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Opinión

Dos mentiras sobre la migración haitiana

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Por Rosario Espinal

El tema de la migración haitiana sube y baja en el discurso político dominicano en función de las situaciones que se presentan en Haití, pero, sobre todo, la necesidad que tenga el gobierno dominicano de resaltarlo con fines políticos. ¿Por qué digo esto?

La situación en Haití es siempre precaria, sea porque gobierna un horrendo dictador o porque el gobierno es débil y es reemplazado por grupos armados. Tiene una población inmensa para su escaso y deteriorado territorio y casi toda la población carece de escolaridad y servicios de salud, dos elementos vitales para de control poblacional y el bienestar social.

Aunque la ocupación de Naciones Unidas no dejó legado positivo en Haití, mientras duró la violencia callejera se apaciguó. Posteriormente, la situación política y socioeconómica ha ido de mal en peor. De ahí que la inmensa mayoría quiere irse, según atestiguan diversas encuestas y los éxodos migratorios.

Cuando Luis Abinader llegó al poder inició un supuesto diálogo con un gobierno haitiano sin legitimidad. Era obvio que no saldría nada positivo. Inmediatamente después inició sus peticiones a la comunidad internacional para que se hiciera cargo de Haití. No le prestaron atención porque nadie quiere hacerse cargo de Haití.

En el proceso, el gobierno dominicano ha montado un espectáculo de deportaciones que busca hacerle creer a los dominicanos que se están tomando medidas para sacar a los haitianos. ¿El propósito? Concitar amplio apoyo político (tal vez el jueguito le salga bien electoralmente).

Ahora las dos mentiras que se escuchan por doquier desde hace tiempo.

Primera: la idea propagada en la República Dominicana de que la comunidad internacional (léase: Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá) obliga este país a aceptar los inmigrantes haitianos. ¡Falso!

En la frontera no hay soldados de ninguno de esos países obligando a la República Dominicana a dejar cruzar a los haitianos. Han venido por décadas porque las autoridades dominicanas los han dejan pasar cobrando sobornos y porque muchos empresarios dominicanos, sobre todo en la agricultura y la construcción, los emplean por bajos salarios.

Segunda: la idea también propagada de que los haitianos (sobre todo las haitianas) utilizan los recursos públicos dominicanos para tratarse en hospitales (parir, sobre todo). Ojo: la población haitiana que acude a los hospitales dominicanos es fundamentalmente inmigrante que vive en la República Dominicana. Si los dejan cruzar la frontera y los emplean, ¿dónde van a tratarse si se enferman? ¿dónde van a parir si se embarazan? Son seres humanos, aunque los crean subhumanos. Incluso, si llegan mujeres de Haití a punto de parir (como también propaga), ¿quién las dejó pasar?

Me pregunto: ¿llegará algún día en que la República Dominicana asuma su responsabilidad por el caos migratorio que los gobiernos y los empresarios dominicanos han generado?

Por un siglo han patrocinado la migración haitiana ilegal, explotan a los inmigrantes pagando bajos salarios sin prestaciones, no les dan documentación y cambian las leyes para negarle a sus descendientes nacidos en la República Dominicana la nacionalidad dominicana.

Seamos más serios. Asumir poses antiimperialistas no elimina el racismo y la xenofobia. Si otros países hacen igual o peor, eso no justifica lo que hacemos.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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