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DNCD apresa a cuatro policías, un marinero y un civil vinculados a red de narcotráfico

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image_content_5613181_20151005121512SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó en flagrante delito en Santo Domingo Este a tres oficiales de la Policía, a un alistado de la misma institución, a un marinero de la Armada de la República Dominicana (ARD) y a un civil, a quienes ocupó 501 mil 320 dólares en efectivo, momentos en que intentaban negociar la libertad de miembros de una poderosa red de narcotraficantes internacionales.

Los cinco arrestados, quienes se encuentran bajo investigación en la sede de la agencia antidroga, fueron identificados como el mayor Francisco Antonio Peralta; el capitán Miguel Ángel Belén; el segundo teniente Pedro Peralta; el marinero Manuel Pérez y el civil Deivi Mejía Valdez.

La DNCD, con la colaboración de la DEA, daba seguimiento a una organización de narcotraficantes nacionales e internacionales, quienes conforme la investigación realizarían una transacción de una gran suma de dólares, producto de la venta de drogas.

Cerca del mediodía del pasado viernes, la inteligencia de la DNCD observó a varios hombres identificados con distintivos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía, portando armas largas y cortas, cuando llegaron a bordo del carro Toyota Vitz, color gris, a la calle Costa Rica casi esquina calle Pedro A. Pérez Cabral, del sector Alma Rosa, donde simularon un operativo.

En el lugar, los miembros de la DNCD observaron cuando los oficiales de la Policía, adscritos a la Dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) “arrestaban” al marinero y a un civil, quienes se desplazaban en un carro Hyundai Avance, color blanco, placa A651446, año 2011, y les dieron seguimiento a para percatarse de todos sus movimientos, observando que los oficiales del DICRIM no llevaron a los detenidos a ninguna dotación policial, sino que se mantuvieron transitando por varios sectores de la provincia de Santo Domingo.

Minutos después la inteligencia de la DNCD obtuvo la información de que los tres oficiales en cuestión estaban negociando con el líder de la red de narcos (prófugo) por una gran suma de dinero.

El apresamiento se produjo en la calle Simón Orozco próximo a la calle Eugenio Estrella, del sector Eugenio María de Hostos, próximo a la urbanización Invivienda, Santo Domingo Este. image_content_5613188_20151005121512

Los oficiales de la DNCD actuantes, en coordinación con el Director de la Dicrim y un fiscal adjunto que les acompañaba ocuparon los $US501 mil 320 dólares que se encontraban dentro de una bolsa plástica en el piso trasero y en un compartimiento secreto (caleta) debajo del asiento de atrás del carro Hyundai Avance.

Alrededor de tres horas después, autoridades de la Policía Nacional entregaron en la sede de la DNCD a un sargento que es señalado como participante en el arresto del marinero y el civil, el cual era parte de la patrulla que practicó el falso operativo y que no se encontraba en el lugar donde resultaron los demás arrestados.

Horas más tarde, miembros de la DNCD ocuparon en la calle Segunda, sector Buenos Aires de Herrera en Santo Domingo Oeste, el carro Toyota Camry, color dorado, placa A396482, dejado abandonado por otros dos implicados a los cuales se les busca. Allí se ocupó un celular que fue utilizado en la coordinación de la abortada transacción de dinero producto del narcotráfico.

A los tres oficiales del DICRIM, un mayor, un capitán y un teniente detenidos, así como al alistado con rango de sargento, se les ocupó, además de sus armas de reglamento, pocos más de 20 mil pesos en efectivo y fardos de dólares adheridos a sus cuerpos y en sus carteras, así como documentos personales.

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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