Opinión
El agua no debe bebe ser negocio bajo el manto de las Alianzas Público-Privadas (APPS)
Por Narciso Isa Conde
En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.
Si la salud y la educación son derechos y jamás deben ser negocios, el agua mucho menos.
El agua es vida y con la vida de un país, una región, una sociedad, un planeta… no se negocia.
El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria
El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria
Es inaceptable que se pretenda privatizar la fuentes de agua y a ese extremo llegan la pretensiones de la cúpulas capitalistas en su empeño de contener y revertir la crisis de decadencia de su sistema de dominación sobre la base de convertir todo en mercancía, de obtener súper-ganancias y concentrar poder y capital en esta fase de extremo endurecimiento de su estrategia neoliberal, o más bien neoconservadora.
El control del agua por las elites capitalistas equivale al dominio absoluto de la sociedad humana, a la dictadura total sobre la vida en todas sus vertientes. Y esa determinación, en medio de la crisis de agua que afecta al planeta, guarda una estrecha relación con el declive de EEUU y del sistema imperialista occidental, fenómeno que potencia su voracidad y su desesperado empeño en recuperar y concentrar poder.
El amor de Cristo
El amor de Cristo
Esa hambre agua, para hacer negocio, es inseparable de su actual agresividad militar en función de su pretendido control absoluto sobre regiones preñadas de vida y riquezas.
La pandemia COVID 19 -manipulada para acumular, concentrar y expandir los grandes capitales privados- es asumida como oportunidad para privatizarlo todo, en aquellos lugares donde el poder detentado directamente y/o a través de sus socios y aliados locales se lo permita.
Ese es caso de la República Dominicana y no solo, puesto que hay claras señales de que se trata de una estrategia global.
LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS RELANZADAS COMO MECANISMO DE LA ESTRATEGIAS PRIVATIZADORA.
Algo muy grave, frente a lo que hay que alertar en voz alta y situarlo como un blanco de ataque de primer orden, es la dimensión y el carácter que se le está dando a las Alianzas o Asociaciones Público-Privadas (APPS).
Las APPSno son cosas nuevas. Ellas nacen con el neoliberalismo y su impronta privatizadora y desnacionalizadora.
Lo nuevo, y mucho más grave, en el caso dominicano – y me parece que se trata de un fenómeno inducido desde los centros imperialistas a ser desplegado en muchos lugares del planeta- es el intenso volumen que la gran burguesía transnacional y local, ya en funciones ejecutivas a nivel de gobierno, le está imprimiendo a ese instrumental, junto a la marcada orientación hacia la apropiación y control de áreas claves del territorio, del sector público y del patrimonio natural del país.
Se trata de apropiarse de costas, de territorios de enorme valor inmobiliario, de verdaderos tesoros naturales, fuentes de agua, fuentes de energías, puertos, aeropuertos, autovías y empresas de servicios de servicios estratégicos altamente sensibles para la seguridad del país y la vida de sus pobladores.
En ese orden los gobernantes hablan de una nueva “visión de Estado”, de una nueva manera de “reformarlo”,mediante la asociación del Estado con el gran capital privado criollo y extranjero en negocios compartido por ambos actores, pero con un gran y único beneficiario llamado a montarse sobre el patrimonio nacional y la capacidad de endeudamiento del país para esos fines.
Los préstamos fluiría desde de los organismo multilaterales (FMI, BID, BM, entidades financieras de la UE) y los bancos de negocios con la garantía de los recursos físicos del país para ser manejados por “inversionistas” privados, que realmente no invierten nada.
El Estado pone naturaleza y bienes públicos: playas, mares, ríos, montañas, bosques, terrenos urbanos y rurales, fuentes de agua y de energía, paisajes hermosas ensenadas, montañas, tierras, biodiversidad, infraestructuras a remodelar.
Las empresas privadas, ya trasnacionales, ya con sello nativo, pero realmente lacayas, estarán a cargo de la administración de esas alianzas onerosas con la se quiere disfrazar de bueno un verdadero asalto al suelo, subsuelo y sobresuelo del país, en la lógica de una acumulación capitalista altamente concentrada y especulativa.
En lo especulativo entra el turismo con sus negocios de bienes raíces junto al proceso del endeudamiento de un Estado quebrado por la pandemia, de un gobierno presto a tirarse en brazos del FMI y el BM, con socios privados proclives a coger prestado con las garantías de las riquezas del país sin realmente invertir.
