Nacionales
Ejecutivo observa y devuelve a diputados la ley sobre salarios
Santo Domingo. El presidente Leonel Fernández, en la que pudo ser su última decisión importante como jefe de Estado, observó y devolvió a la Cámara de Diputados, la Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano, aprobada en la víspera.
En carta remitida al presidente de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo cuestiona que los senadores desecharan la propuesta remitida por ese organismo, que introdujo su titular Abel Martínez y que recogía la propuesta de Ministerio de Administración Pública, con algunos cambios.
Cita la inclusión en la Ley de entes públicos no previstos inicialmente y señala que contraviene la Constitución el artículo tres que somete al Poder Judicial, al Legislativo, a los Entes y Órganos Constitucionales con régimen propio y a los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera, al marco regulador común de la política salarial establecida en dicha ley.
Entiende el Ejecutivo que esta decisión no fue el resultado de un proceso de discusión con la participación de sus autoridades y funcionarios competentes.
Señala, además, el Principio de jerarquía y escala de remuneraciones dispuestas en los artículos cinco y 12. Sobre éstos considera que la aplicación del principio de jerarquía salarial, tomando como punto de partida la escala de remuneración de salario bruto máximo para los presidentes de los poderes su entes constitucionales con régimen propio, al margen que desconoce la necesidad de establecer salarios diferenciados para los servidores cuya capacidad técnica o profesional requiera una remuneración acorde a sus competencias, supone una obligación pecuniaria a cargo del Estado, cuyo monto no ha sido determinado, y por tanto tampoco ha sido evaluado el impacto que tendría en el Presupuesto del Estado, considerando la inmediata entrada en vigencia de la Ley.
«En tal sentido, dicha ley no tendrá efecto ni validez, y por tanto devendría en una ley contraria a las disposiciones del artículo 237 de la Constitución que prohibe las leyes que autoricen pagos o engendren una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sin establecer o identificar los recursos necesarios para su ejecución», expresa la carta.
Diario Libre
SANTO DOMINGO.- En la sede del Ministerio de Defensa se reunirán los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina con Luis Abinader para hablar sobre la seguridad nacional ante la creciente inestabilidad en Haití.
La reunión será a las 4:00 de la tarde, en la sede del Ministerio de Defensa (MIDE).
Abinader convocó formalmente a los exmandatarios mediante cartas dirigidas individualmente, en las que destacó la urgencia de la situación haitiana y su impacto en la estabilidad de la República Dominicana.
Asimismo, subrayó la necesidad de «actuar con visión de Estado, valorando la trayectoria, la experiencia y el liderazgo de los expresidentes como elementos fundamentales para definir una postura nacional firme y unificada ante una crisis sin precedentes».
jt/am
Nacionales
Por difamación e injuria se querellan periodistas ante la fiscalía del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.- Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria por medios digitales.
Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.
«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
Santo Domingo, R.D.-Una unidad especial fue creada por el Ministerio Público para la gestión del cobro de multas de tránsito como una forma de que los conductores temerarios tomen mayor conciencia del régimen de consecuencias y reducir los accidentes de tránsito.
Precisa, que cuentan con casos en que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar, que se prescriben al marco jurídico actual, por lo que es necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.
En el país más del 70% de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito
El tema del pago de las multas de tránsito, también fue tocado recientemente por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien planteó que el pago sea obligatorio como forma de imponer un régimen de consecuencias.
“Se está proponiendo una reforma a la ley de tránsito en ese capítulo solamente, para nosotros poner de manera obligatoria el pago de la multa. Porque en lo que todos estamos de acuerdo, es que cuando no hay un régimen de sanciones, las personas evaden la responsabilidad que les toca”, expresó Raful, al participar en una entrevista en Listín Diario, en marzo pasado.
Con la normativa actual, las multas prescriben en un año a partir de la fecha en que se cometió la infracción, cuya extinción puede ser solicitada a través de un tribunal especializado. Ante esa realidad, el ministerio público también se involucra con la reactivación de una unidad para hacer más efectivo el cobro, según indicó.
“Nosotros hemos tenido casos donde personas que han sido llevadas por una violación a la ley de tránsito presentan una cantidad de multas en su registro, que aunque han perimido, son exorbitantes y son personas que no deberían estar conduciendo y que son un riesgo para la seguridad”, dijo Raful.