Opinión
El agua no debe bebe ser negocio bajo el manto de las Alianzas Público-Privadas (APPS)
Por Narciso Isa Conde
En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.
Si la salud y la educación son derechos y jamás deben ser negocios, el agua mucho menos.
El agua es vida y con la vida de un país, una región, una sociedad, un planeta… no se negocia.
El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria
El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria
Es inaceptable que se pretenda privatizar la fuentes de agua y a ese extremo llegan la pretensiones de la cúpulas capitalistas en su empeño de contener y revertir la crisis de decadencia de su sistema de dominación sobre la base de convertir todo en mercancía, de obtener súper-ganancias y concentrar poder y capital en esta fase de extremo endurecimiento de su estrategia neoliberal, o más bien neoconservadora.
El control del agua por las elites capitalistas equivale al dominio absoluto de la sociedad humana, a la dictadura total sobre la vida en todas sus vertientes. Y esa determinación, en medio de la crisis de agua que afecta al planeta, guarda una estrecha relación con el declive de EEUU y del sistema imperialista occidental, fenómeno que potencia su voracidad y su desesperado empeño en recuperar y concentrar poder.
El amor de Cristo
El amor de Cristo
Esa hambre agua, para hacer negocio, es inseparable de su actual agresividad militar en función de su pretendido control absoluto sobre regiones preñadas de vida y riquezas.
La pandemia COVID 19 -manipulada para acumular, concentrar y expandir los grandes capitales privados- es asumida como oportunidad para privatizarlo todo, en aquellos lugares donde el poder detentado directamente y/o a través de sus socios y aliados locales se lo permita.
Ese es caso de la República Dominicana y no solo, puesto que hay claras señales de que se trata de una estrategia global.
LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS RELANZADAS COMO MECANISMO DE LA ESTRATEGIAS PRIVATIZADORA.
Algo muy grave, frente a lo que hay que alertar en voz alta y situarlo como un blanco de ataque de primer orden, es la dimensión y el carácter que se le está dando a las Alianzas o Asociaciones Público-Privadas (APPS).
Las APPSno son cosas nuevas. Ellas nacen con el neoliberalismo y su impronta privatizadora y desnacionalizadora.
Lo nuevo, y mucho más grave, en el caso dominicano – y me parece que se trata de un fenómeno inducido desde los centros imperialistas a ser desplegado en muchos lugares del planeta- es el intenso volumen que la gran burguesía transnacional y local, ya en funciones ejecutivas a nivel de gobierno, le está imprimiendo a ese instrumental, junto a la marcada orientación hacia la apropiación y control de áreas claves del territorio, del sector público y del patrimonio natural del país.
Se trata de apropiarse de costas, de territorios de enorme valor inmobiliario, de verdaderos tesoros naturales, fuentes de agua, fuentes de energías, puertos, aeropuertos, autovías y empresas de servicios de servicios estratégicos altamente sensibles para la seguridad del país y la vida de sus pobladores.
En ese orden los gobernantes hablan de una nueva “visión de Estado”, de una nueva manera de “reformarlo”,mediante la asociación del Estado con el gran capital privado criollo y extranjero en negocios compartido por ambos actores, pero con un gran y único beneficiario llamado a montarse sobre el patrimonio nacional y la capacidad de endeudamiento del país para esos fines.
Los préstamos fluiría desde de los organismo multilaterales (FMI, BID, BM, entidades financieras de la UE) y los bancos de negocios con la garantía de los recursos físicos del país para ser manejados por “inversionistas” privados, que realmente no invierten nada.
El Estado pone naturaleza y bienes públicos: playas, mares, ríos, montañas, bosques, terrenos urbanos y rurales, fuentes de agua y de energía, paisajes hermosas ensenadas, montañas, tierras, biodiversidad, infraestructuras a remodelar.
Las empresas privadas, ya trasnacionales, ya con sello nativo, pero realmente lacayas, estarán a cargo de la administración de esas alianzas onerosas con la se quiere disfrazar de bueno un verdadero asalto al suelo, subsuelo y sobresuelo del país, en la lógica de una acumulación capitalista altamente concentrada y especulativa.
En lo especulativo entra el turismo con sus negocios de bienes raíces junto al proceso del endeudamiento de un Estado quebrado por la pandemia, de un gobierno presto a tirarse en brazos del FMI y el BM, con socios privados proclives a coger prestado con las garantías de las riquezas del país sin realmente invertir.
