Opinión
Dura prueba para la Comisión de Ética
Por Juan Bolívar Díaz
Si el doctor Vincho Castillo no responde los cuestionamientos formulados a su Declaración Jurada de Bienes, la Comisión de Ética, que él preside, instituida por el presidente Danilo Medina, quedaría como insubstancial
Por su triple condición de dirigente político, funcionario del Estado y director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) está en la obligación de responder la investigación periodística que sostiene que ocultó gran parte de su patrimonio en su Declaración Jurada de Bienes.
Los documentos publicados por el periódico digital Acento y dilucidados en programas de radio y televisión son una dura prueba para los esfuerzos de transparencia puestos en marcha por el gobierno del presidente Danilo Medina que compromete a sus funcionarios con un Código de Pautas Éticas.
Un modesto patrimonio
Desde que se conoció la declaración de bienes del Doctor Vincho Castillo hubo sorpresas de que presentara un patrimonio de apenas 21 millones 633 mil pesos, propio de cualquier profesional medio, a pesar de haber encabezado durante décadas uno de los bufetes de abogados más prominentes, con un edificio propio, donde jura tener acciones por sólo 32 mil pesos, habiendo defendido banqueros involucrados y condenados por fraudes de decenas de miles de millones de pesos.
Una investigación del periódico Acento, dirigido por el periodista Fausto Rosario, encontró que en su declaración jurada no se incluyeron cuentas bancarias, ni automóviles, ni vivienda, ni ganado, ni el valor de numerosas propiedades agropecuarias. No incluye los detalles de tres propiedades del doctor Castillo Rodríguez que totalizan 681,345 metros cuadrados en las parcelas 107, 112 y 168 de los distritos catastrales 9 y 2 del municipio de San Francisco de Macorís.
Tampoco incluye los detalles de otra propiedad en la parcela 48, distrito catastral 9 del DN, ni los de otras cuatro que, en copropiedad con sus hermanos, posee en San Francisco de Macorís y que totalizan 189 mil 836 metros cuadrados. En todos los casos el periódico digital incluyó las certificaciones correspondientes de los registradores de títulos, emitidas a finales de mayo pasado.
Para más complicaciones, Acento señala que esa declaración jurada tampoco cumplió con el requisito legal de señalar todos los herederos, al no incluir dos de sus hijos, reconocidos. Publica Facsímiles del extracto de sus respectivas actas de nacimiento, así como de la declaración jurada donde se lee: “Yo, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, declaro bajo la fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad”.
Se espera una respuesta
El reportaje fue publicado el jueves 4 de julio y más de una semana después no ha sido rebatido ni aclarado por el doctor Vincho Castillo, pese a haber estado en debate en los telediarios y programas televisivos de investigación como el de Nuria Piera, así como en numerosos programas de radio.
Hasta ahora el funcionario ha evadido referirse al fondo del reportaje, y en cambio el pasado domingo respondió en su programa de televisión con denuestos y descalificaciones no sólo del periódico que publicó la investigación, sino de reconocidos periodistas, de empresarios e instituciones que no tuvieron nada que ver con la publicación, como Participación Ciudadana, a la que catalogó como una mafia de delincuentes, aunque a través de esta reconocida entidad, el presidente Danilo Medina se comprometió con Transparencia Internacional a cumplir un “Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad”. Y una de las responsabilidades que atribuyó a la DIGEIG fue precisamente darle seguimiento a ese compromiso.
Todavía se espera que el veterano abogado haga su propia defensa, explicando los alcances de su declaración patrimonial bajo juramento, atendiendo al numeral 3 del artículo 146 de la Constitución de la República, a la Ley 82-79, sobre Declaración Jurada de Bienes, y al Decreto 2006 que la reglamenta, a la Ley 41-08 de Función Pública, al Decreto 486-12 del presidente Danilo Medina que instituye la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, así como al Código de Pautas Eticas que suscribió tras ser designado como director de este organismo.
