Nacionales
Dos muertos, más 12 mil desplazados y 90 pueblos aislados
El COE ofreció su último boletín al medio día de este domingo
SANTO DOMINGO.- El fallecimiento de dos personas fueron confirmadas por las autoridades, que atribuyeron los decesos a la osadía de las hoy víctimas que no respetaron las bravas aguas de los ríos para penetrar en ellos de manera voluntaria.
Además de la del exsíndico de Villa Altagracia Pedro Peralta, quien murió al ser arrastrado por el río Haína cuando intentó cruzarlo ayer sábado, la Policía dio a conocer la del señor Wester Arístides alcántara González, en el río Yaguaza, próximo al barrio La Piscina, de Guaricano. Ambos cuerpos fueron rescatados en la mañana de este domingo.
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia informó que asciende a 12,889 personas desplazadas por las fuertes lluvias que azotaron el país desde el pasado viernes y ayer sábado. De los evacuados, 11,797 se alojan en viviendas de amigos y familiares y los restantes en albergues oficiales.
Las fuertes precipitaciones han anegado 864 viviendas, aislado 90 pueblos, la mayoría de la región Sur.
Pueblos incomunicados y otros daños
En Sánchez Ramírez esidentes de Sonador, Palmar del Rio, Sabana del Rio se encuentran incomunicados por la crecida del rio Cevicos. También, el Platanal, Babarí y Don Miguel Cocida se encuentran incomunicados por la crecida del rio Maguaca
En Cevicos, la comunidad de Batero con Los Guineos debido a la crecida del rio Cevicos. Asimismo, Fernando Alonso con Fantino, debido a la crecida de los ríos Aguacate y Guaya la Raya; además, La 14 con Cara Sucia debido a la crecida del Rio Puaya y el Rio Grande.
En las comunidades de La Caoba y Pojin las plantaciones de Plátanos y chinolas fueron afectadas por los vientos.
En Pedernales, Juancho con los Cocos, debido a penetración del mar.
En Barahona, Los Patos, Enriquillo y Paraíso. Se restableció la comunicación telefónica con la Defensa Civil. En Batey Bombita de Canoa y en el Distrito Municipal Jaquimeyes, colapsaron dos postes del tendido eléctrico y por tal motivo fue suspendido el servicio eléctrico como medida de prevención.
En esa misma provincia, la crecida del río Nizao, incomunicó de forma parcial la carretera por un arroyo. Asimismo, están aislados Villa Nizao y el Pajón por la crecida del rio Nizaito.
En San José de Ocoa están incomunicados Monte Negro, San Luis, San Rafael, Pueblo Nuevo, el municipio de Ocoa con el de Sabana Larga y con la Ciéngaga. También, Pinar, debido a la crecida del Arroyo la Toronja, y la comunidad de la Isleta del municipio del Pinar, debido a la crecida del rio del Memiso.
La carretera que conduce al centro de la ciudad de San José de Ocoa se encuentra afecta debido a la crecida de la cañada Cimarrón.
En Villa Altagracia, se mantienen aisladas las comunidades de Lechería, Catarey, Guananito, El Baden, Los Arroyones y la 59.
En María Trinidad Sánchez, producto de la crecida del rio Los Jengibres se encuentran incomunicadas Garabito y Alemana con Los Cuervos, así como Sirita Negra, Vuelta al Lago, El Higuero con La Quebrada.
En Azua, en Padre Las Casas, en Guayabal, 48 comunidades se encuentran aisladas por la crecida del Rio La Ceiba en la zona montañosa de ambos municipios. Orégano Grande y Santa Mar por la crecida del Río Yaqué del Sur.
También el Distrito Municipal de Barreras, el Distrito del 2C y las secciones de Ranchería y Galindo. Colapso el aproche Este del puente Boquerón (Los Pilones) en la carretera Sánchez, los puentes que comunican las comunidades de San José de Ocoa – Sabana Larga y Sabana Buey – Parmal de Ocoa, al romperse los aproches de lado Sur de ambos, daños ocasionados por la creciente del Río Ocoa.
25 Comunidades de la zona de montaña, del Municipio de Padre Las Casas, permanecen incomunicadas producto de la ruptura del paso sobre el Río Las Cuevas.
Está obstruida la carretera Azua-Santo Domingo, km #15. Permanece incomunicado el Distrito municipal de Palmar de Ocoa, rotura aproche puente Sabana Buey sobre el rio Ocoa, la zona de montaña de Peralta.
En la provincia Duarte, asilados Los Peynados y los Contreras, debido al desbordamiento del Rio Payabo. Asimismo, Juana Rodríguez arriba, Juana Rodríguez Abajo, La Verde, Ceiba de los Pajaros, Las Coles, El Junco y Chiringo, debido a la crecida del Río Yuna.
