Opinión
El arte de convivir con diferencias
Por Hamlet Hermann
Ahora, Obama reta a los ultraderechistas anunciando el acercamiento a Cuba, con la esperanza de que, con este conjunto de medidas, pudiera lograr la consolidación del Partido Demócrata.
El miércoles 17 de diciembre de 2014, los Presidentes de Cuba y de Estados Unidos, Raúl Castro y Barack Obama, publicaron sus intenciones de encaminar los primeros pasos hacia la normalización de relaciones diplomáticas formales entre ambos países. Pocas veces una noticia de esta naturaleza había provocado tantas reacciones, favorables y contrapuestas, en tan corto tiempo. La alegría o la indignación se expresaban en formas extremas en torno a los propósitos de los mandatarios. Ningún espacio quedó para las “medias tintas” o para los indiferentes.
Ahora corresponde analizar y mirar hacia el futuro para estimar qué va a ocurrir en lo inmediato. Se interpone a la clarividencia el extremo secreto con que se manejó el proceso de conversaciones durante año y medio, ocultamiento que parece mantenerse en los pasos a dar por los principales actores.
Lo primero a destacar es que, más que un acuerdo entre dos naciones, formalmente hablando, es un compromiso entre sistemas diferentes: la Revolución cubana y el imperio estadounidense. Nadie se llame a engaños y piense que el imperio ha comprometido su naturaleza expansionista, voraz y agresiva. Allí todavía gobierna el complejo militar-industrial-congresional que denunciara el presidente Eisenhower al despedirse del poder en enero de 1961, pocos días después de romper relaciones diplomáticas con el recién instalado gobierno revolucionario de Cuba.
Tampoco alguien debía pensar que la Revolución cubana se ha transado y negado su esencia socialista y transformadora. Muchos agravios sufrió ese pueblo mientras fue colonia de España y luego república mediatizada de Estados Unidos con sus dictaduras de ocasión. En contraste, muchos logros sociales ha obtenido el pueblo humilde con el proceso revolucionario.
Para la Revolución cubana el acuerdo fue ganancia neta. Luego de 54 años de sequía, se cumplieron todas y cada una de las exigencias que había reclamado en sus diferencias con el imperio. Los isleños siempre demandaron que se les tratara en plano de igualdad, que no se violentara su soberanía nacional, que se respetaran su Constitución y sus leyes, así como que nadie obstaculizara su política exterior basada en la solidaridad internacionalista, ya en la paz como en las guerras de liberación.
Ahora bien, la situación del grupo gobernante estadounidense es diferente y sus probables ganancias están a futuro. El país militarmente más poderoso que ha conocido la humanidad frenó súbitamente y está tomando audaces medidas que había evadido durante más de medio siglo. El presidente Obama se ha atrevido a cometer varias herejías, quizás provocado por la derrota electoral sufrida recientemente por los candidatos del Partido Demócrata en las elecciones de medio término. En esos comicios perdieron el control del Congreso de Estados Unidos, el cual entregarán en unas cuantas semanas.
Esto parece haber provocado una suerte de desesperación porque presagia derrota de los Demócratas en las próximas elecciones presidenciales de 2016. Y han apretado el botón del pánico. Decidieron aplicar una vez más, aquella frase atribuida a Tip O`Neill, eterno “speaker of the House”. Decía: “Toda política, no importa donde se realice, sólo importa en lo local.” Y el presidente Obama se ha dado a la tarea de alborotar las avispas en busca de un apoyo de las cuantiosas minorías dentro de Estados Unidos que pudieran estimular la consolidación del Partido Demócrata, antes de las elecciones presidenciales. Además, maquillar un poco la deteriorada imagen internacional del imperio interventor y guerrerista.
Viajó a la República Popular China y allí firmó un compromiso para que los dos mayores contaminadores del ambiente en todo el mundo redujeran sus emisiones nocivas.
No bien retornaba desde Asia, anunció una regularización temporal de hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados, dándoles la oportunidad de evitar la deportación y optar por un permiso de trabajo.
A seguidas impulsó la publicación de un informe congresional en el que se daban a conocer las torturas y crímenes cometidos por los aparatos de espionaje durante los tiempos de Bush y los halcones Republicanos.
Ahora, Obama reta a los ultraderechistas anunciando el acercamiento a Cuba, con la esperanza de que, con este conjunto de medidas, pudiera lograr la consolidación del Partido Demócrata.
Vistos estos movimientos y confirmado tan importante acuerdo, esperemos confiados en que ambas partes harán caso al mensaje de Raúl Castro cuando expresó: “…debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias.”
Y cada uno tendrá entonces un enorme margen de ganancia, sin necesidad de atropellar a los demás.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.