Opinión
Dos decadencias necesarias para recuperar dos soberanías
Por Narciso Isa Conde
En Abril de 1965 el pueblo dominicano puso en marcha una revolución democrática y popular que en pocas horas logró restablecer la Constitución y el gobierno democrático presidido por Juan Bosch (electo en diciembre de 1962 y derrocado por un golpe de Estado en septiembre de 1963), recuperar la soberanía nacional conculcada, ejercer la soberanía popular y abrir las compuertas a cambios sociales profundos.
Ese hermoso proceso fue bloqueado y revertido por una brutal invasión militar de los EEUU, que luego de cuatro meses de heroica resistencia popular armada -encabezada por el Coronel Caamaño y escenificada por el pueblo y los militares patriotas organizados en comandos- logró imponer por la fuerza un largo periodo contrarrevolucionario que todavía perdura.
Abril 65 fue inevitablemente, además, Guerra Patria ejemplar contra el yanqui invasor, que acudió con sus marines a salvar a sus aliados en desbandada y a contener aquella impetuosa y promisoria rebeldía soberana.
Esa gesta libertaria, la más importante del siglo XX, cumplió 55 años este 2020.
REFERENTE HISTÓRICO Y FUENTE DE INSPIRACIÓN
Abril 65 en armas y sus combates estelares, seguido de mayo, junio, agosto y septiembre… es un pasado heroico que no ha cesado de reclamar en cada presente posterior la pertinencia de la revolución inconclusa que encarnó antes de verse cercada la insurgencia popular por el brutal accionar de la súper-potencia imperial que no ha impuesto por la fuerza más de medio siglo de sinsabores y penurias.
El contraste entre lo que fue y pudo ser la suma de reivindicaciones históricas y creaciones colectivas forjadas en aquellos días preciosamente turbulentos, y este presente ignominioso e inaceptable, le confieren a esa gesta el derecho de inspirar las nuevas rebeldías creadoras hacia un nuevo periodo de cambios que ahora puede verse algo más próximo, en tanto está en marcha la decadencia del imperio que contuvo y revirtió la revolución del 65, y en tanto avanza –no sin oscilaciones atenuantes y giros contradictorios- la decadencia del modelo neoliberal-autoritario y la seudo-democracia que la contrarrevolución imperialista prohijó.
Durante medio siglo resultó prácticamente imposible retomar la ruta de la nueva independencia en esta pequeña isla caribeña, en plena frontera imperial, bajo las garras de un imperio en auge, presto a repetir la invasión ante cualquier amago de autodeterminación.
El momento crucial no ha llegado, pero ya por lo menos puede vislumbrarse su gestación, cuando es evidente la progresiva y ya incontenible declinación de EEUU como superpotencia absolutamente hegemónica y cuando Nuestra América tiende a debilitar y superar su dominación en medio la crisis más profunda y persistente en la historia del capitalismo occidental.
Otro tanto acontece en los escenarios nacionales donde entran en fase decadente los modelos resultantes de la recolonización neoliberal y su correspondiente institucionalidad, carcomida por la corrupción y negadora de democracia real.
Dos decadencias simultáneas en marcha -aun con ritmos e intensidades diferentes- facilitan recuperar las dos soberanías conculcadas: la soberanía de la Nación y la soberanía del pueblo; pensada y asumidas como suma de liberaciones en dirección a una soberanía de mayor potencia: la soberanía de la Patria Grande.
Aquel Abril -además de pasado heroico proyectado en el presente- merece ser futuro pleno de libertades, justicia, bienestar colectivo y soberanía… a partir de la necesaria recreación debidamente renovada al calor de los nuevos combates y las nuevas experiencias populares, aquí y más allá de nuestras fronteras.
DECLINA UN LARGO CICLO Y SE ACENTÚAN LOS CONTRASTES
Así, el largo ciclo de una cruel contrarrevolución estabilizada a sangre y fuego, a golpes de corrupción, saqueo, engaño, seudo-democracia y trampa, presenta ya sería señales de decadencia, tanto en el escenario nacional como en el continental y mundial..
La Constitución de 1963, la más avanzada de la historia republicana, contiene comparativamente suficientes energías para impugnar las Constituciones de 1966 y del 2010 usadas para instalar sendas dictaduras corrompidas y corruptoras. Dictaduras formalmente constitucionales, esencialmente dependientes, excluyentes y empobrecedoras…al servicio de espurias elites sociales, políticas y militares que de manera rapaz se han apropiado de un crecimiento económico y un progreso tan deforme como aberrante, generando de paso un universo de desgargantas desigualdades, ahora potenciadas por una depresión precipitada por la COVID 19.
En verdad una contrarrevolución imperialista es mucho más que un monstruo de mil cabezas.
Los/as sobrevivientes físicos somos pocos/as.
Los ideológicos, mucho menos.
Esto y el fantasma del Comando Sur sobre 48 mil kilómetros cuadrados dificultaron extraordinariamente variar el curso de la contrarrevolución impuesta.
La soberanía ejercida con singular valor en aquellos meses gloriosos de 1965 -repletos de dignidad nacional y redención social- contrasta hoy con la soberanía vilmente negada durante más de cincuenta años de dominio del MAAG (Cuerpo de Asesores Militates), la CIA, FBI, la USAID, el MOSSAD, Gulf and Western, ALCOA, Falconbrigde, Rosario Resource, Nebraska, Barrick, General Electric, Smith Earon, Chasse Manhathan Bank, FMI, BM, BID, DR-CAFTA, deuda eterna, APPs, neoliberalismo y gobernadores de colonia.
La república democrática de los comandos del 65, especie de comuna caribeña, dibujó el sueño real interrumpido por sucesivas farsas que han convertido el sufragio en negocio, los partidos en empresas, la representación en usurpación y el bienestar en derecho exclusivo de minorías indolentes.
Las riquezas creadas con la cruel explotación del pueblo dominicano, aquí y en el exterior, abultada escandalosamente con la sobre-explotación de la inmigración haitiana y el vil saqueo del patrimonio público y natural del país, han sido acaparadas por una lumpen burguesía transnacional.
Las ganancias y el robo descarado de banqueros, ARSs, AFPs, importadores, grandes consorcios mineros, políticos, carteles de la construcción, narco-generales, narco-empresarios y especuladores de todas las calañas, han conformado fortunas que superan la más alta capacidad de fabular.
El empobrecimiento, como contrapartida, agobia al 60 por ciento de la población, incluido un 20 por ciento que sufre los rigores de la indigencia y la marginalidad extrema. La inseguridad social corroe una sociedad altamente desnutrida y enferma, y no hay servicio público que no esté en la cercanía del desastre social.
La dictadura mediática, por demás, reproduce todas las discriminaciones: de clase, de género, de generaciones, racista… todas terriblemente funcionales a la sobre-explotación capitalista, al abuso, a la extorsión y al coloniaje de EEUU, cada vez más reforzado.
El Estado delincuente, con fuertes componentes de narco-estado, ha sumido a la sociedad en una situación de alta inseguridad frente a las más variadas formas delincuencia.
Pero es precisamente ese cuadro de la dominación tutelada por EEUU el que se agrieta y debilita a consecuencia de la combinación de ambas decadencias, las cuales no se precipitan por sí solas, si no que en su declinación desesperante se tornan más agresivas.
Vale, por tanto, persistir: desplegar conciencia, energía y valor para empujarlas al precipicio.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.