Opinión
Dictadura por contrato: cómo amedrentar la protesta y rematar lo público
Por Isaías Ramos
No es alarma: es diagnóstico; un andamiaje penal y contractual busca apagar las calles y rematar lo público. No es un tropiezo del sistema: es su método, frío, manipulador y amoral.
El quiebre legal no se anuncia en ruedas de prensa: se esconde en los artículos del nuevo Código Penal. El bloque arts. 192, 207–210, 310 y 384 transforma la crítica en sospecha, la denuncia en delito y las libertades públicas en amenaza. Cuando la ley etiqueta como “cualquier violencia colectiva” un abanico elástico de conductas, lo que se tipifica no es el crimen: es la resistencia cívica. La mordaza no se pone con cinta: se regula con párrafos. La democracia no se pierde de un portazo; se va por goteo. Es, en los hechos, un quiebre constitucional.
El día de la entrada en vigor será también el del relato de “decisiones drásticas” como coartada para justificar el aumento de tarifas y el traspaso de control al sector privado como solución técnica. Se repiten cifras de pérdidas sin auditorías técnicas, públicas e independientes que las certifiquen. Aun así, se pretende que el pueblo pague pérdidas sin pruebas y contratos sin auditoría. La ecuación es clara: sube la factura, sube la indignación, se violentan —o desaparecen— derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y se instala un terror legal sobre las libertades públicas. Gobernar con terror punitivo no es gobernar, pero a quien quiere rematar lo público le resulta útil.
Ese quiebre abre paso a la otra cara del proyecto: la ingeniería del atraco legal. Fideicomisos públicos, concesiones y APP se venden como modernización, pero operan como cajas aparte donde el patrimonio común termina convertido en activos expropiados a favor de privados: se apalanca deuda con garantía social, se traslada el control real y, llegado el punto, se racionaliza el traspaso blindado. Cambian los nombres, no la ecuación: riesgo socializado, renta garantizada.
El caso de las EDE ilustra —solo ilustra— el mecanismo general. Se invoca un déficit sin auditorías públicas que lo certifiquen; se ocultan costos en una caja negra; la factura sube mientras se prepara el traspaso de control al privado como “solución técnica”. Las sombras no vienen de la noche: vienen del papel. El insulto añadido es señalar al ciudadano como ladrón de luz mientras el sistema oculta sus propias pérdidas contables. La sombra está en los papeles, no en los postes.
Lo que asoma en el horizonte no necesita proclamas. Nadie se sorprenderá si, en el trienio que le queda a esta partidocracia, se encadenan privatizaciones (con las EDE como ejemplo), endeudamiento acelerado y despojo de riqueza pública a velocidad de decreto: el cierre de un ciclo de treinta años que busca reciclarse instalando una dictadura pura y dura, sin clientelas y con control. Tres décadas que las futuras generaciones podrían recordar como las más funestas si hoy miramos a un lado.
La pinza tributaria completa la estructura de control. La facturación electrónica sería útil con equidad, simplicidad y debido proceso; sin eso, sus garras convierten un error de una pyme en amenaza y un descuido en expediente penal. Llevada al extremo, la hiperexigencia termina pidiendo identificación hasta para comprar agua. Eso no formaliza: oprime. Sin confianza, la formalidad se vuelve amenaza.
Del clientelismo a la opresión no hay salto ético: hay cambio de instrumento. Se anuncia la muerte de la dádiva, pero avanza la autocracia corporativa: más garrote para el pueblo, más blindaje para la cúpula; política secuestrada, contratos blindados, activos públicos expropiados, terror disuasorio. Y en los extremos que se tocan, el resultado converge: el comunismo expropia lo privado y el neoliberalismo extractivo expropia lo público; uno centraliza por decreto, el otro por concesión; en ambos, la cúpula vive en opulencia y el pueblo queda en la indefensión. Si el pueblo no despierta a tiempo, el yugo se hará más pesado, la opresión más cruda y la miseria más honda, sin vuelta atrás.
