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Dos grandes incertidumbres asaltan a los dominicanos, el coronavirus y las elecciones de mayo.
La llegada a la República Dominicana del coronavirus ha complicado el cumplimiento con las exigencias de la democracia y en segundo lugar las amenazas a la salud y la vida de la gente, cuyas dos realidades han creado una gran incertidumbre en la población.
Sin embargo, a pesar de que cumplir con los requisitos de la democracia son muy importantes porque no hacerlo podría constituir un peligro político y también económico, ya que se alteran todos los planes de un país que requiere mucho de la transparencia y del fortalecimiento institucional, pero hay que acogerse a la expresión de que lo primero es lo primero y naturalmente la salud y la vida de la gente está por encima de cualquier otro propósito.
Por esta razón, las autoridades y todos los sectores de la vida nacional deben focalizarse en el Covid-19 por el impacto que ha tenido esta pandemia en la mayoría de los países del mundo, con una secuela de enfermos y de fallecidos que no tiene precedentes en la vida contemporánea.
El coronavirus todavía no ha entrado en el pico que se pueda colegir que se inicia una baja en la cantidad de contagiados y de muertes como consecuencia del patógeno, pero al propio tiempo avanzan los días y se acerca la fecha de un evento vital para la democracia como es la escogencia de las nuevas autoridades nacionales.
En realidad, la República Dominicana no está en condiciones de cumplir con su calendario electoral en función del mandato de la Constitución e incluso de la propia ley adjetiva que regula el proceso comicial, ya que sólo faltan 45 días para cumplir con la celebración de los mismos, lo cual a todas luces es prácticamente imposible.
Tanto la Carta Magna como la Ley Electoral establecen muy claramente en sus artículos 209 y 18, numerales 3 y 7, respectivamente, que la Junta Central Electoral puede reprogramar para 60 días las elecciones frente a cualquier eventualidad como la del coronavirus, naturalmente con el consenso de los partidos políticos.
Ya hay quienes han hablado del 12 y el 26 de julio como la fecha idónea para las elecciones presidenciales y congresionales y al final del mismo mes la segunda vuelta si es que ninguno de los candidatos alcanzara el 50 más uno necesario para irse en primera.
Hay otra propuesta del movimiento Participación Ciudadana para que las elecciones sean el 5 de julio, pero cualquiera de ellas parecen lógicas en función del tiempo en virtud de que todavía es una incógnita el comportamiento que tendrá el coronavirus en el curso de las próximas semanas, sobre todo si se toma en cuenta que el propio presidente de la República acaba de aumentar el período de toque de queda en 15 días más, pero asimismo ha pedido al Congreso Nacional aprobar 25 días adicionales de la emergencia nacional, la cual se vence el 13 del presente mes de abril.
Mantener la fecha que manda la Constitución, que es el 17 de mayo, representa un contrasentido de la Junta Central Electoral porque no hay que ser un experto para saber que ese calendario comicial es prácticamente imposible que se pueda cumplir en el país y cualquier insistencia por parte del órgano competente constituiría una falta de sensatez y de racionalidad.
Si el país celebrara elecciones en medio del panorama que vive como consecuencia del Covid-19 entonces se apuesta a la escogencia de autoridades ilegítimas y sin autoridad para lograr la gobernabilidad y crearía una crisis peor que la que se pueda derivar de la no celebración de las mismas, aunque todo el mundo sabe que este proceso es un requisito de la democracia para tener un mínimo de legitimidad y cualquier imprudencia al respecto se constituye en una reafirmación de un intento de hacer fracasar el país en términos de credibilidad frente a su propia gente y de la comunidad internacional.
Es muy importante que la decisión al respecto se tome a la mayor brevedad posible a fin de que de inmediato se inicien los trabajos para que luego de que el país haya salido de los efectos demoledores que causa la pandemia entre en el montaje definitivo de un evento de trascendental o vital importancia para la democracia.
La verdad es que nadie puede predecir cuándo disminuirán los contagiados y muertes como consecuencia del coronavirus, pero lucen prudentes y sensatas las fechas planteadas por diferentes actores de la vida ciudadana y política de la sociedad dominicana, ya que faltan para la llegada de esos días no menos de tres meses, cuya juramentación de las nuevas autoridades podría estar dentro del mandato constitucional que se inicia el 16 de agosto de este año 2020.
Reprogramar las elecciones desde ya sin dilaciones constituiría un gran paso para por lo menos hacer desaparecer la incertidumbre que existe entre amplios sectores nacionales por la insistencia de la Junta Central Electoral de que las elecciones se celebren el próximo 17 de mayo, pese a que muchos de los candidatos, sobre todo los congresionales, no han podido montar una campaña que les permite dar a conocer sus propuestas.
Lo otro que crea una situación muy especial que prácticamente obliga una reprogramación de las elecciones, es la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de impedir el montaje de cualquier evento que implique concentración de gentes y en cuya virtud dispuso que los comicios dominicanos, que tienen cerca de medio millón de votantes en la unión americana, no pueden celebrarse para evitar el contagio del coronavirus.
Igual disposición emitió el Gobierno del Canadá, lo cual crea un problema de tipo constitucional, ya que ambos países en el caso de los dominicanos entran como una provincia más de la República Dominicana y en el marco de cuyo precepto jurídico se eligen tres diputados del exterior a través de tres circunscripciones creadas con ese fin.
No reprogramar las elecciones de mayo crea una serie de dificultades y violentaría derechos fundamentales de los dominicanos como es elegir y ser elegible, lo cual crea una razón mas que suficiente para su anulación mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y seria más la sal que chivo para utilizar una expresión popular.
De manera, que jurídicamente hablando no hay otra opción que posponer las elecciones de mayo, porque si la Junta Central Electoral (JCE) ha quedado golpeada con lo ocurrido con las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, habría entonces que decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra y la causa entre una y otra difieren notable y profundamente.
La posposición de las elecciones de ninguna manera causa reacción de rechazo a menos que no provenga de alguien fuera de contexto y que su mente esté en otro planeta, porque las amenazas de una pandemia que podría quitarle la vida a cualquiera, justifica la reprogramación y además esa medida entra perfectamente dentro del protocolo nacional e internacional para evitar el contagio de la enfermedad y al propio tiempo elimina el sobresalto y la incertidumbre sobre la fecha exacta y definitiva que tendrán lugar los comicios presidenciales y congresionales.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.