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Cancelan un oficial y cinco alistados de la Policía por asesinato de esposos
Jesús Vásquez, ministro de Interior y Policía, dispuso este jueves la cancelación de los seis agentes que participaron en la muerte de los esposos evangélicos en Villa Altagracia y que sean sometidos a la justicia a través del Ministerio Público.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el ministro, en sus funciones como presidente del Consejo Superior Policial, envió un oficio al mayor general Edward Sánchez, director general de la Policía Nacional, con las disposiciones.
Los agentes involucrados son el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís.
Los seis participaron en la muerte a tiros de los esposos Elisa Muñoz y Joel Díaz, la noche del pasado martes en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, cuyo vehículo fue tiroteado por los agentes cuando estos regresaban, junto a dos personas más, de una actividad evangélica.
“Estamos enviando un mensaje claro a la sociedad dominicana, de que en esta gestión de gobierno no se permitirán excesos por parte de los policías y que estos hechos deplorables no quedarán impunes”, afirmó Vásquez.
Vásquez informó sobre la creación de una comisión externa a la Policía Nacional para realizar “una verdadera y efectiva” depuración a todos los niveles de los recursos humanos de la institución del orden.
Con esto se busca separar de las filas todo el que no cumpla con el perfil ético, moral y una adecuada formación, que garantice el cumplimiento de los protocolos de abordaje al ciudadano y uso adecuado de la fuerza, cumpliendo con el debido proceso de ley y respetando los derechos humanos.
Además, el funcionario convocó a los directores regionales, centrales y de área de la uniformada a una reunión para el próximo martes 6 de este mes, a las 8:00 de la mañana, en la Policía Nacional, donde se tratarán temas relacionados con la agenda de trabajo de la institución.
Santo Domingo, R.D.-Este martes en una única discusión el Senado de la República aprueba proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos con los cambios que introdujeron los diputados.
La iniciativa ya había sido conocida por la Cámara Alta; sin embargo, volvió a ser sometida a consideración debido a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
- De los 24 senadores presentes, 22 votaron a favor del proyecto y dos en contra.
El senador por la provincia Hato Mayor, Venerado Castillo, solicitó su inclusión en el orden del día al señalar que este martes vencía el plazo para que las empresas realizaran la liquidación correspondiente a la contribución por el manejo de residuos sólidos.
«Que nos sirva para hacer las cosas con más lentitud. Voy a votar porque en la otra no voté, pero no está bueno», manifestó.
En menos de dos semanas, el proyecto agotó su trámite legislativo en ambas cámaras y ahora será remitido al Poder Ejecutivo para su revisión, promulgación u observación.
Ayer martes, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas y de urgencia el proyecto con varias modificaciones.
Pasadas las seis de la tarde, los diputados debatieron las adecuaciones propuestas por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.
Entre los principales cambios figura la modificación del artículo 3, específicamente de los numerales 10, 11 y 12 del párrafo I, para establecer que las personas jurídicas o entidades con ingresos desde 0 hasta 5 millones de pesos contribuir con 5,000 pesos al año
Además, la reforma crea una nueva categoría para las personas jurídicas con ingresos de hasta 5 millones de pesos, cuyo aporte será de 5,000 pesos.
La iniciativa también modifica el párrafo IV del artículo 36 para establecer que la contribución será liquidada anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y pagada en dos cuotas semestrales: el 50 % junto con la declaración jurada del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 50 % restante seis meses después. La DGII deberá transferir los fondos recaudados a la Tesorería Nacional en un plazo de 30 días, para que esta los deposite en el fideicomiso creado por la ley.
Asimismo, incorpora tres nuevos párrafos al artículo 36. El primero establece que la contribución será deducible de la renta bruta, conforme al Código Tributario; el segundo fija un aporte máximo de RD$675,000 para las empresas que operen como comisionados o comisionistas, aunque sus ingresos superen los RD$700 millones; y el tercero dispone que las normas del Código Tributario serán aplicables a la administración de esta contribución.
Otra de las modificaciones crea un régimen transitorio para las empresas cuyo aporte sea superior al establecido en la Ley 98-25, permitiéndoles pagar el monto correspondiente durante el año fiscal 2025.
Finalmente, se incorpora un artículo transitorio para que, de manera excepcional, las personas jurídicas y entidades privadas que aún no hayan realizado el pago de la contribución puedan hacerlo en julio y diciembre de 2026.