Como dirigente político Castillo debería responder, y lo obliga su condición de funcionario del Estado, y precisamente encargado de velar por la ética y la transparencia del gobierno, por lo que su silencio compromete uno de los propósitos de combate a la corrupción con que arrancó el gobierno del presidente Medina, cuando instituyó la DIGEIG el 21 de agosto del 2012, cinco días después de su juramentación, y cuando hizo firmar a los altos funcionarios, tras hacerlo él mismo, su Código de Pautas Eticas.
Las funciones de Vincho
El artículo 1 del Decreto 486-12 “crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental”.
Los numerales 30 al 32 de su artículo 6 la responsabilizan de “realizar el seguimiento y coordinar el envío a la Tesorería Nacional o la institución que corresponda por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes”, a exigir la presentación de la misma y a solicitar “informaciones sensibles en las dependencias estatales o revisar la documentación necesaria …si las mismas se encontraran afectadas por rumores o denuncias de inobservación que comprometan la moral de los miembros de la administración pública”.
El artículo 7 es más comprometedor, al establecer que la DIGEIG “solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración”. Precisa que “Estos informes serán requeridos entre el 15 y el 30 de agosto de cada año”.
El Código de Pautas Éticas firmado por Vincho Castillo y demás altos funcionarios establece en su numeral 6 el compromiso de “CUMPLIR las normas de transparencia, comprometiéndome a:
a) Presentar mi declaración jurada de bienes, a más tardar a los 30 días de asumir el cargo, y a demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones, o a requerimiento de una autoridad competente.
b) Presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios, así como las exigencias que se me requieran con esa finalidad”.
La credibilidad del gobierno
Si el doctor Vincho Castillo no dilucida objetivamente la acusación de haber falseado su Declaración Jurada de Bienes dejará comprometida la credibilidad de la política de transparencia y ética del gobierno, dado el hecho de que es, precisamente, el funcionario encargado de dirigirla. El reportaje de Acento es de las piezas periodísticas más contundentes que se recuerden, en cuanto a sustento en documentos oficiales.
De no disipar toda duda, correspondería al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito realizar las investigaciones correspondientes, con todas sus consecuencias si se determina que hubo un juramento falso. De no hacerlo parecerá que el doctor Castillo está por encima de la ley. Domínguez Brito es de los funcionarios a quienes Vincho Castillo ha criticado públicamente y no por razones de ética ni transparencia.
Para la institucionalidad y la convivencia democrática sería lamentable que se pase por alto un informe de esa naturaleza, lo que sería atribuido al terrorismo verbal y al chantajismo con que el doctor Castillo se refiere a todos cuantos disienten de sus posiciones, ya sean políticas o legales, incluyendo los fraudes bancarios. Ha llegado al extremo de insinuar falsas vinculaciones con el narcotráfico y las mafias internacionales que han ganado terreno en el país en la última década, infiltrando a las instituciones del Estado, pese a que el polémico abogado ha dirigido el Consejo Nacional de Drogas y ha sido asesor presidencial en materia de drogas.
El juramento falso está sancionado en el código penal dominicano desde principios del siglo pasado cuando el gobierno militar emitió la órden ejecutiva 202, que en su numeral 1 establece: “Perjurio es la afirmación de un hecho falso, bajo el juramento o promesa de decir la verdad; sea al declarar por ante algún tribunal, juez, funcionario u otra persona competente para recibir el juramento o la promesa, sea en algún documento suscrito por la persona que haga la declaración, en cualquier procedimiento civil o criminal, en cualquier caso en que la ley exija o admita el juramento o la promesa”.
El poder del doctor Castillo podría estar siendo sobreestimado, si se mide por la votación de su partido Fuerza Nacional Progresista, que la única vez que participó solo en una elección, en 1990 y precisamente con él de candidato presidencial, apenas consiguió 6 mil 63 votos, el 0.32 por ciento del sufragio. Aunque no hay dudas de que infunde terror en dirigentes de todos los sectores sociales que temen ser víctimas de fabulaciones e insinuaciones maliciosas.-
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 7 del Estatuto de Roma también tipifica como crimen la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el referido párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional.