En Monte Plata, se mantienen aisladas La Gina, Serralle, La Cuaba, La Recta, Mata de Plátano, El Siete Río Verde, El Coraso Penso, Loma de la Gallina, a causa del desbordamiento del río Ozama y las comunidades de Peralvillo y Yamasá incomunicadas por la crecida del rio El Mosquito.
En Monseñor Nouel se clausuró el puente de madera que une a Arroyo Toro y Los Pedregones, por causa de la humedad que presentan por las lluvias caídas.
En Jimani, las plantaciones de plátano, guineo y otros cultivos fueron afectados totalmente
Otros daños que se reporta es el derrumbamientos de arboles y el sistema eléctrico en la zona. En la Descubierta, las comunidades Ángel Félix, Sabana Real y Los Pinos del Edén, aisladas y la carretera interrumpida, hay deslizamiento 273 familias incomunicadas.
Diario Libre
Nacionales
Suprema Corte mantiene condena de RD$2 millones contra Jean Alain Rodríguez a favor de Marino Zapete
La Primera Sala declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el exprocurador al considerar que no acreditó el interés casacional exigido por la Ley 2-23
SANTO DOMINGO.– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó vigente la condena que ordena al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez pagar una indemnización de RD$2 millones al periodista Marino Zapete Corniel, por concepto de daños morales relacionados con la salida del aire de su programa El Jarabe de Zapete.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por Justiniano Montero Montero e integrado por los magistrados Samuel Arias Arzeno, Édynson Alarcón y Miguelina Ureña Núñez, al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por Rodríguez Sánchez.
La Suprema Corte determinó que el recurrente no acreditó la existencia de interés casacional, requisito establecido por la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación.
Como consecuencia, permanece vigente la sentencia dictada el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó una decisión de primer grado y estableció la responsabilidad civil del exprocurador.
Condena incluye interés judicial
Además de los RD$2 millones por daños morales, la decisión contempla el pago de un interés judicial de 1.5 % mensual, computado desde la notificación de la sentencia hasta su ejecución total.
La Corte de Apelación había rechazado, sin embargo, la demanda interpuesta contra Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador, y determinó que tampoco fueron demostrados los daños materiales reclamados por Zapete.
El origen del conflicto
El litigio tiene su origen en informaciones difundidas por Marino Zapete el 25 de septiembre de 2019, durante una emisión de El Jarabe de Zapete, transmitido entonces por Teleradio América.
El periodista abordó contratos suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL, relacionados con el suministro de cemento asfáltico AC-30.
Dos de esos contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez en representación de la empresa.
Tras las informaciones divulgadas, Zapete solicitó que las contrataciones fueran investigadas. Maybeth Rodríguez respondió mediante una comunicación en la que negó ser o haber sido suplidora del Estado y posteriormente presentó una acusación penal privada por difamación contra el comunicador, acción de la que desistió en 2020.
Zapete sostuvo en su demanda que Jean Alain Rodríguez ejerció presiones para que se retractara de sus señalamientos y que, ante su negativa, posteriormente se produjo la salida del aire de su programa. El periodista atribuyó a esos hechos los daños reclamados judicialmente.
Demanda fue rechazada inicialmente
En 2022, el tribunal de primera instancia rechazó la demanda al considerar insuficientes las pruebas presentadas.
La decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Apelación, que estableció responsabilidad civil a cargo de Jean Alain Rodríguez y fijó en RD$2 millones la indemnización por daños morales.
Rodríguez recurrió la sentencia en casación alegando, entre otros aspectos, violaciones a su derecho de defensa, deficiencias en la motivación y valoración de las pruebas y cuestionamientos relacionados con la participación de una magistrada en la decisión de apelación.
SCJ no encontró acreditado el interés casacional
Al examinar los requisitos de admisibilidad, la Primera Sala concluyó que Rodríguez Sánchez no demostró que la sentencia impugnada contradijera jurisprudencia establecida por esa jurisdicción, que existieran criterios contradictorios entre tribunales sobre el asunto planteado o que fuera necesario establecer doctrina respecto de normas jurídicas inéditas.
Por esas razones, el recurso fue declarado inadmisible, sin que la Suprema Corte modificara la condena impuesta por la Corte de Apelación.
La SCJ también examinó el cuestionamiento relacionado con la magistrada Maritza Elupina Capellán Araujo. Determinó que la jueza había integrado el tribunal durante el conocimiento del proceso y que no fue recusada durante el trámite correspondiente.
Asimismo, estableció que su ausencia como firmante de la sentencia definitiva respondió a un error material, circunstancia que, según la Primera Sala, no afectó la validez de la decisión recurrida.
Lenin Jhericop Núñez de León deberá cumplir la medida de coerción en Najayo Hombres; el caso se originó tras una negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max
SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva contra Lenin Jhericop Núñez de León, señalado como presunto responsable de la muerte de Emmanuel Contreras Medina, de 23 años, quien fue agredido en medio de una negociación relacionada con la compra de un teléfono celular.
