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Dos grandes incertidumbres asaltan a los dominicanos, el coronavirus y las elecciones de mayo.
La llegada a la República Dominicana del coronavirus ha complicado el cumplimiento con las exigencias de la democracia y en segundo lugar las amenazas a la salud y la vida de la gente, cuyas dos realidades han creado una gran incertidumbre en la población.
Sin embargo, a pesar de que cumplir con los requisitos de la democracia son muy importantes porque no hacerlo podría constituir un peligro político y también económico, ya que se alteran todos los planes de un país que requiere mucho de la transparencia y del fortalecimiento institucional, pero hay que acogerse a la expresión de que lo primero es lo primero y naturalmente la salud y la vida de la gente está por encima de cualquier otro propósito.
Por esta razón, las autoridades y todos los sectores de la vida nacional deben focalizarse en el Covid-19 por el impacto que ha tenido esta pandemia en la mayoría de los países del mundo, con una secuela de enfermos y de fallecidos que no tiene precedentes en la vida contemporánea.
El coronavirus todavía no ha entrado en el pico que se pueda colegir que se inicia una baja en la cantidad de contagiados y de muertes como consecuencia del patógeno, pero al propio tiempo avanzan los días y se acerca la fecha de un evento vital para la democracia como es la escogencia de las nuevas autoridades nacionales.
En realidad, la República Dominicana no está en condiciones de cumplir con su calendario electoral en función del mandato de la Constitución e incluso de la propia ley adjetiva que regula el proceso comicial, ya que sólo faltan 45 días para cumplir con la celebración de los mismos, lo cual a todas luces es prácticamente imposible.
Tanto la Carta Magna como la Ley Electoral establecen muy claramente en sus artículos 209 y 18, numerales 3 y 7, respectivamente, que la Junta Central Electoral puede reprogramar para 60 días las elecciones frente a cualquier eventualidad como la del coronavirus, naturalmente con el consenso de los partidos políticos.
Ya hay quienes han hablado del 12 y el 26 de julio como la fecha idónea para las elecciones presidenciales y congresionales y al final del mismo mes la segunda vuelta si es que ninguno de los candidatos alcanzara el 50 más uno necesario para irse en primera.
Hay otra propuesta del movimiento Participación Ciudadana para que las elecciones sean el 5 de julio, pero cualquiera de ellas parecen lógicas en función del tiempo en virtud de que todavía es una incógnita el comportamiento que tendrá el coronavirus en el curso de las próximas semanas, sobre todo si se toma en cuenta que el propio presidente de la República acaba de aumentar el período de toque de queda en 15 días más, pero asimismo ha pedido al Congreso Nacional aprobar 25 días adicionales de la emergencia nacional, la cual se vence el 13 del presente mes de abril.
Mantener la fecha que manda la Constitución, que es el 17 de mayo, representa un contrasentido de la Junta Central Electoral porque no hay que ser un experto para saber que ese calendario comicial es prácticamente imposible que se pueda cumplir en el país y cualquier insistencia por parte del órgano competente constituiría una falta de sensatez y de racionalidad.
Si el país celebrara elecciones en medio del panorama que vive como consecuencia del Covid-19 entonces se apuesta a la escogencia de autoridades ilegítimas y sin autoridad para lograr la gobernabilidad y crearía una crisis peor que la que se pueda derivar de la no celebración de las mismas, aunque todo el mundo sabe que este proceso es un requisito de la democracia para tener un mínimo de legitimidad y cualquier imprudencia al respecto se constituye en una reafirmación de un intento de hacer fracasar el país en términos de credibilidad frente a su propia gente y de la comunidad internacional.
Es muy importante que la decisión al respecto se tome a la mayor brevedad posible a fin de que de inmediato se inicien los trabajos para que luego de que el país haya salido de los efectos demoledores que causa la pandemia entre en el montaje definitivo de un evento de trascendental o vital importancia para la democracia.
