Opinión
Doce razones para no participar en comicios del 2024
Por Narciso Isa Conde
El Movimiento Caamañista (MC) declara ante el país que decidió no participar en los procesos electorales fijados para este año 2024. Convicciones muy profundas y consistentes han determinado este posicionamiento político frente a las votaciones a las alcaldías, congreso y presidencia de la república.
· LAS DOCE RAZONES:
1.- PORQUE las heroicas luchas por la democracia y la libertad han sido obstruidas y secuestradas por una partidocracia insensible y voraz, por las continuas intervenciones del poder imperialista estadounidense y por el poder del dinero de elites capitalistas y mafias diversas.
2.- PORQUE las denominadas elecciones municipales, congresuales y presidenciales están basadas en una Constitución profundamente antidemocrática y en dos leyes hechas a la medida de los intereses de partidos corruptos y de las cúpulas capitalistas-imperialistas y narco-capitalistas que los manipulan.
3.-PORQUE el sistema electoral dominicano no garantiza equidad y respeto para todos los que participan en estos procesos. El pueblo no elige. Eligen los partidos con más poder y más dinero:
· Empleando fondos procedentes del estado y sus contribuyentes, injustamente asignados por ellos mismos;
· Recibiendo financiamientos de tutumpotes megamillonarios, que invierten en el mercado electoral para multiplicar fortunas y controlar el estado;
· Usando dineros procedentes del ejercicio inmoral de las funciones públicas, del lavado del producto de la corrupción política, del narcotráfico, las bancas de apuestas y otros negocios turbios.
En todos estos casos han usado esos medios, recursos y condiciones para manipular las votaciones y apoderarse de la mayor parte de los cargos electivos.
4.-PORQUE en todos los niveles abundan candidatos y candidatas con antecedentes de corrupción y evidencias mafiosas.
5.-PORQUE durante 58 años, en procesos electorales parecidos a éstos, sólo se ha logrado más de lo mismo y se han agravado problemas cruciales que afectan a la nación y al pueblo en vertientes tan sensibles como alimentación, salud, seguridad social, educación y seguridad ciudadana.
6.-PORQUE elecciones tras elecciones no cesan el deterioro ambiental y la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales; el caos en el transporte; la opresión y violencia contra la mujer; el auge del racismo; las enormes desigualdades sociales; el injusto régimen salarial y la explotación y sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras; en tanto el sistema electoral facilita que los partidos que acceden al gobierno no se dediquen a resolverlos.
7.-PORQUE en estas últimas décadas se han empeorado la inseguridad ciudadana, el aplastamiento de la soberanía y la autodeterminación por el poder imperialista de EEUU y sus aliados; la crisis de agua y de los sistemas de drenajes pluviales y sanitarios; la minería destructiva; el robo y la narco-economía; la privatización del patrimonio público y natural de la nación; y el maltrato de las relaciones con Haití y su pueblo, con graves daños al espíritu de coexistencia, cooperación y oportunidades económicas mutuamente ventajosas.
8.- PORQUE el sistema electoral ha transformado gran parte de los partidos en compañías por acciones; muchos/as votantes -sobre todo a los/as más pobres- son tratados/as como clientes y el voto convertido en mercancía; degradando comicios e instituciones, y reforzando su carácter comercial y su esencia excluyente.
Tan excluyentes y antidemocráticas son estas votaciones, que los llamados partidos emergentes que no tienen manera de emerger, terminan plegándose a los que dominan el sistema a base de dinero y de poder, a cambio de cuotas menores.
9.- PORQUE el sistema de medios de comunicación, al servicio del gran capital e influido determinantemente por el derroche de publicidad gubernamental y privada, excluye, margina o minimiza todo lo que no responde a sus intereses y sacan del debate los temas fundamentales, banalizando los procesos electorales.
10.-PORQUE desde 1966, en materia de elecciones se ha demostrado, que si no se cambian sus bases constitucionales y legales, su sistema de partidos, sus mecanismos de financiamientos y sus actuales reglas de juego, los resultados serán siempre más de lo mismo y su producto igual o peor; como ha pasado muchas veces en el Congreso, las Alcaldías y en el propio Poder Ejecutivo.
11.-PORQUE es poco o nada lo que pueden hacer las contadas personas honestas y con voluntad de reformas que logran colarse en este tipo de votaciones para ocupar cargos electivos.
12.-PORQUE desde el poder central se ha anulado la independencia del poder municipal, tanto con la ley de ordenamiento territorial como con prerrogativas onerosas en favor de las mineras.
· NUEVA RUTA HACIA UN NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE.
En resumen: porque las pregonadas “fiestas de la democracia”, realizadas después de la invasión militar yanqui de 1965, han resultado verdaderas trampas; y porque éstas votaciones no serán diferentes, decidimos no avalar la continuidad de ese círculo vicioso y viciado.
En lugar de participar en votaciones tramposas y viciadas, hemos optado por seguir desplegando nuestras energías por otra ruta; procurando, a los compas de luchas sociales más politizadas, erosionar la gobernabilidad de estas instituciones extremadamente degradadas.
Esta nueva ruta procura crear conciencia colectiva de la necesidad de reemplazar esta institucionalidad a través de un PROCESO CONSTITUYENTE SOBERANO Y PARTICIPATIVO, capaz de construir nuevas bases constitucionales, que posibiliten establecer una nueva institucionalidad realmente democrática y garantizar comicios verdaderamente libres.
Bajo las actuales condiciones, molestarse en participar en esos comicios y acudir a votar solo contribuye a legitimar y prolongar esta situación.
Estas son nuestras sinceras y firmes convicciones, respetando el parecer y las actitudes de quienes de buena fe y con honestidad probada consideren beneficioso participar en estas votaciones. A nadie descalificaremos por asumir esas actitudes, pero si exhortamos a reflexionar y a debatir estas ideas, las cuales trascienden estas nuevas votaciones normadas por reglas inaceptables para nosotros/as
POR LA COORDINACIÓN CENTRAL DEL MOVIMIENTO CAAMAÑISTA: Narciso Isa Conde, Raúl Guerrero, Elisabeth Mejía y Rafael Félix.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.