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DM abona terreno para el pacto fiscal

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Con su plan de austeridad y el código ético, el presidente Medina comenzó a marcar el paso para un pacto fiscal que pondrá esta semana en manos del Consejo Económico Social”.

Tal como se había advertido, con su plan de austeridad y código de pautas éticas, el presidente Danilo Medina comenzó a abonar el terreno para un pacto fiscal que el próximo jueves 30 pondrá en manos del Consejo Económico Social que busca reactivar como instancia de concertación con los diversos sectores nacionales.

En las instancias de la sociedad civil se han acogido con esperanzas las propuestas gubernamentales de austeridad, pero se espera que aborde otras medidas complementarias en orden a la transparencia, prioridad y calidad del gasto para viabilizar una efectiva concertación social.

Buen paso adelante

Aunque con las reservas derivadas de planteamientos similares incumplidos por otros gobiernos, como los proclamados por Leonel Fernández en el 2004 y en la ley de austeridad para el 2007, el programa de restricción del gasto proclamado esta semana por el presidente Danilo Medina ha tenido buena acogida de los diversos sectores sociales y la opinión pública, con énfasis en la esperanza de que esta vez se cumpla.

El decreto 499-12, presentado en el Consejo de Gobierno ampliado del miércoles 22, contiene muchas de las restricciones al derroche público que vienen siendo demandadas por años, incluyendo algunas de las contempladas en el proyecto de ley de regulación salarial del sector público observado por el presidente Leonel Fernández en su última jornada como ejecutivo nacional, y que ya se había advertido que podían ser adoptadas administrativamente.

Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas en todos los órganos de la administración central del Estado y de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, con la excepción de los bancos de Reservas, Agrícola y de la Vivienda, aunque un párrafo adicionado al artículo 1 indica que esas entidades “deberán adoptar medidas de austeridad que sean compatibles con las actividades que desarrollan”. El decreto no fija temporalidad para sus restricciones, excepto en dos casos: para la adquisición de vehículos durante un año y para la remodelación de despachos y compra de mobiliario, por lo que resta del año.

La petición de adoptar la austeridad debió ser extendida también a los otros organismos y poderes del Estado, pues no se entiende por qué pueden seguir malversando recursos de los contribuyentes en fiestas, regalos, donaciones y contribuciones a relacionados, asignaciones sin límites de gastos de representación, de combustibles y dietas, en viajes o en uso de recursos y materiales para beneficio particular, prohibidos en el decreto presidencial. También deberían acogerse a la austeridad en los servicios de telecomunicaciones, energía y agua y en el uso de materiales lujosos en sus publicaciones y limitar la asignación de tarjetas de crédito.

Código de Pautas Éticas

Otro paso bien acogido fue el Código de Pautas Éticas con el que Danilo Medina compromete a los altos funcionarios a quienes puso a firmarlo, después de hacerlo él mismo, en demostración del énfasis que pone en promover la transparencia, la ética y la honradez en el manejo de la cosa pública para reducir niveles de malversación y corrupción que han llevado el país a ocupar el último escalón en esa materia dentro del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre 142 naciones.

El código contiene 18 compromisos éticos comenzando por someterse al imperio de la Constitución y la ley, lo que en otros países parecería redundante, pero incluye múltiples predicamentos encaminados a mejorar la transparencia de la gestión pública, y a reducir los márgenes por donde se cuela la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

El punto 6 obliga a presentar la declaración jurada de bienes a más tardar 30 días después de asumir el cargo con la novedad de que deberá “demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones”.También presentar anualmente informes fiscales y la constancia de los compromisos tributarios.

Otro planteamiento importante es velar por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas, asegurando que “los costos finales sean actuales, integrales y precisos”, y que se ejecuten observando nueve principios, entre ellos de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y economía. También rechazar dádivas, regalos o incentivos particulares y todo tráfico de influencia y prácticas que comprometan la moralidad pública.