Al referirse al proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que durante su paso por el Congreso la iniciativa ha recibido numerosas críticas, especialmente del sector empresarial.
No obstante, sostuvo que la reforma es necesaria para fortalecer la organización del país en materia de gestión de residuos sólidos.
Indicó, además, que la Cámara de Diputados acogió varias sugerencias durante el proceso de discusión y adelantó que la legislación continuará siendo objeto de revisión en el futuro.
Según explicó, República Dominicana necesita entre RD$20,000 millones y RD$30,000 millones para resolver de manera definitiva el problema de los residuos sólidos.
«Estamos avanzando. Son medidas que generan cargas, duelen y molestan, sobre todo a los sectores productivos, y nosotros lo reconocemos. Hemos trabajado arduamente con muchos sectores», afirmó.
Sobre el artículo 36La reforma modifica el artículo 36, relativo a la contribución especial para la gestión integral de residuos, al establecer que toda persona jurídica o entidad deberá realizar un aporte obligatorio para crear un fondo destinado a mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos y fortalecer el sistema nacional de gestión.
La iniciativa también mantiene la prohibición de importar sorbetes, tenedores, cuchillos, cucharas de plástico, vasos y otros productos elaborados en poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
Asimismo, dispone que, seis meses después de la promulgación de la ley, se fomentará el uso de sustitutos sostenibles fabricados con papel o cartón reciclado y biodegradable.
La pieza fue aprobada pese al pronunciamiento del sector empresarial y a críticas de partidos de la oposición que aseguraban que los montos son elevados e injustos.
Domingo, R.D.-Un residente de Claveland, Ohio, de nacionalidad dominicana se declaró culpable ante un tribunal federal de participar en una conspiración para lavar dinero procedente de una sofisticada estafa que tenía como principales víctimas a adultos mayores en Estados Unidos.
La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania informó el pasado viernes 26 de junio, que Luis Alfonso Bisono Rodríguez, de 35 años, admitió un cargo de conspiración para lavado de dinero ante la jueza federal Nora Barry Fischer.
De acuerdo con las autoridades, Bisono Rodríguez formaba parte de una organización criminal con base en la República Dominicana que operaba el conocido esquema fraudulento denominado «Grandparent Scam« o «la estafa de los abuelos».
Según la investigación, durante varios años los estafadores llamaban por teléfono a personas de edad avanzada haciéndose pasar por un familiar cercano, generalmente un nieto, asegurando que enfrentaba una emergencia —como un arresto o un accidente— y que necesitaba dinero de manera urgente para pagar una fianza u otros gastos.
Las víctimas retiraban efectivo de sus cuentas bancarias y, creyendo que ayudaban a su familiar, entregaban el dinero a conductores de plataformas de transporte como Lyft y Uber, quienes desconocían que participaban involuntariamente en un fraude. Los conductores trasladaban el efectivo, en muchos casos cruzando fronteras estatales, hasta entregarlo a integrantes de la organización.
La jueza Fischer fijó la audiencia de sentencia para el 9 de septiembre de 2026.
- El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 500,000 dólares o ambas sanciones. No obstante, la sentencia definitiva dependerá de las directrices federales de imposición de penas y de los antecedentes penales del acusado.
El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway y fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en conjunto con el Departamento de Policía de Parma, Ohio, y seis departamentos policiales del oeste de Pensilvania.
Santo Domingo, R.D.-Esta tarde estuvo supuesto a conocerse por parte de la jueza que maneja el caso seguido al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de soborno la medida de coercion que se le impuso en virtud de lo que dispone la ley sobre la materia.
La magistrada Nancy Joaquín fijó para las 2:00 de la tarde el conocimiento de dicha revisión, la cual fue presentada por el abogado Valentín Medrano, quien encabeza la defensa del fiscal.
Se recuerda que el pasado mes de mayo, la jueza Isis Muñoz impuso contra Valdez Alcántara la medida de prisión preventiva por un espacio de tres meses.
Dicha medida fue dictada por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, tras acoger un pedimento del ministerio público y de rechazar varios incidentes presentados por la defensa del encartado.
Las imputaciones
El Ministerio Público acusa e al fiscal de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Conforme a las investigaciones del órgano persecutor, Valdez Alcántara presuntamente exigió a Pedro Canaán, testigo en caso Senasa, la suma inicial de 200,000 dólares.
Tras una negociación, el monto fue reducido a US$150,000. Asimismo, el expediente señala que el imputado mostró interés en obtener un reloj marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.