La verdad es que nadie puede predecir cuándo disminuirán los contagiados y muertes como consecuencia del coronavirus, pero lucen prudentes y sensatas las fechas planteadas por diferentes actores de la vida ciudadana y política de la sociedad dominicana, ya que faltan para la llegada de esos días no menos de tres meses, cuya juramentación de las nuevas autoridades podría estar dentro del mandato constitucional que se inicia el 16 de agosto de este año 2020.
Reprogramar las elecciones desde ya sin dilaciones constituiría un gran paso para por lo menos hacer desaparecer la incertidumbre que existe entre amplios sectores nacionales por la insistencia de la Junta Central Electoral de que las elecciones se celebren el próximo 17 de mayo, pese a que muchos de los candidatos, sobre todo los congresionales, no han podido montar una campaña que les permite dar a conocer sus propuestas.
Lo otro que crea una situación muy especial que prácticamente obliga una reprogramación de las elecciones, es la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de impedir el montaje de cualquier evento que implique concentración de gentes y en cuya virtud dispuso que los comicios dominicanos, que tienen cerca de medio millón de votantes en la unión americana, no pueden celebrarse para evitar el contagio del coronavirus.
Igual disposición emitió el Gobierno del Canadá, lo cual crea un problema de tipo constitucional, ya que ambos países en el caso de los dominicanos entran como una provincia más de la República Dominicana y en el marco de cuyo precepto jurídico se eligen tres diputados del exterior a través de tres circunscripciones creadas con ese fin.
No reprogramar las elecciones de mayo crea una serie de dificultades y violentaría derechos fundamentales de los dominicanos como es elegir y ser elegible, lo cual crea una razón mas que suficiente para su anulación mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y seria más la sal que chivo para utilizar una expresión popular.
De manera, que jurídicamente hablando no hay otra opción que posponer las elecciones de mayo, porque si la Junta Central Electoral (JCE) ha quedado golpeada con lo ocurrido con las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, habría entonces que decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra y la causa entre una y otra difieren notable y profundamente.
La posposición de las elecciones de ninguna manera causa reacción de rechazo a menos que no provenga de alguien fuera de contexto y que su mente esté en otro planeta, porque las amenazas de una pandemia que podría quitarle la vida a cualquiera, justifica la reprogramación y además esa medida entra perfectamente dentro del protocolo nacional e internacional para evitar el contagio de la enfermedad y al propio tiempo elimina el sobresalto y la incertidumbre sobre la fecha exacta y definitiva que tendrán lugar los comicios presidenciales y congresionales.
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La propuesta reforma fiscal se trata de una “consideración” hacia el ciudadano o una torpeza más del gobierno.
Por Elba García
Las reformas fiscales son una razón suficiente para que los gobiernos caigan en lo más profundo de la impopularidad, ya que las mismas siempre van en contra de los sectores más sacrificados como la clase media o de aquellos que sobreviven en el día a día, dado que deben convivir con una carga impositiva formal e informal que los sumerge en la mayor de la pobreza.
El quid del asunto está en el hecho de que generalmente los gobiernos de derecha, como el que encabeza Luis Abinader, procuran satisfacer los intereses de los sectores más poderosos del país, insertados en la macroeconomía, en razón de que este de modelo de administración pública se rige por la corriente de la economía política conocida como neoliberalismo.
Esta ha sido la razón histórica de las explosiones sociales que se han producido en países de los diferentes continentes del mundo y ello es que ha motivado que hayan demandas para que este tipo de reforma tributaria baje la carga impositiva en contra de los que menos tienen como una vía para estabilizar y mejorar la credibilidad de la democracia.
Aunque la verdad es que no puede haber mejoría de la inversión social si no es a través del sacrificio fiscal de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, pero el problema es también que muchas veces mientras más se recauda más crece la corrupción administrativa y que a pesar del sacrificio de la gente no se produce la retribución esperada.
En estos momentos la presión política y social conlleva a que los gobiernos que se manejan con demagogia terminen con acciones que no son las idóneas para resolver los problemas sociales y económicos de la nación.
En ese marco se encuentra actualmente la República Dominicana, donde la gente luce cansada de tanto sacrificarse con un trabajo agotador y nunca ve los frutos de su esfuerzo, ya que tiene que llevar consigo una carga impositiva formal e informal que grava prácticamente todos los productos de la canasta familiar y los servicios públicos y privados, lo cual se convierte en una pesadilla para tener sobre la mesa la comida del día a día.