MARCA PAÍS, bajo la dirección de dos de los grupos económicos más poderosos de la nación, va en esa línea de vender nuestros tesoros y valores en el exterior.
Los yacimientos de minerales estratégicos, siendo propiedad de la Nación, no entrarán ni siquiera en ese tipo de asociación, sino que habrán de seguir siendo explotados bajo contratos leoninos y en términos depredadores y contaminadores del ambiente.
El programa minero está en la “gatera” y van a intentar darle permiso de explotación a corporaciones tipo UNI GOLD, GOLD QUEST y sobre todo a la propia BARRICK en su plan de expansión hacia la Sierra de Yamasá y construcción de presa de cola en Guanes, con todas sus funestas consecuencias ambientales sobre los ríos Ozama e Isabela.
Esa minera, ahora con el avance de impuestos para financiar el presupuesto del 2021, se coloca en posición privilegiada para exigir esa concesión de explotación y permiso para su peligrosa presa de cola, que no es más que otro depósito eterno de veneno.
El discurso oficial sobre ese tema -compartido febrilmente por los representantes del gran capital privado y gran parte de su tecnocracia y su bancada legislativa- revela que esa visión sobre el Estado es una visión empresarial-capitalista de la política, con un fondo pro-colonialista; una visión privatizadora del propio Estado y de los partidos que integran el Congreso y parte del Gabinete, cada vez mas desplazados a nivel funciones ejecutivas por empresarios convertidos en funcionarios gubernamentales.
Más puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos turísticos y “ecoturísticos” plantas o entidades eléctricas, centros de salud y educación privados… concebidos como negocios privados con el Estado como socio subordinado, o simplemente como negocios privatizados, están en marcha.
En fin, lo que se debería desprivatizar, va a crecer sobre la base de más presencia y control del capital privado sobre el patrimonio nacional y al precio de un oneroso endeudamiento externo.
Esto es así porque el gran capital privado transnacional y local, que dirige el actual gobierno, no concibe otro tipo de asociación que no sea bajo su hegemonía.
Y es funesto por más que se insista en vestir a los lobos de ovejas y en presentar como futuro maravilloso un proyecto de profundización de la colonización a costa de la vida de este pueblo y esta isla.
Todo esto va de la mano de la militarización de la política y del control militar-policial del territorio bajo el mando militar del Comando Sur del Pentágono y la asesoría colombo-estadounidense-israelí, con ominosos compromisos recientemente concertados de entrenamientos, formación militar, maniobras y operaciones militares conjuntas para supuestamente defender la seguridad regional; lo que realmente se traduce en el compromiso de participar alegremente en las agresiones imperialistas contra los países soberanos de la región (en particular contra Venezuela y Cuba) y apretar las garras sobre Haití.
LA MAYOR PERVERSIDAD DEL MECANISMO APPS ES SU PRETENDIDO EMPLEO PARA INTRUDUCIR EL NEGOCIO PRIVADO EN EL RECURSO AGUA.
Vía las APPS el Gobierno de Luis Abibader pretende abrir las compuertas hacia la privatización de las principales fuentes de aguas que han resistido la embestida depredadora y contaminadora de las últimas décadas.
Más allá de un discurso técnico oficial que reconoce la crisis del agua y su amenaza sobre la vida de nuestra sociedad, más allá de la asunción de las certezas de los más calificados diagnósticos sobre el tema, lo concreto es que las concepción del poder establecido sobre el proyecto de ley y el pacto de agua que se está sugiriendo incluye un conjunto de empresas APPS que implican introducir el negocio capitalista en la fuentes de agua del país, lo cual es sencillamente es un crimen de lesa patria
En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.
El agua, que es vida, que vale más que el oro y es un bien común, está amenazada por esa vía de ser convertida en negocio privado especulativo por la ley y el pacto de agua de factura gubernamental y además por el impacto de las concesiones mineras en las proximidades de sus fuentes.
El pacto sugerido es del Estado con las empresas privadas, cuando debería ser del Estado con las comunidades, que si saben el valor del agua para la vida de los seres humanos y su entorno natural, y se resisten por razones de sobrevivencia a que un recurso natural que es de todos/as, crucial para la continuidad de la vida de esta isla y esta sociedad sea convertido en mercancía y fuente de lucro de unos pocos magnates.
En verdad, nada más perverso que esa pretensión. A ella es de vida o muerte declararle la guerra.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes.
