Opinión
Disiento de Guillermo Moreno.
Por José Cabral
El periodista de la cadena Univisión entrevistó en el programa Al Punto a Guillermo Moreno y una de sus preguntas fue en torno a la pensión de la esposa en la Junta Central Electoral.
La respuesta del presidente de Alianza País fue que su esposa la pensionaron sobre la base de un reglamento aprobado por la asamblea del tribunal electoral, mediante el cual se les otorga el 75 por ciento del sueldo devengado por los jueces de la JCE.
El doctor Moreno sabe muy bien que en la República Dominicana uno de los graves problemas que afrontamos tiene que ver con la forma en que se manejan la mayoría de las instituciones públicas, sobre todo aquellas que gozan de autonomía como la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, la Cámara de Diputados, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, entre otras, en las que se han creado unas pensiones, no sólo abusivas e irregulares, sino también bochornosas y las mismas no han dejado de ser una expresión de corrupción.
Incluso en los últimos días en el país no solo se ha cuestionado la forma en que se aprueban las pensiones que reciben funcionarios públicos, como los ex-jueces de la Junta Central Electoral, sino también los altos montos de las mismas y de igual modo el hecho de que los beneficiarios desempeñen otra función en el Estado, lo que no se produce con la esposa de Guillermo Moreno.
Sin embargo, no sólo llama a la atención que la pensión de la esposa de Guillermo Moreno sea tan alta, sino también la edad de ella, por lo que no deja de ser preocupante el asunto, en virtud de que la misma está en el mismo contexto de las que se han aprobado abusivamente en la Superintendecia de Bancos y en otras instituciones públicas.
Aunque respetamos al doctor Guillermo Moreno, porque a nuestra juicio es una persona incuestionable, pero él debe entender que si se justifica la pensión de su esposa, entonces habría que hacer lo mismo con los diputados y senadores que reciben el Barrilito y el Cofrecito, a pesar de que los mismos no sólo son ilegales, sino también anti-éticos e inmorables.
Lo mismo habría que decir de las pensiones que se han establecido en el Banco Central y en otras instituciones públicas, pero como bien lo sabe Guillermo el cuestionamiente tiene que ver no sólo con la forma como se otorgan las mismas, sino también con el hecho de que el beneficiario la acepte.
De manera, que el doctor Moreno debe revisar la posición que sustenta sobre la pensión otorgada a su esposa, porque de lo contrario se vería como una doble moral, exactamente igual como la que han establecido los peledeístas, perredeístas y reformistas.
En lo que tiene que ver con la posición que ocupa su hijo en la embajada dominicana en Washington, revelado por Jorge Ramos, respetamos la posición de Moreno, pero tampoco la compartimos, sobre todo porque él más que nadie sabe que en la República Dominicana no se designa a nadie en una posición pública por los méritos acumulados ni por la capacidad, sino por la identidad del designado con los grupos que controlan el Gobierno, cuya primer condición es ser un servil de los interesés de los mafiosos que manejan el Estado.
E incluso por el cúmulo de funcionarios en el servicio exterior la República Dominicana hoy día está muy mal parada en la comunidad internacional.
Sólo en la Organización de las Naciones Unidas el país tiene más personas en cargos diplomáticos que naciones altamente desarrolladas.
De ninguna manera quiero involucrar al hijo de Guillermo Moreno en semejante situación, pero lo menos que el presidente de Alianza País debe es justificar el empleo en el Gobierno del hijo, sobre la base de alegar que él cumple con su función.
Además habría que preguntarse quién designó al hijo de Guillermo en ese cargo diplomático, porque si fue Leonel Fernández la situación es mucho más delicada, porque se trata de la persona cuestionada y denunciada ante el ministerio público por Moreno. Hacemos estas puntualizaciones porque hay situaciones complejas y hasta imposible de entender.
De manera, que la mala conducta no sólo debe ser denunciada cuando proviene de los mafiosos que manejan el Estado, sino también de aquellos que buscamos cambiarlo, pese a que no se trata de hechos anti-éticos o inmorables de la esposa y el hijo de Guillermo Moreno, sino probablemente del manejo inadecuado de lo ocurrido o de la comisión de un error por una mala interpretación de la situación.
En el Gobierno del Partido dela Liberación Dominicana y en los encabezados por el PRD y el PRSC la primera condición para ser funcionario público es estar al servicio de los asquiantes intereses de los grupos que se mueven alrededor del Estado.
Me parece mucho más idóneo respetar el derecho del hijo de Guillermo Moreno, porque lo tiene, no sólo para ocupar una posición pública, sino también hasta para pertenecer al partido que cuestiona su padre. Son cosas que jamás podrá cuestionar Guillermo Moreno, pero no defender lo que a nuestro es indefendible.