El acto de persecución se define como ¨la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad¨.
Un grupo o colectividad puede verse potencialmente privado de diversos derechos fundamentales como consecuencia de daños ambientales, la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud física y mental, el derecho a un suministro adecuado de alimentos y agua, entre otros derechos fundamentales.
Reviste especial importancia adoptar un enfoque interseccionales en materia de persecución en el contexto ambiental, pues pueda que se cometa un acto de persecución por medio de daños ambientales o que resulte en dichos daños por razones múltiples o interseccionales, entre ellas razones de género, políticas , raciales, étnicas, culturales, religiosas o de otro tipo que se consideran universalmente inadmisibles de conformidad con el derecho internacional.
A diferencia de otros crímenes de lesa humanidad, la persecución exige algún tipo de prueba de intención de discriminación. El autor hace daño a la víctima porque considera que pertenece a un determinado grupo o colectividad.
La intención puede inferirse del comportamiento general del autor, asi como de las circunstancias en las que se cometió el crimen. En ese sentido verter productos químicos tóxicos en un río del que dependía un determinado Pueblo Indígena para obtener alimentos y agua no constituirá un crimen de lesa humanidad consistente en persecución.
Sin embargo, el acto de contaminación señalado anteriormente constituye persecución si el autor hubiera optado por contaminar ese río concreto con intención de privar a ese Pueblo Indígena en particular de sus derechos fundamentales.
Cabe destacar que el artículo 7, párrafo 1 K) del Estatuto de Roma tipifica como crímenes otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
En vista del lugar central que ocupa el medio ambiente en la vida social, cultural, religiosa y espiritual de muchas personas, en particular de los miembros de Pueblos Indígenas, los daños ambientales, la explotación ilegal de de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras pueden a menudo ser fuente de gran sufrimiento físico o mental, incluso cuando no constituyen uno de los demás crímenes de lesa humanidad enumerados en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Finalmente, mientras el causante del sufrimiento fuera consciente de que en el curso normal de los acontecimientos tendría lugar ese daño, tales actos podrían calificarse de crímenes de lesa humanidad o actos inhumanos de otro tipo.
Ni autoelogio oficial ni amnesia opositora
Por Isaías Ramos
Esta Semana Santa encuentra al país en medio de una incertidumbre internacional real y de una incertidumbre interna todavía más vieja: la de una clase política que, cuando el pueblo necesita verdad, vuelve a ofrecer relato. Luis Abinader habló de cambiar la “cultura de corrupción” por una de transparencia. Leonel Fernández dijo que los precios venían subiendo por la ineficiencia del PRM. Danilo Medina exigió un plan frente a la crisis derivada de la guerra con Irán y reclamó austeridad porque al pueblo no se le puede pedir todo el sacrificio mientras el Gobierno no se sacrifica en nada.
Los tres quieren ocupar la tribuna moral del momento. Pero, vistos con serenidad, los tres revelan el mismo problema: el oficialismo quiere absolverse y la oposición tradicional quiere amnistiarse.
Uno habla de transparencia desde el poder. Los otros hablan de crisis como si no hubieran dejado, durante años, buena parte del endeudamiento, del privilegio y de la fragilidad estructural que hoy vuelve tan vulnerable a la República Dominicana. No estamos viendo una disputa entre verdad y mentira. Estamos viendo, demasiadas veces, una competencia entre autoelogio y amnesia. Y el pueblo ya no debería seguir dejándose encerrar en esa falsa alternativa.
Por eso hay que decirlo sin rodeos: la corrupción no se apaga con palabras. No se derrota con congresos partidarios sobre ética. No se derrota con discursos de transparencia. No se derrota con opositores que descubren el dolor popular solo cuando no gobiernan.