Lo que consagra la Constitución es justo lo que pretenden criminalizar y tipificar como delito: los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; el control ciudadano de los actos del poder; la prensa que interpela y el juez que controla. Esos derechos están consagrados en nuestra Constitución: no son concesión del poder, son derechos del pueblo. Un Estado Social y Democrático de Derecho no teme la voz disidente: la reconoce como freno de emergencia del poder. No asfixia a quienes trabajan y producen; los acompaña para que cumplan. No esconde los números: los abre. Apagar la alarma es encender el incendio, porque donde no hay justicia, tampoco puede haber paz.
En el Frente Cívico y Social nuestra propuesta indeclinable es simple y verificable: hacer valer lo que ya consagra la Constitución mediante garantías efectivas y exigibles de los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; paralizar de inmediato cualquier intento de despojo de lo público; auditar de forma pública el sistema eléctrico y todos los contratos y estructuras (APP, fideicomisos, concesiones), con beneficiarios finales a la vista. Tras esas auditorías, se revisará y, cuando la ley lo establezca, se corregirán o revertirán los actos que hayan implicado enajenación del patrimonio común, priorizando el resarcimiento al Estado y la determinación de responsabilidades por las vías administrativas, civiles o penales que correspondan, con pleno respeto al debido proceso. Además, se decretará una moratoria al endeudamiento que no genere valor público. Y seamos claros: mientras gobierne esta partidocracia, nada de esto se hará realidad; su fuerza descansa en la opacidad y el terror legal. En el FCS damos por hecho que la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho es innegociable y que solo candidaturas independientes, libres de ataduras, podrán convertir ese mandato en realidad.
Esta partidocracia ya no viene por tus votos; viene por tus libertades y por el patrimonio de todos. No escuchan al pueblo; convierten sus derechos en delito. Con la Constitución por bandera y la verdad por escudo, ¡vamos, pueblo! ¡Despierta, RD!
Por Isaías Ramos
Cada 26 de enero la República Dominicana pronuncia un nombre que no admite trivialidades: Juan Pablo Duarte. Esta fecha no debe servir solo para recordar; debe servir para medirnos.
Duarte no nos dejó una patria para contemplarla desde la nostalgia, sino una República para sostenerla con carácter. Y lo dijo sin ambigüedades: “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor”. Esa frase no pertenece al pasado; es una interpelación directa al presente.
La liberación que hoy necesitamos no es romántica ni cinematográfica. No es violenta ni ideológica. Es cívica, moral e institucional.
Tiene un propósito concreto: hacer posible el Proyecto de Nación del Estado Social y Democrático de Derecho que nuestra Constitución proclama, pero que aún no logra encarnarse en la vida diaria del país.
Hablar de liberación no es hablar de ruptura; es hablar de rescate. Rescatar la ley como límite real, la justicia como medida efectiva y la virtud pública como norte compartido.
No se construye un proyecto de nación sobre un pueblo resignado. Cuando la ciudadanía se acostumbra a no esperar nada, el problema deja de ser electoral y pasa a ser moral.
Se rompe entonces el vínculo invisible que sostiene toda república: la convicción de que la verdad importa, de que la ley obliga y de que el bien común está por encima del interés del grupo. Sin esa convicción, cualquier “nueva etapa” se vuelve maquillaje: comunicación sin explicación, narrativa sin responsabilidad, poder sin rendición de cuentas.
Por eso, antes de hablar de reformas, programas o candidaturas, debemos atrevernos a responder una pregunta incómoda pero ineludible: ¿de qué —y de quién— debemos liberarnos? No para alimentar odios ni competir por etiquetas, sino para comprender la raíz del problema.
La liberación verdadera comienza cuando entendemos que el principal obstáculo no es una persona, sino un sistema de incentivos que premia el abuso, protege la impunidad y castiga la virtud. Personalizar el problema entretiene; comprenderlo libera.
Debemos liberarnos, primero, de un modelo que ha deformado la idea misma de ciudadanía. Un país no se sostiene solo con obras visibles; se sostiene con carácter colectivo.
La educación y la cultura deberían formar ciudadanos con respeto a la libertad, amor por la patria y responsabilidad ante Dios y ante la historia. Cuando el Estado abdica de esa misión y normaliza el dinero fácil, el vicio y la banalización de la dignidad humana, la sociedad se vuelve más vulnerable a la captura y a la desesperanza. Un pueblo sin brújula moral no pierde el rumbo de golpe: se acostumbra a caminar sin él.
