Opinión
El agua no debe bebe ser negocio bajo el manto de las Alianzas Público-Privadas (APPS)
Por Narciso Isa Conde
En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.
Si la salud y la educación son derechos y jamás deben ser negocios, el agua mucho menos.
El agua es vida y con la vida de un país, una región, una sociedad, un planeta… no se negocia.
El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria
El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria
Es inaceptable que se pretenda privatizar la fuentes de agua y a ese extremo llegan la pretensiones de la cúpulas capitalistas en su empeño de contener y revertir la crisis de decadencia de su sistema de dominación sobre la base de convertir todo en mercancía, de obtener súper-ganancias y concentrar poder y capital en esta fase de extremo endurecimiento de su estrategia neoliberal, o más bien neoconservadora.
El control del agua por las elites capitalistas equivale al dominio absoluto de la sociedad humana, a la dictadura total sobre la vida en todas sus vertientes. Y esa determinación, en medio de la crisis de agua que afecta al planeta, guarda una estrecha relación con el declive de EEUU y del sistema imperialista occidental, fenómeno que potencia su voracidad y su desesperado empeño en recuperar y concentrar poder.
El amor de Cristo
El amor de Cristo
Esa hambre agua, para hacer negocio, es inseparable de su actual agresividad militar en función de su pretendido control absoluto sobre regiones preñadas de vida y riquezas.
La pandemia COVID 19 -manipulada para acumular, concentrar y expandir los grandes capitales privados- es asumida como oportunidad para privatizarlo todo, en aquellos lugares donde el poder detentado directamente y/o a través de sus socios y aliados locales se lo permita.
Ese es caso de la República Dominicana y no solo, puesto que hay claras señales de que se trata de una estrategia global.
LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS RELANZADAS COMO MECANISMO DE LA ESTRATEGIAS PRIVATIZADORA.
Algo muy grave, frente a lo que hay que alertar en voz alta y situarlo como un blanco de ataque de primer orden, es la dimensión y el carácter que se le está dando a las Alianzas o Asociaciones Público-Privadas (APPS).
Las APPSno son cosas nuevas. Ellas nacen con el neoliberalismo y su impronta privatizadora y desnacionalizadora.
Lo nuevo, y mucho más grave, en el caso dominicano – y me parece que se trata de un fenómeno inducido desde los centros imperialistas a ser desplegado en muchos lugares del planeta- es el intenso volumen que la gran burguesía transnacional y local, ya en funciones ejecutivas a nivel de gobierno, le está imprimiendo a ese instrumental, junto a la marcada orientación hacia la apropiación y control de áreas claves del territorio, del sector público y del patrimonio natural del país.
Se trata de apropiarse de costas, de territorios de enorme valor inmobiliario, de verdaderos tesoros naturales, fuentes de agua, fuentes de energías, puertos, aeropuertos, autovías y empresas de servicios de servicios estratégicos altamente sensibles para la seguridad del país y la vida de sus pobladores.
En ese orden los gobernantes hablan de una nueva “visión de Estado”, de una nueva manera de “reformarlo”,mediante la asociación del Estado con el gran capital privado criollo y extranjero en negocios compartido por ambos actores, pero con un gran y único beneficiario llamado a montarse sobre el patrimonio nacional y la capacidad de endeudamiento del país para esos fines.
Los préstamos fluiría desde de los organismo multilaterales (FMI, BID, BM, entidades financieras de la UE) y los bancos de negocios con la garantía de los recursos físicos del país para ser manejados por “inversionistas” privados, que realmente no invierten nada.
El Estado pone naturaleza y bienes públicos: playas, mares, ríos, montañas, bosques, terrenos urbanos y rurales, fuentes de agua y de energía, paisajes hermosas ensenadas, montañas, tierras, biodiversidad, infraestructuras a remodelar.
Las empresas privadas, ya trasnacionales, ya con sello nativo, pero realmente lacayas, estarán a cargo de la administración de esas alianzas onerosas con la se quiere disfrazar de bueno un verdadero asalto al suelo, subsuelo y sobresuelo del país, en la lógica de una acumulación capitalista altamente concentrada y especulativa.
En lo especulativo entra el turismo con sus negocios de bienes raíces junto al proceso del endeudamiento de un Estado quebrado por la pandemia, de un gobierno presto a tirarse en brazos del FMI y el BM, con socios privados proclives a coger prestado con las garantías de las riquezas del país sin realmente invertir.
