Opinión
Dos decadencias necesarias para recuperar dos soberanías
Por Narciso Isa Conde
En Abril de 1965 el pueblo dominicano puso en marcha una revolución democrática y popular que en pocas horas logró restablecer la Constitución y el gobierno democrático presidido por Juan Bosch (electo en diciembre de 1962 y derrocado por un golpe de Estado en septiembre de 1963), recuperar la soberanía nacional conculcada, ejercer la soberanía popular y abrir las compuertas a cambios sociales profundos.
Ese hermoso proceso fue bloqueado y revertido por una brutal invasión militar de los EEUU, que luego de cuatro meses de heroica resistencia popular armada -encabezada por el Coronel Caamaño y escenificada por el pueblo y los militares patriotas organizados en comandos- logró imponer por la fuerza un largo periodo contrarrevolucionario que todavía perdura.
Abril 65 fue inevitablemente, además, Guerra Patria ejemplar contra el yanqui invasor, que acudió con sus marines a salvar a sus aliados en desbandada y a contener aquella impetuosa y promisoria rebeldía soberana.
Esa gesta libertaria, la más importante del siglo XX, cumplió 55 años este 2020.
REFERENTE HISTÓRICO Y FUENTE DE INSPIRACIÓN
Abril 65 en armas y sus combates estelares, seguido de mayo, junio, agosto y septiembre… es un pasado heroico que no ha cesado de reclamar en cada presente posterior la pertinencia de la revolución inconclusa que encarnó antes de verse cercada la insurgencia popular por el brutal accionar de la súper-potencia imperial que no ha impuesto por la fuerza más de medio siglo de sinsabores y penurias.
El contraste entre lo que fue y pudo ser la suma de reivindicaciones históricas y creaciones colectivas forjadas en aquellos días preciosamente turbulentos, y este presente ignominioso e inaceptable, le confieren a esa gesta el derecho de inspirar las nuevas rebeldías creadoras hacia un nuevo periodo de cambios que ahora puede verse algo más próximo, en tanto está en marcha la decadencia del imperio que contuvo y revirtió la revolución del 65, y en tanto avanza –no sin oscilaciones atenuantes y giros contradictorios- la decadencia del modelo neoliberal-autoritario y la seudo-democracia que la contrarrevolución imperialista prohijó.
Durante medio siglo resultó prácticamente imposible retomar la ruta de la nueva independencia en esta pequeña isla caribeña, en plena frontera imperial, bajo las garras de un imperio en auge, presto a repetir la invasión ante cualquier amago de autodeterminación.
El momento crucial no ha llegado, pero ya por lo menos puede vislumbrarse su gestación, cuando es evidente la progresiva y ya incontenible declinación de EEUU como superpotencia absolutamente hegemónica y cuando Nuestra América tiende a debilitar y superar su dominación en medio la crisis más profunda y persistente en la historia del capitalismo occidental.
Otro tanto acontece en los escenarios nacionales donde entran en fase decadente los modelos resultantes de la recolonización neoliberal y su correspondiente institucionalidad, carcomida por la corrupción y negadora de democracia real.
Dos decadencias simultáneas en marcha -aun con ritmos e intensidades diferentes- facilitan recuperar las dos soberanías conculcadas: la soberanía de la Nación y la soberanía del pueblo; pensada y asumidas como suma de liberaciones en dirección a una soberanía de mayor potencia: la soberanía de la Patria Grande.
Aquel Abril -además de pasado heroico proyectado en el presente- merece ser futuro pleno de libertades, justicia, bienestar colectivo y soberanía… a partir de la necesaria recreación debidamente renovada al calor de los nuevos combates y las nuevas experiencias populares, aquí y más allá de nuestras fronteras.
DECLINA UN LARGO CICLO Y SE ACENTÚAN LOS CONTRASTES
Así, el largo ciclo de una cruel contrarrevolución estabilizada a sangre y fuego, a golpes de corrupción, saqueo, engaño, seudo-democracia y trampa, presenta ya sería señales de decadencia, tanto en el escenario nacional como en el continental y mundial..
La Constitución de 1963, la más avanzada de la historia republicana, contiene comparativamente suficientes energías para impugnar las Constituciones de 1966 y del 2010 usadas para instalar sendas dictaduras corrompidas y corruptoras. Dictaduras formalmente constitucionales, esencialmente dependientes, excluyentes y empobrecedoras…al servicio de espurias elites sociales, políticas y militares que de manera rapaz se han apropiado de un crecimiento económico y un progreso tan deforme como aberrante, generando de paso un universo de desgargantas desigualdades, ahora potenciadas por una depresión precipitada por la COVID 19.
En verdad una contrarrevolución imperialista es mucho más que un monstruo de mil cabezas.
Los/as sobrevivientes físicos somos pocos/as.
Los ideológicos, mucho menos.
Esto y el fantasma del Comando Sur sobre 48 mil kilómetros cuadrados dificultaron extraordinariamente variar el curso de la contrarrevolución impuesta.
La soberanía ejercida con singular valor en aquellos meses gloriosos de 1965 -repletos de dignidad nacional y redención social- contrasta hoy con la soberanía vilmente negada durante más de cincuenta años de dominio del MAAG (Cuerpo de Asesores Militates), la CIA, FBI, la USAID, el MOSSAD, Gulf and Western, ALCOA, Falconbrigde, Rosario Resource, Nebraska, Barrick, General Electric, Smith Earon, Chasse Manhathan Bank, FMI, BM, BID, DR-CAFTA, deuda eterna, APPs, neoliberalismo y gobernadores de colonia.
La república democrática de los comandos del 65, especie de comuna caribeña, dibujó el sueño real interrumpido por sucesivas farsas que han convertido el sufragio en negocio, los partidos en empresas, la representación en usurpación y el bienestar en derecho exclusivo de minorías indolentes.
Las riquezas creadas con la cruel explotación del pueblo dominicano, aquí y en el exterior, abultada escandalosamente con la sobre-explotación de la inmigración haitiana y el vil saqueo del patrimonio público y natural del país, han sido acaparadas por una lumpen burguesía transnacional.
Las ganancias y el robo descarado de banqueros, ARSs, AFPs, importadores, grandes consorcios mineros, políticos, carteles de la construcción, narco-generales, narco-empresarios y especuladores de todas las calañas, han conformado fortunas que superan la más alta capacidad de fabular.
El empobrecimiento, como contrapartida, agobia al 60 por ciento de la población, incluido un 20 por ciento que sufre los rigores de la indigencia y la marginalidad extrema. La inseguridad social corroe una sociedad altamente desnutrida y enferma, y no hay servicio público que no esté en la cercanía del desastre social.
La dictadura mediática, por demás, reproduce todas las discriminaciones: de clase, de género, de generaciones, racista… todas terriblemente funcionales a la sobre-explotación capitalista, al abuso, a la extorsión y al coloniaje de EEUU, cada vez más reforzado.
El Estado delincuente, con fuertes componentes de narco-estado, ha sumido a la sociedad en una situación de alta inseguridad frente a las más variadas formas delincuencia.
Pero es precisamente ese cuadro de la dominación tutelada por EEUU el que se agrieta y debilita a consecuencia de la combinación de ambas decadencias, las cuales no se precipitan por sí solas, si no que en su declinación desesperante se tornan más agresivas.
Vale, por tanto, persistir: desplegar conciencia, energía y valor para empujarlas al precipicio.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026