Sin embargo, por una razón u otra esa realidad tiene que cambiar porque como dicen muchos analistas, si la economía anda bien la política está mucho mejor, pero cuando es lo contrario las cosas muchas veces se vuelven incontrolables y entonces aparecen las crisis sociales.
Este un asunto tan delicado que si no se maneja con sinceridad y con la imposición de los sacrificios que implica cargar al que más tiene, la cuestión se vuelve inmanejable y entonces sufre la economía y también la política, porque la democracia pierde su credibilidad, lo cual tiene un impacto demoledor en las inversiones y en renglones tan importantes como el turismo.
La verdad es que no se trata de una cuestión tan espontánea, sino que para que los resultados sean diferentes se requiere de buena asesoría y de un mejor nivel de sensatez, responsabilidad y apego a los mejores intereses de la nación.
Son diversas las expectativas creadas a propósito de la pretendida reforma fiscal, aunque los detalles específicos de la misma pueden variar de las propuestas y debates desarrollados en los últimos meses, algunas de la cuales versan sobre cómo se logra la ampliación tributaria, ajustes de los impuestos existentes, mayor progresividad, incentivos al crecimiento económico y modernización de la administración tributaria.
Estos procesos, que muchas veces resultan traumáticos, son observados por el ciudadano y el sector privado con mucha atención, ya que cualquier cambio en la estructura impositiva tiene impactos importantes tanto en la economía como en el costo de la vida, sobre todo cuando se grava el consumo a través del ITBIS.
La clave del éxito de la reforma descansa en que el Gobierno le dé un manejo idóneo a ésta con explicaciones convincentes de los beneficios que la misma dejará a largo plazo y mostrar su disposición a negociar con los sectores que salen más perjudicados.
El Gobierno debe preocuparse no sólo por aumentar los ingresos del Estado, sino también en garantizar un sistema tributario más equitativo, transparente y capaz de promover el desarrollo sostenible.
Sin lugar a dudas, que la carencia de una cultura de tributación impide que los países puedan alcanzar la meta del desarrollo y crecimiento sostenible, pese a que el problema también tiene que ver con la calidad del gasto y lo poco transparente del manejo del presupuesto nacional, cuya mayor parte se va en corrupción administrativa.
La pregunta que se hacen principalmente los expertos en economía es cómo el Gobierno puede promover una reforma fiscal que no se corresponde con los niveles del déficit que arrastra el país desde hace varias décadas y que ahora se busque una aparente solución que sólo resuelve una parte del problema.
Esto así, porque el Gobierno sólo busca recaudar con la presente reforma fiscal la suma 122 mil millones de pesos, equivalente al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras el déficit ronda por los 3 puntos del PIB.
De manera, que a mediano o a largo plazo las autoridades entrarán nuevamente en una crisis en la economía que las llevara a continuar con el odioso endeudamiento público, como ocurre actualmente.
El proyecto de reforma fiscal que ya está en el Congreso Nacional aparentemente traerá mayores sacrificios a los que más tienen, pero ello todavía está por verse.
La verdad es que el estudio de la propuesta reforma fiscal genera la reiteración de la pregunta, por qué sólo se busca satisfacer una parte del problema cuando la misma debió ser de mayor alcance y someter a los sectores más poderosos a pagar el costo de la democracia.
La pregunta vuelve a surgir, pero con una formulación diferente, ya que falta determinar si la propuesta fiscal es otra torpeza del Gobierno o si sencillamente se trata de una expresión de miedo a los sectores insertados en la macroeconomía, que se resisten a jugar su papel en la democracia, a fin de evitar que esta colapse de una manera definitiva.
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Institucionalidad del país cuestionada con caso Camaleón porque ha sido permeada por el crimen organizado.
Aunque la mayoría de los casos de corrupción administrativa han implicado la penetración del crimen organizada en los órganos y entes del Estado, el caso Camaleón plantea más seria y profundamente hasta dónde la nación debe poner atención a esta debilidad institucional.
