Opinión
Dos decadencias necesarias para recuperar dos soberanía
“Durante medio siglo resultó prácticamente imposible retomar la ruta de la nueva independencia en esta pequeña isla caribeña, en plena frontera imperial y bajo amenaza de nueva invasión militar.”
En Abril de 1965 el pueblo dominicano puso en marcha una revolución democrática y popular que en pocas horas logró establecer la Constitución y el gobierno democrático presidido por Juan Bosch establecido en 1963, recuperar la soberanía nacional conculcada, ejercer la soberanía popular y abrir las compuertas a cambios sociales profundos.
Abril 65 fue inevitablemente, además, Guerra Patria ejemplar contra el yanqui invasor, que acudió con sus marines a salvar a sus aliados en desbandada y a contener aquella impetuosa y promisoria rebeldía soberana.
Esa gesta libertaria, la más importante del siglo XX, cumplió 55 años este 2020.
REFERENTE HISTÓRICO Y FUENTE DE INSPIRACIÓN
Abril 65 en armas y sus combates estelares, seguido de mayo, junio, agosto y septiembre… es un pasado heroico que no ha cesado de reclamar en cada presente posterior la pertinencia de la revolución inconclusa que encarnó antes de verse cercada y contenida la insurgencia en auge por el brutal accionar de la súper-potencia imperial que nos impuso este medio siglo de sinsabores y penurias.
El contraste entre lo que fue y pudo ser la suma de reivindicaciones históricas y creaciones colectivas forjadas en aquellos días preciosamente turbulentos, y este presente ignominioso e inaceptable, le confieren a esa gesta el derecho de inspirar las nuevas rebeldías creadoras hacia un nuevo periodo de cambios que ahora puede verse algo más próximo, en tanto está en marcha la decadencia del imperio que contuvo y revirtió la revolución del 65, y en tanto avanza –no sin oscilaciones atenuantes y giros contradictorios- la decadencia del modelo neoliberal-autoritario y la seudo-democracia que la contrarrevolución imperialista prohijó.
Durante medio siglo resultó prácticamente imposible retomar la ruta de la nueva independencia en esta pequeña isla caribeña, en plena frontera imperial, bajo las garras de un imperio en auge, presto a repetir la invasión ante cualquier amago de autodeterminación.
El momento crucial no ha llegado, pero ya por lo menos puede vislumbrarse su gestación, cuando es evidente la progresiva y ya incontenible declinación de EEUU como superpotencia absolutamente hegemónica y cuando Nuestra América tiende a debilitar y superar su dominación en medio la crisis más profunda y persistente en la historia del capitalismo occidental.
Otro tanto acontece en los escenarios nacionales donde entran en fase decadente los modelos resultantes de la recolonización neoliberal y su correspondiente institucionalidad, carcomida por la corrupción y negadora de democracia real.
Dos decadencias simultáneas en marcha -aun con ritmos e intensidades diferentes- facilitan recuperar las dos soberanías conculcadas: la soberanía de la Nación y la soberanía del pueblo; pensada y asumidas como suma de liberaciones en dirección a una soberanía de mayor potencia: la soberanía de la Patria Grande.
Aquel Abril -además de pasado heroico proyectado en el presente- merece ser futuro pleno de libertades, justicia, bienestar colectivo y soberanía… a partir de la necesaria recreación debidamente renovada al calor de los nuevos combates y las nuevas experiencias populares, aquí y más allá de nuestras fronteras.
DECLINA UN LARGO CICLO Y SE ACENTÚAN LOS CONTRASTE
Así, el largo ciclo de una cruel contrarrevolución estabilizada a sangre y fuego, a golpes de corrupción, saqueo, engaño, seudo-democracia y trampa, presenta ya sería señales de decadencia, tanto en el escenario nacional como en el continental y mundial..
La Constitución de 1963, la más avanzada de la historia republicana, contiene comparativamente suficientes energías para impugnar las Constituciones de 1966 y del 2010 usadas para instalar sendas dictaduras corrompidas y corruptoras. Dictaduras formalmente constitucionales, esencialmente dependientes, excluyentes y empobrecedoras…al servicio de espurias elites sociales, políticas y militares que de manera rapaz se han apropiado de un crecimiento económico y un progreso tan deforme como aberrante, generando de paso un universo de desgargantas desigualdades, ahora potenciadas por una depresión precipitada por la COVID 19.
En verdad una contrarrevolución imperialista es mucho más que un monstruo de mil cabezas.
Los/as sobrevivientes físicos somos pocos/as.
Los ideológicos, mucho menos.
Esto y el fantasma del Comando Sur sobre 48 mil kilómetros cuadrados dificultaron extraordinariamente variar el curso de la contrarrevolución impuesta.
La soberanía ejercida con singular valor en aquellos meses gloriosos de 1965 -repletos de dignidad nacional y redención social- contrasta hoy con la soberanía vilmente negada durante cincuenta años de dominio del MAAG (Cuerpo de Asesores Militates), la CIA, FBI, la USAID, el MOSSAD, Gulf and Western, ALCOA, Falconbrigde, Rosario Resource, Nebraska, Barrick, General Electric, Smith Earon, Chasse Manhathan Bank, FMI, BM, BID, DR-CAFTA, deuda eterna, APPs, neoliberalismo y gobernadores de colonia.
La república democrática de los comandos, especie de comuna caribeña, dibujó el sueño real interrumpido por sucesivas farsas que han convertido el sufragio en negocio, los partidos en empresas, la representación en usurpación y el bienestar en derecho exclusivo de minorías indolentes.
Las riquezas creadas con la cruel explotación del pueblo dominicano, aquí y en el exterior, abultada escandalosamente con la sobre-explotación de la inmigración haitiana y el vil saqueo del patrimonio público y natural del país, han sido acaparadas por una lumpen burguesía transnacional.
Las ganancias y el robo descarado de banqueros, ARSs, AFPs, importadores, grandes consorcios mineros, políticos, carteles de la construcción, narco-generales, narco-empresarios y especuladores de todas las calañas, han conformado fortunas que superan la más alta capacidad de fabular.
El empobrecimiento, como contrapartida, agobia al 60 por ciento de la población, incluido un 20 por ciento que sufre los rigores de la indigencia y la marginalidad extrema. La inseguridad social corroe una sociedad altamente desnutrida y enferma, y no hay servicio público que no esté en la cercanía del desastre social.
La dictadura mediática, por demás, reproduce todas las discriminaciones: de clase, de género, de generaciones, racista… todas terriblemente funcionales a la sobre-explotación capitalista, al abuso y a la extorsión.
El Estado delincuente, con fuertes componentes de narco-estado, ha sumido a la sociedad en una situación de alta inseguridad frente a las más variadas formas delincuencia.
Pero es precisamente ese cuadro de la dominación tutelada por EEUU el que se agrieta y debilita a consecuencias de la combinación de ambas decadencias, las cuales no se precipitan por sí solas, si no que en su declinación desesperante se tornan más agresivas.
Vale, por tanto, persistir: desplegar conciencia, energía y valor para empujarlas al precipicio.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.