Análisis Noticiosos
Banco Central argentino crea “dólar soja” para que campo acelere liquidación de cosecha
La ministra de Economía, Silvina Batakis, asegura en Wall Street que tiene el apoyo del kirchnerismo para cumplir con las metas del FMI
Un agricultor controla la carga de soja en un contenedor en Rosario, Argentina
Buenos Aires.- El Banco Central de Argentina ha anunciado este martes un régimen especial cambiario para que el campo acelere la venta de la cosecha. La medida supone que los exportadores podrán obtener por cada dólar vendido unos 160 pesos, bastante menos que los 323 que hoy obtendrían en el mercado negro pero superior a los 137 de la cotización oficial, fijada por el Estado. No se trata de un tipo de cambio especial, sino de un mecanismo que, según el Banco Central, permitirá a los productores sostener el valor de su inversión y los incentivará a liquidar los granos que, denuncia el Gobierno, mantienen retenidos a la espera de una devaluación de la moneda nacional.
El nuevo régimen permite a los productores depositar el 70% de los pesos que reciben por sus dólares con una cobertura contra una posible depreciación de la moneda. El 30% restante podrán utilizarlo para recomprar dólares a la cotización del “solidario”, esto es la oficial más un impuesto que eleva el valor hasta los 239 pesos, según el cierre de este martes. El compensado da una cifra cercana a los 160 pesos. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo tras el anuncio que esperaba “destrabar la dificultad que expresó el segmento agropecuario con respecto a la producción de soja, que venía demorada respecto de años anteriores”. El régimen regirá hasta el 31 de agosto.
El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, fue más cauto en las cifras y estimó que los dólares retenidos por los productores agropecuarios son unos 2.800 millones, a los que se suman otros 2.200 millones de la industria. “Ese es el universo. Ahora veremos cuántos se adhieren. No vemos cuál puede ser el inconveniente para que se adhieran, ya que ahora tienen el instrumento que les permite conservar el valor de su activo”, dijo. Los dólares de la soja serán vitales durante agosto, el mes en que se dispara la factura de la importación de gas por el frío del invierno.
El primero en reaccionar al anuncio fue Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, la entidad que agrupa a los grandes productores. “Es una medida sin consenso y eso no es bueno en ningún sector de la economía. Nos da la impresión de que es otro tipo de cambio que parece de muy difícil implementación”, dijo. Días antes, Pino había negado que estén reteniendo la cosecha, como acusa el Gobierno. “Se viene comercializando lo que habitualmente se comercializa para esta época del año. Al 13 de julio, el 64% de la campaña estaba vendida”, aseguró.
Batakis busca apoyo en Washington
El Gobierno está necesitado de divisas para sostener el valor del peso, que ha perdido más del 40% de su valor en el mercado informal desde el 1 de julio, cuando presentó su renuncia Martín Guzmán, el ministro de Economía que en enero firmó un acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. Su reemplazo, Silvina Batakis, viajó este lunes a Washington para reunirse con la titular del Fondo, Cristalina Georgieva, y representantes de los principales grupos de inversión.
Ha sido una gira de presentación, en la que Batakis escuchó de primera mano la desconfianza del mercado a su promesa de ajuste fiscal y respeto al acuerdo con el Fondo que lanzó apenas asumida en el cargo. La duda está en el apoyo que pueda tener de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, responsable de la salida de Guzmán y crítica del texto firmado con el FMI en enero. Los diputados kirchneristas en el Congreso votaron en su momento en contra del acuerdo.
“Nosotros hoy estamos en una coalición de Gobierno y dentro de esa coalición hay un equilibrio que efectivamente está dado para que podamos implementar estas medidas”, dijo Batakis durante una rueda de prensa en la embajada argentina en Washington, antes de regresar a Buenos Aires. “Yo creo que, en ese sentido, hoy hay un apoyo fuerte de todos los sectores en nuestro espacio político”. Esas mismas palabras utilizó por la mañana ante una veintena de inversores en Wall Street, muchos de los cuales tienen bonos de la deuda que Guzmán reestructuró en agosto de 2020.
Ante Georgieva también hubo promesas. Y la presidenta del FMI definió el encuentro de “constructivo”, sin dar más detalles. Las malas noticias llegaron en el último informe World Economic Outlook publicado este martes, en el que advirtió sobre la inflación, hoy por encima del 60% interanual. “Si no se aborda, podría alimentar aún más el descontento social y debilitar el apoyo político al programa. Estos riesgos no pueden mitigarse por completo mediante el diseño de programas y la planificación de contingencias”, dice el informe. En declaraciones posteriores a la presentación, el economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, consideró “basta preocupante” la situación en Argentina.
elpais.com
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.