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Díaz Rúa: fiscales sacaron a Gonzalo del caso Odebrecht

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El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se considera inocente

Santo Domingo, RD.-En la continuación ayer del juicio que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a los acusados de los sobornos que admitió pagar Odebrecht en la República Dominicana, el imputado Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, dijo que el ministerio público sacó del expediente,  a propósito,  al ex ministro de esa entidad y ex candidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo.

En sus declaraciones ante las juezas, de más de dos horas, Díaz Rúa señaló que el ministerio público lo acusa de sobornos por  4 adendas que firmó en la construcción de la autovía El Coral, en el Este, pero deploró que a Gonzalo Castillo lo hayan dejado fuera, pese a que firmó la quinta adenda, por 24 millones de dólares  y por lo cual a Odebrecht le pagaron 105 millones de dólares.

“El Ministerio Público, que además de mentiroso en esta obra de tergiversar todo,  es ciego, ¿por què es ciego?, porque no fueron cuatro adendums, fueron cinco, pero el quinto a ellos no les interesó, porque el quinto lo firmó Gonzalo Castillo, aquí está firmado el quinto adendum por Gonzalo Castillo”, señaló Díaz Rua. Aseguro que las adendas que él firmó son legales y están totalmente justificadas.

Dijo desconocer para qué fue la última adición  a la obra, debido a que estaba inaugurada.

“Lo firmó otra persona y el Ministerio Público adrede lo sacó, pero lo peor de todo es que con este adendum cinco por 24 millones (de dólares) se le pagaron 105 millones de dólares a Odebtecht, aquí están los estados de cuentas que pedimos por la ley de transparencia”, aseguró.

Explicó que con las adendas que firmó  se hicieron distribuidores de tráficos nuevos, se adecuó la carretera a las nuevas leyes de medioambiente y se la estructura a las nuevas normas sísmica.

Expuso que se decidió incluir en la carretera de El Coral la circunvalación de La Romana, por valor de 77 millones dólares,  lo cual puntualizó  correspondía a menos del 25 por ciento del valor de la obra.

“El adendum dos, como la carretera se había tardado demasiado y eran a dos carriles, se determinó con un estudio de tráfico, que era perder el dinero, hacerla de dos carriles y se decidió duplicar la carretera, hacerla de cuatro carriles, pero no duplicando el valor, sino simplemente iba a costar 88 millones de dólares, no 200 y pico de millones, porque ya habían muchas obras que están comunes”, resaltó

“Culpables favoritos”

Díaz Rúa  declaró, además,  que en el pasado gobierno de Danilo Medina se hizo un plan para buscar a «culpables favoritos».

Expresó  que cuando surgió el escándalo en Brasil por los sobornos que admitió otorgar  la empresa, creó muchos problemas en la República Dominicana, por lo que el gobierno decidió en una reunión de emergencia que había que darle la cara al problema sin ellos salir lesionados.

«Había que buscar unos culpables favoritos, e inclusive se hizo un plan de que se buscara a un grupo de gente para luego sacarlos y dejar solamente a los que ellos les interesaban, cómo efectivamente lo hicieron», afirmó.

Sostuvo que durante los 8 años que se desempeñó como funcionario público tanto en INAPA como en Obras, fue el más valorado, pero que cuando salió del gobierno «se desataron los demonios» y cayó envuelto en la lucha política, que cree es la razón de su inclusión  en el expediente Odebrecht.

Al responder las acusaciones en su contra que presentó el ministerio público, consideró que el expediente está muy sesgado, lleno de imprecisiones, de errores e incoherencias. Sostuvo que va a quedar marcado en la sociedad dominicana porque tiene ya un símbolo arriba.

Dijo que no solo trabajó con la empresa Odebrecht, sino también con otras de origen inglesa, italiana, israelita e italiana. Expresó que en su gestión en Obras Públicas terminaron 4,065 obras, y que solo 6 fueron construidas por Odebrecht.

También se mostró sorprendido  de que en el expediente tampoco se haya incluido la central hidroeléctrica Punta Catalina, ejecutada en el pasado gobierno de Medina y otras más.

Se refirió a la ex  jueza presidenta de la Cámara Penal, y actual procuradora Miriam Germán Brito, la que cree fue humillada y ultrajada por el ex procurador Jean Alain. Rodríguez porque dijo que el expediente no servía y no tenía pruebas o porque era su amiga. Señaló que paradójicamente, ahora esa jueza es la procuradora general.

Defiende inocencia

Díaz Rúa rechazó los cargos que le imputa el ministerio público y afirmó que la acusación no tiene mérito para haber salido a la luz pública.

“En estos 4 que hemos s podido demostrar a todo el mundo que somos inocentes”, enfatizó.

Sostuvo que en todo ese tiempo ha recibido comentarios de jueces y exjueces que, según manifestó, han dicho que el expediente no tiene futuro.

Dijo que solo quiere que se apliquen la ley, a la vez que depositó su confianza en las tres juezas que componen el tribunal.

“Yo estoy confiado en este tribunal. Yo confío en ustedes. Estamos disponibles a no sustraernos de la justicia, pero  justicia es que queremos”, clamó en la conclusión de su intervención.

Al igual que el empresario Ángel Rondón, primer  imputado que declaró en el juicio,  Díaz Rúa no se sometió a interrogatorio del Ministerio Público.

listindiario.com

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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