el 3.5% de la población global confiesa esa preferencia, y en Estados Unidos – conforme a una investigación de la firma norteamericana Gallup- en el 2025 la cifra subió a 9.3%. Este porcentaje de declaratoria pública y perceptibilidad casi se triplica en 11 años: en el 2012 fue de 3.5% y en el 2023 aumentó a 7.6%, marcando un hito en la demografía de la orientación sexual.
Mayoritariamente, niños y adolescentes están siendo emponzoñados por un brote, similar a una enfermedad contagiosa, o como una creciente y empujada moda entre integrantes de las generaciones Millennials (los nacidos 1981-1996, período del advenimiento de internet, redes sociales y globalización), Z (1997-2012, nativos digitales) y Alfa (2013-2026, llegados a la vida en el inicio de la Inteligencia Artificial).
Incontestablemente, criaturas y adolescentes son inducidos al referido linaje por los cambios epigenéticos, la pornografía en línea, la emulación de actrices, estrellas del pop, influencers y amistades que se identifican como bisexuales, lesbianas o queer. Y esa influencia hasta se extiende a la política: miembros y simpatizantes del Partido Demócrata acumulan el 14% del colectivo gai, los independientes el 11% y los del Partido Republicano de Donald Trump el 3%.
Una porción de homosexuales ha sacado la cabeza del armario, se está imponiendo el sustantivo masculino que privilegian: “gay”; logran la adhesión de agrupaciones de izquierda y progresistas en sus jornadas por el respeto a sus derechos civiles; se fabrican productos para esa comunidad y en 39 países ha sido aprobado el matrimonio hombre/hombre y mujer/mujer, sin reparar que China y Japón están teniendo déficits de productividad por la baja presencia femenina.
En la mira del reconocimiento, con sus obras han impactado en el desarrollo educativo y el progreso socio-económico filósofos, astrofísicos, políticos, escritores, inventores, matemáticos y otros científicos abanderados del símbolo del arcoíris, que realzan en las páginas de la historia universal. Han sido constructivos en la gratificación social.
En otras barandas pululan concordantes de su inclinación sexual que son presuntuosos, vengativos, ruidosos y exhibicionistas con acomodos de sonrisas momentáneas, que desembuchan inmundicias en el terreno fértil de la internet y las redes sociales, los Talks Shows radiotelevisivos, la telefonía móvil, el turismo y la emigración. Son dañinos.
La mini-revolución gai está en pañales y divide a la sociedad universal, porque en 12 naciones les aplican la pena de muerte, y en 60 impera la prisión a los que practican la relación íntima del mismo sexo, que está prohibida en leyes y constituciones, para frenar la “sodomía”, la “indecencia” y la conspiración contra los valores familiares tradicionales y religiosos.
La ruta contra la discriminación laboral y en los espacios públicos, la despatologización, su reconocimiento legal y por la diversidad sexual pierde apoyo, empedrada por la pujanza de la herencia, la preservación de las costumbres y las normas éticas, así como por las referencias nocivas sobre su talante, dogmas y procederes.
El Informe Ipsos Pride Report 2025 (o Encuesta Global de Orgullo) señala, amparado en una investigación que abarcó a 19,028 adultos de entre 18 y 74 años residentes en 27 naciones, que entre el 2021 y el 2025 aumentó de 16% a 23% la oposición a las empresas o marcas que promueven activamente la igualdad entre personas de diferentes sexos.
A la par, hubo el hallazgo de que el 24% de los servidores internos de esas unidades productivas se opone a que las corporaciones implementen programas o políticas que respalden explícitamente a los empleados de la comunidad LGBTIQ+. En el 2021, el 74% estos estaban de acuerdo con que se casen parejas del mismo sexo, pero en el 2025 descendió a 69%. Sólo el 22% está a favor de que los atletas trans compitan según el género con el que se identifican en lugar del sexo que se les asignó al nacer.
En fin, el acrónimo LGBTIQ+ se masifica en la temporalidad, retumbando en los estribillos de la música, los podcasts, las películas, los atuendos que simbolizan su filiación; los calzados, accesorios, las joyas con sus significantes y el lenguaje oral sin escondidas de un orgullo incomprendido y controversial.
Y extreman, en la primacía de protestas con influencias intergeneracionales, contra la exclusión y el furor de la homofobia, la transfobia y la bifobia, provenientes de dispares litorales geográficos, especialmente de Oriente Medio, África, Asia y el Caribe, donde se rajan el pecho para resguardar sus valores ancestrales, como los principios éticos, los cimientos culturales, la armonía con la naturaleza, la convivencia familiar, la sagrada conexión espiritual, la solidaridad comunitaria para la cohesión social y contra la subversiva despersonalización.