Debemos liberarnos también de la privatización del Estado como botín. Cuando el poder se administra como propiedad y no como mandato temporal, se firman contratos opacos, se desmontan instituciones, se entregan recursos estratégicos sin visión nacional y se gobierna para socios, no para ciudadanos.
En ese contexto, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en método; la impunidad deja de ser anomalía y se vuelve garantía. Ninguna República puede sostenerse cuando el presupuesto se percibe como botín y la ley se aplica según conveniencia.
Debemos liberarnos de la lógica del endeudamiento sin transformación y del abandono de lo esencial. Endeudarse no es un pecado en sí mismo; lo destructivo es endeudarse sin resolver lo básico: educación de calidad, salud digna, seguridad ciudadana, servicios esenciales y empleo decente.
Cada deuda que no se traduce en bienestar es una factura moral que se le pasa a nuestros hijos. Y cuando los servicios siguen precarios y la inseguridad se normaliza, el ciudadano entiende que se le exige paciencia, pero no se le entregan resultados.
Debemos liberarnos, además, del desprecio al mandato constitucional y de la manipulación de nuestra identidad. Defender la identidad nacional no es odiar a nadie. Es exigir que el Estado cumpla su deber: aplicar la ley con justicia, sin discriminación, proteger la convivencia y garantizar derechos sin sacrificar soberanía ni dignidad.
Como advirtió Duarte: “Todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y ésta por la justicia”. Ese principio no es una cita ceremonial: es la columna vertebral del Estado Social y Democrático de Derecho.
La pregunta decisiva, entonces, no es si debemos liberarnos, sino cómo hacerlo sin caer en el odio, el caos o el caudillismo. La respuesta exige madurez histórica y una secuencia clara: verdad, para nombrar la captura sin maquillajes ni excusas; conciencia, para entender que la resignación no es prudencia, es rendición; organización cívica, para convertir la indignación en criterio y el criterio en disciplina colectiva; y proyecto, para asumir el Estado Social y Democrático de Derecho como norte compartido, no como decoración constitucional.
La liberación sin proyecto se convierte en rabia. El proyecto sin liberación se queda en papel. Por eso, la tarea de esta hora histórica es doble: despertar la conciencia colectiva y, sobre esa base, construir un Proyecto de Nación que haga realidad la Constitución en la vida diaria.
En esa dirección, el Foro y Frente Cívico y Social continuará trabajando en todo el territorio nacional para elevar el estándar del debate público, formar ciudadanía y articular voluntades alrededor de principios verificables: verdad, legalidad, transparencia, mérito, justicia y responsabilidad.
En el natalicio de Duarte conviene recordar otra de sus exigencias, sencilla y decisiva: “Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”. Si asumimos esa obligación, la liberación deja de ser consigna y se convierte en tarea histórica compartida.
Despierta, RD!
No para odiar.
Para asumir.
Por Rommel Santos Diaz
La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversia o recomendará otros medios de solución, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de esta.
En virtud de lo anterior, es posible afirmar que existe un vínculo normativo según lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 119. Según esto, solo las controversias que no estén relacionadas a las funciones judiciales de la Corte podrían ser dirimidas por la Corte Internacional de Justicia.
Este tribunal actuará sólo en caso que dicha controversia haya sido remitida a su jurisdicción como resultado de una recomendación de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional. Solo en ese caso la Corte Internacional de Justicia podría conocer y resolver una controversia relativa a la interpretación o aplicación del Estatuto.
Esta disposición concuerda con lo dispuesto en el Artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que extiende su competencia a todos los asuntos previstos en los tratados vigentes como es el caso del Estatuto de Roma.
Conviene subrayar que no se trata de una relación de superposición de un tribunal en relación al otro, sino más bien de una relación de coordinación entre los distintos tribunales internacionales.
Sin embargo, si bien la relación en el ámbito normativo entre ambos tribunales tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica, en el ámbito jurisprudencial el funcionamiento de ambos tribunales puede concluir en posiciones disímiles. En este punto cabe precisar que la Corte Internacional de Justicia, sin ser un tribunal de derechos humanos, ha abordado en su jurisprudencia distintos temas relevantes para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Por Oscar López Reyes
Décadas atrás, los homosexuales se regodeaban a escondidas, y ahora se exceden en su lucimiento en la descubierta y una nueva generación ha optado por incursionar en los mass-media. Una porción de ellos se encopetan en el tobogán televisivo, mimados en la piltrafa lingüística del chisme y la intriga quebradiza de la privacidad, en tanto que un número apreciable estudia en las escuelas de comunicación social.