MARCA PAÍS, bajo la dirección de dos de los grupos económicos más poderosos de la nación, va en esa línea de vender nuestros tesoros y valores en el exterior.
Los yacimientos de minerales estratégicos, siendo propiedad de la Nación, no entrarán ni siquiera en ese tipo de asociación, sino que habrán de seguir siendo explotados bajo contratos leoninos y en términos depredadores y contaminadores del ambiente.
El programa minero está en la “gatera” y van a intentar darle permiso de explotación a corporaciones tipo UNI GOLD, GOLD QUEST y sobre todo a la propia BARRICK en su plan de expansión hacia la Sierra de Yamasá y construcción de presa de cola en Guanes, con todas sus funestas consecuencias ambientales sobre los ríos Ozama e Isabela.
Esa minera, ahora con el avance de impuestos para financiar el presupuesto del 2021, se coloca en posición privilegiada para exigir esa concesión de explotación y permiso para su peligrosa presa de cola, que no es más que otro depósito eterno de veneno.
El discurso oficial sobre ese tema -compartido febrilmente por los representantes del gran capital privado y gran parte de su tecnocracia y su bancada legislativa- revela que esa visión sobre el Estado es una visión empresarial-capitalista de la política, con un fondo pro-colonialista; una visión privatizadora del propio Estado y de los partidos que integran el Congreso y parte del Gabinete, cada vez mas desplazados a nivel funciones ejecutivas por empresarios convertidos en funcionarios gubernamentales.
Más puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos turísticos y “ecoturísticos” plantas o entidades eléctricas, centros de salud y educación privados… concebidos como negocios privados con el Estado como socio subordinado, o simplemente como negocios privatizados, están en marcha.
En fin, lo que se debería desprivatizar, va a crecer sobre la base de más presencia y control del capital privado sobre el patrimonio nacional y al precio de un oneroso endeudamiento externo.
Esto es así porque el gran capital privado transnacional y local, que dirige el actual gobierno, no concibe otro tipo de asociación que no sea bajo su hegemonía.
Y es funesto por más que se insista en vestir a los lobos de ovejas y en presentar como futuro maravilloso un proyecto de profundización de la colonización a costa de la vida de este pueblo y esta isla.
Todo esto va de la mano de la militarización de la política y del control militar-policial del territorio bajo el mando militar del Comando Sur del Pentágono y la asesoría colombo-estadounidense-israelí, con ominosos compromisos recientemente concertados de entrenamientos, formación militar, maniobras y operaciones militares conjuntas para supuestamente defender la seguridad regional; lo que realmente se traduce en el compromiso de participar alegremente en las agresiones imperialistas contra los países soberanos de la región (en particular contra Venezuela y Cuba) y apretar las garras sobre Haití.
LA MAYOR PERVERSIDAD DEL MECANISMO APPS ES SU PRETENDIDO EMPLEO PARA INTRUDUCIR EL NEGOCIO PRIVADO EN EL RECURSO AGUA.
Vía las APPS el Gobierno de Luis Abibader pretende abrir las compuertas hacia la privatización de las principales fuentes de aguas que han resistido la embestida depredadora y contaminadora de las últimas décadas.
Más allá de un discurso técnico oficial que reconoce la crisis del agua y su amenaza sobre la vida de nuestra sociedad, más allá de la asunción de las certezas de los más calificados diagnósticos sobre el tema, lo concreto es que las concepción del poder establecido sobre el proyecto de ley y el pacto de agua que se está sugiriendo incluye un conjunto de empresas APPS que implican introducir el negocio capitalista en la fuentes de agua del país, lo cual es sencillamente es un crimen de lesa patria
En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.
El agua, que es vida, que vale más que el oro y es un bien común, está amenazada por esa vía de ser convertida en negocio privado especulativo por la ley y el pacto de agua de factura gubernamental y además por el impacto de las concesiones mineras en las proximidades de sus fuentes.
El pacto sugerido es del Estado con las empresas privadas, cuando debería ser del Estado con las comunidades, que si saben el valor del agua para la vida de los seres humanos y su entorno natural, y se resisten por razones de sobrevivencia a que un recurso natural que es de todos/as, crucial para la continuidad de la vida de esta isla y esta sociedad sea convertido en mercancía y fuente de lucro de unos pocos magnates.
En verdad, nada más perverso que esa pretensión. A ella es de vida o muerte declararle la guerra.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!