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Opinión

El agua no debe bebe ser negocio bajo el manto de las Alianzas Público-Privadas (APPS)

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Por Narciso Isa Conde

En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.

Si la salud y la educación son derechos y jamás deben ser negocios, el agua mucho menos.

El agua es vida y con la vida de un país, una región, una sociedad, un planeta… no se negocia.

El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria
El derecho de los jueces en fase de investigación disciplinaria
Es inaceptable que se pretenda privatizar la fuentes de agua y a ese extremo llegan la pretensiones de la cúpulas capitalistas en su empeño de contener y revertir la crisis de decadencia de su sistema de dominación sobre la base de convertir todo en mercancía, de obtener súper-ganancias y concentrar poder y capital en esta fase de extremo endurecimiento de su estrategia neoliberal, o más bien neoconservadora.

El control del agua por las elites capitalistas equivale al dominio absoluto de la sociedad humana, a la dictadura total sobre la vida en todas sus vertientes. Y esa determinación, en medio de la crisis de agua que afecta al planeta, guarda una estrecha relación con el declive de EEUU y del sistema imperialista occidental, fenómeno que potencia su voracidad y su desesperado empeño en recuperar y concentrar poder.

El amor de Cristo
El amor de Cristo
Esa hambre agua, para hacer negocio, es inseparable de su actual agresividad militar en función de su pretendido control absoluto sobre regiones preñadas de vida y riquezas.

La pandemia COVID 19 -manipulada para acumular, concentrar y expandir los grandes capitales privados- es asumida como oportunidad para privatizarlo todo, en aquellos lugares donde el poder detentado directamente y/o a través de sus socios y aliados locales se lo permita.

Ese es caso de la República Dominicana y no solo, puesto que hay claras señales de que se trata de una estrategia global.

LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS RELANZADAS COMO MECANISMO DE LA ESTRATEGIAS PRIVATIZADORA.
Algo muy grave, frente a lo que hay que alertar en voz alta y situarlo como un blanco de ataque de primer orden, es la dimensión y el carácter que se le está dando a las Alianzas o Asociaciones Público-Privadas (APPS).

Las APPSno son cosas nuevas. Ellas nacen con el neoliberalismo y su impronta privatizadora y desnacionalizadora.

Lo nuevo, y mucho más grave, en el caso dominicano – y me parece que se trata de un fenómeno inducido desde los centros imperialistas a ser desplegado en muchos lugares del planeta- es el intenso volumen que la gran burguesía transnacional y local, ya en funciones ejecutivas a nivel de gobierno, le está imprimiendo a ese instrumental, junto a la marcada orientación hacia la apropiación y control de áreas claves del territorio, del sector público y del patrimonio natural del país.

Se trata de apropiarse de costas, de territorios de enorme valor inmobiliario, de verdaderos tesoros naturales, fuentes de agua, fuentes de energías, puertos, aeropuertos, autovías y empresas de servicios de servicios estratégicos altamente sensibles para la seguridad del país y la vida de sus pobladores.

En ese orden los gobernantes hablan de una nueva “visión de Estado”, de una nueva manera de “reformarlo”,mediante la asociación del Estado con el gran capital privado criollo y extranjero en negocios compartido por ambos actores, pero con un gran y único beneficiario llamado a montarse sobre el patrimonio nacional y la capacidad de endeudamiento del país para esos fines.

Los préstamos fluiría desde de los organismo multilaterales (FMI, BID, BM, entidades financieras de la UE) y los bancos de negocios con la garantía de los recursos físicos del país para ser manejados por “inversionistas” privados, que realmente no invierten nada.

El Estado pone naturaleza y bienes públicos: playas, mares, ríos, montañas, bosques, terrenos urbanos y rurales, fuentes de agua y de energía, paisajes hermosas ensenadas, montañas, tierras, biodiversidad, infraestructuras a remodelar.

Las empresas privadas, ya trasnacionales, ya con sello nativo, pero realmente lacayas, estarán a cargo de la administración de esas alianzas onerosas con la se quiere disfrazar de bueno un verdadero asalto al suelo, subsuelo y sobresuelo del país, en la lógica de una acumulación capitalista altamente concentrada y especulativa.

En lo especulativo entra el turismo con sus negocios de bienes raíces junto al proceso del endeudamiento de un Estado quebrado por la pandemia, de un gobierno presto a tirarse en brazos del FMI y el BM, con socios privados proclives a coger prestado con las garantías de las riquezas del país sin realmente invertir.

MARCA PAÍS, bajo la dirección de dos de los grupos económicos más poderosos de la nación, va en esa línea de vender nuestros tesoros y valores en el exterior.

Los yacimientos de minerales estratégicos, siendo propiedad de la Nación, no entrarán ni siquiera en ese tipo de asociación, sino que habrán de seguir siendo explotados bajo contratos leoninos y en términos depredadores y contaminadores del ambiente.

El programa minero está en la “gatera” y van a intentar darle permiso de explotación a corporaciones tipo UNI GOLD, GOLD QUEST y sobre todo a la propia BARRICK en su plan de expansión hacia la Sierra de Yamasá y construcción de presa de cola en Guanes, con todas sus funestas consecuencias ambientales sobre los ríos Ozama e Isabela.

