Análisis Noticiosos
El 4% es también para los maestros
Por Juan Bolívar Díaz
El debate sobre las demandas salariales de los maestros evidencia las dificultades de concertación de la sociedad dominicana, la subestimación que prevalece sobre la función del educador y la concepción de que el progreso es construcción.
El gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han dado una elocuente demostración de las dificultades de la sociedad dominicana para concertar aún cuando se comparten posiciones políticas que frecuentemente se imponen sobre los intereses colectivos.
En el debate general resalta la prevalencia de una cultura política que subestima la función del maestro en el proceso educativo y que entiende el desarrollo y el progreso como sinónimo de construcciones materiales tras las que se oculta el tráfico de comisiones y el reparto de beneficio a los asociados más cercanos.
Confrontación inexplicable
Al caer la semana el Ministerio de Educación (MINERD) y la ADP parecían haber recuperado la capacidad de dialogar, después que se perdieran varias jornadas docentes y que se intercambiaran expresiones virulentas y descalificaciones, en una confrontación que muchos no lograban entender dado que el secretario general y otros importantes dirigentes magisteriales son militantes del partido de gobierno.
La confrontación pareció más encendida cuando desde finales de la semana anterior la batuta no parecía estar en manos del MINERD, sino más bien de funcionarios del Palacio Nacional, a los que se atribuyen “duras advertencias” a los dirigentes de la ADP, y donde se habría originado un comunicado que produjo indignación en el ámbito gremial.
La respuesta de la ADP no se hizo esperar dejando mal parados algunos de los datos básicos contenidos en el comunicado ampliamente publicitado bajo el membrete del MINERD. Tras la radicalización de ambas posiciones algunos divisaban un interés por hacer naufragar la gestión de la ministra Josefina Pimentel, una reputada profesional que aunque miembro del partido gobernante siempre ha sabido sobreponerse al sectarismo partidista. En ámbitos políticos se señalan numerosos aspirantes a la dirección del ministerio que tiene el mayor presupuesto del Estado, este año cifrado en 99 mil millones de pesos, casi el 19 por ciento del total.
La respuesta de la ADP, paralizando las labores docentes el martes disparó los mecanismos de defensa del gobierno y creó una situación que obligó a instituciones sociales y universitarias a plantearse de mediadores. El jueves se acordó un cese de hostilidades para dar oportunidad a que una comisión de cuatro viceministros de educación se sentara al diálogo con la asociación magisterial, lo que debió producirse desde que la ADP formulara su reclamo salarial en octubre pasado.
Un error recurrente
Como es habitual, la ADP partió de un reclamo desproporcionado cuando hace 5 meses planteó que el salario básico de los maestros de 8 mil 972 pesos fuera triplicado a 27 mil, pero con la llegada del año, se moderaron a una duplicación, con el cien por ciento de incremento, todavía muy por encima de lo razonable. En contraposición, el MINERD se quedó en el otro extremo, también habitual, ofreciendo en principio un pírrico 15 por ciento, elevado más tarde al 20. Entre ese 20 y el 100 por ciento hay una amplia distancia para la negociación.
Pero en vez de sentarse al diálogo las posiciones se fueron extremando. La ADP inició su tradicional programa de asambleas y paros regionales, y una consulta nacional que casi a unanimidad rechazó el incremento salarial del 20 por ciento. Apareció el comunicado atribuido al MINERD con otra exageración, que los maestros querían en salario el equivalente al 50 por ciento del incremento del presupuesto para educación de este año. Remachaba que “la sociedad dominicana no luchó por el 4% para terminar repartiéndolo pura y simplemente en aumento de salarios”.
Se dramatizaba acusando a los maestros de querer “castigar la alimentación escolar, sacrificar la construcción de 10 mil aulas, detener la adquisición de pupitres y paralizar la contratación de nuevos maestros y maestras para la tanda extendida”. El comunicado también subestimaba la labor docente al repetir que “trabajan sólo 4 horas”.
Las exageraciones seguían en alza, ya que la demanda de incremento del 100 por ciento al salario básico de los maestros quedaba muy lejos de la mitad de los 47 mil 365 millones de pesos adicionados este año al presupuesto de educación básica. Tampoco impedía el desayuno escolar ni la construcción de aulas o nuevas contrataciones de docentes, y el último que debe asumir que la jornada es sólo de 4 horas, es el ministerio, pues con preparación de clases, seguimiento a alumnos, corrección de tareas y de exámenes, debería reclamarse por lo menos 6 horas.
