Opinión
Dura prueba para la Comisión de Ética
Por Juan Bolívar Díaz
Si el doctor Vincho Castillo no responde los cuestionamientos formulados a su Declaración Jurada de Bienes, la Comisión de Ética, que él preside, instituida por el presidente Danilo Medina, quedaría como insubstancial
Por su triple condición de dirigente político, funcionario del Estado y director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) está en la obligación de responder la investigación periodística que sostiene que ocultó gran parte de su patrimonio en su Declaración Jurada de Bienes.
Los documentos publicados por el periódico digital Acento y dilucidados en programas de radio y televisión son una dura prueba para los esfuerzos de transparencia puestos en marcha por el gobierno del presidente Danilo Medina que compromete a sus funcionarios con un Código de Pautas Éticas.
Un modesto patrimonio
Desde que se conoció la declaración de bienes del Doctor Vincho Castillo hubo sorpresas de que presentara un patrimonio de apenas 21 millones 633 mil pesos, propio de cualquier profesional medio, a pesar de haber encabezado durante décadas uno de los bufetes de abogados más prominentes, con un edificio propio, donde jura tener acciones por sólo 32 mil pesos, habiendo defendido banqueros involucrados y condenados por fraudes de decenas de miles de millones de pesos.
Una investigación del periódico Acento, dirigido por el periodista Fausto Rosario, encontró que en su declaración jurada no se incluyeron cuentas bancarias, ni automóviles, ni vivienda, ni ganado, ni el valor de numerosas propiedades agropecuarias. No incluye los detalles de tres propiedades del doctor Castillo Rodríguez que totalizan 681,345 metros cuadrados en las parcelas 107, 112 y 168 de los distritos catastrales 9 y 2 del municipio de San Francisco de Macorís.
Tampoco incluye los detalles de otra propiedad en la parcela 48, distrito catastral 9 del DN, ni los de otras cuatro que, en copropiedad con sus hermanos, posee en San Francisco de Macorís y que totalizan 189 mil 836 metros cuadrados. En todos los casos el periódico digital incluyó las certificaciones correspondientes de los registradores de títulos, emitidas a finales de mayo pasado.
Para más complicaciones, Acento señala que esa declaración jurada tampoco cumplió con el requisito legal de señalar todos los herederos, al no incluir dos de sus hijos, reconocidos. Publica Facsímiles del extracto de sus respectivas actas de nacimiento, así como de la declaración jurada donde se lee: “Yo, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, declaro bajo la fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad”.
Se espera una respuesta
El reportaje fue publicado el jueves 4 de julio y más de una semana después no ha sido rebatido ni aclarado por el doctor Vincho Castillo, pese a haber estado en debate en los telediarios y programas televisivos de investigación como el de Nuria Piera, así como en numerosos programas de radio.
Hasta ahora el funcionario ha evadido referirse al fondo del reportaje, y en cambio el pasado domingo respondió en su programa de televisión con denuestos y descalificaciones no sólo del periódico que publicó la investigación, sino de reconocidos periodistas, de empresarios e instituciones que no tuvieron nada que ver con la publicación, como Participación Ciudadana, a la que catalogó como una mafia de delincuentes, aunque a través de esta reconocida entidad, el presidente Danilo Medina se comprometió con Transparencia Internacional a cumplir un “Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad”. Y una de las responsabilidades que atribuyó a la DIGEIG fue precisamente darle seguimiento a ese compromiso.
Todavía se espera que el veterano abogado haga su propia defensa, explicando los alcances de su declaración patrimonial bajo juramento, atendiendo al numeral 3 del artículo 146 de la Constitución de la República, a la Ley 82-79, sobre Declaración Jurada de Bienes, y al Decreto 2006 que la reglamenta, a la Ley 41-08 de Función Pública, al Decreto 486-12 del presidente Danilo Medina que instituye la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, así como al Código de Pautas Eticas que suscribió tras ser designado como director de este organismo.
Como dirigente político Castillo debería responder, y lo obliga su condición de funcionario del Estado, y precisamente encargado de velar por la ética y la transparencia del gobierno, por lo que su silencio compromete uno de los propósitos de combate a la corrupción con que arrancó el gobierno del presidente Medina, cuando instituyó la DIGEIG el 21 de agosto del 2012, cinco días después de su juramentación, y cuando hizo firmar a los altos funcionarios, tras hacerlo él mismo, su Código de Pautas Eticas.
Las funciones de Vincho
El artículo 1 del Decreto 486-12 “crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental”.