Esa minera, ahora con el avance de impuestos para financiar el presupuesto del 2021, se coloca en posición privilegiada para exigir esa concesión de explotación y permiso para su peligrosa presa de cola, que no es más que otro depósito eterno de veneno.

El discurso oficial sobre ese tema -compartido febrilmente por los representantes del gran capital privado y gran parte de su tecnocracia y su bancada legislativa- revela que esa visión sobre el Estado es una visión empresarial-capitalista de la política, con un fondo pro-colonialista; una visión privatizadora del propio Estado y de los partidos que integran el Congreso y parte del Gabinete, cada vez mas desplazados a nivel funciones ejecutivas por empresarios convertidos en funcionarios gubernamentales.

Más puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos turísticos y “ecoturísticos” plantas o entidades eléctricas, centros de salud y educación privados… concebidos como negocios privados con el Estado como socio subordinado, o simplemente como negocios privatizados, están en marcha.

En fin, lo que se debería desprivatizar, va a crecer sobre la base de más presencia y control del capital privado sobre el patrimonio nacional y al precio de un oneroso endeudamiento externo.

Esto es así porque el gran capital privado transnacional y local, que dirige el actual gobierno, no concibe otro tipo de asociación que no sea bajo su hegemonía.

Y es funesto por más que se insista en vestir a los lobos de ovejas y en presentar como futuro maravilloso un proyecto de profundización de la colonización a costa de la vida de este pueblo y esta isla.

Todo esto va de la mano de la militarización de la política y del control militar-policial del territorio bajo el mando militar del Comando Sur del Pentágono y la asesoría colombo-estadounidense-israelí, con ominosos compromisos recientemente concertados de entrenamientos, formación militar, maniobras y operaciones militares conjuntas para supuestamente defender la seguridad regional; lo que realmente se traduce en el compromiso de participar alegremente en las agresiones imperialistas contra los países soberanos de la región (en particular contra Venezuela y Cuba) y apretar las garras sobre Haití.

LA MAYOR PERVERSIDAD DEL MECANISMO APPS ES SU PRETENDIDO EMPLEO PARA INTRUDUCIR EL NEGOCIO PRIVADO EN EL RECURSO AGUA.
Vía las APPS el Gobierno de Luis Abibader pretende abrir las compuertas hacia la privatización de las principales fuentes de aguas que han resistido la embestida depredadora y contaminadora de las últimas décadas.

Más allá de un discurso técnico oficial que reconoce la crisis del agua y su amenaza sobre la vida de nuestra sociedad, más allá de la asunción de las certezas de los más calificados diagnósticos sobre el tema, lo concreto es que las concepción del poder establecido sobre el proyecto de ley y el pacto de agua que se está sugiriendo incluye un conjunto de empresas APPS que implican introducir el negocio capitalista en la fuentes de agua del país, lo cual es sencillamente es un crimen de lesa patria

En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.

El agua, que es vida, que vale más que el oro y es un bien común, está amenazada por esa vía de ser convertida en negocio privado especulativo por la ley y el pacto de agua de factura gubernamental y además por el impacto de las concesiones mineras en las proximidades de sus fuentes.

El pacto sugerido es del Estado con las empresas privadas, cuando debería ser del Estado con las comunidades, que si saben el valor del agua para la vida de los seres humanos y su entorno natural, y se resisten por razones de sobrevivencia a que un recurso natural que es de todos/as, crucial para la continuidad de la vida de esta isla y esta sociedad sea convertido en mercancía y fuente de lucro de unos pocos magnates.

En verdad, nada más perverso que esa pretensión. A ella es de vida o muerte declararle la guerra.

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Opinión

Implementación de leyes y procedimientos con la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

En términos generales los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán contar con leyes y procedimientos que les permitan cumplir con todas las solicitudes de asistencia de la IPC. Estas leyes y procedimientos necesitan ser suficientemente flexibles para permitir el cumplimiento de los Estados Partes de cualquier especificación contenida en la solicitud, tal como el modo de ejecución de una solicitud en particular, o el procedimiento a seguir. Este podría incluir requisitos tales como la confidencialidad, u otras formas de protección de la información, así como la urgencia de la solicitud.

Todos los Estados deberán establecer un método efectivo de comunicación con la Corte para que resuelva cualquier problema que pueda surgir en relación con las solicitudes de asistencia de la Corte. Por ejemplo, alguien que trabajara en la Embajada del Estado en La Haya debería ser designado como contacto con la Secretaría de la Corte, para que así se puedan identificar posibles dificultades de manera incipiente. Como mínimo, se debería designar una persona contacto que mantenga archivos actualizados de todas las comunicaciones con la Corte y sus distintos órganos.