Jamás alegar que él cumple con su función, cuando se sabe de más que eso importa muy poco en el ámbito oficial y además esa no es la regla en el gobierno.
Por esta razón no comparto lo expresado por Moreno, pese a que si apoyo su esfuerzo para que se juzgue a Leonel Fernández y otros bellacos que se mueven en el escenario político nacional.
Por Rommel Santos Diaz
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a) Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque exista una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar a una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b) La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.
Luis Abinader enfrenta críticas por su incapacidad para frenar las ejecuciones extrajudiciales de la Policía Nacional, reflejando un temor a su poder.
- El texto denuncia ocho muertes de un tirón y 40 en un mes.
- Se acusa al presidente de conminar entregas, avalando de hecho ejecuciones extrajudiciales.
- La supuesta reforma policial es calificada de farsa para entretener y engañar.
Por Narciso Isa Conde
Ahora las ejecuciones judiciales o asesinatos policiales son por paquetes o ramilletes: ocho de un tirón… 40 en un mes y unos días.
El nuevo jefe, o da la orden, o la banda criminal interna tiene luz verde para tirar los cadáveres en las narices de los pobladores donde acribillan a los condenados ilegalmente a pena de muerte.
Abinader los conmina a entregarse para evitar que le vaya peor, autorizando en los hechos su ejecución.
Dicen, con razón, que Luis Abinader le tiene miedo a todo.
A Donald Trump, a Marco Rubio, a la CIA, a la DEA, a Netanyahu, al Mossad, al Comando Sur…
A los Vicini, los Rainieri, los Risek… a los bancos y las bancas, a sus ARS y AFP, y a todos los oligarcas más ricos que él…
A los granceros… a los magnates depredadores y explotadores y a los influencers de diferentes calibres y calañas…
A los López Pilarte y Miguel Gutiérrez.
A Hipólito, a Leonel y hasta el semi-acosado Danilo.
En este delicado tema de la perversión de la P.N. de sus matanzas, de sus prácticas y asociaciones mafiosas recurrentes… su estructura criminal y sus asesores israelí, estadounidense, chilenos, colombianos y españoles saben muy bien que Abinader le tiene miedo, y que la reforma es una farsa para entretener y un cuento para engañar.
En verdad, no le temen a ese allante.
Por ese miedo, Abinader es incapaz de dar una orden para cerrar categóricamente el tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales.
Es incapaz de dar un zapatazo, de emplazar a los jefes policiales, de amenazarlos con castigos severos, para que detengan su horrible carrera delictiva. Carece de energía y valor para ponerlos en su sitio, aunque sea solo en ese punto.
Por el contrario, perdió autoridad y continúa apoyando y modernizando un cuerpo policial criminal, integrado por bandas especializadas en todos los delitos; dotándolo de nuevos equipos que mal usan, deterioran o se roban.
Esa cobardía permisiva y su ideología convierten al mandatario en cómplice de una institución cuyas entrañas están podridas.
El mal es estructural, sistémico, crónico. No cede con cirugía extirpadora de tumores. Desde hace décadas hizo metástasis.
Luis Abinader lo sabe y alimenta sus tumores y metástasis. Cada cambio de jefatura y cada reforma y cada plan de seguridad ciudadana, es eso.
La cultura despótica, criminal, delictiva… resiste “depuraciones” parciales. Ella se recompone fácilmente y se retroalimenta, siempre asociada a otras variantes de la corrupción de Estado, ya sea política, empresarial o narco-criminal.
En el interior de la Policía Nacional se recicla también la ideología autoritaria-neoliberal rodeada de un Estado y una sociedad civil en los que domina el criterio de que la gente vale por lo que consume, por las banalidades que disfruta y el dinero que posee.
Rebrota fácilmente en su seno el viejo caudillismo (Trujillo, Balaguer…), reencarnado y estimulado por los presidentes más recientes: Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el propio Luis Abinader, el actual.
La P.N.es un cuerpo militar y se auto-protege con el manto del autoritarismo y el secretismo castrense.
Un cuerpo acostumbrado al abuso, la crueldad y el robo.
Más que interrogar, tortura; física y mentalmente.
Los mayores ingresos personales a nivel de alta oficialidad provienen de lo ilícito, sin que nadie los fiscalice: extorsión, soborno empresarial, complicidad con bandas civiles, protección de delincuentes de todas las calañas, narco-corrupción.
La policía no previene ni persuade, sino que mete miedo y reprime, y hasta le hace la guerra al pueblo, maltratando a civiles.
Atemoriza a presidentes cobardes y a congresistas perversos que la exhortan a ser más duros y más criminales.