Las acometidas contra los enclaves que trastocan la conciencia del ser humano destellan en castigos, como multas, prisión, flagelación, crucifixión, lapidación, terapia de “conversión”, tratamientos psiquiátricos forzosos, cadena perpetua y pena de muerte. Anticipadamente advierten la inobservancia de los códigos penales sobre delitos sexuales, como la pedofilia y la sodomía; la inmortalidad y los fundamentos religiosos históricamente enraizados en sus comarcas.
Parece que la irreversibilidad homosexual obliga. La decisión tomada apunta hacia una sola puerta, sin punto de retorno. Y se amplifica en virtud de que, por ahora, son hipotéticos y quiméricos los testimonios de que ciertas personas se han despojado de esa condición, porque no han sido acreditados ni certificados científicamente.
Tampoco se alberga la esperanza de que desaparezcan los “prejuicios” y “estereotipos” si los aludidos no modifican sus modales públicos y controlan su erotismo inmundo, que espontáneamente hacen soltar risas y otros bullying, o acoso y matonismo. Entretanto, roguemos por el cese, eso sí, del odio irracional -que procrea censurados tratos vejatorios y crueldades- contra miembros de ese segmento poblacional que, independientemente de sus desvaríos, ameritan atención respetuosa y digna.
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El autor: Expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Isaías Ramos
Las naciones no pierden su libertad en un solo día. La pierden cuando dejan de defenderla todos los días. Y la República Dominicana enfrenta hoy uno de esos momentos en que la historia no pregunta si somos optimistas o pesimistas: pregunta si somos responsables.
En silencio —sin estruendo, sin fusiles, sin ocupaciones militares— se ha instalado un modo de gobernar que traslada decisiones estratégicas a contratos de largo plazo, alianzas público‑privadas, fideicomisos y estructuras “corporativas” que, cuando no están sujetas a control ciudadano real, terminan concentrando poder, rentas e influencia en pocas manos. La soberanía se erosiona cuando el pueblo pierde acceso, comprensión y control sobre lo que le pertenece.
Bajo discursos de modernización, eficiencia y crecimiento, se han expandido mecanismos que socializan riesgos y privatizan beneficios. Se promete progreso, pero se normaliza un patrón donde el Estado asume la carga y una minoría captura la renta. Ese patrón se vuelve más grave cuando el endeudamiento limita el margen para invertir en lo esencial, y cuando exenciones y subsidios se vuelven permanentes sin evaluación pública transparente. La pregunta no es ideológica: es republicana. ¿Quién paga la factura? La paga el ciudadano común, con servicios frágiles y con un Estado cada vez menos capaz de protegerlo.
Y la consecuencia más dolorosa no es una estadística: es un rostro. Un país donde demasiados jóvenes quedan fuera del estudio y del trabajo —y donde muchos otros, aun formados, no encuentran oportunidades reales ni un nivel de vida digno— acumula frustración y pérdida de esperanza cívica. Una nación que no puede ofrecer futuro a su juventud compromete su propia continuidad.
Este deterioro no es solo económico o político; es moral, social y espiritual. Un modelo que reduce al ciudadano a espectador y lo público a plataforma de rentas empuja a la sociedad al abismo de la mentira útil, del ego y de la apariencia. Allí donde la justicia se vuelve excepción y la verdad se vuelve propaganda, la democracia se vacía por dentro. Y un pueblo sin verdad no se organiza: se resigna.
Por eso febrero no es un mes decorativo. Febrero es memoria activa. En 1844, Duarte, Sánchez, Mella y los Trinitarios demostraron que la Patria debía ser un proyecto moral antes que un proyecto de poder. La independencia no fue solo expulsar opresores externos; fue afirmar que el bien común debía primar sobre los intereses particulares. Duarte lo advirtió con claridad: la autoridad sin moral y justicia termina traicionando la nación.
Hoy esa advertencia resuena con fuerza, porque el riesgo ya no se presenta como invasión: se presenta como “modelo”. Un modelo sofisticado que captura decisiones estratégicas y oportunidades sociales sin control ciudadano suficiente. Reconocer ese peligro es el primer paso hacia la liberación.
Pero la libertad no se preserva con diagnósticos. Se preserva con acción consciente. Los pueblos que han defendido su soberanía han seguido un camino exigente, pero seguro: despertar la conciencia ciudadana, reconstruir la ética pública y organizar la participación social. Ninguna democracia se sostiene cuando la sociedad renuncia a vigilar el poder.