La corrupción empieza a retroceder cuando un país instala educación, concientización y disciplina, de manera coherente, persistente y consistente; y, por último, consecuencias reales para quien viola la ley y el orden. Sin esa secuencia, todo discurso moral corre el riesgo de convertirse en propaganda. Y cuando la mora judicial en casos de presunta corrupción supera el 80%, la prédica ética sin consecuencia se parece demasiado a una cultura de favoritos protegidos y de impunidad administrada.
La verdad completa empieza por las finanzas públicas. Según el Presupuesto Consolidado del SPNF 2026, la Administración Central proyecta RD$1,342,258.2 millones en ingresos, RD$324,257.1 millones en intereses de la deuda y RD$121,192.6 millones en aplicaciones financieras. Traducido al lenguaje del ciudadano: entre 32.8 y 33.2 pesos de cada 100 que ingresan al Estado ya están comprometidos por intereses y amortización/aplicaciones de deuda. Esa no es una opinión. Es una señal de alarma fiscal. Y esa carga no cayó del cielo.
Es el resultado acumulado de años de endeudamiento bajo las administraciones de las mismas fuerzas políticas que hoy se disputan el relato nacional, sin haber explicado con el debido detalle y con la debida seriedad en qué se invirtió cada peso tomado a nombre del pueblo dominicano, qué problema resolvió y qué resultado concreto dejó para el país.
Con una carga así, la austeridad que demandan las circunstancias no debe empezar por el bolsillo exhausto del ciudadano común. Debe empezar por el privilegio enquistado del poder: gasto público innecesario, subsidios no auditables, gastos tributarios injustificados, recursos blindados a partidos, salarios estatales desproporcionados y rentas protegidas por décadas de un Estado complaciente. Solo después de esa cirugía arriba puede pedírsele al país un sacrificio adicional con autoridad moral. Lo contrario no es disciplina: es crueldad administrativa.
Y hay una coincidencia todavía más grave entre oficialismo y oposición tradicional: cuando se trató de cerrar el sistema político para protegerse entre sí, convergieron. La Constitución reconoce, en su artículo 22, el derecho de ciudadanía a elegir y ser elegible. Sin embargo, tras la sentencia TC/0788/24, el Congreso no reguló las candidaturas independientes: optó por suprimirlas. Diario Libre reportó que legisladores del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRSC y otras fuerzas se pusieron inusualmente de acuerdo para aprobar esa eliminación. Ahí no hubo rivalidad real. Hubo defensa corporativa del sistema cerrado.
Eso debe entenderlo bien el pueblo dominicano. No se trata solo de una discusión técnica. Se trata de si el ciudadano conserva o pierde espacios reales para competir fuera del oligopolio partidario. Se trata de si las grandes maquinarias pueden seguir repartiéndose la cancha mientras le dicen al país que su libertad política consiste en escoger siempre entre los mismos administradores del mismo sistema. Esa es la lógica que el pueblo ya no debería aceptar: el viejo libreto del dominicano súbdito. Pedagogía moral para abajo, comodidad política para arriba; sacrificio para el ciudadano, excepción para el privilegiado; deber para el pueblo, impunidad para el poder.
Esta Semana Santa debería servir para discernir el bien del mal en la vida pública. El bien no está en el gobernante que se felicita mientras preserva demasiadas excepciones. El bien no está en el opositor que denuncia el presente como si no hubiese pasado años incubando parte de lo que ahora critica. El bien político, en esta hora, está en algo mucho más exigente: verdad fiscal, austeridad arriba, protección de los más vulnerables, defensa de la Constitución y un régimen de consecuencias real.
La República Dominicana sí puede soportar tiempos duros. Lo que ya no debería seguir soportando es la incoherencia de quienes le piden deber mientras administran privilegio, opacidad e impunidad selectiva. Si de verdad vienen sacrificios, el primer recorte debe hacerse arriba. Y la primera disciplina debe imponerse al poder.
Solo entonces el esfuerzo nacional dejará de parecer abuso
y podrá empezar a parecerse a un pacto republicano.