Importantes sectores de la P.N. son insaciablemente adictos a esas inconductas inducidas por sus jefes y estimuladas por el modelo de actuación de la clase dominante-gobernante.
Por Oscar López Reyes
En su fuero eminentemente profesional, el periodista labora para empresas periodísticas, instituciones estatales y organizaciones de otras índoles, con la ética “como el zumbido al moscardón” y la dignidad sobre la mesa. En cualesquiera de esas órbitas, diáfanamente ha de mantener su compromiso con la libertad, la democracia y el bien común, sin manipular la verdad ni inquirir ventajas personales; sin erosionar confianzas ni confabularse con pestañas tenebrosas del poder político-económico.
Con unos y otros presidentes de la República he interactuado en 50 años, ya en entrevistas, tertulias y otros encuentros periodísticos y en quehaceres oficiales. Incumbentes de todos los gobiernos han requerido los servicios profesionales independientes de quien escribe, sin condicionamientos políticos en un clima de respeto. En todos he aceptado las propuestas de trabajo, menos en una regencia de ocho años.
7.- JOAQUÍN BALAGUER RICARDO (1 de septiembre de 1906, Bisonó, Santiago-14 de julio de 2002, Santo Domingo). Mandatos presidenciales: 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. Durante su administración 1966-1978, varios periodistas cayeron abatidos a balazos, y para abordarlo había que aprovechar circunstancias especiales, como su llegada al salón de Embajadores del Palacio Nacional para encabezar las reuniones de cada miércoles de la Comisión Nacional de Desarrollo, y al término tanto de las misas dominicales de la capilla de la Casa de Gobierno como en las inauguraciones de obras públicas.
En 1973 decidió presidir una rueda de prensa, en la mañana de cada jueves, y por lo general se exigía que, con antelación, presentaran las preguntas a ser formuladas que eran punzantes y con frecuencia respondía exaltado. Singularizó por la anarquía, por cuyas razones fue suspendida sin retorno. En su nuevo gobierno de 10 años (1986-1996), Joaquín Balaguer se mostró más receptivo con los periodistas. Por lo menos una vez a la semana yo lo entrevistaba durante sus caminatas, a las 6 de la tarde, por el parque Mirador Sur. Me entregó el Premio de los Jayces ‘72 como joven sobresaliente de 1992, en un acto en el Palacio Nacional, y en ese período laboré como encargado de relaciones públicas del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), con sede en Azua.
8.- ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ (12 de febrero de 1911, La Vega- 4 de julio de 1982, Santo Domingo). Administración gubernamental: 16 de agosto de 1978 – 4 de julio de 1982. A este modelo de accionar democrático y cambios, había que sacarle los datos con preguntas directas, durante inauguraciones y otras actividades, y sus informaciones más relevantes provenían de sus discursos.
Guzmán Fernández respondía con un lenguaje campechano, y se coronó con la gloria de que en su gestión se instalaron y desarrollaron las principales unidades de relaciones públicas gubernamentales. En el citado cuatrienio, conversé con él cuando yo fungía como encargado de relaciones públicas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Y en El Nuevo Diario profundicé en un análisis sobre las razones de su suicidio en su despacho del Palacio Nacional, el 4 de julio de 1982, entre la medianoche y la madrugada.
9.- JACOBO MAJLUTA AZAR (9 de octubre de 1934, Santo Domingo-2 de marzo de 1996, Tampa, Florida, Estados Unidos. Jefe de Estado en funciones: 4 de julio de 1982-16 de agosto de 1982, 43 días. Como vicepresidente constitucional, el 4 de julio de 1982 asumió la presidencia de la República tras el fallecimiento del presidente Antonio Guzmán Fernández, ambos electos para el período 1978-1982.
Platicamos periodísticamente en encuentros en su vieja residencia de la avenida Independencia número 555 (entre las calles Benito Monción y Socorro Sánchez) y su nueva residencia de Arroyo Hondo, con el auxilio y la compañía de Rafael Gamundi Cordero. Sobresalió por su afectividad y franqueza con los periodistas.
10.- SALVADOR JORGE BLANCO (5 de julio de 1926 -Santiago-26 de diciembre de 2010, Santo Domingo). Ciclo de su autoridad presidencial: 16 de agosto de 1982 y 16 de agosto de 1986. Este tercer presidente de la República del PRD tomaba asiento en su despacho del Palacio Nacional a las 7 de la mañana, a la misma hora en que este servidor comenzaba a laborar como periodista del Departamento de Prensa de la sede presidencial. En esa condición asiduamente tomaba notas de declaraciones oficiales en actos a los que no tenían acceso los periodistas que cubrían la fuente palaciega. Luego me designaron director de relaciones públicas de los ministerios de Relaciones Exteriores e Industria y Comercio.