Por Rosario Espinal
A pesar del triunfo de Lula en Brasil, es evidente el avance de la ultraderecha en el mundo. Las causas son diversas, pero hay elementos en común: el hartazgo de muchas personas con lo existente y la búsqueda de chivos expiatorios para distraer la atención de los problemas de fondo.
Los chivos expiatorios permiten culpar a alguien (usualmente a un grupo vulnerable) de los males sentidos; males que muchos no comprenden y que unos pocos explican a su conveniencia para consumo masivo. De ahí que la ultraderecha se sustente en culpar a los inmigrantes, los gais, los trans, las mujeres, los ambientalistas, etc.
Ellos, según la agitación constante de la ultraderecha, son culpables del desempleo, del gasto en servicios públicos, de la delincuencia, de la pérdida de valores, del colapso de la familia tradicional, etc.
¿Qué hay realmente en el trasfondo? Sociedades que no han podido ofrecer el bienestar prometido a amplios segmentos de la ciudadanía.
En regímenes autoritarios no hay que inventar muchos cuentos porque las fuerzas represivas impiden o sofocan los brotes de insatisfacción. En sociedades con ciertas libertades públicas hay que identificar culpables para el desquite. De ahí que el auge de la ultraderecha se exprese actualmente en democracias longevas.
En el caso específico de las sociedades capitalistas hay un mal de fondo: la promesa de prosperidad que cundió por el mundo desde la década de 1980, bajo las premisas del neoliberalismo y la globalización, desencadenaron expectativas de bienestar para una gran parte de la población mundial que no se han concretado.
Tres factores claves lo han impedido:
Primero, el neoliberalismo con sus políticas de bajos impuestos al capital y la desregulación empresarial ha producido una gran desigualdad en la distribución de la riqueza: los que más tienen, tienen muchísimo más que los demás.
Segundo, la dificultad para desmontar servicios públicos establecidos después de la Gran Depresión. Si eliminan servicios hay más desigualdad y descontento. Si los mantienen, los gobiernos enfrentan mayores déficits fiscales porque han bajado los impuestos a los ricos o les perdonan la evasión.
Tercero, la inflación pospandémica, agravada por la guerra contra Ucrania y contra Irán aumenta los costos de la energía, devastador en el mundo.
Las protestas que proliferan actualmente, sea por la vivienda, el deterioro de la educación, el costo de la vida, o la corrupción reflejan el descontento. Ahí prolifera la ultraderecha con su recetario de chivos expiatorios (simples y claros) que mucha gente asume como explicación de sus males. El sistema en su último cuplé.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes. Esta discrepancia se presenta a través del mundo.
Cuando los gobiernos de ultraderecha arrasen con muchas de las conquistas de los últimos 70 años, dejarán detrás sociedades más desiguales y convulsas, sobre las que habrá que forjar valores de solidaridad y justicia, si es que la humanidad no ha sido vencida por los humanoides de la inteligencia artificial.
Por Miguel Guerrero
El problema eléctrico sólo se resuelve tomando al toro por los cuernos. Lo primero es reconocer que la presencia del Estado en el negocio es el principal escollo en la búsqueda de una solución a la crisis energética y su grave impacto en la economía nacional, el sosiego familiar, la estabilidad de los negocios, grandes, medianos y pequeños, y todo cuanto anhelamos con proyección al futuro.
Sin ánimo de enjuiciar la labor del actual gobierno, lo cierto es que la CDEEE es parte del problema. Para esta fecha se suponía que su papel habría dejado de ser determinante y que el Gobierno aceptaría su rol de regulador, fortaleciendo las instituciones públicas llamadas por ley a pautar las reglas del negocio. En lugar de afianzar esta irrenunciable y fundamental responsabilidad, la corporación estatal ha continuado asumiendo funciones propias de una rectoría del sector que no le corresponde.
En la medida en que ese papel se incrementa desciende el de la superintendencia y de la Comisión de Energía, supuesta esta última a pautar las políticas del sector. En un sistema bien estructurado, la CDEEE sería apenas otro agente del sector, no el ostentador de un liderazgo que no es suyo. Por esa distorsión, el sistema no funciona adecuadamente y la mejor demostración de ello son los apagones y el alza de las tarifas, que tienen al garete a la población y estrangulado a los sectores productivos.
Los gobiernos han evidenciado, además, su incapacidad para liderar el sector, se vieron obligados a recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de una salida, después de interminables promesas de solución con plantas que nadie ha visto. Admito que es una decisión difícil para un Gobierno, pero a menos que no se delimiten claramente los roles, el sector eléctrico seguirá dando tumbos.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom