Nacionales
El 80% de máquinas tragamonedas ilegales han sido destruidas, según Hacienda
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Ministerio de Hacienda informó este viernes que el 80 por ciento de las máquinas tragamonedas ilegales que operaban en el país han sido desmanteladas y destruidas.
Así lo destacó el director de Casinos y Juegos de Azar de la cartera, Manuel Francisco de los Santos Jiménez, en el acto de desguace de unos 60 traganíqueles de los almacenes de INESPRE de la avenida Luperón de la capital dominicana.
Especificó que la campaña Cero Tolerancia a las Máquinas Tragamonedas Ilegales continúa sin “pausas ni treguas”, tal y como lo instruyó el ministro de Hacienda, economista Daniel Toribio.
Al resaltar el avance logrado en esta tarea, el funcionario reiteró su agradecimiento a la colaboración de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y la Policía Nacional, en los operativos para desmantelar estos equipos que provocan serios daños económicos y sicológicos a los sectores más humildes del país, principalmente a menores de edad que caen en las redes de la delincuencia.
De los Santos Jiménez destacó también la colaboración de la prensa en la campaña contra las máquinas tragamonedas
Asimismo, manifestó su satisfacción por la colaboración prestada por la ciudadanía, en sentido general, para ubicar los establecimientos comerciales donde operan estos artefactos.
Nacionales
El caso Intrant, con Hugo Beras y Jochi Gómez como protagonistas, ya espera por decisión de jueza
Santo Domingo, R.D.-Tras escuchar la comparecencia de varios de los imputados, la noche del viernes culminó la audiencia preliminar contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados en el presunto fraude al Estado mediante la adjudicación e instalación de una red semafórica y se decidirá si el caso irá a juicio a fondo.
Esa decisión está en manos de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien se reservó el fallo para el próximo martes cinco de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público aseguró que el caso cuenta con “los presupuestos necesarios” para que el mismo pase a la etapa de juicio de fondo, indicando que durante la fase preliminar se “probó” con “pruebas contundentes” la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de los acusados.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputado e indicó que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que han hecho los comentarios de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
los imputados
Al hablar ante el tribunal, Jochi Gómez indicó que es “absurdo” que se le acuse de fraude indicando que el dinero que recibió desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la adjudicación, fue “mucho menor” a la cantidad total invertida por la empresa para la adquisición de los equipos.
“Éramos nosotros quienes invertíamos todo; es decir, el personal, la tecnología, los locales, las unidades móviles, los simuladores y el Estado no invertía nada; lo cual fue reconocido por el Intrant y más aún, nunca dejamos de prestar el servicio; no obstante, nos someten y nos quedan debiendo más de 700 millones de pesos y quizás se pregunte, porqué continuar prestando el servicio pese a la deuda requerida, porque nuestro único cliente es el Estado Dominicano y no deseábamos que se viera afectado dicho servicio público”, argumentó Gómez.
“Yo estoy seguro que ustedes se preguntan cómo llegó este joven empresario, con aparente inteligencia, a esta situación y yo se lo voy a decir: porque querían quedarse con lo mío y no me doblegué, ni se lo permití; por eso, solo les quedó la opción de utilizar a este Ministerio Público para perseguirme, aunque se caiga la acusación en el juicio preliminar”, manifestó Gómez.
Mientras, que la defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, indicó que el Ministerio Público no respondió ninguno de los argumentos presentados a favor de su cliente.
La acusación
El Ministerio Público acusa a los implicados de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Las autoridades señalan que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Por su participación en el mismo también están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Nacionales
Se suicida en la cárcel el exteniente coronel Hans W. Lluberes condenado a 30 años por narcotráfico
Santo Domingo, R.D.-El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a pasada semana a 3o años de prisión, por narcotráfico, se quitó la vida en la cárcel de San Luis, la noche del sábado.
De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche.
Según informó Roberto Hernández Basilio, director de la DGSPC, el interno dejó una nota y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia.
Contexto de la condena
Antecedentes del caso
La investigación determinó que el exoficial coordinaba una estructura criminal integrada por dominicanos y venezolanos. Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2015, cuando las autoridades interceptaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) una aeronave procedente de Venezuela con 450 paquetes de droga.
Otros condenados en la red
Por este caso, la aeronave era pilotada por los venezolanos Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, quienes también recibieron condenas de 30 años. Otros tres ciudadanos venezolanos que figuraban como pasajeros fueron sentenciados a cinco años de cárcel cada uno.
18 años de prisión: Para Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR.
El grupo fue hallado culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
Santo Domingo, R.D.-La incompetencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue declarado por el alto tribunal para conocer la recusación presentada en contra de la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, quien tiene a su cargo el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
Tras verificar el expediente, el Pleno de la Suprema determinó que la recusación no debe ser decidida por ellos, basándose en los siguientes puntos clave del Código Procesal Penal (CPP), artículos 82 y 83).
Al no ser el órgano facultado para decidir sobre la magistrada Muñiz Almonte, la Suprema ordenó remitir el expediente de inmediato a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esta resolución reafirma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de respetar la jerarquía y las competencias funcionales de los tribunales inferiores, asegurando que cada proceso se resuelva conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la normativa procesal penal.
La magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien se encontraba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El recurso fue interpuesto por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz ha comprometido su imparcialidad. Según la defensa, la magistrada no debería conocer la coerción debido a que autorizó previamente al Ministerio Público a realizar diligencias investigativas críticas, entre ellas la «entrega vigilada» del dinero del supuesto soborno.
Aunque la magistrada rechazó los cuestionamientos y decidió no inhibirse voluntariamente, el procedimiento legal establece que, ante la objeción de las partes, el expediente debe ser elevado a la SCJ para su fallo definitivo.
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Dada la gravedad de los hechos y la condición de fiscal del imputado, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.