Lo que no tuvo igual acogida en las redes sociales, radio y televisión fue la designación del doctor Vincho Castillo al frente de la nueva Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que sustituye la inoperante Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción que él mismo presidió durante años. En el propio equipo de Medina hay relevantes figuras para ese cargo. Por demás Castillo polemizó con dos tercios de la sociedad en su defensa de los banqueros que quebraron el país en el 2003 y antes  en su esfuerzo por desconocer la elección democrática de 1978.

Ratificación de parcelas

El presidente Medina prosiguió esta semana designando los funcionarios de su gobierno a un ritmo que de mantenerse le tomaría meses. Cuarenta y seis funcionarios fueron nombrados entre lunes y viernes, en su mayoría ratificados.

Faltan centenares, incluyendo gobernadores, miembros de las juntas directivas y diplomáticos. Tendrá que definir la situación de los más de 300 viceministros y casi 200 vicecónsules.

La participación femenina se mantiene lejos de la equidad de género, con 18 de 132 nombramientos registrados hasta la tarde del viernes, equivalentes al 13.6 por ciento. A las cuatro ministras se han agregado nueve directoras y cinco subdirectoras de organismos.

Es relevante que los dirigentes de los partidos aliados al gobierno han sido ratificados todos en sus mismas posiciones, avalando la política de parcelación del poder implementada por el expresidente Fernández, lo que comenzó con Carlos Morales Troncoso en la cancillería, donde se trató de llevar al exvicepresidente Rafael Alburquerque. Pero el presidente del Partido Reformista habría reclamado continuar en la parcela que usufructúa desde hace 8 años.

También fueron ratificados como directores en sus respectivas parcelas del Estado los dirigentes reformistas Federico Antún (BNV), Modesto Guzmán (IMPOSDOM) y Humberto Salazar (en la CERSS). También Luis Acosta Moreta, de la UDC en  la ODC, Rafael Peguero Méndez, del PPC, en INDESUR, Vincho Castillo y José Ricardo Taveras, de la FNP, en la Dirección General de Ética y la Dirección General de Migración. Elías Wessin Chávez, del PQD, quedó en Bienes Nacionales, Pedro Corporán, del PUN,  en el IDECOOP, José Francisco Peña Tavárez, del BIS, seguirá dirigiendo la Lotería Nacional y Miguel Mejía ministro sin cartera.

Ya viene el difícil pacto fiscal

Para el próximo jueves 30 está programado un encuentro del presidente Medina con el Consejo Económico Social (CES), una instancia que reúne a representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo la presidencia de Monseñor Agripino Núñez Collado. Se espera que allí sean presentados los lineamientos fundamentales de lo que sería el Paco Fiscal que plantea el

De hecho ya los trabajos de concertación comenzaron el lunes 20 con una reunión de la Comisión Ejecutiva del CES con técnicos gubernamentales, al frente de los cuales está el influyente ministro de la presidencia Gustavo Montalvo. También integrarán la comisión gubernamental los ministros de Economía y Hacienda, el gobernador del Banco Central y los directores de Impuestos Internos y de Presupuesto. El gobierno ofreció una demostración de apertura al proponer como coordinadores y relatores del diálogo social a tres economistas íntimamente vinculados a la sociedad civil, como lo son Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

Como punto de partida se espera que el gobierno ponga en claro su situación fiscal y señale hasta dónde está dispuesto a llegar en el recorte del gasto público, más allá de lo que representa su decreto de austeridad. Si no lo hace, están dispuestos a plantearlo los sectores empresariales y sociales que desde hace años vienen reclamando mejorar la eficiencia recaudatoria y las prioridades y la calidad del gasto público en orden a la producción y la competitividad.

Sin pretender una reducción significativa de la nómina pública, los expertos de la sociedad civil creen que por lo menos hay que suprimir organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, y refundir múltiples entidades con funciones similares, por ejemplo los de asistencialismo y de tránsito terrestre.

Se espera que para justificar nuevas cargas impositivas supriman las nominillas y “repartos sociales clientelares” que han proliferado hasta en entidades como la Dirección de Migración o la Superintendencia de Seguros. Lo mismo los barrilitos y cofrecitos sociales de los legisladores, los centenares de viceministros, subdirectores y vicecónsules, y los 70 generales militares sin funciones y 20 de la policía.

Los sectores sociales llegarán a la concertación con la convicción de que esta vez la reforma tiene que ser fiscal e integral, no como las resultantes de los intentos de esta década que concluyeron en seis parches tributarios. La del 2006 conllevó hasta una ley de austeridad, promulgada el 28 de diciembre de ese año (Día de los Inocentes) para no cumplirla en absoluto. Esta vez no nos cogerán de inocentes, advierte un dirigente de una importante entidad social.

 

Artículo  originalmente publicado en el periódico HOY.

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Campesinas guatemaltecas que estudian ingeniería para llevar luz a sus comunidades.

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La organización Barefoot College International abre su primera escuela en Latinoamérica para formar a mujeres que instalarán paneles solares en un país con un 35% de pobreza energética

En un rincón de Chajul, en el departamento de Quiché, hay un internado ocupado hoy por 10 campesinas guatemaltecas que están aprendiendo a crear paneles solares para llevar electricidad a sus comunidades. La mayoría no sabe ni leer ni escribir y viven en localidades dispersas y alejadas, incluso de la mano del Gobierno. Doña Julieta Fernanda Tzoy, de 69 años, es la mayor de todas y memorizó las vocales en el único año escolar que cursó seis décadas atrás. “A, e, i…”, presume tímida. Desde entonces, su trabajo ha sido cuidar a sus siete hijos y 30 nietos, en Exchimal, Huehuetenango. “Pensé que yo era demasiado mayor para aprender”, cuenta por videollamada. Unos minutos más tarde, soldará el tablero de componentes que irá dentro de las lámparas portátiles que están aprendiendo a hacer. “Quiero que donde yo vivo todos tengamos electricidad”, dice.

En un afán de expandir las experiencias -que en un inicio solo se impartían en el país asiático- la entidad decidió apostar por Latinoamérica. Guatemala, con una pobreza energética que ronda el 35% (un término que se refiere a la incapacidad de sus habitantes de satisfacer las necesidades de energía), y con una de las poblaciones indígenas más grandes del continente (41%), fue de los primeros candidatos. Ajustarse a las necesidades locales ha sido siempre la prioridad: “Llevar a estas mujeres a la India tenía muchos beneficios, porque la mayoría no había salido de su país y era una experiencia muy enriquecedora”, cuenta París, quien es de origen colombiano, “pero queríamos estar cerca de los entornos de estas mujeres, de sus religiones, de sus saberes, sus etnias…”.

A Rosenda Francisca García López de García, 33 años, la escuela le queda bien cerca, en el departamento vecino. Esta madre de cuatro hijos vive en la comunidad Cumbre La Botija, en Huehuetenango. Los 10 vatios del panel chiquitito que tiene en su casa apenas le alcanzan para cargar el celular. Mucho menos para alumbrar a sus pequeños en la noche, cuando vuelven de rajar leña y quieren terminar las tareas. “Pero al menos algo hace”, dice. Es el panel que compró su marido, dos días antes de fallecer, hace apenas 10 meses. “Él estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo”, lamenta sin poder contener las lágrimas.

Julieta Fernanda Tzoy de Barrera, la mayor del grupo, aprende cómo instalar paneles solares en su comunidad, Exchimal, Guatemala.CASSIE PICCOLO

Julieta Fernanda Tzoy de Barrera, la mayor del grupo, aprende cómo instalar paneles solares en su comunidad, Exchimal, Guatemala.CASSIE PICCOLO

En las comunidades rurales, pocos son los hombres que no miran el proyecto con algo de recelo. Muchos no entienden por qué son las mujeres las responsables y no ellos. Bárbara Pérez, directora de programas, lo tiene claro: “Nosotros creemos que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que suelen tener los hombres, viviríamos en un mundo mejor. Solo tenemos que darles las herramientas”.

Los paneles solares que ayudan a fabricar en la organización, financiada por el Gobierno indio, entidades privadas y fundaciones filantrópicas como la de Bill y Melinda Gates, poco tienen que ver con los de doña Rosenda. Son de 70 voltios y tienen una capacidad para cuatro focos que se pueden ubicar según las necesidades de la aldea. Además, las campesinas aprenden a fabricar lámparas portátiles en las que también se pueden recargar celulares y tienen una vida útil de dos décadas. Esta tecnología india viene acompañada de unos libros principalmente gráficos, adaptados a sus alumnas, ya que la mayoría no sabe leer ni escribir.

