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Dicen violan Ley de Declaración Jurada
Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO
SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) opinó este martes que con las declaraciones juradas de bienes muchos funcionarios declaran el patrimonio que aspiran a obtener y otros menos de lo que poseen.
Indicó que en el primer caso cuando salen del cargo pueden justificar los bienes que consiguieron producto de la comisión de actos de corrupción y en el segundo no lo revelan porque estarían poniendo en evidencia su riqueza, en vista de que su única actividad productiva ha sido la de funcionario público.
La entidad anticorrupción pidió al Congreso la urgente aprobación del proyecto de Ley Sobre la Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, promovido por los senadores Charlie Marioti y Julio Cesar Valentín.
A su juicio, este es un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción en el país, porque permitirá que las declaraciones de los funcionarios al iniciar una gestión pueda ser verificada si se corresponde con lo que declararon.
Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, dijo que eso no ocurre concon la ley actual, la cual es violada porque contempla sanciones de tipo civil, penal y administrativa.
El proyecto de ley que ha sido aprobado en dos ocasiones por el Senado, pero ha perimido en la Cámara de Diputados, establece en su artículo tres que los funcionarios están obligados a declarar dentro de los 30 días siguientes a su designación o elección. Deben presentar un inventario certificado por un contador público autorizado y jurado ante notario público, de los bienes que constituyen su patrimonio y el de su cónyuge o compañero permanente, si lo tuviere.
Ministros RD en su mayoría son ricos
Hasta el momento faltan las declaraciones juradas de los ex funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, incluyendo al ex presidente y al ex vicepresidente Rafael Alburquerque
Con raras excepciones, los ministros del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tanto los que provienen de la administración de Leonel Fernández como los que comenzaron en la gestión de Danilo Medina, son multimillonarios.
Según las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, que por ley deben entregar al jurar el cargo y al salir, los principales funcionarios cuentan con patrimonios tan elevados que casi rondan los 200 millones de pesos, aunque por lo menos uno todavía no alcanza el millón de pesos.
eg/am
Los datos se encuentran en las declaraciones juradas de bienes, puestas a disposición del público por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), que dirige Laura Guerrero Pelletier, adscrita a la Procuraduría General de la República.
Según los documentos, el más rico es el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, con una fortuna de RD$189 millones 730,026.
Le siguen el joven ministro de Industria y Comercio, José Manuel Castillo Saviñón, con RD$166 millones 744,302.54.
El tercer lugar está el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, con RD$140,336,826.
En cuarto lugar sigue el ministro de Turismo, Francisco Javier García, que declaró una fortuna personal de RD$94 millones 658,128.26.
almomento.net
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.