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Dos grandes incertidumbres asaltan a los dominicanos, el coronavirus y las elecciones de mayo.
La llegada a la República Dominicana del coronavirus ha complicado el cumplimiento con las exigencias de la democracia y en segundo lugar las amenazas a la salud y la vida de la gente, cuyas dos realidades han creado una gran incertidumbre en la población.
Sin embargo, a pesar de que cumplir con los requisitos de la democracia son muy importantes porque no hacerlo podría constituir un peligro político y también económico, ya que se alteran todos los planes de un país que requiere mucho de la transparencia y del fortalecimiento institucional, pero hay que acogerse a la expresión de que lo primero es lo primero y naturalmente la salud y la vida de la gente está por encima de cualquier otro propósito.
Por esta razón, las autoridades y todos los sectores de la vida nacional deben focalizarse en el Covid-19 por el impacto que ha tenido esta pandemia en la mayoría de los países del mundo, con una secuela de enfermos y de fallecidos que no tiene precedentes en la vida contemporánea.
El coronavirus todavía no ha entrado en el pico que se pueda colegir que se inicia una baja en la cantidad de contagiados y de muertes como consecuencia del patógeno, pero al propio tiempo avanzan los días y se acerca la fecha de un evento vital para la democracia como es la escogencia de las nuevas autoridades nacionales.
En realidad, la República Dominicana no está en condiciones de cumplir con su calendario electoral en función del mandato de la Constitución e incluso de la propia ley adjetiva que regula el proceso comicial, ya que sólo faltan 45 días para cumplir con la celebración de los mismos, lo cual a todas luces es prácticamente imposible.
Tanto la Carta Magna como la Ley Electoral establecen muy claramente en sus artículos 209 y 18, numerales 3 y 7, respectivamente, que la Junta Central Electoral puede reprogramar para 60 días las elecciones frente a cualquier eventualidad como la del coronavirus, naturalmente con el consenso de los partidos políticos.
Ya hay quienes han hablado del 12 y el 26 de julio como la fecha idónea para las elecciones presidenciales y congresionales y al final del mismo mes la segunda vuelta si es que ninguno de los candidatos alcanzara el 50 más uno necesario para irse en primera.
Hay otra propuesta del movimiento Participación Ciudadana para que las elecciones sean el 5 de julio, pero cualquiera de ellas parecen lógicas en función del tiempo en virtud de que todavía es una incógnita el comportamiento que tendrá el coronavirus en el curso de las próximas semanas, sobre todo si se toma en cuenta que el propio presidente de la República acaba de aumentar el período de toque de queda en 15 días más, pero asimismo ha pedido al Congreso Nacional aprobar 25 días adicionales de la emergencia nacional, la cual se vence el 13 del presente mes de abril.
Mantener la fecha que manda la Constitución, que es el 17 de mayo, representa un contrasentido de la Junta Central Electoral porque no hay que ser un experto para saber que ese calendario comicial es prácticamente imposible que se pueda cumplir en el país y cualquier insistencia por parte del órgano competente constituiría una falta de sensatez y de racionalidad.
Si el país celebrara elecciones en medio del panorama que vive como consecuencia del Covid-19 entonces se apuesta a la escogencia de autoridades ilegítimas y sin autoridad para lograr la gobernabilidad y crearía una crisis peor que la que se pueda derivar de la no celebración de las mismas, aunque todo el mundo sabe que este proceso es un requisito de la democracia para tener un mínimo de legitimidad y cualquier imprudencia al respecto se constituye en una reafirmación de un intento de hacer fracasar el país en términos de credibilidad frente a su propia gente y de la comunidad internacional.
Es muy importante que la decisión al respecto se tome a la mayor brevedad posible a fin de que de inmediato se inicien los trabajos para que luego de que el país haya salido de los efectos demoledores que causa la pandemia entre en el montaje definitivo de un evento de trascendental o vital importancia para la democracia.
