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Convierten en ley reforma a legislación de Aviación Civil

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Santo Domingo, RD.- La Cámara de Diputados aprobó de urgencia este miércoles en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto que modifica la Ley 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana. 

La pieza fue sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 11 de abril y refrendada por el Senado el 30 de ese mismo mes. La misma contó hoy con el voto favorable de diputados de distintas bancadas partidarias. No hubo votación en contra. 

La legislación, que pasará al presidente Luis Abinader para su promulgación u observación, fue tratada y aprobada con rapidez en ambas cámaras parlamentarias porque el pasado mes de abril la Junta de Aviación Civil Internacional dio un ultimátum al país de 45 días para actualizar la ley de hace casi dos décadas. El plazo se vence dentro de 12 días, de lo contrario, la nación perdería la categoría uno.

La normativa contó con el aval de sectores relacionados a la aviación, quienes favorecieron la reforma, aunque se quejaron de las nuevas multas que esta contempla contra los pilotos que operen aviones bajo los efectos de las drogas o el alcohol, las cuales son millonarias.

Comisión resalta el porqué de la nueva ley

La comisión especial designada para tratar la pieza, presidida por Napoleón López, resaltó en su informe que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) enfrenta un nuevo desafío, que es demostrar ante la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) que cumple con todos los elementos críticos que exige la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que un sistema aeronáutico funcione adecuadamente.

Otro punto a destacar por la comitiva, es que el Estado dominicano reconoce la necesidad y tiene el compromiso de mantener su legislación actualizada y a la par con las normas internacionales en materia de seguridad operacional, en especial en lo relativo al indicado Convenio de Chicago.

Al rendir su informe ante el Pleno, Napoleón López manifestó que la Junta de Aviación Civil Internacional conminó al país a poner su legislación al día, o que de lo contrario podría perder la categoría uno, y no permitir que sus aeronaves vuelen a territorio norteamericanos.

Indicó que la última sugerencia de ese organismo fue en abril, donde conminaba a la República Dominicana ponerse al día en 45 días, que justamente en 12 días se cumple el ultimátum.

Diputados dan espaldarazo a nueva ley; justifican premura

Previo a la votación, el diputado Pedro Martínez, de Alianza País, resaltó que la República Dominicana se encuentra en riesgo de caer en la categoría dos de la Aviación Civil, de no cumplirse con los requerimientos necesarios para regular este sector. Lo mismo señalaron otros colegas.

Martínez propuso que en el futuro se cree una Comisión Permanente de Transporte Aéreo y Marítimo, ya que el país ha tenido un gran avance en el turismo y se necesita el seguimiento y la regulación integral en la Ley de Aeronáutica.

Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo un llamado de atención al IDAC para que continúe dando el carácter de rigor a la Ley de Aviación Civil de República Dominicana, ya que hay algunos aspectos en los que el país debe estar mejor y es responsabilidad del Instituto, que la nación no baje a categoría dos.

El vocero de la bancada del partido Fuerza del Pueblo en el órgano legislativo, Tobías Crespo, ponderó que la modificación a la Ley sobre Aviación Civil fue producto de dos auditorías que realizó la FAA, sobre algunos requerimientos en torno a la Aviación Civil, para que el país no cayera en sanciones por algunos términos que hacían falta.

Recordó que el país estuvo en un momento en la categoría tres y que estas modificaciones vienen a regular que no se retroceda a las categorías menores. Solicitó que las autoridades dominicanas deben seguir cumpliendo con los requerimientos necesarios para evitar el retroceso en la categoría de Aviación Civil.

Asimismo, el portavoz de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el ala congresual, Luis Henríquez, sostuvo que la posición de su bancada es sensata ya que el proyecto de ley trae una regulación importante para el país en el cumplimiento de los tratados internacionales y los parámetros exigidos por organismos regionales que controlan el tráfico de aeronaves en todo el territorio mundial.

Tras solicitar que la iniciativa sea declarada de urgencia, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, expresó que la modificación viene a actualizar la Aviación Civil a las normativas internacionales y que son muy necesarias para no retroceder en este aspecto.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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