Opinión
Disiento de Guillermo Moreno.
Por José Cabral
El periodista de la cadena Univisión entrevistó en el programa Al Punto a Guillermo Moreno y una de sus preguntas fue en torno a la pensión de la esposa en la Junta Central Electoral.
La respuesta del presidente de Alianza País fue que su esposa la pensionaron sobre la base de un reglamento aprobado por la asamblea del tribunal electoral, mediante el cual se les otorga el 75 por ciento del sueldo devengado por los jueces de la JCE.
El doctor Moreno sabe muy bien que en la República Dominicana uno de los graves problemas que afrontamos tiene que ver con la forma en que se manejan la mayoría de las instituciones públicas, sobre todo aquellas que gozan de autonomía como la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, la Cámara de Diputados, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, entre otras, en las que se han creado unas pensiones, no sólo abusivas e irregulares, sino también bochornosas y las mismas no han dejado de ser una expresión de corrupción.
Incluso en los últimos días en el país no solo se ha cuestionado la forma en que se aprueban las pensiones que reciben funcionarios públicos, como los ex-jueces de la Junta Central Electoral, sino también los altos montos de las mismas y de igual modo el hecho de que los beneficiarios desempeñen otra función en el Estado, lo que no se produce con la esposa de Guillermo Moreno.
Sin embargo, no sólo llama a la atención que la pensión de la esposa de Guillermo Moreno sea tan alta, sino también la edad de ella, por lo que no deja de ser preocupante el asunto, en virtud de que la misma está en el mismo contexto de las que se han aprobado abusivamente en la Superintendecia de Bancos y en otras instituciones públicas.
Aunque respetamos al doctor Guillermo Moreno, porque a nuestra juicio es una persona incuestionable, pero él debe entender que si se justifica la pensión de su esposa, entonces habría que hacer lo mismo con los diputados y senadores que reciben el Barrilito y el Cofrecito, a pesar de que los mismos no sólo son ilegales, sino también anti-éticos e inmorables.
Lo mismo habría que decir de las pensiones que se han establecido en el Banco Central y en otras instituciones públicas, pero como bien lo sabe Guillermo el cuestionamiente tiene que ver no sólo con la forma como se otorgan las mismas, sino también con el hecho de que el beneficiario la acepte.
De manera, que el doctor Moreno debe revisar la posición que sustenta sobre la pensión otorgada a su esposa, porque de lo contrario se vería como una doble moral, exactamente igual como la que han establecido los peledeístas, perredeístas y reformistas.
En lo que tiene que ver con la posición que ocupa su hijo en la embajada dominicana en Washington, revelado por Jorge Ramos, respetamos la posición de Moreno, pero tampoco la compartimos, sobre todo porque él más que nadie sabe que en la República Dominicana no se designa a nadie en una posición pública por los méritos acumulados ni por la capacidad, sino por la identidad del designado con los grupos que controlan el Gobierno, cuya primer condición es ser un servil de los interesés de los mafiosos que manejan el Estado.
E incluso por el cúmulo de funcionarios en el servicio exterior la República Dominicana hoy día está muy mal parada en la comunidad internacional.
Sólo en la Organización de las Naciones Unidas el país tiene más personas en cargos diplomáticos que naciones altamente desarrolladas.
De ninguna manera quiero involucrar al hijo de Guillermo Moreno en semejante situación, pero lo menos que el presidente de Alianza País debe es justificar el empleo en el Gobierno del hijo, sobre la base de alegar que él cumple con su función.
Además habría que preguntarse quién designó al hijo de Guillermo en ese cargo diplomático, porque si fue Leonel Fernández la situación es mucho más delicada, porque se trata de la persona cuestionada y denunciada ante el ministerio público por Moreno. Hacemos estas puntualizaciones porque hay situaciones complejas y hasta imposible de entender.
De manera, que la mala conducta no sólo debe ser denunciada cuando proviene de los mafiosos que manejan el Estado, sino también de aquellos que buscamos cambiarlo, pese a que no se trata de hechos anti-éticos o inmorables de la esposa y el hijo de Guillermo Moreno, sino probablemente del manejo inadecuado de lo ocurrido o de la comisión de un error por una mala interpretación de la situación.
En el Gobierno del Partido dela Liberación Dominicana y en los encabezados por el PRD y el PRSC la primera condición para ser funcionario público es estar al servicio de los asquiantes intereses de los grupos que se mueven alrededor del Estado.
Me parece mucho más idóneo respetar el derecho del hijo de Guillermo Moreno, porque lo tiene, no sólo para ocupar una posición pública, sino también hasta para pertenecer al partido que cuestiona su padre. Son cosas que jamás podrá cuestionar Guillermo Moreno, pero no defender lo que a nuestro es indefendible.
Jamás alegar que él cumple con su función, cuando se sabe de más que eso importa muy poco en el ámbito oficial y además esa no es la regla en el gobierno.
Por esta razón no comparto lo expresado por Moreno, pese a que si apoyo su esfuerzo para que se juzgue a Leonel Fernández y otros bellacos que se mueven en el escenario político nacional.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!