Opinión
Doce razones para no participar en comicios del 2024
Por Narciso Isa Conde
El Movimiento Caamañista (MC) declara ante el país que decidió no participar en los procesos electorales fijados para este año 2024. Convicciones muy profundas y consistentes han determinado este posicionamiento político frente a las votaciones a las alcaldías, congreso y presidencia de la república.
· LAS DOCE RAZONES:
1.- PORQUE las heroicas luchas por la democracia y la libertad han sido obstruidas y secuestradas por una partidocracia insensible y voraz, por las continuas intervenciones del poder imperialista estadounidense y por el poder del dinero de elites capitalistas y mafias diversas.
2.- PORQUE las denominadas elecciones municipales, congresuales y presidenciales están basadas en una Constitución profundamente antidemocrática y en dos leyes hechas a la medida de los intereses de partidos corruptos y de las cúpulas capitalistas-imperialistas y narco-capitalistas que los manipulan.
3.-PORQUE el sistema electoral dominicano no garantiza equidad y respeto para todos los que participan en estos procesos. El pueblo no elige. Eligen los partidos con más poder y más dinero:
· Empleando fondos procedentes del estado y sus contribuyentes, injustamente asignados por ellos mismos;
· Recibiendo financiamientos de tutumpotes megamillonarios, que invierten en el mercado electoral para multiplicar fortunas y controlar el estado;
· Usando dineros procedentes del ejercicio inmoral de las funciones públicas, del lavado del producto de la corrupción política, del narcotráfico, las bancas de apuestas y otros negocios turbios.
En todos estos casos han usado esos medios, recursos y condiciones para manipular las votaciones y apoderarse de la mayor parte de los cargos electivos.
4.-PORQUE en todos los niveles abundan candidatos y candidatas con antecedentes de corrupción y evidencias mafiosas.
5.-PORQUE durante 58 años, en procesos electorales parecidos a éstos, sólo se ha logrado más de lo mismo y se han agravado problemas cruciales que afectan a la nación y al pueblo en vertientes tan sensibles como alimentación, salud, seguridad social, educación y seguridad ciudadana.
6.-PORQUE elecciones tras elecciones no cesan el deterioro ambiental y la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales; el caos en el transporte; la opresión y violencia contra la mujer; el auge del racismo; las enormes desigualdades sociales; el injusto régimen salarial y la explotación y sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras; en tanto el sistema electoral facilita que los partidos que acceden al gobierno no se dediquen a resolverlos.
7.-PORQUE en estas últimas décadas se han empeorado la inseguridad ciudadana, el aplastamiento de la soberanía y la autodeterminación por el poder imperialista de EEUU y sus aliados; la crisis de agua y de los sistemas de drenajes pluviales y sanitarios; la minería destructiva; el robo y la narco-economía; la privatización del patrimonio público y natural de la nación; y el maltrato de las relaciones con Haití y su pueblo, con graves daños al espíritu de coexistencia, cooperación y oportunidades económicas mutuamente ventajosas.
8.- PORQUE el sistema electoral ha transformado gran parte de los partidos en compañías por acciones; muchos/as votantes -sobre todo a los/as más pobres- son tratados/as como clientes y el voto convertido en mercancía; degradando comicios e instituciones, y reforzando su carácter comercial y su esencia excluyente.
Tan excluyentes y antidemocráticas son estas votaciones, que los llamados partidos emergentes que no tienen manera de emerger, terminan plegándose a los que dominan el sistema a base de dinero y de poder, a cambio de cuotas menores.
9.- PORQUE el sistema de medios de comunicación, al servicio del gran capital e influido determinantemente por el derroche de publicidad gubernamental y privada, excluye, margina o minimiza todo lo que no responde a sus intereses y sacan del debate los temas fundamentales, banalizando los procesos electorales.
10.-PORQUE desde 1966, en materia de elecciones se ha demostrado, que si no se cambian sus bases constitucionales y legales, su sistema de partidos, sus mecanismos de financiamientos y sus actuales reglas de juego, los resultados serán siempre más de lo mismo y su producto igual o peor; como ha pasado muchas veces en el Congreso, las Alcaldías y en el propio Poder Ejecutivo.
11.-PORQUE es poco o nada lo que pueden hacer las contadas personas honestas y con voluntad de reformas que logran colarse en este tipo de votaciones para ocupar cargos electivos.
12.-PORQUE desde el poder central se ha anulado la independencia del poder municipal, tanto con la ley de ordenamiento territorial como con prerrogativas onerosas en favor de las mineras.
· NUEVA RUTA HACIA UN NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE.
En resumen: porque las pregonadas “fiestas de la democracia”, realizadas después de la invasión militar yanqui de 1965, han resultado verdaderas trampas; y porque éstas votaciones no serán diferentes, decidimos no avalar la continuidad de ese círculo vicioso y viciado.
En lugar de participar en votaciones tramposas y viciadas, hemos optado por seguir desplegando nuestras energías por otra ruta; procurando, a los compas de luchas sociales más politizadas, erosionar la gobernabilidad de estas instituciones extremadamente degradadas.
Esta nueva ruta procura crear conciencia colectiva de la necesidad de reemplazar esta institucionalidad a través de un PROCESO CONSTITUYENTE SOBERANO Y PARTICIPATIVO, capaz de construir nuevas bases constitucionales, que posibiliten establecer una nueva institucionalidad realmente democrática y garantizar comicios verdaderamente libres.
Bajo las actuales condiciones, molestarse en participar en esos comicios y acudir a votar solo contribuye a legitimar y prolongar esta situación.
Estas son nuestras sinceras y firmes convicciones, respetando el parecer y las actitudes de quienes de buena fe y con honestidad probada consideren beneficioso participar en estas votaciones. A nadie descalificaremos por asumir esas actitudes, pero si exhortamos a reflexionar y a debatir estas ideas, las cuales trascienden estas nuevas votaciones normadas por reglas inaceptables para nosotros/as
POR LA COORDINACIÓN CENTRAL DEL MOVIMIENTO CAAMAÑISTA: Narciso Isa Conde, Raúl Guerrero, Elisabeth Mejía y Rafael Félix.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!