El programa de esa estirpe podemos denominarlo El Trineo no apto para niños ni adolescentes, por el uso y abuso del discurso carnal en la tiniebla de la ironía, el humor y la tropelía a la intimidad y honor en la tele y las caricaturas sobre la diversidad erótica y el cambio de sexo biológico en la serie de ciencia ficción difundida por Nefflix.
Ese bamboleo de imagen y sonido retrotrae a los viejos bares cabareteros sin decoraciones, mesas y sillas cojas y arqueadas, en continuo empinar de copas de ron y cerveza baratos en pasavasos chatos, letreros con faltas ortográficas, olores penetrantes y música de doble sentido, trenzada por anfitrionas que pronuncian palabras sucias subidas de tono.
Los espectáculos que escenifican los gais en la vida cotidiana son llevados a la televisión, donde solo producen programas de cocina, farándula, moda y estilismo, pero jamás educativos ni científicos. En vez del aprovechamiento didáctico y de fomentar el pensamiento crítico, se inflan pletórico en pequeñas bolsas hinchadas de morbo e injurias.
¿Son estas apreciaciones un gazapo? Los espacios audiovisuales ejercen una influencia muy poderosa en el desarrollo cognitivo, emocional y social de niños y adolescentes (formación de carácter), que suelen imitar -parcial o totalmente- los mensajes orales, la voz, los gestos, los comportamientos y valores transmitidos por ciertos personajes, que se convierten en sus referentes y modelos.
Habitualmente, perjudican la evolución del lenguaje de los receptores, su concentración, rendimiento académico y capacidad para diferenciar entre materialidad y fábula. En su núcleo central, pueden ser tanto rentables (de un lado) en la eficacia y adversativos en la nocividad (del otro) en las conductas de riesgos, como el sexo, las drogas y la violencia.
No por casualidad, los gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otras orientaciones de la comunidad LGBTIQ+ han decidido trotar en los medios de comunicación, para enfocarse en un mercado cautivo del círculo del espectáculo, en virtud de que a través de esta almohadilla alcanzan objetivos específicos, en el lomo de una sociedad propensa a la recreación, la fama, el dinero y las loas.
Vanidosos y presumidos intocables, audaces en el arrebato de su nerviosidad y narcisistas obsesivos por la belleza, la fantasía, la acequia y las galas despampanantes, como dicta su estructura cerebral, presagiamos que en los próximos años disminuirá la presencia de hombres especialmente en la teledifusión o “caja tonta” que, conforme con el libro La Información en Televisión. Obsesión Mercantil y Política (autoría de Mariano Cebrián Herreros, profesor de la Universidad Complutense de Madrid), “las presiones comerciales convirtieron la noticia en un espectáculo para entretener”, y en una “espectacularización para captar audiencias”.
Más de 100 homosexuales están insertos actualmente en programas de farándula y modas de la República Dominicana, y otra cantidad similar estudia comunicación social en universidades (son tratados con respeto e igualdad por profesores y alumnos), que se empotra como una de sus carreras predilectas. La matrícula de mujeres en esas unidades académicas escala más de un 80% de los alumnos.
¿Es dable aceptarlos como guías sociales, orientadores de ciudadanos o, simplemente, para musitar o duchar en el entretenimiento?
No, a los gais pervertidos en la madriguera de la obscenidad y la difamación, que difieren –en cierto contexto y perspectiva- de icónicos filósofos y pensadores, geofísicos y astronautas, inventores y descubridores, neurocientíficos y psiquiatras, matemáticos y músicos, historiadores y antropólogos, literatos y humanistas de la comunidad LGBTIQ+, que transmitieron un legado intangible de vida útil para futuras generaciones.
Pasemos a justificar la postura crítica a gais desaforados, cimentados en dos instituciones que son ejemplos de disciplina: las Fuerzas Armadas y la Iglesia.
Las Fuerzas Armadas de diferentes litorales separan de sus filas a los soldados que son atraídos por el mismo sexo.