La verdad es que nadie puede predecir cuándo disminuirán los contagiados y muertes como consecuencia del coronavirus, pero lucen prudentes y sensatas las fechas planteadas por diferentes actores de la vida ciudadana y política de la sociedad dominicana, ya que faltan para la llegada de esos días no menos de tres meses, cuya juramentación de las nuevas autoridades podría estar dentro del mandato constitucional que se inicia el 16 de agosto de este año 2020.
Reprogramar las elecciones desde ya sin dilaciones constituiría un gran paso para por lo menos hacer desaparecer la incertidumbre que existe entre amplios sectores nacionales por la insistencia de la Junta Central Electoral de que las elecciones se celebren el próximo 17 de mayo, pese a que muchos de los candidatos, sobre todo los congresionales, no han podido montar una campaña que les permite dar a conocer sus propuestas.
Lo otro que crea una situación muy especial que prácticamente obliga una reprogramación de las elecciones, es la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de impedir el montaje de cualquier evento que implique concentración de gentes y en cuya virtud dispuso que los comicios dominicanos, que tienen cerca de medio millón de votantes en la unión americana, no pueden celebrarse para evitar el contagio del coronavirus.
Igual disposición emitió el Gobierno del Canadá, lo cual crea un problema de tipo constitucional, ya que ambos países en el caso de los dominicanos entran como una provincia más de la República Dominicana y en el marco de cuyo precepto jurídico se eligen tres diputados del exterior a través de tres circunscripciones creadas con ese fin.
No reprogramar las elecciones de mayo crea una serie de dificultades y violentaría derechos fundamentales de los dominicanos como es elegir y ser elegible, lo cual crea una razón mas que suficiente para su anulación mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y seria más la sal que chivo para utilizar una expresión popular.
De manera, que jurídicamente hablando no hay otra opción que posponer las elecciones de mayo, porque si la Junta Central Electoral (JCE) ha quedado golpeada con lo ocurrido con las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, habría entonces que decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra y la causa entre una y otra difieren notable y profundamente.
La posposición de las elecciones de ninguna manera causa reacción de rechazo a menos que no provenga de alguien fuera de contexto y que su mente esté en otro planeta, porque las amenazas de una pandemia que podría quitarle la vida a cualquiera, justifica la reprogramación y además esa medida entra perfectamente dentro del protocolo nacional e internacional para evitar el contagio de la enfermedad y al propio tiempo elimina el sobresalto y la incertidumbre sobre la fecha exacta y definitiva que tendrán lugar los comicios presidenciales y congresionales.
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R.D. parte de fenómeno que replica precaria formación académica y vulgar negocio universitario.
Por Elba García
En la República Dominicana hay universidades por doquier, son licencias que se otorgan, principalmente por razones políticas, como las franquicias a los partidos políticos, a las emisoras de radio y a las estaciones de televisión, es decir, que se trata de un problema integral o general.
Sin embargo, Pese a que en las naciones del tercer mundo se abusa con el otorgamiento de licencias para operar a universidades que se forman sin las calificaciones que dispone la ley, el Ministerio de Educación Superior, al menos en la República Dominicana, no toma en cuenta el problema, dado que pesa más la politiquería que la fiscalización y supervisión de los centros de estudios superiores que no se ajustan a una filosofia de buena enseñanza, que en algunos casos pone en peligro la salud pública, cuando se trata de carreras como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería, lo que representa una verdadera amenaza en contra del desarrollo nacional.
Los dominicanos deben verse en el espejo de los brasileños que tras un examen de evaluación por parte del Ministerio de Educación para medir la formación de los futuros médicos dio como resultado que un tercio de las licenciaturas de Medicina analizadas no preparan a los alumnos para ejercer la profesión en condiciones mínimas aceptables, lo que motivó la suspensión de un 25 por ciento del alumnado.
Los resultados son alarmantes y causan aprensión entre la ciudadanía, además de un debate sobre dos cuestiones, la facilidad para implantar facultades universitarias y como lograr médicos aceptablemente formados para atender en Brasil a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es inmenso.