MARCA PAÍS, bajo la dirección de dos de los grupos económicos más poderosos de la nación, va en esa línea de vender nuestros tesoros y valores en el exterior.
Los yacimientos de minerales estratégicos, siendo propiedad de la Nación, no entrarán ni siquiera en ese tipo de asociación, sino que habrán de seguir siendo explotados bajo contratos leoninos y en términos depredadores y contaminadores del ambiente.
El programa minero está en la “gatera” y van a intentar darle permiso de explotación a corporaciones tipo UNI GOLD, GOLD QUEST y sobre todo a la propia BARRICK en su plan de expansión hacia la Sierra de Yamasá y construcción de presa de cola en Guanes, con todas sus funestas consecuencias ambientales sobre los ríos Ozama e Isabela.
Esa minera, ahora con el avance de impuestos para financiar el presupuesto del 2021, se coloca en posición privilegiada para exigir esa concesión de explotación y permiso para su peligrosa presa de cola, que no es más que otro depósito eterno de veneno.
El discurso oficial sobre ese tema -compartido febrilmente por los representantes del gran capital privado y gran parte de su tecnocracia y su bancada legislativa- revela que esa visión sobre el Estado es una visión empresarial-capitalista de la política, con un fondo pro-colonialista; una visión privatizadora del propio Estado y de los partidos que integran el Congreso y parte del Gabinete, cada vez mas desplazados a nivel funciones ejecutivas por empresarios convertidos en funcionarios gubernamentales.
Más puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos turísticos y “ecoturísticos” plantas o entidades eléctricas, centros de salud y educación privados… concebidos como negocios privados con el Estado como socio subordinado, o simplemente como negocios privatizados, están en marcha.
En fin, lo que se debería desprivatizar, va a crecer sobre la base de más presencia y control del capital privado sobre el patrimonio nacional y al precio de un oneroso endeudamiento externo.
Esto es así porque el gran capital privado transnacional y local, que dirige el actual gobierno, no concibe otro tipo de asociación que no sea bajo su hegemonía.
Y es funesto por más que se insista en vestir a los lobos de ovejas y en presentar como futuro maravilloso un proyecto de profundización de la colonización a costa de la vida de este pueblo y esta isla.
Todo esto va de la mano de la militarización de la política y del control militar-policial del territorio bajo el mando militar del Comando Sur del Pentágono y la asesoría colombo-estadounidense-israelí, con ominosos compromisos recientemente concertados de entrenamientos, formación militar, maniobras y operaciones militares conjuntas para supuestamente defender la seguridad regional; lo que realmente se traduce en el compromiso de participar alegremente en las agresiones imperialistas contra los países soberanos de la región (en particular contra Venezuela y Cuba) y apretar las garras sobre Haití.
LA MAYOR PERVERSIDAD DEL MECANISMO APPS ES SU PRETENDIDO EMPLEO PARA INTRUDUCIR EL NEGOCIO PRIVADO EN EL RECURSO AGUA.
Vía las APPS el Gobierno de Luis Abibader pretende abrir las compuertas hacia la privatización de las principales fuentes de aguas que han resistido la embestida depredadora y contaminadora de las últimas décadas.
Más allá de un discurso técnico oficial que reconoce la crisis del agua y su amenaza sobre la vida de nuestra sociedad, más allá de la asunción de las certezas de los más calificados diagnósticos sobre el tema, lo concreto es que las concepción del poder establecido sobre el proyecto de ley y el pacto de agua que se está sugiriendo incluye un conjunto de empresas APPS que implican introducir el negocio capitalista en la fuentes de agua del país, lo cual es sencillamente es un crimen de lesa patria
En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.
El agua, que es vida, que vale más que el oro y es un bien común, está amenazada por esa vía de ser convertida en negocio privado especulativo por la ley y el pacto de agua de factura gubernamental y además por el impacto de las concesiones mineras en las proximidades de sus fuentes.
El pacto sugerido es del Estado con las empresas privadas, cuando debería ser del Estado con las comunidades, que si saben el valor del agua para la vida de los seres humanos y su entorno natural, y se resisten por razones de sobrevivencia a que un recurso natural que es de todos/as, crucial para la continuidad de la vida de esta isla y esta sociedad sea convertido en mercancía y fuente de lucro de unos pocos magnates.
En verdad, nada más perverso que esa pretensión. A ella es de vida o muerte declararle la guerra.
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.