Opinión
Ecuador: desgarrado por una oculta trama imperial neofascista
Por Narciso isa Conde
El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en la tarde del miércoles 9 de agosto del 2023, en un alevoso ataque que se le atribuye a sicarios colombianos, a quienes a su vez las derechas -para satanizar- le asignan maliciosamente vínculos con el expresidente Rafael Correa y su corriente partidaria.
De entrada, para aproximarnos a lo que está detrás de ese acontecimiento político estremecedor, es muy útil recoger algunos datos sobre quién fue Fernando Villavicencio y cuál ha sido su trayectoria. Y con esos fines destaco estas informaciones tomadas de un reportaje de la agencia EFE (libre de sospecha de izquierdismo y de antiimperialismo), de fecha 10-08-2023, titulado: “¿Quién es Fernando Villavicencio? Un polémico periodista enemigo de Rafael Correa:”
• TRAYECTORIA DE VILLAVICENCIO.
Villavicencio, de 59 años, “fue en su juventud sindicalista y asesoró a la federación de trabajadores de la empresa estatal petrolera, de la que salió despedido como político afín a las izquierdas.”
Él representó “una tendencia abiertamente crítica a Correa, a quien culpó de casi todos los males que padece el país.”
También, como “amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios por los que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción; sentencia que Correa tilda de persecución política.”
En el periodo en que Correa ejercía la presidencia del país, Fernando Villavicencio “fue condenado a 18 meses de prisión por supuestas injurias contra Correa, pero evitó la cárcel y estuvo prófugo hasta que logró la prescripción”.
Meses después, “tras refugiarse en Estados Unidos, Villavicencio impulsó nuevas denuncias contra Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China”.
Más tarde, disuelta la Asamblea Legislativa y luego de él dejar de ejercer la diputación,” “se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto”, con el propósito de “evitar que el correísmo vuelva al poder.
Villavicencio, “que en muchos casos criticó a Lasso, también lo defendió” y algunos de sus rivales lo consideraban “como el candidato encubierto del oficialismo”, algo de lo que él renegó.
Esa trayectoria y actitudes nos inclinan a pensar que él y su Movimiento Construcción representaron una fórmula auspiciada por un sector de poder de EEUU y de la gran burguesía ecuatoriana, para relevar al presidente Lasso, impidiendo a la vez la vuelta del correismo al gobierno.
• MOTIVOS OCULTOS DE LA MANIOBRA CRIMINAL.
El examen a profundidad de la dramática crisis ecuatoriana y del impacto del operativo criminal contra Fernando Villavicencio, precedido de otros, no debe separarse de una serie de antecedentes políticos en cadena, que ayudan a entender mejor y a desentrañar los motivos ocultos de esa dramática determinación.
El gobierno de GUILLERMO LASSO -precedido de la traición de Lenin Moreno y de su desastroso ejercicio gubernamental- posibilitó un auge extraordinario de la narco-corrupción, acompañado de una alta complicidad del Estado, elites financieras y derechas políticas tuteladas por EEUU.
Se impuso así, en una escala sin precedentes, el poder de los carteles vinculados al tráfico de drogas, operando en el Ecuador principalmente hacia Europa, pero también hacia EEUU, desde los países productores vecinos (Colombia, Perú y Bolivia), a través del Océano Pacifico; todo esto acompañado de una significativa expansión del lavado de dinero sucio y de los trajines de la narco-política-ecuatoriana y regional para copar el poder estatal.
Al mismo tiempo, LASSO, en su condición de connotado factor político del capital financiero, consumó el viraje hacia el ultra neoliberalismo y hacía una severa recolonización bajo el dominio de EEUU; en el marco de un capitalismo mundial gansterizado y particularmente contaminado por la alta rentabilidad del negocio de las drogas ilícitas.
Ese viraje iniciado por Lenin Moreno, necesitó satanizar progresivamente al Presidente Rafael Correa, más allá de lo que concierne a los controversiales actos de corrupción de algunos de sus colaboradores y a las consecuencias de sus debilidades en el abordaje de los planes de sedición contra-reformadora.
Necesitó, sobre todo, judicializar la gestión política de Correa, en tanto representó defensa de soberanía, autodeterminación, cambios constitucionales profundamente democráticos, determinadas reformas sociales, alianzas con los países del ALBA y participación del Ecuador en los procesos pro independencia de la Patria Grande; sin olvidar la exitosa lucha por el retiro de la base militar de Manta, que ahora la derecha pro-imperialista procura restablecer.
El anti correísmo fue la bandera impuesta por Washington a todas las derechas abiertas y encubiertas del Ecuador, como lo fue el anti chavismo en Venezuela.
Los imperios son rencorosos y la represalia por el retiro de la base de Manta y por el rol continental de Correa en el contexto de la oleada pro-independencia continental del nuevo siglo, es pétrea y de profundo calado.
Es muy significativo que la embestida política contra Correa fuera tempranamente asumida por el candidato asesinado, Fernando Villavicencio, siempre en el contexto de su intrépida y peligrosa lucha contra los carteles de la droga y de sus fuertes vínculos con la EMBAJADA estadounidense; relaciones de dependencia que lo llevaron a desviar contra ese nuevo liderazgo latinoamericanista, acusaciones sin bases reales, incluidas fantasiosas conexiones con la narco-corrupción y el crimen organizado. Algo común a todo el espectro derechista tutelado por EE. UU y muy propio de la línea mercadológica de esa súper-potencia.
Por su parte, LASSO, no debidamente enfrentado por Villavicencio, no tardó en mostrar su esencia ultra conservadora y entreguista, y su proclividad a la corrupción; al punto de ser enjuiciado y condenado por el Congreso Nacional; lo que lo llevó a recurrir a la maniobra de la “muerte cruzada”, a la disolución de la Asamblea Legislativa y a la convocatoria de elecciones adelantadas para este 20 de agosto. Una especie de autogolpe, todavía en franco despliegue.
De inmediato todas las derechas y su poderosa maquinaria mediática y empresarial, con el Coloso del Norte a la cabeza, las enfilaron para potenciar la satanización de Correa y el correísmo; y una parte de ella se concentró en promover al Movimiento Construcción y a su candidato.
Sin embargo, el producto electorero previo al asesinato de Villavicencio, realmente no fue lo esperado por sus padrinos del Norte. Su candidatura quedó muy atrás, mientras la candidata del correísmo, Luisa González, siguió puntera en las encuestas.
Eso explica por qué el poder imperial y sus socios ecuatorianos y regionales optaron por crear una gran crisis, sacrificando la vida de Villavicencio y sin importarle los sufrimientos de sus familiares y amigos. Bien se ha dicho que el gran capital no tiene ni amigos ni aliados permanentes. ¡Solo intereses, muy espurios por cierto!
Está cada vez más claro que se ejecutó un operativo que tiene todas las características de ASESINATO POLÍTICO Y DE ESTADO, y no simplemente un crimen de mafias comunes.
Hasta la propia familia de Villavicencio habla de eso, sin reflexionar que si trata de asesinato de Estado –y realmente lo es- nada tiene que ver RAFAEL CORREA con ese repudiable acontecimiento; quien -además de atribuírselo justamente a la degradación del poder establecido- ha condenado el método y expresado su sentir a los familiares, dejando a un lado ríspidas controversias pasadas.
Basta observar las características del automóvil, la desprotección física (sin casco, sin chaleco…) la conducta de la policía y la manera de investigar, para detectar las complicidades de Estado y de sus cuerpos policiales-militares. Y para colmo la ejecución por la policía del sicario que jugó el rol de matador y el pedido de intervención FBI en las investigaciones, procuran presentar resultados amañados que protejan a los autores intelectuales del crimen.
Todo esto está en marcha bajo una declaración de Estado de excepción por 60 días, que implica negación de derechos y de garantías constitucionales y régimen dictatorial, lo que impide realizar unos comicios mínimamente democráticos
Es una maniobra despótica, neofascista, evidentemente destinada a impedir o prostituir las elecciones del próximo 20 de agosto para imponer una de las facciones de derecha, o a desconocer resultados desfavorables al poder establecido y a prolongar por la fuerza el mandato del propio GUILLERMO LASSO o imponer otra cosa parecida. En medió de esa situación Lasso ha declarado que de “ninguna manera van a entregar el Estado al crimen organizado, aunque se disfrace de partidismo”. Las variantes dependen de cómo pinten las cosas en los próximos días.
El nivel satánico, repetitivo y orquestado, de la pérfida propaganda contra Correa y el correísmo, implicándolos en ese asesinato y tildándolos además de NARCO-SOCIALISMO, a buen entendedor le deja claro que el neo-fascismo local e internacional están decidido a impedir por la fuerza la vuelta del correÍsmo al gobierno del Ecuador.
Están empecinados en evitar que le pase con Correa lo que le pasó con LULA y en aplicar la fórmula empleada contra CRISTINA KIRCHNER en grado superlativo, aún a costa de un trauma político social de imprevisibles consecuencias.
Los hechos, por demás, dejan como importante lección que, si bien hay que rechazar enérgicamente el veto imperial y oligárquico a las diferentes variantes de llamado progresismo -incluso hasta a las débilmente reformadoras- éstas han resultado sumamente insuficientes, y demasiado complacientes,} con el neofascismo y los poderes fácticos, para vencer definitivamente al enemigo de los pueblos y transformar estas injustas sociedades.
Es imperioso pues, para evitar el caos prolongado y manipulable, profundizar los cambios, radicalizar las transformaciones, hacer nuevas revoluciones y sembrar socialismo de verdad.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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