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Dos grandes incertidumbres asaltan a los dominicanos, el coronavirus y las elecciones de mayo.
La llegada a la República Dominicana del coronavirus ha complicado el cumplimiento con las exigencias de la democracia y en segundo lugar las amenazas a la salud y la vida de la gente, cuyas dos realidades han creado una gran incertidumbre en la población.
Sin embargo, a pesar de que cumplir con los requisitos de la democracia son muy importantes porque no hacerlo podría constituir un peligro político y también económico, ya que se alteran todos los planes de un país que requiere mucho de la transparencia y del fortalecimiento institucional, pero hay que acogerse a la expresión de que lo primero es lo primero y naturalmente la salud y la vida de la gente está por encima de cualquier otro propósito.
Por esta razón, las autoridades y todos los sectores de la vida nacional deben focalizarse en el Covid-19 por el impacto que ha tenido esta pandemia en la mayoría de los países del mundo, con una secuela de enfermos y de fallecidos que no tiene precedentes en la vida contemporánea.
El coronavirus todavía no ha entrado en el pico que se pueda colegir que se inicia una baja en la cantidad de contagiados y de muertes como consecuencia del patógeno, pero al propio tiempo avanzan los días y se acerca la fecha de un evento vital para la democracia como es la escogencia de las nuevas autoridades nacionales.
En realidad, la República Dominicana no está en condiciones de cumplir con su calendario electoral en función del mandato de la Constitución e incluso de la propia ley adjetiva que regula el proceso comicial, ya que sólo faltan 45 días para cumplir con la celebración de los mismos, lo cual a todas luces es prácticamente imposible.
Tanto la Carta Magna como la Ley Electoral establecen muy claramente en sus artículos 209 y 18, numerales 3 y 7, respectivamente, que la Junta Central Electoral puede reprogramar para 60 días las elecciones frente a cualquier eventualidad como la del coronavirus, naturalmente con el consenso de los partidos políticos.
Ya hay quienes han hablado del 12 y el 26 de julio como la fecha idónea para las elecciones presidenciales y congresionales y al final del mismo mes la segunda vuelta si es que ninguno de los candidatos alcanzara el 50 más uno necesario para irse en primera.
Hay otra propuesta del movimiento Participación Ciudadana para que las elecciones sean el 5 de julio, pero cualquiera de ellas parecen lógicas en función del tiempo en virtud de que todavía es una incógnita el comportamiento que tendrá el coronavirus en el curso de las próximas semanas, sobre todo si se toma en cuenta que el propio presidente de la República acaba de aumentar el período de toque de queda en 15 días más, pero asimismo ha pedido al Congreso Nacional aprobar 25 días adicionales de la emergencia nacional, la cual se vence el 13 del presente mes de abril.
Mantener la fecha que manda la Constitución, que es el 17 de mayo, representa un contrasentido de la Junta Central Electoral porque no hay que ser un experto para saber que ese calendario comicial es prácticamente imposible que se pueda cumplir en el país y cualquier insistencia por parte del órgano competente constituiría una falta de sensatez y de racionalidad.
Si el país celebrara elecciones en medio del panorama que vive como consecuencia del Covid-19 entonces se apuesta a la escogencia de autoridades ilegítimas y sin autoridad para lograr la gobernabilidad y crearía una crisis peor que la que se pueda derivar de la no celebración de las mismas, aunque todo el mundo sabe que este proceso es un requisito de la democracia para tener un mínimo de legitimidad y cualquier imprudencia al respecto se constituye en una reafirmación de un intento de hacer fracasar el país en términos de credibilidad frente a su propia gente y de la comunidad internacional.
Es muy importante que la decisión al respecto se tome a la mayor brevedad posible a fin de que de inmediato se inicien los trabajos para que luego de que el país haya salido de los efectos demoledores que causa la pandemia entre en el montaje definitivo de un evento de trascendental o vital importancia para la democracia.
La verdad es que nadie puede predecir cuándo disminuirán los contagiados y muertes como consecuencia del coronavirus, pero lucen prudentes y sensatas las fechas planteadas por diferentes actores de la vida ciudadana y política de la sociedad dominicana, ya que faltan para la llegada de esos días no menos de tres meses, cuya juramentación de las nuevas autoridades podría estar dentro del mandato constitucional que se inicia el 16 de agosto de este año 2020.
Reprogramar las elecciones desde ya sin dilaciones constituiría un gran paso para por lo menos hacer desaparecer la incertidumbre que existe entre amplios sectores nacionales por la insistencia de la Junta Central Electoral de que las elecciones se celebren el próximo 17 de mayo, pese a que muchos de los candidatos, sobre todo los congresionales, no han podido montar una campaña que les permite dar a conocer sus propuestas.
Lo otro que crea una situación muy especial que prácticamente obliga una reprogramación de las elecciones, es la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de impedir el montaje de cualquier evento que implique concentración de gentes y en cuya virtud dispuso que los comicios dominicanos, que tienen cerca de medio millón de votantes en la unión americana, no pueden celebrarse para evitar el contagio del coronavirus.
Igual disposición emitió el Gobierno del Canadá, lo cual crea un problema de tipo constitucional, ya que ambos países en el caso de los dominicanos entran como una provincia más de la República Dominicana y en el marco de cuyo precepto jurídico se eligen tres diputados del exterior a través de tres circunscripciones creadas con ese fin.
No reprogramar las elecciones de mayo crea una serie de dificultades y violentaría derechos fundamentales de los dominicanos como es elegir y ser elegible, lo cual crea una razón mas que suficiente para su anulación mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y seria más la sal que chivo para utilizar una expresión popular.
De manera, que jurídicamente hablando no hay otra opción que posponer las elecciones de mayo, porque si la Junta Central Electoral (JCE) ha quedado golpeada con lo ocurrido con las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, habría entonces que decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra y la causa entre una y otra difieren notable y profundamente.
La posposición de las elecciones de ninguna manera causa reacción de rechazo a menos que no provenga de alguien fuera de contexto y que su mente esté en otro planeta, porque las amenazas de una pandemia que podría quitarle la vida a cualquiera, justifica la reprogramación y además esa medida entra perfectamente dentro del protocolo nacional e internacional para evitar el contagio de la enfermedad y al propio tiempo elimina el sobresalto y la incertidumbre sobre la fecha exacta y definitiva que tendrán lugar los comicios presidenciales y congresionales.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.