Jorge Blanco contestaba preguntas de los reporteros en actos especiales, como en la presentación de credenciales de diplomáticos y encuentros sociales. Cada jueves conversaba con ellos al término de las Audiencias Populares, organizadas en el hoy salón Hermanas Mirabal de la primera planta del Palacio Nacional y en gobernaciones de distintos pueblos. Dos veces lo visité cuando estuvo recluido –en un ambiente cuasi solitario- en la desaparecida cárcel preventiva del ensanche La Fe y publiqué crónicas sobre su internamiento en la clínica Gómez Patiño y su salida del país con fines de salud.
11.- LEONEL FERNÁNDEZ REYNA (26 de diciembre de 1953, Santo Domingo). Lapsos como regente del Poder Ejecutivo: 1996-2000 y 2004-2012. Catedrático y filosófico de la comunicación en las aulas universitarias y en el diario existir, resaltaba que no se peleaba con sacerdotes ni periodistas. En esa línea, confraternizó y ayudó a una legión de estos últimos.
Compañeros en la escuela de comunicación social de la Universidad Dominicana O&M y los encuentros con el teórico Jimmy Sierra, solidarios en los avatares del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y cercanos de oficinas en la calle El Conde, Fernández Reyna me llamó como asesor de comunicación de los consejos consultivos de los dominicanos en el exterior, con asiento en el Palacio Nacional, y luego como secretario del consejo de administración de Certv/RTVD, honoríficamente durante tres años, cuando presenté renuncia.
12.- HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ (22 de febrero de 1941, Gurabo, Santiago). Mandato presidencial: 2000-2004. Hablaba con franqueza y sin contención con los periodistas hasta tres veces en un solo día. Responsable y valiente, se caracterizó por ser locuaz y jocoso, y espontáneamente me otorgó -el 5 de abril de 2003- la condecoración de la Medalla Presidencial al Mérito Civil, en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional.
Tras ser designados por Hipólito Mejía, Manuel (Chiqui) Troncoso Cuesta, presidente y gerente general, y Luis Martínez como subgerente del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), me encargaron de las relaciones públicas de esa institución, en el 2001.
13.- DANILO MEDINA SÁNCHEZ (10 de noviembre de 1951, Arroyo Cano, San Juan). Mandato presidencial: 2012-2020. Ha sido el más huidizo, apagado e insulso de los presidentes de la República, y apenas abrió los brazos para hacer buenas migas e intimar con una camada de buenos allegados redactores élites y comentaristas. Mis relaciones en la gobernanza de Medina Sánchez no pasaron de un simple saludo y una mirada furtiva.
Cinco viejos camaradas del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo), entre ellos dos sometidos actualmente a la Justicia por corrupción, no pudieron convencerme para que junto a ellos me integrara a la campaña electoral de Medina Sánchez, y no acepté trabajar en el gobierno durante su mandato de ocho años. ¡Presidente, la afectividad, presidente!, encabezaban los artículos publicados en el vespertino El Nacional, como advertencia.
14.- LUIS ABINADER CORONA (12 de julio de 1967, en Santo Domingo). Mandatos presidenciales: 2020-2024 y 2024-2028. En el 2020 innovó con un nuevo estilo de suministrar informaciones: el Twitter, ahora X. Prosiguió, desde el 28 de agosto de 2023, con LA Semanal con la Prensa, en el salón de las Cariátides del Palacio Nacional, transmitida en vivo por la plataforma de streaming YouTube. Se enquistó en el espacio de diálogo gubernamental más innovador, abierto entre formalidades protocolares y bromas, así como dinámico en la generación de noticias preeminentes.
Con Abinader Corona he mantenido nexos académicos y familiares por cuatro décadas, y en estos 6 años de su gobierno he sido director de comunicación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) y la Contraloría General de la República, para sumar 42 años de servicios a instituciones del Estado.
Sinopsis. En el Palacio Nacional (dos veces) y en un palacio judicial, en la Cancillería, un banco estatal, Radiotelevisión Dominicana, Industria y Comercio, en la Contraloría, el Indrhi, el Consejo Nacional de Fronteras, Indesur y Digecog conocí y platiqué con jefes de Estado y estas instituciones me obsequiaron múltiples ofrendas: vida, participación en eventos históricos, tener acceso a informaciones privilegiadas, aprendizajes y experiencias para el crecimiento personal, amistades, honores y agasajos. Y me abrieron pétalos para escribir sobre políticas públicas, transformaciones en el Estado y memoriales históricos.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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