La medida de coerción fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La audiencia se desarrolló en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo un amplio dispositivo de seguridad.
Una negociación por un iPhone terminó en tragedia
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el hecho ocurrió el pasado 1 de julio, en los alrededores de un play ubicado en el sector Los Praditos, Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que Núñez de León habría perseguido a Contreras Medina y posteriormente lo habría golpeado con un bate en la cabeza y la espalda.
El incidente habría tenido su origen en una confusa negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max, anunciado a través de Facebook Marketplace. Según el expediente, en la operación también intervino un tercer hombre que actualmente se encuentra prófugo.
Las autoridades sostienen, además, que después de la agresión el imputado habría tomado el teléfono celular que Emmanuel tenía entre sus pertenencias mientras permanecía tendido en el pavimento.
Emmanuel permaneció ingresado hasta su fallecimiento
Contreras Medina resultó gravemente herido y permaneció bajo cuidados intensivos hasta que falleció el 9 de septiembre en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por los fiscales Vladimir Viloria y Kelvyn Colón Rodríguez. En la audiencia también participaron representantes de la Fiscalía del Distrito Nacional y de la Dirección General de Persecución.
Según los fiscales litigantes, el tribunal consideró suficientes los presupuestos presentados para imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Defensa rechaza responsabilidad del imputado
La defensa cuestionó la medida de coerción. La abogada Dianiris Perderaux sostuvo previamente que en los hechos participaron varias personas y rechazó que su representado fuera responsable de provocar la muerte de Contreras Medina.
Por su parte, Hugo Contreras, padre de Emmanuel, manifestó satisfacción por la decisión judicial y agradeció el respaldo recibido por su familia. También expresó su esperanza de que el proceso continúe hasta esclarecer completamente el caso.
La imposición de prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una declaración de culpabilidad. El proceso penal deberá continuar hasta que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.
Los jueces revisan las decisiones dictadas en primera instancia mientras el órgano acusador busca aumentar las penas y obtener condenas contra imputados que fueron descargados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La corte continúa este martes el conocimiento de los recursos de apelación relacionados con el caso Antipulpo, proceso mediante el cual condenados, el Ministerio Público y otras partes procuran la revisión de decisiones adoptadas en primera instancia.
Las audiencias se desarrollan los martes, en horario aproximado de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, como parte de una fase judicial que deberá determinar si las decisiones recurridas son confirmadas, modificadas o revocadas conforme a los argumentos y pruebas sometidos por las partes.
El Ministerio Público mantiene su pretensión de que sean incrementadas algunas de las condenas impuestas y que se establezca responsabilidad penal respecto de personas que resultaron descargadas en primera instancia.
El órgano persecutor ha sostenido durante el proceso que el entramado investigado habría ocasionado al Estado dominicano un perjuicio económico superior a RD$5,000 millones, planteamiento que corresponde a la tesis de la acusación.
Tribunal retoma audiencia tras aplazamiento
La corte está integrada por los magistrados Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, quienes tienen a su cargo la revisión de los recursos interpuestos contra la sentencia.
La audiencia anterior fue aplazada a solicitud de la defensa de José Idelfonso Correa, luego de que fuera presentado un certificado médico indicando que se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica.
Superado ese aplazamiento, el tribunal retoma el conocimiento de los recursos y continuará escuchando los planteamientos de las diferentes partes involucradas.
Ministerio Público mantiene petición de penas mayores
En representación del Ministerio Público participan Wilson Camacho, director general de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
La acusación busca que la jurisdicción de alzada modifique parcialmente las decisiones adoptadas en primera instancia.
Entre sus pretensiones se encuentra conseguir penas superiores para determinados condenados, además de revertir los descargos pronunciados respecto de otros procesados.
Las defensas, por su parte, ejercen los recursos y medios correspondientes para cuestionar aquellos aspectos de la sentencia que consideran desfavorables a sus representados.
Los principales procesados
Entre las personas que recibieron condenas en primera instancia figura Juan Alexis Medina Sánchez, a quien el Ministerio Público ha señalado como principal responsable del entramado investigado.
También fueron condenados Magaly Medina Sánchez; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La etapa de apelación no constituye un nuevo juicio desde cero, sino una revisión jurisdiccional de los aspectos de la sentencia que han sido impugnados por las partes, conforme a las reglas del proceso penal.
Un proceso que continúa abierto
El denominado caso Antipulpo ha sido uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa de mayor dimensión económica presentados en los últimos años en República Dominicana.
Sin embargo, el proceso todavía no ha concluido definitivamente.
La corte deberá ponderar individualmente los argumentos contenidos en los recursos, las respuestas de las demás partes y los fundamentos de la sentencia recurrida antes de adoptar sus decisiones.
Por tanto, será la jurisdicción de apelación la que determine cuáles condenas permanecen, cuáles podrían ser modificadas y qué decisión corresponde respecto de las personas descargadas cuya absolución fue recurrida por el Ministerio Público.