¿Es correcto …? Sí, por estas tres razones:
1.- Cuando integrantes de un cuerpo armado se enteran de que un compañero o superior es un desviado sexual, comúnmente se le pierde el respeto.
2.- Un uniformado policíaco o militar puede enamorarse de un subalterno y, por tanto, se quiebran la disciplina y la autoridad. O se debilita el frente de guerra.
3.- Una gran parte de estas personas rinde culto a la promiscuidad, lo que entraña un riesgo físico, mental, emocional y social.
¿Prejuicio? o ¿discriminación?
El homosexualismo no camina por los predios de la normalidad, sea una condición o una patología. Las investigaciones científicas no concuerdan sobre un origen único, y lo atribuyen a componentes biológicos, hormonales, ambientales y epigenéticos. Respecto a esta última marca, que acumula el mayor porcentaje de aceptabilidad de maestros, que señalan que no se borran correctamente los andrógenos que protegen el feto de la madre, y que ese cambio sin alteración del ADN incide en la masculinidad o feminización, igual que los niveles de testosteronas durante la gestión y el desarrollo del cerebro.
Según otros estudiosos de este fenómeno, no es generada por “un gen gay”, por factores hereditarios, alteraciones hormonales ni por otros de orden biológico. La ubican en la esfera psicológica o emotiva, específicamente en los hábitos neuroinfantiles.
El ex director del Instituto para la Sanación Marital (Filadelfia, Estados Unidos) y experto en tratamiento a sacerdotes que han cometido abusos sexuales, el psiquiatra Richard Fitzgibbons (1958-2024), sitúa los orígenes de la homosexualidad en la envoltura, durante la infancia y la adolescencia, de la soledad y la tristeza, en los profundos sentimientos de ser inadecuado, en la falta de autoaceptación, la desconfianza y el miedo, el narcisismo, los intentos de evadir un excesivo sentido de responsabilidad, los traumas en la infancia y los enfados excesivos.
En tanto que otros especialistas en la materia buscan la causa en los complejos de inferioridad, la falta de madurez o ruptura familiar, y definen a los gais como obsesivos, ansiosos, compulsivos y depresivos, no obstante “aparentar jovialidad y alegría”. Y afirman que esta patología se cura.
¿Debemos aceptarlos como guías y como orientadores…?
Siempre hemos enfatizado y reiterado que la televisión es un lenguaje imitativo, condicionante y moldeable. Los telespectadores reproducen, como aprendizaje deducido o mimético, los códigos conductuales empaquetados en los mensajes: cantan los trozos musicales más pegajosos, relatan las escenas más intensas y animadas, y emulan o copian los gestos de figuras-prototipos de los espacios televisivos.
¿Y la prevención?
En una sociedad fundada en principios humano-sociales acendrados y con medios de comunicación autorregulados en la decencia y el pudor, un segmento de los gais se empaca en una relajada nocividad encubierta. En colectividades permisivas, como la dominicana, apenas podemos aspirar a que sus programas sean difundidos en horarios no aptos para menores. En México la clasificación de los contenidos engloba cinco tramos: 1) AA (para todo público e infantiles), 2) A (para todo público, con violencia de fantasía y comedia), 3) B (para mayores de 12 años, con violencia moderada), 4) B-15 (para mayores de 15 años con supervisión), y 5) C y D (para adultos).
En torno al impacto de la televisión y la violencia en niños y adolescentes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la Academia Americana de Psiquiatría de la Niñez y Adolescencia enjuician que los padres pueden protegerlos del exceso en la televisión y prevenir sus efectos dañinos, como el estereotipo racial o sexual; establecer controles y límites en el tiempo frente a los programas que ven, apagarla cuando aparecen escenas ofensivas y propiciar que jueguen con amigos, la interacción familiar en un diálogo abierto y receptivo, el estudio y la lectura.
Los niños, adolescentes y la familia urgen ser protegidos en este ciclo de suspensión anímica, casi paranormal, que luce un lance postrero. Esa trilogía aulla por la innovación espiritual y la docilidad en la decencia, que puede ser impuesta por las entidades profesionales de la comunicación y los propietarios de medios, corresponsables de que estos no sean templos de conversión para caminar hacia la información, la educación y la sanidad protectoras.
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El autor: expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
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25 de enero de 2026.