El Ministerio Público con su anuncio del desmantelamiento de una supuesta red denominada “Operación Camaleón”, ha determinado como los cabecillas de la misma se dedicaban al desfalco y estafa contra el Estado., pero además al espionaje ilegal
En esta organización criminal han sido imputados, entre otros, José Angel Gómez (Jochy) y Hugo Beras, este último exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), quienes munipularon un contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La más grave del asunto es que Jochy Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, a través de la empresa Transcore Latam, después que se le adjudicó el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fue contratada.
En la solicitud de la medida de coerción que se conocerá este martes, el Ministerio Público afirma que el imputado instaló equipos diferentes a los ofertados y además 55 cámaras de video que eran parte de un esquema ilegal de espionaje que no tenían nada ver con las necesidades y con la contrata con el Intrant.
Entre los otros equipos instalados de forma ilegal están fibras ópticas, nodos de concentración y kits de Starlink, los cuales no eran parte de la propuesta técnica original.
El Ministerio Público sostiene que las cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un esquema ilegal de espionaje para la manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento que ponen en peligro la privacidad y la seguridad, configurándose un delito contra la seguridad pública y otros crímenes conexos.
Los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, lo cual no sólo representa la comisión de ese ilícito, sino también la utilización de la tecnología para actos de extorsión.
El órgano persecutor estableciٕó durante la auditoría, que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real y de igual manera almacenaban un “volumen significativo” de datos.
Sin embargo, Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.
Entre otras cosas no tuvieron una explicación lógica el hecho de que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de información generada.
Lo más grave de este grupo que operaba desde dentro del Gobierno es que vendía información de inteligencia sobre la base del uso del Ministerio de Defensa y de otras instancias del Estado.
Este caso refleja lo que significa el manejo irresponsable del Estado por parte de las actuales autoridades, cuya incapacidad resulta más peligrosa que la sustracción de los fondos públicos por parte de depredadores que históricamente han estado insertados en las diferentes instancias públicas.
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Abinader conocía andanzas de Jochy Gómez, pero razones políticas estrechaban lazos entre el imputado y el Gobierno.
Se ha establecido que el presidente Luis Abinader conocía con detalles las irregularidades cometidas por el hijo del periodista de Guillermo Gómez, ya que todos los días recibía un informe de inteligencia privado desde el centro de operación de éste y que ahora es acusado de haber cometido una serie de fraudes, desfalcos, y sustracción de dinero público a través de una asociación de malhechores desde el mismo corazón del Gobierno.
El apresamiento de José Angel Gómez Canaán (Jochy), hijo del periodista Guillermo Gómez, quien es de los dueños de la empresa Transcore Latam, beneficiaria del contrato para la colocación de los semáforos en el Gran Santo Domingo, es una figura controversial y que ahora aparece envuelto en hechos seriamente comprometedores por un contrato con el Estado totalmente viciado.
Esta modalidad del hijo de Guillermo Gómez es muy común en la República Dominicana, donde una serie de personajes, que tienen vínculos muy estrechos con el Gobierno, buscan beneficiarse de contratos públicos que al final se convierten en una gran estafa en perjuicio de la sociedad.
Todo el mundo sabe que el periodista Guillermo es una ficha de primer orden del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque el contrato contraído con el Ministerio de Defensa por parte de su hijo, proviene del Gobierno de Danilo Medina, pero evidentemente que por la razón que sea en la continuación del mismo juega un papel importante el padre de Jochy Gómez, quien tiene otro vástago como cónsul en Panamá y que sale ahora también en defensa del imputado.
El asunto es que este caso de alguna manera proyecta la idea de que la independencia del Ministerio Público juega un papel que va mucho más allá del derecho, porque pese a que no luce que se trate de un plan político de las autoridades de turno, pero al final de cuentas se traduce en el ataque a un acto de corrupción que proviene del entorno del PRM a través del periodista Guillermo Gómez.