Liberarse hoy no significa confrontación violenta ni ruptura institucional. Significa rescatar el sentido original de la República: instituciones abiertas, decisiones públicas sometidas al escrutinio ciudadano y políticas orientadas al bienestar colectivo. Significa defender el Estado Social y Democrático de Derecho no como lema, sino como mandato constitucional.
Y esa defensa empieza por lo mínimo indispensable, lo verificable, lo que no admite excusas: contratos completos y anexos públicos; auditorías independientes con resultados comprensibles; y sanciones ejecutadas con evidencia verificable. Si el poder invoca eficiencia, debe mostrar documentos; si invoca el interés nacional, debe abrir la información; si exige cumplimiento, debe exhibir pruebas.
Sin esos candados, lo público se vuelve mercancía y la libertad se reduce a apariencia. Los instrumentos cambian —del grillete a la cláusula—, pero al final producen los mismos resultados. Ayer la opresión se imponía con cadenas y bayonetas; hoy puede imponerse con contratos opacos y estructuras sin control. Cambia el siglo; el daño es el mismo: concentración, dependencia y ciudadanía sin voz.
Como ciudadanos —y como sujetos morales— tenemos una responsabilidad que no se puede delegar ni posponer. Comprender la gravedad de lo que ocurre y abstenerse de actuar es quedar fuera de lugar en el tiempo histórico. Defender la Patria hoy no exige odio ni caos; exige coherencia ética, disciplina cívica y vigilancia permanente.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social lo afirmamos con sentido de urgencia y con esperanza: el reloj de la libertad sigue marcando su hora. Febrero nos convoca a despertar. No a gritar más fuerte, sino a pensar más claro. No a odiar, sino a exigir. No a destruir, sino a rescatar la República.
Que este Mes de la Patria sea un llamado a la conciencia nacional. La gran pregunta que enfrenta hoy la República Dominicana no es solo política o económica: es histórica, moral y espiritual. Decidir si seremos la generación que dejó que el reloj de la libertad se apagara, o la generación que lo hizo sonar con la fuerza de la conciencia, la justicia y Dios.
Despierta RD!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– La embajada de EEUU en Haití informó que tres buques de guerra estadounidenses arribaron a La Bahía de Puerto Príncipe el pasado martes. La operación se llama Southern Spear (Lanza del Sur). embajada de EEUU
Operación Southern Spear y buques desplegados
Según el referido comunicado los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence, llegaron a Haití por instrucciones del Secretario de Defensa, Pete Hegseth; el mismo personero que le ordenó a Abinader aceptar la invasión militar estadounidense de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto de Las América. Secretario de Defensa Pete Hegseth
La versión oficial de Gringolandia ha insistido en proclamar que esta presencia de naves del Comando Sur en aguas territoriales de Haití, supuestamente «refleja el compromiso firme e inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y la construcción de un futuro mejor para Haití, en momentos en que el país enfrenta una profunda crisis institucional y de seguridad». presencia de naves.
Contexto de la crisis y actores involucrados
En ese contexto, además, el Departamento de Estado declaró que «la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos «reafirmaron su alianza y su apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero», en tanto atribuyen la inseguridad y la desestabilización en Haití, a las bandas terroristas-mafiosas que, paradójicamente fueron creadas por la CIA y por el paramilitarismo colombiano, e incluso armadas por empresas estadounidenses con apoyo de autoridades gubernamentales y oligarcas haitianos. Departamento de Estado
Esas bandas fueron estructuradas y armadas para sembrar el terror y desmovilizar al pueblo haitiano en su lucha por la democracia y la autodeterminación, y en combate contra el régimen impuesto por anteriores intervenciones militares; auspiciadas por EEUU, que también tuteló los gobiernos criminales de Martelly y Jovenel Moises, repudiados por gran parte de la sociedad haitiana. bandas terroristas-mafiosas
Haití ha sido invadido, por decisión de EEUU, 12 veces en los últimos 30 años y actualmente continúan en su territorio tropas de Kenia y fuerzas mercenarias tuteladas por la inteligencia y unidades especiales del Comando Sur. invasiones de EEUU.
Nada de esto ha servido para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad, sino para agravar la situación e imponer un caos bajo control del Pentágono, destinado a controlar militarmente la isla y sus valiosas riquezas en oro, tierras raras, titanio y otros minerales. control militar y recursos
La nueva estrategia de seguridad de EU incluye recuperar por la vía militar el control de esta región latino-caribeña. Los buques de guerra emplazados en la Bahía de Puerto Príncipe, cercana a Cuba, también responden al propósito de estrangular la economía cubana e intentar derribar el poder popular-revolucionario establecido desde 1959. estrategia militar estadounidense.