Opinión
Dos decadencias necesarias para recuperar dos soberanía
“Durante medio siglo resultó prácticamente imposible retomar la ruta de la nueva independencia en esta pequeña isla caribeña, en plena frontera imperial y bajo amenaza de nueva invasión militar.”
En Abril de 1965 el pueblo dominicano puso en marcha una revolución democrática y popular que en pocas horas logró establecer la Constitución y el gobierno democrático presidido por Juan Bosch establecido en 1963, recuperar la soberanía nacional conculcada, ejercer la soberanía popular y abrir las compuertas a cambios sociales profundos.
Abril 65 fue inevitablemente, además, Guerra Patria ejemplar contra el yanqui invasor, que acudió con sus marines a salvar a sus aliados en desbandada y a contener aquella impetuosa y promisoria rebeldía soberana.
Esa gesta libertaria, la más importante del siglo XX, cumplió 55 años este 2020.
REFERENTE HISTÓRICO Y FUENTE DE INSPIRACIÓN
Abril 65 en armas y sus combates estelares, seguido de mayo, junio, agosto y septiembre… es un pasado heroico que no ha cesado de reclamar en cada presente posterior la pertinencia de la revolución inconclusa que encarnó antes de verse cercada y contenida la insurgencia en auge por el brutal accionar de la súper-potencia imperial que nos impuso este medio siglo de sinsabores y penurias.
El contraste entre lo que fue y pudo ser la suma de reivindicaciones históricas y creaciones colectivas forjadas en aquellos días preciosamente turbulentos, y este presente ignominioso e inaceptable, le confieren a esa gesta el derecho de inspirar las nuevas rebeldías creadoras hacia un nuevo periodo de cambios que ahora puede verse algo más próximo, en tanto está en marcha la decadencia del imperio que contuvo y revirtió la revolución del 65, y en tanto avanza –no sin oscilaciones atenuantes y giros contradictorios- la decadencia del modelo neoliberal-autoritario y la seudo-democracia que la contrarrevolución imperialista prohijó.
Durante medio siglo resultó prácticamente imposible retomar la ruta de la nueva independencia en esta pequeña isla caribeña, en plena frontera imperial, bajo las garras de un imperio en auge, presto a repetir la invasión ante cualquier amago de autodeterminación.
El momento crucial no ha llegado, pero ya por lo menos puede vislumbrarse su gestación, cuando es evidente la progresiva y ya incontenible declinación de EEUU como superpotencia absolutamente hegemónica y cuando Nuestra América tiende a debilitar y superar su dominación en medio la crisis más profunda y persistente en la historia del capitalismo occidental.
Otro tanto acontece en los escenarios nacionales donde entran en fase decadente los modelos resultantes de la recolonización neoliberal y su correspondiente institucionalidad, carcomida por la corrupción y negadora de democracia real.
Dos decadencias simultáneas en marcha -aun con ritmos e intensidades diferentes- facilitan recuperar las dos soberanías conculcadas: la soberanía de la Nación y la soberanía del pueblo; pensada y asumidas como suma de liberaciones en dirección a una soberanía de mayor potencia: la soberanía de la Patria Grande.
Aquel Abril -además de pasado heroico proyectado en el presente- merece ser futuro pleno de libertades, justicia, bienestar colectivo y soberanía… a partir de la necesaria recreación debidamente renovada al calor de los nuevos combates y las nuevas experiencias populares, aquí y más allá de nuestras fronteras.
DECLINA UN LARGO CICLO Y SE ACENTÚAN LOS CONTRASTE
Así, el largo ciclo de una cruel contrarrevolución estabilizada a sangre y fuego, a golpes de corrupción, saqueo, engaño, seudo-democracia y trampa, presenta ya sería señales de decadencia, tanto en el escenario nacional como en el continental y mundial..
La Constitución de 1963, la más avanzada de la historia republicana, contiene comparativamente suficientes energías para impugnar las Constituciones de 1966 y del 2010 usadas para instalar sendas dictaduras corrompidas y corruptoras. Dictaduras formalmente constitucionales, esencialmente dependientes, excluyentes y empobrecedoras…al servicio de espurias elites sociales, políticas y militares que de manera rapaz se han apropiado de un crecimiento económico y un progreso tan deforme como aberrante, generando de paso un universo de desgargantas desigualdades, ahora potenciadas por una depresión precipitada por la COVID 19.
En verdad una contrarrevolución imperialista es mucho más que un monstruo de mil cabezas.
Los/as sobrevivientes físicos somos pocos/as.
Los ideológicos, mucho menos.
Esto y el fantasma del Comando Sur sobre 48 mil kilómetros cuadrados dificultaron extraordinariamente variar el curso de la contrarrevolución impuesta.
La soberanía ejercida con singular valor en aquellos meses gloriosos de 1965 -repletos de dignidad nacional y redención social- contrasta hoy con la soberanía vilmente negada durante cincuenta años de dominio del MAAG (Cuerpo de Asesores Militates), la CIA, FBI, la USAID, el MOSSAD, Gulf and Western, ALCOA, Falconbrigde, Rosario Resource, Nebraska, Barrick, General Electric, Smith Earon, Chasse Manhathan Bank, FMI, BM, BID, DR-CAFTA, deuda eterna, APPs, neoliberalismo y gobernadores de colonia.
La república democrática de los comandos, especie de comuna caribeña, dibujó el sueño real interrumpido por sucesivas farsas que han convertido el sufragio en negocio, los partidos en empresas, la representación en usurpación y el bienestar en derecho exclusivo de minorías indolentes.
Las riquezas creadas con la cruel explotación del pueblo dominicano, aquí y en el exterior, abultada escandalosamente con la sobre-explotación de la inmigración haitiana y el vil saqueo del patrimonio público y natural del país, han sido acaparadas por una lumpen burguesía transnacional.
Las ganancias y el robo descarado de banqueros, ARSs, AFPs, importadores, grandes consorcios mineros, políticos, carteles de la construcción, narco-generales, narco-empresarios y especuladores de todas las calañas, han conformado fortunas que superan la más alta capacidad de fabular.
El empobrecimiento, como contrapartida, agobia al 60 por ciento de la población, incluido un 20 por ciento que sufre los rigores de la indigencia y la marginalidad extrema. La inseguridad social corroe una sociedad altamente desnutrida y enferma, y no hay servicio público que no esté en la cercanía del desastre social.
La dictadura mediática, por demás, reproduce todas las discriminaciones: de clase, de género, de generaciones, racista… todas terriblemente funcionales a la sobre-explotación capitalista, al abuso y a la extorsión.
El Estado delincuente, con fuertes componentes de narco-estado, ha sumido a la sociedad en una situación de alta inseguridad frente a las más variadas formas delincuencia.
Pero es precisamente ese cuadro de la dominación tutelada por EEUU el que se agrieta y debilita a consecuencias de la combinación de ambas decadencias, las cuales no se precipitan por sí solas, si no que en su declinación desesperante se tornan más agresivas.
Vale, por tanto, persistir: desplegar conciencia, energía y valor para empujarlas al precipicio.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?