Por Oscar López Reyes
Con sus resabios personales en la creencia de ser el rey de la selva, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha roto el pecho de la humanidad, a la que mantiene en ascuas y causándole una dolencia inconmensurable. Perpetra una hecatombe en el salvajismo a guisa de la confrontación con las supremas instancias institucionales de su país y de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido. ¡Caray …!
Detrás del apoderamiento geoestratégico del Golfo Pérsico, que concentra el más gigantesco volumen de petróleo y gas del globo terráqueo, y el control del estrecho de Ormuz, Estados Unidos está apelando a su corpulencia convencional y tecnológica, desestabilizando, como un tobogán, la economía, los ecosistemas y la salud humana universal.
Las tormentas de fuego son parecidas a un Armagedón y cumplen una profecía bíblica. En el empeño imperialista/hegemónico de la superpotencia de Norteamérica y expansionista territorial del sionismo de Israel, se han intensificado los bombardeos aéreos en Irán y el Golfo Pérsico, destrozado edificios, hospitales, escuelas, cuarteles y bases castrenses, centrales nucleares y otras infraestructuras militares, industriales y urbanísticas.
El saldo ha sido de miles de muertos y heridos, hambrunas y desplazamientos poblacionales, que tiemblan en el ensordecedor zumbido de las cargas explosivas. Aunque cuentan con armas nucleares, Estados Unidos e Israel también matan persiguiendo detener el proyecto de bombas atómicas emprendido por Irán.
Por esta conflagración bélica ha sido apretado el botón de pánico energético, acelerado la volatilidad económico-financiera internacional -con la consiguiente avalancha inflacionaria-, los daños medioambientales y el estrés postraumático crónico, cocidos por el mal olor cadavérico, el calor de los escombros en llamas y la diseminación en la atmósfera de fardos de pólvoras y sustancias nocivas.
En anclas parecidas, el influyente humorista gráfico de diarios de España Antonio Fraguas de Pablo (Forges, 1942-2018) tiró un alarido expresivo: “No hay guerras justas y guerras injustas: solo hay malditas guerras”, apropiado para ser repetido en esta época.
¡Oh guerras! De veras, estas han sido gestadas por desarmonías espirituales individuales, el ensanchamiento de negocios en la codicia económica, las rivalidades por apoderarse de recursos naturales, franjas fronterizas y por geoestrategias en la desconfianza, las demandas de seguridad ante amenazas y los fracasos diplomáticos.
En la escalada guerrera de Estados Unidos e Israel contra Irán (iniciada el 28-2-2026), el primer complejo militar fabricante y exportador de armas está de pláceme, cual festines carnívoros de perros y gatos, alacranes y buitres, y ratas y leones. Los cielos, mares y tierras retumban saturados de drones suicidas y sistemas anti-drones, misiles balísticos de largo alcance y aviones bombarderos ultramodernos, con toques de sirenas para huir despavoridamente hacia los refugios.
En este escenario de acometidas, el presidente Donald Trump (Taco) y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Bibi) traen a la memoria las atrocidades del nazi autoritario de Alemania Adolfo Hitler, por aquello de “El veneno de la sangre”, y la crueldad.
Y, en ese hábitat, han detonado esos dos osados que, con vértebras que flechan lutos, se engullen un elefante africano sin obedecer las normas jurídicas, éticas y de salubridad; sin arrojar gases del estómago ni dar señales de sonrojo. La catástrofe de Trump desde la Casa Blanca y Netanyahu desde Beit HaNassi (Casa del Presidente), convoca a glosar las odas del poeta español Vicente Aleixandre (1898-1984), ganador del Premio Nobel de Literatura en 1977:
“…Suena en las calles /Todas las casas gritan/… y de esa ventana rota sale un grito de muerte/Seguís. De ese hueco sin puerta/sale una sangre y grita/ Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados/gritan. Son niños que murieron/Por la ciudad gritando/…un río pasa: un río clamoroso de dolor que no acaba/No lo miréis: sentido/Pequeños corazones, pechos difuntos, caritas destrozadas/”.
