Opinión
Ei imperio de la contrarreforma fiscal y los desafíos de la reforma
Por Narciso Isa Conde
Las vocerías del sistema y sus poderosos medios de comunicación siempre se han empeñado en crear una gran confusión entre lo que sería una real reforma fiscal o simplemente darle continuidad maquillada y renovada a la ruta de las contrarreformas neoliberales y pro elites empresariales entronizadas a partir de mediado de la década de los 80.
Ese bulto propagandístico ha subido de volumen después de las votaciones de mayo, en el marco de la continuidad de un gobierno y un estado empresarial endeudado al punto de comprometer el presupuesto nacional con más del 30 % en los servicios de la deuda y generar un elevado déficit fiscal; imperiosamente necesitado, por tanto, de aumentar la presión tributaria y el volumen de sus ingresos para responder a necesidades y reclamos imperiosos.
El presupuesto actual está financiado fundamentalmente por préstamos y por impuestos al consumo, entre los que se destacan el ITBIS, los impuestos selectivos al consumo y los abusivos impuestos a los combustibles, que a su vez eleva el precio de la energía eléctrica y repercute negativamente en la cadena de distribución y producción.
En la era neoliberal o neoconservadora, los impuestos a la propiedad, a las ganancias capitalistas -conocidos como impuestos directos- se han reducido enormemente en comparación con los impuestos indirectos al consumo.
Igual han disminuido otros ingresos con el desmonte o eliminación de no pocos aranceles de aduana, a pesar de un gran incremento de las importaciones.
Pasa otro tanto con la explotación de valiosos recursos naturales (agregados de la construcción, minerales, agua, bosques, playas, sol, brisas…) por corporaciones imperialistas y grandes empresas locales.
El pago al estado por diversos conceptos es muy inferior al valor de los recursos no renovables extraídos o usufructuados, y a esto se agregan enormes y costosos daños ecológicos, y onerosos pasivos ambientales. Recordemos que la llamada industria turística ha destruido el 50% de los manglares del país
Son muchísimas las personas empobrecidos/as y los sectores medios de bajo y medianos ingresos que consumen para sobrevivir y pagan enormes sumas por impuestos indirectos y encubiertos, y pocos los ricachones y privilegiados que aportan comparativamente poco dinero por la vía de los impuestos indirectos
Así, el grueso de los impuestos se le carga al pueblo trabajador, a toda la pobrecía y a sectores de mediano y bajos ingresos; mientras la minoría enriquecida aporta relativamente cada vez menos y gana cada vez más.
De un presupuesto diezmado por una deuda impagable y financiado fundamentalmente por los/as dominicanos/as de a pie, se consume en gastos corrientes de mala calidad alrededor del 90% del total, acompañado de mucha corruptela y enormes dispendios.
La inversión de capital ronda solo un 10% del total, a pesar de la enorme deuda social (salud, educación, transporte, alimentación, diversión sana…) y de los agobiantes déficits en infraestructuras prioritarias, investigación, tecnología propia y bien adecuada a la realidad nacional; a pesar de la necesidad de una producción nacional que aumente en grande el valor agregado y sustituya importaciones.
Estamos ante una prolongada entronización de una contrarreforma fiscal que es necesario erradicar, no simplemente pellizcar o remodelar.,
• ¿A QUÉ PODRÍA LLAMÁRSELE REFORMA FISCAL?
Una reforma fiscal progresiva, que favorezca REALMENTE al pueblo humilde y a los sectores medios en proceso de empobrecimiento o precariedades, está obligada a considerar todas estas distorsiones ya señaladas y a modificarlas sustancialmente para invertir el dramático cuadro de penurias populares crecientes.
Sin eso no habrá mejorías en las condiciones de vida de gran parte del pueblo dominicano.
Y si saltamos al tema de eliminar pobrezas y superar procesos de empobrecimiento –traído y manejado demagógicamente por el presidente Abinader en relación con la reforma fiscal– debo decir, sin temor a equívocos, que, sin modificar las brutales relaciones de propiedad y de concentración de riquezas en pocas familias, grupos y personas, y sin superar el cuadro de dependencia y subordinación al capital y al poder transnacional, no es posible erradicar las lacerantes, profundas y creciente desigualdades sociales y los diversos grados de pobreza; estadísticamente maquillados o adulterados para minimizarlos.
La desigualdad es una fábrica pobreza.
La superación de las injustas relaciones de propiedad y una equitativa distribución del ingreso nacional, son imprescindibles para lograr el bienestar colectivo.
Satisfacer las necesidades humanas debe convertirse en la razón de ser de la economía y de la política, dejando progresivamente atrás el predominio de la expansión del capital privado y la obtención desmedida de ganancias en favor de una minoría voraz.
Pero volviendo al tema de la reforma fiscal y limitándome exclusivamente a esa vertiente del problema, es necesario señalar que una mejoría limitada en las condiciones de vida del pueblo solo se podría lograr incrementando los ingresos estatales con impuestos directos a las propiedades y a las ganancias de los poderosos; reduciendo los impuestos al consumo, eliminando su retención tramposa por los empresarios, erradicando las exenciones y exoneraciones graciosas e innecesarias y reorientando con sentido de justicia el gasto del estado.
Modificar con sentido de justicia el gasto público a partir de más ingresos y menos gastos superfluos, implica erradicar la corrupción y suprimir los privilegios y los gastos superfluos..
Implica reducir las escandalosas desigualdades en materia salarial, eliminar todo lo dispendioso, todo lo parasitario y todo derroche o mal uso de recursos, incluido el asistencialismo clientelista; mejorando a la vez la calidad o destino del gasto oficial, dándole prioridad al pago de la deuda social en salud, educación, alimentación, vivienda, salarios, pensiones, seguridad social, sanidad ambiental, infraestructuras fundamentales
Adicionalmente, cuando se habla de disminuir la pobreza, procede eliminar la liberalización de los precios de los alimentos, las medicinas y otros productos de primera necesidad; así como enfrentar la usura legal e ilegal, y ponerle fin a la especulación entronizada en la intermediación comercial.
La contrarreforma está instalada y hay que revertirla, no simplemente maquillarla o limitarse a cambiar lo ya insostenible, como las exenciones y exoneraciones a empresas con altísima rentabilidad.
No es cuestión de demagogia mercadológica como ya empezó a hacer Abinader, ni de ponerse a hablar lindezas sin precisar compromisos.
Se necesitan definiciones precisas en TEMAS CRUCIALES, las cuales siguen bloqueadas por un estado administrado por empresarios y por las organizaciones corporativas del gran capital, que ya iniciaron su nueva cruzada de resistencia, oponiendo la deuda social que ellos mismos han auspiciado.
Solo el pueblo movilizado, con una propuesta de reforma fiscal que reemplace el prolongado imperio de la contrarreforma, podría frustrar la tranquila continuidad de lo que está establecido, a tono con la estrategia neoliberal o neoconservadora, o limitadamente pellizcada.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!