“Las clases se imparten al ritmo de ellas y manteniendo los métodos de estudios indios”, narra París. Sin embargo, hay formadoras de lujo guatemaltecas. Juana Emelia de León Marcos, de 27 años, fue alumna en la India, hace dos años y hoy es profesora remunerada en el centro. “Yo entiendo que ellas a veces se desanimen, a mí también me pasaba”, cuenta por videollamada al referirse al proceso de aprendizaje. “La educación en este país es toda privada y acceder a esta formación gratis es una suerte”, explica, “yo les ayudo a entender lo que es más complejo, traduzco algunas palabras en inglés… y siempre les digo: ‘Imaginen cuando ya tengan electricidad’”.

Luz para no dejar de estudiar

Las estudiantes vienen de pueblos diferentes, pero con realidades muy similares. Sobre todo las sombras. En cinco de los 22 departamentos del país, los más rurales y con mayor presencia indígena, la cobertura eléctrica no supera el 20%. Y pese a los planes que anunció el Gobierno para la vuelta a las aulas tras la pandemia, la estrategia quedó en papel mojado.

“En mi comunidad, el maestro viene dos veces a la semana”, cuenta doña Rosenda. Juana coincide: “Ya no tienen las horas completas, ven apenas dos o tres horas”. El miedo de todas es el mismo: que los niños dejen antes de tiempo la escuela. Las altísimas tasas de deserción escolar en el país, que ronda el 51% en adolescentes y jóvenes, según Unicef, avivan el temor. “Quiero que tengamos luz para que puedan hacer las tareas. Hoy en día, uno necesita electricidad”.

Y pronto llegará gracias a las manos de estas mujeres a las que la vida las ha hecho resilientes. Pérez se emociona al pensar en cómo unos paneles solares pueden ser una pequeña revolución en todas las esferas. “Sabemos que los retos son muchos, pero las ambiciones también. Igual que las ganas y las capacidades de ellas”.

elpais.com

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Los migrantes venezolanos en Necoclí ponen su vida en manos de Biden

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En campamentos improvisados en las playas del puerto colombiano o a las faldas de la selva de El Darién, miles de venezolanos deciden si continuar la travesía ante el cierre de la frontera en México

En un limbo y presos de la desinformación. Los miles de migrantes venezolanos que están en el puerto colombiano de Necoclí o a las faldas de la selva del Darién permanecen atentos a los videos de deportaciones entre Estados Unidos y México. También a aquellos que, a través de Tik Tok y otras redes, intentan explicar las medidas migratorias del Gobierno de Joe Biden. La decisión de si continúan su peligrosa travesía o no está en juego.

Hasta los campamentos donde toman la crucial decisión han llegado también noticias falsas. El sábado, Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, viajó hasta el puerto, reiteró que la frontera entre México y ese país está cerrada y desmintió una supuesta reapertura en un plazo de 90 días.

“No arriesguen sus vidas y las de sus familias. Venezolanos que intenten ingresar de forma ilegal serán expulsados a México”, advirtió el embajador. “Hay un nuevo programa por parte de los Estados Unidos, donde si se queda en el lugar donde está y no cruza una frontera, se puede aplicar por internet para tener una visa humanitaria”, insistió en su visita. El programa es similar al que utilizan con los desplazados por la guerra de Ucrania que exige que los migrantes tengan un patrocinador en Estados Unidos capaz de brindarles “apoyo financiero”, así como llegar en avión. Y, en este caso, que no hayan entrado irregularmente por México o por Panamá, es decir que lo hayan hecho por El Darién.

