Opinión
Dialogando sobre la paz en Colombia
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega he preferido compartir con ustedes el texto íntegro de las informaciones que hemos ofrecidos relacionadas con mi visita a Cuba, invitado por la Delegación de Paz de las FARC-EP para consultar, intercambiar puntos de vista y concertar acuerdos de solidaridad con esa iniciativa de paz. A manera de nota informativa invitada le presentamos a nuestro lectores/as esta declaración:
Resultados de la consulta con la Delegación de Paz de las FARC-EP en Cuba.
Al finalizar la semana pasada, unos días después de lo previsto, concluyeron con significativas coincidencias, valoraciones comunes e importantes acuerdos, los intercambios que sostuve en la Habana, Cuba, con la delegación de paz de las FARC-EP, respaldado por Izquierda Revolucionaria, el MC y el MCB.
Allí -además de exponer nuestras apreciaciones sobre la actual situación dominicana y latino-caribeña- pudimos constatar con mucha satisfacción la firme determinación de esa organización político-militar de emplearse a fondo, con toda el alma, para lograr en esta oportunidad una paz digna, con justicia social, verdadera democracia y plena soberanía.
En ese tenor y exhibiendo una notable fortaleza y una impresionante capacidad política y tecno-científica en sus análisis y propuestas, pude valorar que en esos diálogos las FARC-EP siempre procuran ir a la causas profundas de ese largo y desgarrador conflicto social armado, en interés de abrir las compuertas de su superación definitiva; poniendo en el centro de los debates y de cara a su pueblo y a los demás pueblos del mundo, tres cuestiones realmente cruciales e ineludibles a las que hay que darle soluciones adecuadas:
1.-La apropiación injusta y el uso indebido del territorio colombiano (suelo, subsuelo y sobresuelo) por las insensibles y corrompidas elites sociales, políticas y militares de su país, y por poderosas y depredadoras corporaciones minero-energéticas trasnacionales (incluida Barrick Gold).
2.-La negación de democracia y derechos humanos esenciales, el estado policial, el para-militarismo criminal, la militarización extrema, y la narco-delincuencia estatal y para estatal; problemas todos interrelacionados.
3.-El modelo neoliberal empobrecedor, re-colonizador, ecocida, negador de soberanía popular y nacional.
Esa determinación en favor de la paz y los cambios más urgentes de las FARC, incluye en lo inmediato su disposición a aceptar un cese bilateral al fuego con fiscalización internacional, a lo que se resiste el Gobierno de Santos, empecinado en dialogar en medio de la guerra; siempre en interés de imponer lo imposible: la entrega unilateral de armas y la desmovilización a cambio de simples promesas relacionadas con los temas agendados, tratados al vapor. Una especie de rendición tonta, que expondría a FARC-EP al exterminio.
Pude apreciar que las FARC-EP, desde su fortaleza política, moral y militar – muy seguras de la imposibilidad de ser militarmente derrotadas por sus enemigos- conciben el problema de las armas de otra manera: esto es, como cuestión integral que involucra a las dos partes y como asunto que abarca la desmilitarización del Estado y del país, la restructuración y reorientación de los cuerpos armados, la erradicación del para-militarismo al servicio de la actual dominación, el fin de la represión y la criminalidad estatal y plenas garantías democráticas para actuar en la vida pública y ejercer los derechos políticos.
Los diálogos apenas están en el primer punto de los cinco agendado, con buenos avances registrados. FARC-EP tiene propuestas consistentes para lo que resta de ese punto y para los otros cuatros por tratar.
Su delegación de paz exige no solo promesas y acuerdos en el papel, sino hechos, ejecución de acuerdos paso a paso; por lo que el tema de la “dejación de armas”, ha sido colocado de último y como posible resultado del despliegue y la ejecución de los demás; concebido todo esto como un proceso complejo y delicado que atañe a ambas partes y a un programa de des-militarización integral con soluciones compartidas y dispositivos de seguimiento y control.
Acuerdos para impulsar la iniciativa hacia una paz digna
Las FARC-EP y IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR coincidimos plenamente en la necesidad de desplegar un intenso y ascendente esfuerzo de opinión y movilización en favor de la paz en Colombia, poniendo nosotros énfasis aquí; lo que se ha tornado más necesario y urgente en vista de que el gobierno de ese país, cada vez más a la defensiva en el debate y presionado por la facción guerrerista del régimen y sus padrinos imperialistas, presenta ominosas señales de obstrucción e inclinación a una eventual interrupción de los diálogos de paz.
Las FARC-EP están procurando, con éxitos iniciales, que la sociedad colombiana y mundial se apodere de esos diálogos y sus contenidos, y contribuya con su sabiduría y solidaridad a salvar los diálogos amenazados, a garantizar su desarrollo exitoso y a los mejores acuerdos; lo que la contraparte de derecha y extrema derecha, por el contrario, se empeña en impedir y criminalizar en busca de resultados chuecos o mediocres, e incluso apostando a su fracaso desde su facción guerrerista y ultraderechista.
Como MOVIMIENTO CAAMAÑISTA-MC y como IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, desde nuestra actitud de solidaridad sin límites para con el pueblo colombiano, nos comprometimos a impulsar con tesón en nuestro país y nuestra América la iniciativa por una paz digna en Colombia, que implique procesos de creación de democracia, recuperación de soberanía y conquista de justicia social refrendado por una nueva Constituyente.
Más aun. Durante nuestra estancia en la Habana se realizó una trascendente reunión entre las FARC-EP y una delegación de la Presidencia Colectiva del Movimiento Continental Bolivariano-MC, que quien suscribe coordina, en la que se acordó asumir a escala continental y mundial esa línea de movilización por la paz en Colombia; plasmada en una declaración conjunta que daremos a conocer en los próximos días.
Abrazados a los ideales de Bolívar y Manuela Sáez, de Duarte, Caamaño y las Hermanas Mirabal, coincidimos en continuar en pie de lucha, comunicados, hermanados/as en el proyecto de Patria Grande Liberada y Socialismo, exhortando vehementemente a nuestro pueblo a movilizarse en solidaridad con el pueblo colombiano y su aspiración a una paz justa.
Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV/Movimiento Caamañista-MC/Movimiento Popular Dominicano-MPD/Fuerza Popular Duartiano-FPD/Movimiento Restaurador Socialista-MRS/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR).
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Carlos Féliz Cuello, Juan Pablo, Cristian Polanco, Clemente Terrero, Felipe Lora, Manuel Linares, Kirsy Mota, Papito Jiménez, Rafael Jiménez, Milciades Geraldo.
Narciso Isa Conde/ Delegado
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!