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Díaz Rúa: fiscales sacaron a Gonzalo del caso Odebrecht

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El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se considera inocente

Santo Domingo, RD.-En la continuación ayer del juicio que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a los acusados de los sobornos que admitió pagar Odebrecht en la República Dominicana, el imputado Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, dijo que el ministerio público sacó del expediente,  a propósito,  al ex ministro de esa entidad y ex candidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo.

En sus declaraciones ante las juezas, de más de dos horas, Díaz Rúa señaló que el ministerio público lo acusa de sobornos por  4 adendas que firmó en la construcción de la autovía El Coral, en el Este, pero deploró que a Gonzalo Castillo lo hayan dejado fuera, pese a que firmó la quinta adenda, por 24 millones de dólares  y por lo cual a Odebrecht le pagaron 105 millones de dólares.

“El Ministerio Público, que además de mentiroso en esta obra de tergiversar todo,  es ciego, ¿por què es ciego?, porque no fueron cuatro adendums, fueron cinco, pero el quinto a ellos no les interesó, porque el quinto lo firmó Gonzalo Castillo, aquí está firmado el quinto adendum por Gonzalo Castillo”, señaló Díaz Rua. Aseguro que las adendas que él firmó son legales y están totalmente justificadas.

Dijo desconocer para qué fue la última adición  a la obra, debido a que estaba inaugurada.

“Lo firmó otra persona y el Ministerio Público adrede lo sacó, pero lo peor de todo es que con este adendum cinco por 24 millones (de dólares) se le pagaron 105 millones de dólares a Odebtecht, aquí están los estados de cuentas que pedimos por la ley de transparencia”, aseguró.

Explicó que con las adendas que firmó  se hicieron distribuidores de tráficos nuevos, se adecuó la carretera a las nuevas leyes de medioambiente y se la estructura a las nuevas normas sísmica.

Expuso que se decidió incluir en la carretera de El Coral la circunvalación de La Romana, por valor de 77 millones dólares,  lo cual puntualizó  correspondía a menos del 25 por ciento del valor de la obra.

“El adendum dos, como la carretera se había tardado demasiado y eran a dos carriles, se determinó con un estudio de tráfico, que era perder el dinero, hacerla de dos carriles y se decidió duplicar la carretera, hacerla de cuatro carriles, pero no duplicando el valor, sino simplemente iba a costar 88 millones de dólares, no 200 y pico de millones, porque ya habían muchas obras que están comunes”, resaltó

“Culpables favoritos”

Díaz Rúa  declaró, además,  que en el pasado gobierno de Danilo Medina se hizo un plan para buscar a «culpables favoritos».

Expresó  que cuando surgió el escándalo en Brasil por los sobornos que admitió otorgar  la empresa, creó muchos problemas en la República Dominicana, por lo que el gobierno decidió en una reunión de emergencia que había que darle la cara al problema sin ellos salir lesionados.

«Había que buscar unos culpables favoritos, e inclusive se hizo un plan de que se buscara a un grupo de gente para luego sacarlos y dejar solamente a los que ellos les interesaban, cómo efectivamente lo hicieron», afirmó.

Sostuvo que durante los 8 años que se desempeñó como funcionario público tanto en INAPA como en Obras, fue el más valorado, pero que cuando salió del gobierno «se desataron los demonios» y cayó envuelto en la lucha política, que cree es la razón de su inclusión  en el expediente Odebrecht.

Al responder las acusaciones en su contra que presentó el ministerio público, consideró que el expediente está muy sesgado, lleno de imprecisiones, de errores e incoherencias. Sostuvo que va a quedar marcado en la sociedad dominicana porque tiene ya un símbolo arriba.

Dijo que no solo trabajó con la empresa Odebrecht, sino también con otras de origen inglesa, italiana, israelita e italiana. Expresó que en su gestión en Obras Públicas terminaron 4,065 obras, y que solo 6 fueron construidas por Odebrecht.

También se mostró sorprendido  de que en el expediente tampoco se haya incluido la central hidroeléctrica Punta Catalina, ejecutada en el pasado gobierno de Medina y otras más.

Se refirió a la ex  jueza presidenta de la Cámara Penal, y actual procuradora Miriam Germán Brito, la que cree fue humillada y ultrajada por el ex procurador Jean Alain. Rodríguez porque dijo que el expediente no servía y no tenía pruebas o porque era su amiga. Señaló que paradójicamente, ahora esa jueza es la procuradora general.

Defiende inocencia

Díaz Rúa rechazó los cargos que le imputa el ministerio público y afirmó que la acusación no tiene mérito para haber salido a la luz pública.

“En estos 4 que hemos s podido demostrar a todo el mundo que somos inocentes”, enfatizó.

Sostuvo que en todo ese tiempo ha recibido comentarios de jueces y exjueces que, según manifestó, han dicho que el expediente no tiene futuro.

Dijo que solo quiere que se apliquen la ley, a la vez que depositó su confianza en las tres juezas que componen el tribunal.

“Yo estoy confiado en este tribunal. Yo confío en ustedes. Estamos disponibles a no sustraernos de la justicia, pero  justicia es que queremos”, clamó en la conclusión de su intervención.

Al igual que el empresario Ángel Rondón, primer  imputado que declaró en el juicio,  Díaz Rúa no se sometió a interrogatorio del Ministerio Público.

listindiario.com

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.

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Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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