Cogido fuera de base.
La incomunicación llegó a extremos tales que el comunicado reitera la oferta de aumento general del 20 por ciento pero indica que con efecto a febrero pasado “no habrá un solo maestro o maestra que gane menos de 15,000 pesos por 4 horas de trabajo”, que los maestros con licenciatura ganarán “por cuatro horas de clase” un mínimo de 15,830 pesos, que los que tienen el salario más bajo, sin incentivos, “recibirán un aumento del 58 por ciento”, para más confusión se afirma que “en lo sucesivo ganarán en promedio 33,241 pesos por jornada completa y 18 mil 996 pesos los que trabajan solo 4 horas”.
Esas cifras implican mucho más que un incremento del 20 por ciento y se aproxima tanto al cien por ciento que pide la ADP que ésta se apresuró en comunicado el martes 5 a tomarle la palabra al MINERD, diciendo que no quieren tanto y se conformarían con que se aumente el salario base “tan solo a 15 mil pesos por tanda, de forma que se ahorre 3 mil 996 para fortalecer otros programas”. No entiende cómo se pagaría 18 mil 996 pesos por una tanda, pero sólo 33 mil 241 por dos. Sostiene que con incremento del 20 por ciento, 9 mil 780 maestros que sólo tienen el incentivo de titulación, apenas alcanzarían a recibir 12 mil 920 pesos.
Esas cifras indican múltiples manipulaciones que en el diálogo pactado el jueves podrían quedar rápidamente aclaradas. Pero indican que las posiciones no están distantes, a menos que una de las dos partes esté hablando simplemente por hablar.
Para resaltar la condición de pobreza de la mayoría de los maestros, la ADP sostuvo que “el año pasado el gobierno de manera oficial colocó en el rango de pobre a una familia de 4 miembros con ingresos por debajo de 18 mil 927 pesos mensuales”. Economistas como Iván Rodríguez estiman el costo de la canasta básica en más de 12 mil pesos para el quintil poblacional más bajo y sobre 18 mil para el segundo. En 2010 estaban en 10 mil 400 y 15 mil respectivamente. Esta semana las centrales sindicales estimaron el costo promedio de la canasta familiar básica en 35 mil para la capital y 24 mil 600 en el resto del país.
El docente es fundamental
En el debate ha quedado claro que en muchos funcionarios, políticos y comunicadores subyace la cultura de que el progreso es sólo construcción, y que la labor docente es secundaria. Así se justifica que el programa de construcción, ampliación y rehabilitación de escuelas tenga este año una partida de 30 mil 914 millones de pesos, el 75 por ciento del incremento presupuestal de educación, y el 31 por ciento del total, pero se defienda que al docente se le aumente un 20 por ciento con salario a nivel del mínimo, de obreros o mensajeros, al mismo tiempo que se le exige titulación universitaria y dedicación.
Hay quienes sostienen que los maestros dominicanos son tan deficientes que ni triplicándole el sueldo mejorarán la calidad de la enseñanza, criterios que no aplican para el pago de los políticos, funcionarios, legisladores y hasta regidores que ya reciben hasta 150 mil pesos mensuales por asistir a una o dos sesiones mensuales.
La Coalición por la Educación Digna, que encabezó la lucha por el 4 por ciento del PIB para educación, entiende que los aumentos de sueldos por sí mismos no garantizan el mejoramiento de la calidad, pero que éste objetivo no se puede alcanzar sin dignificar la función y la vida de los docentes. En un comunicado emitido el jueves sostiene que el 55 por ciento de los maestros gana menos de l0 mil pesos mensuales, incluidos los incentivos y que con un incremento del 20 por ciento, el 83 por ciento quedaría con menos de 15 mil mensuales, aún con los incentivos.
Al llamar a las autoridades y a la ADP a dialogar, la Coalición sostuvo que “Es falso que una mejora significativa de los salarios de los maestros y las maestras ponga en peligro las metas que concebimos al luchar por el 4% del PIB para la educación pre-universitaria”.
Del debate ha quedado claro que el magisterio sigue siendo una de las profesiones más subestimadas, sobre todo si es para el ejercicio público, y que eso cambiaría si los políticos y forjadores de opinión tuvieran que mandar sus hijos a las escuelas del Estado, pues entonces ya se habrían percatado de que el docente es el primer factor clave para superar el desastre de la educación nacional.-
Artículo publicado originalmente en el diario HOY.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.