Se trata de 24.000 cupos que a todas luces no serán suficientes para la magnitud de la migración venezolana. Cada día, según las últimas cifras de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), 1.280 migrantes venezolanos atraviesan esa peligrosa ruta donde al menos 30 migrantes han muerto o desaparecido. A muchos, el anuncio de Biden los agarró en el camino y al llegar por fin a Panamá supieron que la frontera estaba cerrada y habían perdido el esfuerzo. En lo que va de año, 102.000 personas han cruzado por esa trocha, el 68% venezolanos.

Aún no está claro si la nueva medida desestimulará a los migrantes. De acuerdo con la Alcaldía de Necoclí, el viernes (un día después del anuncio) había 6.000 migrantes listos para irse al Darién. Sin embargo, fuentes del municipio también cuentan- aunque no lo cuantifican- que hay migrantes que han regresado en masa. “Cuando anunciaron las restricciones en Estados Unidos fue mucha la gente que se devolvió, pero otros están esperando en las playas a ver qué sucede”, cuenta un conductor de Necoclí.

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El limbo de los migrantes venezolanos
Migrantes venezolanos caminan hacia un bote que los llevará a Acandí, desde Necoclí, Colombia.Foto: AP | Vídeo: REUTERS

Migrantes venezolanos caminan hacia un bote que los llevará a Acandí, desde Necoclí, Colombia.Foto: AP | Vídeo: REUTERS

Algunos migrantes quieren regresar

En uno de los campamentos panameños hay desánimo entre los que sortearon con vida la selva. “Ya no (quiero ir a EE UU). Ya no es secreto que está todo cerrado. Ya de mi parte quisiera devolverme”, le dijo a la agencia EFE el venezolano Carlos Figueroa, de 28 años.

El terminal de Transportes de Medellín, desde donde estaban saliendo migrantes masivamente, también sirve de termómetro. Allí, algunos venezolanos desistieron de emprender el viaje. Para ellos, sin embargo, implica una decisión dolorosa después de vender todo lo que tenían y renunciar a sus empleos para atravesar la trocha en busca del sueño americano. “Fue un balde de agua fría”, le dijo a Alianza Noticias un hombre que iba a migrar con sus tres hijos. “La primera decisión fue intentarlo y que allá en México vieran qué hacían con nosotros, pero después lo pensamos con cabeza fría”, explicó.

Desde Tik Tok, que se ha convertido en la red de la migración venezolana por el Darién, también abundan ahora videos de las deportaciones y advertencias. “No se vayan a subir a las lanchas para ingresar a la selva del Darien ni vayan a arriesgar su vida por nada, mis hermanos. Si pasan por la selva los van a anotar y esos datos llegan a Estados Unidos”, dice un tik tokero que se hace llamar El emigrante. Y continúa: “Con la mano en el pecho, sé que somos tercos y decimos: ‘somos venezolanos y lo podemos lograr’, pero no, esta vez no. Sé que duele, pero la vida es más importante y para qué arriesgarla si ya no hay manera”, les dice.

En la selva del Darién, según la OIM, han muerto 30 personas este año, nueve de ellas niños, sin contar las cifras de naufragios como el que ocurrió el viernes 13 de octubre. Un buque de la Armada persiguió a una embarcación con migrantes irregulares en Sapzurró (Chocó), frontera marítima con Panamá. La lancha no se detuvo, chocó contra una bote Patrullero de Costa del SENAN de Panamá y naufragó. Rescataron a 23 adultos y dos menores de edad, pero aún buscan a seis migrantes.

Las nacionalidades de los rescatados, tres ciudadanos cubanos, tres dominicanos, siete bangladeshíes, un iraní, cinco nepalíes y seis indios, confirman que no solo venezolanos siguen intentando cruzar por esta vía. “Ahora se vino la ola de ecuatorianos y peruanos. También hay chinos”, comenta un poblador de Necoclí.

La viceministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Colombia, Laura Gil, que viajó a Necoclí el sábado, dijo que la situación humanitaria en ese puerto “requiere un abordaje regional que dignifique a las personas migrantes”. EL PAÍS conoció que Panamá ha estado presionando a Colombia para que impida la salida de los migrantes por El Darién, pero el Gobierno de Gustavo Petro dice que no lo hará. “Colombia no construirá muros, ni visibles ni invisibles, y, con Migración Colombia abordaremos la situación con enfoque humanitario. Estamos ante un desafío para las Américas y no solo para Colombia”, subrayó Gil a través de Twitter.

