Opinión
Dictadura por contrato: cómo amedrentar la protesta y rematar lo público
Por Isaías Ramos
No es alarma: es diagnóstico; un andamiaje penal y contractual busca apagar las calles y rematar lo público. No es un tropiezo del sistema: es su método, frío, manipulador y amoral.
El quiebre legal no se anuncia en ruedas de prensa: se esconde en los artículos del nuevo Código Penal. El bloque arts. 192, 207–210, 310 y 384 transforma la crítica en sospecha, la denuncia en delito y las libertades públicas en amenaza. Cuando la ley etiqueta como “cualquier violencia colectiva” un abanico elástico de conductas, lo que se tipifica no es el crimen: es la resistencia cívica. La mordaza no se pone con cinta: se regula con párrafos. La democracia no se pierde de un portazo; se va por goteo. Es, en los hechos, un quiebre constitucional.
El día de la entrada en vigor será también el del relato de “decisiones drásticas” como coartada para justificar el aumento de tarifas y el traspaso de control al sector privado como solución técnica. Se repiten cifras de pérdidas sin auditorías técnicas, públicas e independientes que las certifiquen. Aun así, se pretende que el pueblo pague pérdidas sin pruebas y contratos sin auditoría. La ecuación es clara: sube la factura, sube la indignación, se violentan —o desaparecen— derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y se instala un terror legal sobre las libertades públicas. Gobernar con terror punitivo no es gobernar, pero a quien quiere rematar lo público le resulta útil.
Ese quiebre abre paso a la otra cara del proyecto: la ingeniería del atraco legal. Fideicomisos públicos, concesiones y APP se venden como modernización, pero operan como cajas aparte donde el patrimonio común termina convertido en activos expropiados a favor de privados: se apalanca deuda con garantía social, se traslada el control real y, llegado el punto, se racionaliza el traspaso blindado. Cambian los nombres, no la ecuación: riesgo socializado, renta garantizada.
El caso de las EDE ilustra —solo ilustra— el mecanismo general. Se invoca un déficit sin auditorías públicas que lo certifiquen; se ocultan costos en una caja negra; la factura sube mientras se prepara el traspaso de control al privado como “solución técnica”. Las sombras no vienen de la noche: vienen del papel. El insulto añadido es señalar al ciudadano como ladrón de luz mientras el sistema oculta sus propias pérdidas contables. La sombra está en los papeles, no en los postes.
Lo que asoma en el horizonte no necesita proclamas. Nadie se sorprenderá si, en el trienio que le queda a esta partidocracia, se encadenan privatizaciones (con las EDE como ejemplo), endeudamiento acelerado y despojo de riqueza pública a velocidad de decreto: el cierre de un ciclo de treinta años que busca reciclarse instalando una dictadura pura y dura, sin clientelas y con control. Tres décadas que las futuras generaciones podrían recordar como las más funestas si hoy miramos a un lado.
La pinza tributaria completa la estructura de control. La facturación electrónica sería útil con equidad, simplicidad y debido proceso; sin eso, sus garras convierten un error de una pyme en amenaza y un descuido en expediente penal. Llevada al extremo, la hiperexigencia termina pidiendo identificación hasta para comprar agua. Eso no formaliza: oprime. Sin confianza, la formalidad se vuelve amenaza.
Del clientelismo a la opresión no hay salto ético: hay cambio de instrumento. Se anuncia la muerte de la dádiva, pero avanza la autocracia corporativa: más garrote para el pueblo, más blindaje para la cúpula; política secuestrada, contratos blindados, activos públicos expropiados, terror disuasorio. Y en los extremos que se tocan, el resultado converge: el comunismo expropia lo privado y el neoliberalismo extractivo expropia lo público; uno centraliza por decreto, el otro por concesión; en ambos, la cúpula vive en opulencia y el pueblo queda en la indefensión. Si el pueblo no despierta a tiempo, el yugo se hará más pesado, la opresión más cruda y la miseria más honda, sin vuelta atrás.
Lo que consagra la Constitución es justo lo que pretenden criminalizar y tipificar como delito: los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; el control ciudadano de los actos del poder; la prensa que interpela y el juez que controla. Esos derechos están consagrados en nuestra Constitución: no son concesión del poder, son derechos del pueblo. Un Estado Social y Democrático de Derecho no teme la voz disidente: la reconoce como freno de emergencia del poder. No asfixia a quienes trabajan y producen; los acompaña para que cumplan. No esconde los números: los abre. Apagar la alarma es encender el incendio, porque donde no hay justicia, tampoco puede haber paz.
En el Frente Cívico y Social nuestra propuesta indeclinable es simple y verificable: hacer valer lo que ya consagra la Constitución mediante garantías efectivas y exigibles de los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; paralizar de inmediato cualquier intento de despojo de lo público; auditar de forma pública el sistema eléctrico y todos los contratos y estructuras (APP, fideicomisos, concesiones), con beneficiarios finales a la vista. Tras esas auditorías, se revisará y, cuando la ley lo establezca, se corregirán o revertirán los actos que hayan implicado enajenación del patrimonio común, priorizando el resarcimiento al Estado y la determinación de responsabilidades por las vías administrativas, civiles o penales que correspondan, con pleno respeto al debido proceso. Además, se decretará una moratoria al endeudamiento que no genere valor público. Y seamos claros: mientras gobierne esta partidocracia, nada de esto se hará realidad; su fuerza descansa en la opacidad y el terror legal. En el FCS damos por hecho que la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho es innegociable y que solo candidaturas independientes, libres de ataduras, podrán convertir ese mandato en realidad.
Esta partidocracia ya no viene por tus votos; viene por tus libertades y por el patrimonio de todos. No escuchan al pueblo; convierten sus derechos en delito. Con la Constitución por bandera y la verdad por escudo, ¡vamos, pueblo! ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!