Incontestablemente, la guerra del 2026 está engordando el mercantilismo de las herramientas de muerte, en el batir de récords de ventas de las compañías armamentistas enclavadas en una nación que pregona defender la vida y los derechos humanos. El Pentágono está pidiendo cuadruplicar la producción de esos artefactos para reponer los arsenales y sustentar los enfrentamientos, en tanto que Lockheed Martin, RTX (Raytheon), Northrop Grumman, General Dynamics y Boeing han suscrito contratos sin precedentes, con encapié en la tecnología aeroespacial, como los misiles de precisión.
La carrera belicista se acrecienta colosalmente, sin contención de naciones capitalistas ni socialistas. En 2025, el gasto militar mundial ascendió a unos 2,63 billones de dólares, que equivale a un incremento del 2,5%, comparado con el año anterior. Ese presupuesto está liderado por Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Reino Unido, India, Arabia Saudita, Japón, Ucrania, Francia, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte.
A riendas sueltas, las superpotencias acumulan un arsenal nuclear que cifra 9,745 ojivas, conforme con el último monitoreo de la Prohibición de Armas Nucleares. Ellas son un riesgo a gran escala por su utilización ante una situación de presión, un error de cálculo o un accidente, con lo cual serían aniquiladas más de 5 mil millones de personas, especies animales y vegetales. Ese cataclismo radioactivo destruiría la civilización humana.
En contraste con la prosperidad en la venta de armas de fuego, se disparan los precios del petróleo y el gas, los mercados financieros sobrellevan una recia perturbación, particularmente con la caída de las cotizaciones bursátiles, y los ciudadanos estadounidenses se ven compelidos a pagar un costo calculado en más de 890 millones de dólares diarios.
Esa tirantez marcial causa estragos financieros, y revive la teoría de los conflictos sociales y políticos, expuesta por el filósofo y revolucionario alemán Carlos Marx (1818-1883) en su obra «Contribución a la crítica de la economía política» (1859), cuando aún no proliferaban instalaciones atómicas.
El fundador del socialismo científico postula que los conflictos sociopolíticos no son casuales, sino que nacen de la infraestructura económica (relaciones de producción) que, a su vez, cimienta y levanta la superestructura jurídica y política. Plantea que, por la pugna en torno a recursos limitados, la sociedad está inmersa en una discrepancia perpetua (pobreza, discriminación, violencia doméstica, guerras y revoluciones), y que el orden social se sustenta en la dominación y el poder, y no en el consenso y la conformidad.
En esa coordenada, opinamos, el armamentismo alimenta el planteamiento marxista-leninista de que la lucha armada encarna el medio esencial para conquistar y mantener el poder político. La anterior premisa de Carlos Marx se complementa con la famosa frase acuñada, el 7 de agosto de 1927 y reafirmada en 1938, por el líder de la revolución (1949) y presidente de la República Popular China (1949-1976), Mao Tse Tung: «El poder político nace del cañón de un arma», o sea, «del fusil».
La inversión monetaria para la defensa y para neutralizar capacidades militares luce que seguirá en marcha, para que por calles y avenidas veamos transitar, lentamente, más carros fúnebres con seres humanos devorados, sin bombas y con flores; más guirnaldas sin arder en mañanas, tardes ni noches de hogueras, pero sin pólvora, y llevados hasta cementerios, sin fuego ni sangre y dejados en tumbas frías.
En su cancionero y romancero de ausencias, el poeta y dramaturgo Miguel Hernández (1910-1942), comprometido con la Guerra Civil Española, esparció su lírica contra las hostilidades en la hoguera: “Tristes guerras/si no es amor la empresa/Tristes, tristes/Tristes armas/si no son las palabras/Tristes, tristes/Tristes hombres/si no mueren de amores/Tristes, tristes”.
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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