De cualquier modo, no se trata de una casualidad o de una coincidencia que, por ejemplo, el mismo Jochy Gómez también apareciera con un contrato con el Ministerio de Defensa para fines de asuntos de inteligencia, ya que deja claro que manos muy poderosas se mueven en el entorno del polémico personaje, lo cual no ha estado al margen del presidente Luis Abinader, quien recibía un informe de inteligencia diario de la oficina del imputado.
De acuerdo a lo establecido, en el proceso de contratación de la referida empresa y el Intrant se emitieron documentos sin la debida aprobación, todo como resultado de un trato privilegiado al oferente.
La red semafórica en cuestión que se proporcionaba sobre la base de los servicios de modernización de la misma del Gran Santo Domingo a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L., experimentó un aumento del valor original presentado de 104 a 1,200 millones de pesos y luego a 1,317 millones 350 mil 997 pesos, emitiéndose documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones e igualmente se produjeron modificaciones mediante actos administrativos de manera extemporánea y sin el debido procedimiento.
La auditoría especial del “Proceso que iba desde febrero del 2023 hasta junio del 2024 sirvió para detectar la mayoría de las irregularidades en perjuicio del Estado.
El trabajo de investigación establece que “se observaron debilidades e inobservancias procedimentales en el examen del proceso llevado a cabo, las cuales son minuciosamente abordadas en el informe, lo que provocó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cuyo órgano dispuso la suspensión del proceso de adjudicación.
La Contraloría General de la República para avalar la auditoría hizo un levantamiento físico de los equipos instalados y almacenados, entrevistas a los actores principales, entre los que se encuentran Hugo Beras y su abogada; Pedro Padovani, Jochy Gómez, Carlos Zabala, miembros del comité de compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de la Dirección de Tecnología, entre otros.
La Unidad Antifraude en sus conclusiones estimó que se observan “violación al debido proceso que está consignado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación, ya que se comprobó la emisión de documentos que no tenían la aprobación de los miembros del Comité que tiene la competencia en estos casos, modificación del pliego de condiciones con actos administrativos extemporáneo y sin el aval del órgano, así como respuestas parciales a los inquietudes presentadas por los oferentes. Hubo otras modificaciones al pliego de condiciones que flexibilizaban los requerimientos técnicos exigidos, además la emisión de informes periciales definitivos aprobados por el Comité de Compras a partir de datos incongruentes, deficientes y decisiones unilaterales que revelaban un trato privilegiado al oferente.
Otro de un gran valor en lo que parece un plan bien concebido para engañar al Estado es que, aunque la empresa Transcore Latam entregó una factura en la indicaba que el proyecto estaba en un 90 por ciento de ejecución, la auditoria comprobó que no era cierto y que apenas llegaba un 20 por ciento.
Se detalla en el informe que sólo de agotó un 40 % de la ejecución de la fibra óptica en el Distrito Nacional y en lo referente a los reguladores semafóricos, sólo se habían instalado 80 de los 335 contratados, es decir, 1,245 de 1,340 cámaras para la recolección, cuya manipulación también impacta el cableado de red en algunas intersecciones, el cual no estaba completo o los dispositivos estaban desconectados.
Lo otro es que sólo se instalaron 1,172 de 1,550 semáforos de 300mm y 320 de 470 semáforos led flecha, según una publicación del periódico Diario Libre.
El trabajo de investigación llegó a la conclusión de que los porcentajes generales de terminación del proyecto no superaba más allá de un 20 % de ejecución del contrato, ya que los elementos estaban incompletos y con pocas garantías de una buena y eficiente operatividad”.
En ese contexto la Contraloría decide que, “lo más conveniente sería disolver la contratación para evitar un daño irreparable e irreversible, y entonces procede en consecuencia con una nueva licitación que incluyera al consorcio de empresas internacionales asociadas con nacionales, o empresas individuales que cumplieran los requerimientos para tales fines y en esa virtud procura que el control de la base de datos semafórica esté bajo control exclusivo. A partir de lo ocurrido es que el Intrant, por seguridad nacional”. pide que “se ejecuten las acciones pertinentes a fin de que quienes hayan incurrido en actos reñidos con las leyes tengan las consecuencias que se derivan de las irregularidades detectadas.