El fenómeno, que obedece a la crisis que vive la mayoría de las naciones del tercer mundo, donde la fiscalización del Estado es prácticamente nula, sobre todo en educación, es encontrado en muchos otros lugares como la República Dominicana, donde cursar una carrera universitaria se inscribe más que en otra cosa en satisfacer una exigencia social que convierte en muy buen negocio las universidades con la venta de una enseñanza deficiente y pobre.
La proliferación de universidades, no sólo impacta la calidad de la educación, sino también el comportamiento ético de los egresados, quienes sólo toman en cuenta el mercado donde van a ejercer una carrera para la que no se han preparado lo suficientemente bien, cuyos resultados ponen en peligro la salud de la gente.
La modalidad de crear universidades vistas más como negocio que como instrumento para crear los técnicos que necesita el país para fines de mejorar su desarrollo, propicia una verdadera desgracia nacional que no es tan fácil revertirla.
El problema, por ejemplo, de la República Dominicana es que el asunto de las universidades no sólo tiene que ver con la poca formación de los profesionales que egresan, sino de los docentes de esos centros de estudios que todavía están necesitados de recibir adiestramiento o educación para cumplir bien con su rol.
La formación a troche y moche de médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales académicos plantea un problema más serio del que cualquiera puede pensar, porque si al cabo de los años el país cambiara o mejorara sus niveles de fiscalización, supervisión y de institucionalidad los profesionales que han egresado de la mayoría de las universidades serian desperdicios que no habría forma de enderezarlos, ya que ya están ajustados a una cultura de improvisación y de hacer lo que no se debe hacer.
Entonces, lo que ocurre en Brasil con el examen de evaluación a los futuros médicos y cuyas deficiencias salieron a la superficie, puede asegurarse que en la República Dominicana los resultados pueden ser peores, máxime que ese país sudamericano es una plaza para que el profesional de esta disciplina vaya de todos los demás países del hemisferio a hacer postgrados y en consecuencia se supone que las regulaciones tienen que ser mayores.
El primer examen de este tipo en Brasil evaluó a 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, los cuales abarcan a 90 mil estudiantes que deben demostrar habilidades y capacidades de conocimientos básicos para ejercer como médicos, pero la realidad fue que el mismo conllevó la suspensión de aquellas universidades con menos del 40 por ciento de los alumnos que deben tomar el mismo.
Brasil en estos momentos está lleno de temor y preocupación causado con el hecho de que alrededor de 13 mil estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial, a los fines de ejercer la carrera sin haber sido evaluados, mientras el Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo, cuyas peores notas son de escuelas de niveles municipales, creadas por los ayuntamientos o dependencias de entidades privadas con fines de lucro.
La medida tomada en Brasil ante el fenómeno es sancionar las facultades de Medicina, aunque la misma no va a repercutir en los alumnos, ya que las universidades tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, aunque podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que sea su calificación.
La pregunta que se impone es que en un país como la República Dominicana, donde las universidades aparecen auspiciadas por instituciones sin fines de lucro, como patronatos y fundaciones, pero que operan con el criterio de cualquier negocio y que son el resultado de las políticas neoliberales que han entrado salvajemente al escenario nacional y que al momento de ser evaluadas pesan más como parte del libre mercado que de los beneficios que proporciona una buena educación al desarrollo nacional.
La educación superior es un negocio que se ha multiplicado al margen de los propósitos de la Ley 139-01 que les sirve de sustento y en consecuencia está en el marco de vender lo que no se tiene y procurar acogerse más a la politiquería que a una enseñanza de calidad para una mejor proyección del país en el campo del conocimiento científico y tecnológico.
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Empoderamiento de la derecha política en el hemisferio occidental con el patrocinio del presidente de los Estados Unidos.
En los últimos meses la derecha política camina a su empoderamiento en toda Latinoamérica como resultado del patrocinio del Donald Trump y también del fracaso de los gobiernos de izquierda que se han establecido en la denominada américa morena.
