Opinión
EEUU, Kenia y la invasión Haití
Por Narciso Isa Conde
Ya veremos lo que pasa y ojalá que a los padrinos de esa vil iniciativa le vaya peor que a los tutores de Zelensky y sus huestes fascistas.
A los diez meses que el presidente de Haití Ariel Henry solicitó, por órdenes de EEUU y conveniencia de la ONU, la intervención militar multinacional en su país, el presidente de KENIA, William Ruto, responde que está dispuesto a enviar mil policías y a encabezar la invasión.
No pocos diarios del planeta titulan más o menos así el anunció de esa nación africana: “Kenia ofrece dirigir fuerza multinacional para ayudar Haití”; sin embargo, lo correcto sería informar que Kenia acepta aparentar ser la fuerza que va a dirigir esa nueva agresión a la soberanía de esa Nación hermana.
Porque realmente no fue Kenia quien lo decidió, ni esa invasión es para ayudar a Haití, lo que ya no es un secreto.
Muchos de esos medios de comunicación tienen acceso a informaciones que evidencian que todo ese teatro sirve para encubrir una intervención militar imperialista contra la autodeterminación del pueblo haitiano, como todas las anteriores.
El pretexto escogido son las bandas mafiosas, creadas y armadas por la CIA y el Mossad israelí, con participación del paramilitarismo colombiano, de igual factura y larga experiencia criminal.
Está demostrado que los modernos armamentos de esas bandas proceden de contrabandos recurrentes, facilitados por autoridades estadounidenses y haitianas. Bandas con conexiones a nivel policial, presidencial del partido de gobierno, y armas cada diseminadas.
Todo eso encajaba dentro de la estrategia de provocar un “caos controlado”, que ya se le está yendo de la mano al poder imperial.
Así las cosas, la anunciada invasión militar no es para eliminar las bandas, sino fundamentalmente para controlar más la situación y los minerales de valor estratégicos (litio, uranio, titanio, tierras raras…); para enfrentar a un pueblo que se ha tirado a las calles para exigir la destitución de Ariel Henry y demandar una transición soberana a la democracia; ya en actitud de enfrentarse con éxito a una parte de las bandas y de ejercer soberanía.
Estén seguro que, así como el pedido de invasión a cargo de Henry fue sugerido por EEUU y las potencias imperialistas, así mismo la respuesta de William Ruto fue negociada por EEUU. Pero igual está confirmado que en tales circunstancias la intervención militar de EEUU y aliados, lejos de ser ayuda y solución a la crisis, más bien tiende a agravarla.
Así no se ayuda a nadie y precisamente la historia reciente de Haití lo evidencia.
En los últimos 30 años Haití ha sido intervenido militarmente 10 veces por decisión de EEUU, y todo ha empeorado. Tras cada invasión los problemas se han agravado.
· ¿POR QUÉ KENIA Y TROPAS NEGRAS?
¿Por qué se recurre a Kenia, a pesar de no tener experiencias en ese tipo de confrontación?
Eso tiene una lógica, como la tubo cuando en anteriores ocasiones EEUU estructuró contingentes con una alta composición de soldados negros y cuando en el caso de la Minustha, Brasil encabezó las tropas invasoras como país latinoamericano; lo que le facilitó a las potencias imperialistas colocarse detrás, quitarse presión y simular un bajo perfil.
La lógica de enviar soldados negros es porque la población de Haití es negra y eso permite esconder al blanco como agresor; esconder el racismo supremacista blanco y bajarle el tono al coloniaje.
La acumulación de experiencia lleva ahora a los «tanques pensantes» de ese poder imperialista a ensayar otra modalidad de intervención, utilizando una nación africana contra un pueblo de origen africano.
El camuflaje se eleva escogiendo como jefe aparente de la nueva agresión a un país del África negra, de donde procede el pueblo haitiano; al mismo tiempo que se eleva la perversidad racista, potenciando un cruel enfrentamiento de negros contra negros: los kenianos como “carne cañón” y los haitianos/as como víctimas de la invasión.
Es el uso del pérfido del simbolismo de la confrontación en el Caribe de una porción del continente más odiado por el imperialismo occidental blanco contra un pueblo caribeño de origen africano, “culpable” de escenificar la primera independencia y la primera revolución anti esclavista en Nuestra América
A eso se ha prestado el Gobierno de Kenia por órdenes imperiales.
¿Por qué escogieron a Kenia para realizar ese bochornoso papel y no a otro país africano?
Esto también tiene su lógica imperialista.
Kenia tiene un gobierno de la derecha pro imperialista y EE. UU y España han estado gestionando ese paso.
Kenia es tan dependiente y su gobierno está débil frente a una embestida popular opositora, que fue fácil de convencer.
Ya estamos viendo como EE. UU, pleno de hipocresía, felicita a Kenia y promete respaldo sin meterse de lleno en el pantano.
Canadá se regocija y simula odiar a los oligarcas haitianos que las potencias coloniales engendraron.
El presidente dominicano, su canciller agringado y su Congreso corrupto y entreguista, aplauden con pies y manos.
La ONU de Guterres sirve de mampara.
El Ministerio de Colonia (OEA) está de fiesta.
Y el CARICOM, penosamente, decidió doblarse.
El teatro está montado y la invasión se sigue estructurando desde la Casa Blanca y las Estaciones de la CÍA. Hay otros, lleno de miedos, por reclutar.
Me huele que EU, a sabiendas de lo caliente y riesgoso que es invadir el Haití actual, se conforma y tranquiliza con el mando oculto; y si manda tropas, serán pocas y de piel sepia.
El capitalismo imperialista sigue chorreando sangre y lodo de la cabeza a los pies disfrazado de demócrata, pero de todas maneras habrá pagar muy cara esta nueva afrenta en el contexto de su agresiva decadencia.
Desde ya, adelantándose a los acontecimientos, los medios del poder imperial hablan de lo controversial que resulta en Haití la anunciada intervención. Solo que esconden la real correlación de fuerzas y los riesgos que conlleva para sus protagonistas y padrinos.
No son comparables unos y otros, como insinúan.
La verdad es que se trata de una parte grande, conformada por multitudes que rechazan la intervención, y una chiquita y perversa que se agarra a ella como tabla de salvación.
Ya veremos lo que pasa y ojalá que a los padrinos de esa vil iniciativa le vaya peor que a los tutores de Zelensky y sus huestes fascistas.
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.