Los numerales 30 al 32 de su artículo 6 la responsabilizan de “realizar el seguimiento y coordinar el envío a la Tesorería Nacional o la institución que corresponda por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes”, a exigir la presentación de la misma y a solicitar “informaciones sensibles en las dependencias estatales o revisar la documentación necesaria …si las mismas se encontraran afectadas por rumores o denuncias de inobservación que comprometan la moral de los miembros de la administración pública”.
El artículo 7 es más comprometedor, al establecer que la DIGEIG “solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración”. Precisa que “Estos informes serán requeridos entre el 15 y el 30 de agosto de cada año”.
El Código de Pautas Éticas firmado por Vincho Castillo y demás altos funcionarios establece en su numeral 6 el compromiso de “CUMPLIR las normas de transparencia, comprometiéndome a:
a) Presentar mi declaración jurada de bienes, a más tardar a los 30 días de asumir el cargo, y a demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones, o a requerimiento de una autoridad competente.
b) Presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios, así como las exigencias que se me requieran con esa finalidad”.
La credibilidad del gobierno
Si el doctor Vincho Castillo no dilucida objetivamente la acusación de haber falseado su Declaración Jurada de Bienes dejará comprometida la credibilidad de la política de transparencia y ética del gobierno, dado el hecho de que es, precisamente, el funcionario encargado de dirigirla. El reportaje de Acento es de las piezas periodísticas más contundentes que se recuerden, en cuanto a sustento en documentos oficiales.
De no disipar toda duda, correspondería al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito realizar las investigaciones correspondientes, con todas sus consecuencias si se determina que hubo un juramento falso. De no hacerlo parecerá que el doctor Castillo está por encima de la ley. Domínguez Brito es de los funcionarios a quienes Vincho Castillo ha criticado públicamente y no por razones de ética ni transparencia.
Para la institucionalidad y la convivencia democrática sería lamentable que se pase por alto un informe de esa naturaleza, lo que sería atribuido al terrorismo verbal y al chantajismo con que el doctor Castillo se refiere a todos cuantos disienten de sus posiciones, ya sean políticas o legales, incluyendo los fraudes bancarios. Ha llegado al extremo de insinuar falsas vinculaciones con el narcotráfico y las mafias internacionales que han ganado terreno en el país en la última década, infiltrando a las instituciones del Estado, pese a que el polémico abogado ha dirigido el Consejo Nacional de Drogas y ha sido asesor presidencial en materia de drogas.
El juramento falso está sancionado en el código penal dominicano desde principios del siglo pasado cuando el gobierno militar emitió la órden ejecutiva 202, que en su numeral 1 establece: “Perjurio es la afirmación de un hecho falso, bajo el juramento o promesa de decir la verdad; sea al declarar por ante algún tribunal, juez, funcionario u otra persona competente para recibir el juramento o la promesa, sea en algún documento suscrito por la persona que haga la declaración, en cualquier procedimiento civil o criminal, en cualquier caso en que la ley exija o admita el juramento o la promesa”.
El poder del doctor Castillo podría estar siendo sobreestimado, si se mide por la votación de su partido Fuerza Nacional Progresista, que la única vez que participó solo en una elección, en 1990 y precisamente con él de candidato presidencial, apenas consiguió 6 mil 63 votos, el 0.32 por ciento del sufragio. Aunque no hay dudas de que infunde terror en dirigentes de todos los sectores sociales que temen ser víctimas de fabulaciones e insinuaciones maliciosas.-
Por Rosario Espinal
Los inmigrantes dominicanos no solo envían remesas regularmente, también llegan con las maletas cargadas, sobre todo en época navideña, y los bolsillos dispuestos a auxiliar a sus familiares y amistades, o a gastar para disfrutar en su terruño.
A fin de año siempre es pertinente abordar el tema de las remesas y los inmigrantes dominicanos porque muchos regresan a pasar la Navidad.
Las cifras oficiales del Banco Central muestran que, en el 2021, la República Dominicana recibió 10,402.5 millones de dólares en remesas familiares, en el 2022 fueron 9,856.5 millones, en el 2023 un total de 10,157.2 y en el 2024 al mes de septiembre la suma iba por 7,998.7 millones. Y que conste, la cantidad real de aportes en dólares y euros de los inmigrantes es mayor que lo computado, porque hay transacciones informales que no captan los radares del Banco Central.
Las remesas familiares representan pues la mayor fuente de divisas para el país, y nadie movió un dedo en el mercado laboral dominicano para generar esos ingresos. Llegaron gracias a la solidaridad familiar de miles de dominicanos que han emigrado al extranjero, sobre todo a los Estados Unidos, de donde proviene el 85% de las remesas.
Unos enfatizan la consecuencia negativa de las remesas familiares, argumentado que la población receptora se acostumbra a no trabajar o hace pocos esfuerzos laborales. Otros señalan el mayor bienestar y la movilidad social de las familias que reciben remesas, así como la disponibilidad de divisas en la economía nacional.
El mayor flujo de remesas a la República Dominicana en los últimos años es producto de un factor coyuntural y otro estructural. El coyuntural fue la pandemia que llevó a Estados Unidos a distribuir subsidios, y una parte de los recursos que recibieron los inmigrantes dominicanos los enviaron a sus familiares. El estructural es el incremento constante de la migración dominicana.
Aunque el Gobierno dominicano no lleva estadísticas precisas sobre la cantidad de dominicanos que emigran, la República Dominicana se encuentra entre los principales países del mundo que reciben visas de inmigrante de Estados Unidos con relación a su población. Eso ilustra la magnitud.
¿Por qué tanta migración dominicana?
Hace 60 años se inició el proceso migratorio de dominicanos hacia los Estados Unidos porque, durante la intervención militar de 1965, el consulado aumentó la cantidad de visas de inmigrante que otorgaba a dominicanos.
Ese mismo año, Estados Unidos cambió su Ley de Migración para favorecer la reunificación familiar. O sea que, cada dominicano o dominicana que emigraba con visa de residencia tenía la opción de pedir sus familiares cercanos. Esto ha generado una espiral migratoria sin precedentes en los últimos 60 años que aún no se detiene.
Los inmigrantes dominicanos no solo envían remesas regularmente, también llegan con las maletas cargadas, sobre todo en época navideña, y los bolsillos dispuestos a auxiliar a sus familiares y amistades, o a gastar para disfrutar en su terruño.
Para la República Dominicana, la migración dominicana ha sido una tabla de salvación económica. Los inmigrantes son el verdadero seguro social de muchas familias, aportan divisas que la economía dominicana necesita, contribuyen al crecimiento económico y de la clase media.
Demos pues la bienvenida navideña a los inmigrantes dominicanos.
Por Elba García Hernández
Independiente del comportamiento histórico del pueblo dominicano frente, sobre todo, del dominio de la nación por extraños, ha sido de mucho arrojo y gallardía. Ahí está la reacción del pueblo dominicano ante la dominación haitiana y el imperio español. Son muchos los ejemplos que se configuran en cada batalla que se produjo para liberarse el país de la intromisión foránea.
Sin embargo, en el curso del tiempo las cosas no parecen ser iguales, porque en segmentos importantes de la sociedad se observa en muchas ocasiones más miedo que vergüenza. No importa que tan amenazada esté la dignidad de la gente. Probablemente el fenómeno tanga su explicación en la aparición en el país de la figura de sicariato. Es decir, que cualquier individuo disponga de la vida ajena por una paga de unos cuantos pesos y que como reacción la gente tenga miedo porque el sicario no tiene rostro y puede aparecer en cualquier momento y lugar.
El asunto reviste una gran importancia sociológica y política porque se observa que muchas personas prefieren tolerar lo peor y echar por la borda su dignidad cuando tienen que poner en una balanza el miedo y la vergüenza. Y no es que se trate de caer en una irracionalidad que lleve a la persona a ser desaprensiva y dar una respuesta violenta a cualquier ataque que se produzca en su contra.
Pero la realidad es que la vida sin dignidad es como convertirse en la peor de las basuras, en no ser nadie y por consiguiente perder hasta el respeto de los demás. Incluso, hay personas que tienen como principio de vida no tener problemas, lo cual es muy sensato, pero cuando el individuo sacrifica su dignidad por esa causa entonces se convierte en un pusilánime que será irrespetado por todo el mundo.
En el campo del derecho, incluso del penal, lo que no se invoca se queda en la impunidad, ya sea por negligencia o miedo, sobre todo en los hechos cuya persecución sea a instancia privada, porque además existe la razón temporal para que los casos mueran y que prevalezca la impunidad, así se trate de un crimen horrendo.
De manera, que el miedo si pesa más que la vergüenza entonces la gente y toda la sociedad se vuelve inservible y no funcional, sobre todo en el campo de los derechos y obligaciones, cuya última figura es una parte muy importante del Derecho Civil.
En la República Dominicana la tendencia a que impere una nueva dictadura, tan férrea y criminal como la trujillista, podría ser el resultado del miedo, más que de la vergüenza, pero hay centenares de situaciones que podrían perdurar en el tiempo como consecuencia del primer elemento de preocupación.
En esa virtud, el 2025 tiene que ser un año de arrojo y de echar a un lado el miedo para que prevalezca la vergüenza y de esa manera enfrentar todos los males sociales que nos aquejan y acechan.
Este nuevo año 2025 debe sobresalir para enfrentar las amenazas en contra de la dignidad de los dominicanos a través de sobreponer la vergüenza por encima del miedo, lo cual será una forma de recobrar o recuperar los derechos perdidos y el respeto frente a los demás.
No se trata de cualquier realidad, porque cuando un pueblo, un ciudadano o cualquier persona pierde la vergüenza y se deja vencer por el miedo, entonces desaparecen los derechos subjetivos y en consecuencia impera la ignominia y la desigualdad.
Por José Cabral
No hay un solo argumento que justifique el comportamiento de los partidos políticos, porque han demostrado que son la peor plaga de la democracia. No como sostienen hipócritamente algunos de que los partidos políticos son el sostén de la democracia. Solo bastaría con pasar balance a sus acciones, cuya mayoría está dirigida a arruinar lo poco de lo bueno que puede tener el llamado sistema democrático representativo.
Puede decirse con toda seguridad que el mal augurio para el 2025 es el comportamiento de esa plaga llamada partidocracia, que repito se trata de los partidos políticos grandes, medianos y pequeños, sin excluir a los que dicen ser de izquierda o de derecha. Es una verdadera maldición para la sociedad. La gente no se imagina cómo los que dirigen los partidos políticos están llenos de tantas malas intenciones.
En una cosa difiero de algunos ciudadanos que dicen que dentro de todos los partidos políticos hay personas buenas y malas, lo cual me lleva a la siguiente reflexión: Se puede confiar en aquel que va a una de estas organizaciones a sabiendas de que está controlada por depredadores del patrimonio público y por ladrones vulgares de lo que no es suyo.
La cuestión es señores que se trata de una verdadera plaga, tanto es así que ya ni siquiera sus dirigentes hacen un esfuerzo por simular lo contrario a la verdad, como por ejemplo lo que ocurre en la partidocracia donde con el tiempo todo lo mal hecho se legitima. Ahí están los casos de Félix Bautista y otros tantos que ahora son los que proponen las leyes para dirigir a toda la sociedad.
A la partidocracia le encanta tener como legisladores a extraditables y convictos de la justicia de los Estados Unidos, lo que parece ser un orgullo de esta plaga, que hoy ya no solo se traga el Producto Interno Bruto, sino el presupuesto de la nación y todos los recursos con que cuenta el dominicano para lograr alguna vez una vida digna.
De manera, que, si una cosa podría indicar que la sociedad dominicana ha entrado en un verdadero proceso de cambio, es la erradicación o cuando menos el control de la conducta de la partidocracia. Es una imperiosa necesidad de todas las sociedades del mundo limpiarse, sacudirse, dejar en el basurero la plaga política, pero principalmente en la República Dominicana, donde la tendencia es que todo lo anormal sea vea como normal y lo podrido como sano.
Sin embargo, debe decirse que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes es una buena señal, aunque la misma no sea la panacea en lo que respecta a la eliminación de la vida política nacional de la partidocracia. Que nadie se llame a engaño de que este fallo no traiga consigo la penetración al sistema de otras plagas que también están presentes en la sociedad dominicana. Cualquier cosa puede ocurrir, pero, sin lugar a dudas, que la decisión del TC representa un pequeño avance en esa lucha sin cuartel para por lo menos disminuir el control que tiene la partidocracia sobre la vida político-electoral de la nación.
Los ataques en contra del TC serán muchos y mayores en razón de que está de por medio un botín, que no es otro que el patrimonio nacional, el cual es controlado por esa plaga que no tiene hiel ni remordimiento. En este contexto los dominicanos de buenos sentimientos deben de prepararse para organizar movimientos sociales con la fuerza necesaria para detener las pretensiones de la partidocracia de obstaculizar todo lo que vaya en contra de los intereses de la plaga que representan los partidos políticos en la República Dominicana. El 2025 tiene que ser el ano de grandes cambios para construir un país que la naturaleza se lo ha dado todo, pero que un grupito de vividores que se han alzado con todas las riquezas nacionales. El momento ha llegado de parar en seco a una partidocracia que no tiene el más mínimo interés de que el país cuente con una democracia decente y funcional.
En conclusión, entiendo que el 2025 sólo será un año de cambios si el dominicano asume la problemática nacional con seriedad y decisión.
Con más vergüenza que miedo.
¡Manos a la obra