Cuando los Estados Partes del Estatuto de Roma debían cumplir con requisitos particulares para ejecutar las solicitudes de la Corte Penal Internacional, deberán hacérselo saber a la Corte cuanto antes, luego de la ratificación. Si no lo hacen deberán estar preparados para hacerlo cuando la Corte solicite tal información.Los Estados Partes podrían también necesitar leyes que permitan a las personas especificadas por la Corte para presenciar y asistir en el proceso de ejecución, luego de el Estado Parte   Consultado

. Estas personas incluirán a personal de la CPI, tales como el Fiscal y Fiscales Adjuntos. Podrían también incluir al Abogado Defensor, en el caso de una persona investigada por la CPI, cuando sea una orden o solicitud de cooperación de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 57 del Estatuto.

En líneas generales, los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.

En el caso anterior el Estado requerido  podrá consultarlo ante la Corte Penal Internacional  y acordar un periodo de tiempo de prórroga  para la ejecución. Este periodo no excederá  de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.

El artículo 95 describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen.

Sin embargo, el Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte, a no ser que la Corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar prueba antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto. En otras palabras, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la CPI o una autoridad nacional estatal.

Finalmente, por las razones anteriores los Estados podrán esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la Corte Penal Internacional, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, según la parte 9 del Estatuto, salvo que la Corte disponga lo contrario.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

La montaña parió un ratón

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Por Nelson Encarnación

Dos cosas resaltaron durante el muy pregonado encuentro de la alianza opositora, publicitado días antes con una rimbombancia de tal calibre, que lo menos que se podía esperar como resultado era la compactación de una candidatura unitaria para enfrentar la búsqueda de la reelección del presidente Luis Abinader.

En lo que concierne a esas expectativas, se puede afirmar—con el lugar común— que “la montaña parió un ridículo”, puesto que el anuncio de grandes acontecimientos alrededor de la alianza, a la postre, terminó convertido en agua de borraja.

Es decir que la población que dio seguimiento al anuncio del encuentro, y los opositores que se formaron alguna idea, terminaron intrigados respecto de si la convocatoria fue para leer un documento que bien servía como sustento para un buen comunicado de prensa.

Suponemos que la plantilla de seguidores de los tres principales partidos signatarios de la alianza Rescate-RD ha terminado más confundida que antes del encuentro, puesto que se formó la idea de un gran frente electoral que compactara a la oposición, empero notó que siguieron tan separados como llegaron a la reunión.

Que la oposición presente tres candidaturas separadas con la perspectiva de unificarse en una en la eventual segunda vuelta, deja un escenario más favorable a los intereses electorales del Partido Revolucionario Moderno, habida cuenta de que la oposición unida en decenas de municipios y distritos no pudo vencer al oficialismo en febrero pasado.

De modo que no hubo tal compactación con fines electorales prácticos; esa compactación es solo en términos de imagen y de enviar mensajes, pero los comicios se ganan con sumando votos, no ideas comunes, que fue lo sucedido en el encuentro opositor.

El otro meta-mensaje de ese encuentro lo tenemos en el saludo de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, al cual le faltó la efusividad que caracteriza los reencuentros.

Lo que se pudo observar es que Danilo quiso abrazar a Leonel, mas este extendió un saludo cordial, muy distante de la señal clara que esperaban sus seguidores acerca de un real reencuentro.

El problema es que todavía están frescas las diferencias que causaron la división del Partido de la Liberación Dominicana, consecuencia de la cual fue la fundación de la nueva organización Fuerza del Pueblo.

¿Es tan sencillo echar tierra a agravios tan feroces? Casi imposible.

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Opinión

El masoquismo oculto tras las encuestas

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Por Miguel Guerrero

Los datos más recientes de las encuestas que otorgan más de un 50% de las preferencias electorales a la reelección presidencial, revelan una característica asombrosa del carácter nacional; algo tanto o más importante que el pronóstico sobre las votaciones mismas. Las encuestas advierten acerca de evidentes y notables señales de un hasta ahora oculto masoquismo dominicano.

La observación viene de algunos de sus descubrimientos. El mismo pueblo que en un 60% dice que está muy mal, que entiende que está peor que antes en casi idéntica proporción y cree que la situación podría seguir empeorando, favorece en cambio en más de un 50%, lo suficiente para ganar en primera vuelta, al que por lógica natural pudiera ser señalado como responsable de sus quejas.

Otro dato relevante, digno de un estudio sociológico profundo que probablemente encuentre rasgos aún desconocidos del carácter del ciudadano común, es aquel que se desprende de las respuestas a la pregunta sobre la situación en que se encontraría el país al término del actual periodo. Poco más de un 20% menos de quienes entienden que las cosas marchan mal, estiman que desmejorará y afirman que se encuentran peor, cree, según la encuesta, que la situación está mejor que antes.

Las encuestas rigurosamente hechas suelen ser valiosos instrumentos de trabajo no sólo para los partidos y los candidatos, sino también para los negocios en la actividad privada. Reflejan realidades de un momento como proyecciones sobre preferencias o rechazos de una población hacia un futuro más o menos cercano, que pueden ser transformadas por eventos previsibles o inesperados. Aquí predicen el futuro, algo no del todo inconcebible si se vive en medio de un ambiente de masoquismo colectivo y del excesivo entusiasmo electoral que se respira. Cada día se aprende algo o muere alguien de espanto.

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