Las escuelas públicas tienen que asumir un rol educativo mayor, integrando con efectividad los familiares que sirven de soporte a la educación de los estudiantes.
La rápida urbanización después de la caída de Trujillo, la politización en las escuelas públicas y la UASD durante la represión balaguerista, y la baja inversión por décadas en educación, llevaron al deterioro del sistema educativo público y al surgimiento de muchas escuelas y universidades privadas, mediocres y de calidad. Así, el negocio de la educación prosperó.
Por su parte, los mismos profesores se han encargado de desprestigiar la educación pública, cancelando docencia por luchas reivindicativas y hasta para celebrar reuniones ordinarias.
La lucha por el 4% del PIB para la educación pública generó expectativas de cambios, y la asignación de ese monto en el Presupuesto Nacional a partir de 2013 reafirmó las esperanzas de mejoría.
Ahora, parece ser, que ese dinero se destinó más al negocio que al aprendizaje: al aumento de salarios a los maestros, a la construcción de escuelas, al desayuno-almuerzo escolar y a la impresión de libros (y durante la pandemia, a los medios de comunicación).
No sugiero que los profesores trabajen en condiciones paupérrimas, ni que los estudiantes reciban clases bajo un árbol, tampoco que se mueran de hambre en las escuelas.
Ahora bien, más aprenden los estudiantes bajo un árbol con buenos maestros que en un aula de cemento con maestros sin la preparación o motivación adecuada.
A través de los años se han desarrollados múltiples programas de formación para maestros y las universidades han recibido muchos recursos del Ministerio de Educación (MINERD) para eso. Entonces, ¿por qué sigue el aprendizaje precario?
En declaraciones públicas, el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que el dinero invertido en educación en los últimos 10 años se ha tirado al zafacón. Pienso que fue una exageración, pero sin duda, hay grandes déficits de aprendizaje comprobados en diversas pruebas, no solo la PISA.
Para la educación pública, que recibe el gran financiamiento estatal, el problema es multicausal. Influye no solo lo que ocurre en las escuelas, sino también las condiciones familiares y comunitarias de los estudiantes: ¿Qué apoyo educativo reciben en sus hogares? ¿Cuáles son sus precariedades materiales? ¿Cuál es el nivel de violencia callejera en los barrios donde viven? ¿Cuál es el impacto del microtráfico? O sea, los desafíos educativos son complejos dentro y fuera de las escuelas.
Para comenzar a enfrentar los graves problemas de la educación pública dominicana, habría que comenzar por despolitizar el MINERD y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
El MINERD tiene que operar en base al conocimiento fundamentado en la investigación pedagógica y social, y la contratación de maestros tiene que basarse en las capacidades, no en conexiones políticas. La ADP, por su parte, tiene que ser socio activo en busca de excelencia académica, no sólo un sindicato de luchas reivindicativas.
Si eso no se logra, no podrá comenzarse a mejorar la enseñanza. Los maestros son claves y los estudiantes enfrentan muchos desafíos dentro y fuera de las escuelas.
Las escuelas públicas tienen que asumir un rol educativo mayor, integrando con efectividad los familiares que sirven de soporte a la educación de los estudiantes. Se necesita un modelo educativo comunitario.