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Análisis Noticiosos

¿Sería útil que América Latina deje de crecer o consumir menos los países ricos?

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La crisis climática ha sacado el debate del decrecimiento del mundo académico. Pese a que el movimiento que se enfoca en las grandes economías, puede tener implicaciones positivas para nuestra región

A principios de septiembre, durante el Congreso Nacional Minero, la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, dijo que era necesario exigirles a otros “países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos” para evitar un mayor impacto frente al cambio climático. Por casualidad, unos días después, reunidas en la Universidad de Oxford, Reino Unido, varias organizaciones realizaron un conversatorio llamado Cómo salvar el planeta: decrecimiento vs. crecimiento verdeen el que dos reconocidos profesores – Jason Hickel, del Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología de la Universidad de Barcelona, y Sam Fankhauser, director de la iniciativa de investigación Oxford Net Zero – defendían cada una de las posturas.

Ambos eventos fueron una señal de que el concepto de decrecimiento, a pesar de rondar entre académicos y escuelas desde los años 70, cuando surgió en Francia, está empezando a salir de las aulas. Sobre todo, ante el actual escenario de crisis climática y ambiental que dejó en evidencia que hay una falla en cómo hemos definido el éxito económico.

Durante el debate, el planteamiento de Fankhauser – en pro del crecimiento verde – consistió en señalar que sí era posible reducir las emisiones de gases efecto invernadero vinculadas a la energía, el sector que más emite a nivel mundial, que en 2019 representaba el 34%. Además, dijo que sí se podía desacoplar el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) al aumento de estas emisiones. En otras palabras, explicó que, por medio de tecnologías como las energías renovables y la eficiencia energética, el PIB podría seguir creciendo mientras las emisiones bajaban. Además, señaló que “un poco más de crecimiento, incluso podría ayudar a resolver algunas consecuencias del cambio climático”.

El discurso de Hickel apoyando el decrecimiento fue más crítico. La crisis ambiental, señalaba, se debía a “cómo la economía estaba organizada y dependía de un crecimiento perpetuo” cuando los recursos eran finitos. Incluso, resaltaba, así se logren bajar las emisiones a través de tecnologías, esto implica una transición muy acelerada y una implementación masiva de tecnologías que podría requerir “tres veces el tamaño de la India”. La opción más lógica para él era decrecer. ¿Quiénes debían hacerlo? “Se trata de una forma planeada y democrática de formas menos necesarias de producción en los países ricos”, contestó.

Un grupo de mujeres revisa las piedras extraídas por mineros en Segovia (Colombia), el 19 de julio de 2018.ANADOLU AGENCY (GETTY IMAGES)

El decrecimiento, efectivamente, es una discusión que ha permeado a los países con mayores ingresos, muchos en el norte global. También es una crítica a la idea de desarrollo, a producir para el exceso de algunos y no para garantizar las necesidades básicas de todos, y al “producir por producir”. Es retar la noción de que mayor crecimiento económico es igual a mayor bienestar, justicia y progreso. Pero si los países con economías más fuertes son los llamados a decrecer, ¿qué rol cumple América Latina en todo esto? ¿Por qué mencionar decrecimiento en países como Argentina, Colombia y Perú, donde, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza aumentó siete puntos porcentuales en 2020?

Para Sofía Ávila, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la respuesta tiene que ver con que el crecimiento perpetuo de los países “es y solo ha sido posible en la medida que se explotan los recursos y cuerpos periféricos. Y Latinoamérica, históricamente, ha sido proveedor de esos recursos, pero al costo de que se generen grandes injusticias sociales y ambientales”.

