Opinión
El arte de convivir con diferencias
Por Hamlet Hermann
Ahora, Obama reta a los ultraderechistas anunciando el acercamiento a Cuba, con la esperanza de que, con este conjunto de medidas, pudiera lograr la consolidación del Partido Demócrata.
El miércoles 17 de diciembre de 2014, los Presidentes de Cuba y de Estados Unidos, Raúl Castro y Barack Obama, publicaron sus intenciones de encaminar los primeros pasos hacia la normalización de relaciones diplomáticas formales entre ambos países. Pocas veces una noticia de esta naturaleza había provocado tantas reacciones, favorables y contrapuestas, en tan corto tiempo. La alegría o la indignación se expresaban en formas extremas en torno a los propósitos de los mandatarios. Ningún espacio quedó para las “medias tintas” o para los indiferentes.
Ahora corresponde analizar y mirar hacia el futuro para estimar qué va a ocurrir en lo inmediato. Se interpone a la clarividencia el extremo secreto con que se manejó el proceso de conversaciones durante año y medio, ocultamiento que parece mantenerse en los pasos a dar por los principales actores.
Lo primero a destacar es que, más que un acuerdo entre dos naciones, formalmente hablando, es un compromiso entre sistemas diferentes: la Revolución cubana y el imperio estadounidense. Nadie se llame a engaños y piense que el imperio ha comprometido su naturaleza expansionista, voraz y agresiva. Allí todavía gobierna el complejo militar-industrial-congresional que denunciara el presidente Eisenhower al despedirse del poder en enero de 1961, pocos días después de romper relaciones diplomáticas con el recién instalado gobierno revolucionario de Cuba.
Tampoco alguien debía pensar que la Revolución cubana se ha transado y negado su esencia socialista y transformadora. Muchos agravios sufrió ese pueblo mientras fue colonia de España y luego república mediatizada de Estados Unidos con sus dictaduras de ocasión. En contraste, muchos logros sociales ha obtenido el pueblo humilde con el proceso revolucionario.
Para la Revolución cubana el acuerdo fue ganancia neta. Luego de 54 años de sequía, se cumplieron todas y cada una de las exigencias que había reclamado en sus diferencias con el imperio. Los isleños siempre demandaron que se les tratara en plano de igualdad, que no se violentara su soberanía nacional, que se respetaran su Constitución y sus leyes, así como que nadie obstaculizara su política exterior basada en la solidaridad internacionalista, ya en la paz como en las guerras de liberación.
Ahora bien, la situación del grupo gobernante estadounidense es diferente y sus probables ganancias están a futuro. El país militarmente más poderoso que ha conocido la humanidad frenó súbitamente y está tomando audaces medidas que había evadido durante más de medio siglo. El presidente Obama se ha atrevido a cometer varias herejías, quizás provocado por la derrota electoral sufrida recientemente por los candidatos del Partido Demócrata en las elecciones de medio término. En esos comicios perdieron el control del Congreso de Estados Unidos, el cual entregarán en unas cuantas semanas.
Esto parece haber provocado una suerte de desesperación porque presagia derrota de los Demócratas en las próximas elecciones presidenciales de 2016. Y han apretado el botón del pánico. Decidieron aplicar una vez más, aquella frase atribuida a Tip O`Neill, eterno “speaker of the House”. Decía: “Toda política, no importa donde se realice, sólo importa en lo local.” Y el presidente Obama se ha dado a la tarea de alborotar las avispas en busca de un apoyo de las cuantiosas minorías dentro de Estados Unidos que pudieran estimular la consolidación del Partido Demócrata, antes de las elecciones presidenciales. Además, maquillar un poco la deteriorada imagen internacional del imperio interventor y guerrerista.
Viajó a la República Popular China y allí firmó un compromiso para que los dos mayores contaminadores del ambiente en todo el mundo redujeran sus emisiones nocivas.
No bien retornaba desde Asia, anunció una regularización temporal de hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados, dándoles la oportunidad de evitar la deportación y optar por un permiso de trabajo.
A seguidas impulsó la publicación de un informe congresional en el que se daban a conocer las torturas y crímenes cometidos por los aparatos de espionaje durante los tiempos de Bush y los halcones Republicanos.
Ahora, Obama reta a los ultraderechistas anunciando el acercamiento a Cuba, con la esperanza de que, con este conjunto de medidas, pudiera lograr la consolidación del Partido Demócrata.
Vistos estos movimientos y confirmado tan importante acuerdo, esperemos confiados en que ambas partes harán caso al mensaje de Raúl Castro cuando expresó: “…debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias.”
Y cada uno tendrá entonces un enorme margen de ganancia, sin necesidad de atropellar a los demás.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!