El fenómeno es mucho más fuerte en aquellos países en los que el mandatario de los Estados Unidos de América ha metido sus narices y que ha implicado aumentar sus niveles de dependencia de la potencia del norte, pero no se puede negar que la causa del mismo tiene que ver también con el fracaso de los gobiernos de izquierda.
Los ejemplos están a la vista de todo el que quiere ver, cuyos casos más emblemáticos son los de Venezuela, donde hay variantes que difieren del resto, como Honduras, Chile, Ecuador, Argentina, entre otros, donde los candidatos derechistas han tenido el apoyo, no sólo moral, sino también económico de Trump.
El apoyo ha trascendido la frontera de lo moral para convertirse en cuestiones que involucran hasta el indulto de personajes con un historial oscuro, como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, cuyo candidato de su mismo partido se alzó con el triunfo en el país centroamericano con el apoyo abierto del mandatario de la potencia más grandes del mundo.
Pero lo propio ha ocurrido en otros países del continente, cuya coincidencia con Trump ha servido de base para que la derecha se empodere y desplace del poder a la izquierda, la cual ha tenido un gran fracaso por los errores cometidos por sus gobiernos.
El más reciente tiene que ver con la nueva elección hecha en Chile, donde un hombre de ultra derecha, José Antonio Kast, vinculado a la dictadura de Augusto Pinochet, triunfó en las recientes elecciones presidenciales con un margen significativo de votos en relación con la candidata de la izquierda, auspiciada por el saliente mandatario Gabriel Boric.
Los únicos países donde la izquierda parece que conservará el poder son Brasil, Uruguay y Colombia, donde el candidato a fin al actual presidente Gustavo Petro lleva la delantera en la carrera por colocarse en el poder.
Igual ocurre en México, donde Manuel López Obrador, supo producir una alternabilidad en el poder que fue a través del arma usada por partidos de derecha como el Revolucionario Institucional de la alternabilidad en el poder, el cual duró unos 70 años consecutivos en el Gobierno mediante el cambio del rostro del aspirante a controlar el Estado, aunque con los mismos propósitos y con un compromiso irrenunciable a la corrupción administrativa.
Falta ver si la derechización de la política en Latinoamérica se podrá mantener por mucho tiempo, dado que la izquierda no parece que pueda recuperarse tras lo ocurrido en Venezuela, Bolivia y Honduras, donde la corriente conservadora ha salido triunfadora en los procesos electorales de recientes celebración.
En la actualidad la derecha parece imbatible, aunque si el fenómeno está asociado a la política desarrollada por Trump, el éxito de ésta podría ser que no tenga una vida larga, ya que el presidente de los Estados Unidos de América baja aceleradamente de aceptación popular como resultado de que desarrolla un tipo de gestión que pone en entredicho los logros en términos de derechos en el campo internacional, así como interno, aparte del alto costo de la vida que golpea a la sociedad norteamericana.
Sin embargo, prever lo que puede ocurrir en el curso de los años no luce tan fácil, ya que mientras la derecha se empodera con el apoyo de Trump tiene como contraparte a una izquierda que cada día pierde apoyo popular en virtud de la erosión de su credibilidad.
La principal falencia de la izquierda consiste en que sus lideres que llegan a la Presidencia han querido perpetuarse en el poder, como los casos de Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, donde incluso su mujer funge de vicepresidenta de la nación, pero Bolivia no ha estado muy lejos de ese cuadro con las pretensiones de Evo Morales.
Hay otros lugares donde ni remotamente la izquierda sacará cabeza, como por ejemplo la Republica Dominicana, donde no existe ningún candidato de esa corriente que se pueda decir que tiene reales posibilidades de ascender al poder.
La patria de Duarte, Sánchez y Mella adolece de un problema de fondo, con un contenido profundamente cultural, ya que los problemas no sólo provienen de los gobernantes, sino también de los gobernados, que entran a la política partidaria con el fin de que se les dé alguna migaja, amén de que el clientelismo prácticamente tiene el control del escenario electoral.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.