Es también, como agrega Gerardo Torres, investigador en Justicia Energética y Transición de la Universidad de Sussex, Reino Unido, pensar “¿para qué, para quién y bajo qué lógica producimos?”. Torres, por ejemplo, ha estudiado los impactos del primer parque eólico que se creó en México, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para conocer qué ha pasado con esas tierras. “En una frase lo que encontré es que, bajo la transición energética, ha existido un paso de las tierras colectivas o indígenas hacia la propiedad privada”, apunta. Con la incoherencia, además, de que la energía que se produce allí no llega a las comunidades que, a veces, incluso fueron desplazadas de su territorio. “Se va a empresas que producen en el norte de México y que tienen inversiones extranjeras”. Pero que no generan bienes para garantizar necesidades básicas.

El crecimiento económico, tal cual lo hemos entendido, ha beneficiado solo a unos pocos. Según el informe de Global Wealth Report 2022, casi la mitad de la riqueza acumulada a nivel mundial está en manos del 1,2% de la población. Lo que se une también con quiénes generan más emisiones: solo el 1% de la población mundial fue responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019, advierte un reciente estudio publicado en Nature Sustainability.

Pero como lo señala Gabriela Cabaña, candidata a doctora en antropología del London School of Economics y parte del Centro de Análisis Socioambiental (CASA) de Chile, el decrecimiento en América Latina también va más allá de pensar en las emisiones que causan el cambio climático e implica analizar otros problemas ambientales. Incluso, cuestionar cómo algunas soluciones climáticas también pueden significar conflictos para el sur global.

Un grupo de obreros en una mina en Escondida (Chile).OLIVER LLANEZA HESSE (GETTY IMAGES)

“Hay que pensar la transición energética, pero en el contexto de la crisis ecológica”, asegura. “Intentar reemplazar nuestro actual consumo energético que está basado en combustibles fósiles, una fuente muy alta e intensiva, por uno que se genere con energías renovables ya está provocando muchas tensiones”. Buscar que la demanda energética siga creciendo para satisfacerla con energías renovables – como lo plantea parte del crecimiento verde – necesita grandes extensiones de tierra y de muchos minerales.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que para lograr la transición energética necesaria para no impulsar aún más el cambio climático – pero sin plantearse la opción de decrecer ni en el consumo ni en la producción de energía – la demanda total del cobre y tierras raras para las próximas dos décadas aumentará hasta un 40 %, mientras que para el níquel y el cobalto será de entre el 60 y 70 %. El litio, necesario para las baterías y carros eléctricos, incrementará su demanda casi en un 90%, pero su extracción ya está dejando conflictos sociales y ambientales en Argentina. “Pensar en el futuro del mundo como uno con más energía implicará que estemos dispuestos a ser denominados territorios de sacrificio”, asegura la experta.

Pero la palabra “decrecer” no deja de generar cierto miedo. “Es bueno recordar que no es una propuesta de muerte al crecimiento, sino el agnosticismo al crecimiento”, es como prefiere llamarlo María José Murcia, directora del Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Universidad Austral, Argentina. Y en el caso de Latinoamérica, explica, decrecer es pasar por pensar en economías que sean regenerativas y redistributivas. “No hay un sistema económico que sea realmente resiliente si hay mucha gente excluida y si, además, el medio natural que sostiene a toda esa economía está severamente amenazado. Eso es necesariamente una fuente de desestabilización”.

Y es que decrecer, al final, es también una crítica al desarrollo. Si en los países del norte surgió esta idea como tal – decrecer –, en los países de América Latina desde mucho antes habían nacido corrientes similares: el buen vivir, comunalidad, economía popular y solidaria, posextractivismo, patrimonio comunitario, pensamiento decolonial e, incluso, feminismos latinoamericanos. De hecho, Ávila, de México, junto a su colega Mario Pérez Rincón, ayudó a recopilar varias miradas propias de América Latina que no están inmersas en la lógica del capitalismo para el libro Decrecimiento: un vocabulario para una nueva era, que ha sido una surte de pilar para este movimiento.

“El decrecimiento no busca cambiar el objetivo de crecer por el de decrecer”, insiste Cabaña. “No es una vez más Europa poniendo las pautas al mundo con una receta política empaquetada y lista para aplicar a todos los países. El decrecimiento propone que cada lugar pueda construir sus propias alternativas”. Es hacerse la pregunta que se hace Torres: “¿Qué pasaría si no se prende el Times Square y el Oxford Circle todas las noches?”.

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