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El caso Intrant, con Hugo Beras y Jochi Gómez como protagonistas, ya espera por decisión de jueza
Santo Domingo, R.D.-Tras escuchar la comparecencia de varios de los imputados, la noche del viernes culminó la audiencia preliminar contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados en el presunto fraude al Estado mediante la adjudicación e instalación de una red semafórica y se decidirá si el caso irá a juicio a fondo.
Esa decisión está en manos de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien se reservó el fallo para el próximo martes cinco de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público aseguró que el caso cuenta con “los presupuestos necesarios” para que el mismo pase a la etapa de juicio de fondo, indicando que durante la fase preliminar se “probó” con “pruebas contundentes” la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de los acusados.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputado e indicó que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que han hecho los comentarios de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
los imputados
Al hablar ante el tribunal, Jochi Gómez indicó que es “absurdo” que se le acuse de fraude indicando que el dinero que recibió desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la adjudicación, fue “mucho menor” a la cantidad total invertida por la empresa para la adquisición de los equipos.
“Éramos nosotros quienes invertíamos todo; es decir, el personal, la tecnología, los locales, las unidades móviles, los simuladores y el Estado no invertía nada; lo cual fue reconocido por el Intrant y más aún, nunca dejamos de prestar el servicio; no obstante, nos someten y nos quedan debiendo más de 700 millones de pesos y quizás se pregunte, porqué continuar prestando el servicio pese a la deuda requerida, porque nuestro único cliente es el Estado Dominicano y no deseábamos que se viera afectado dicho servicio público”, argumentó Gómez.
“Yo estoy seguro que ustedes se preguntan cómo llegó este joven empresario, con aparente inteligencia, a esta situación y yo se lo voy a decir: porque querían quedarse con lo mío y no me doblegué, ni se lo permití; por eso, solo les quedó la opción de utilizar a este Ministerio Público para perseguirme, aunque se caiga la acusación en el juicio preliminar”, manifestó Gómez.
Mientras, que la defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, indicó que el Ministerio Público no respondió ninguno de los argumentos presentados a favor de su cliente.
La acusación
El Ministerio Público acusa a los implicados de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Las autoridades señalan que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Por su participación en el mismo también están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Nacionales
Procuradora ordena investigar actuación de Violencia de Género tras feminicidio en Alma Rosa
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República lamentó el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, quien fue ultimada a tiros por su expareja tras haber acudido a denunciarlo el mismo día del crimen.
Reynoso informó que ha dispuesto una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del hecho y, de manera crítica, verificar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este agotó los protocolos de protección correspondientes tras recibir la denuncia de la víctima.
Según el informe preliminar, el trágico suceso ocurrió la tarde del miércoles en el sector Alma Rosa. Moronta de los Santos había acudido esa misma mañana, acompañada de una amiga a la unidad del Ministerio Público ubicada en la calle Puerto Rico para buscar auxilio ante las amenazas de su agresor.
La investigación interna tiene el objetivo de determinar si hubo fallas en el sistema de protección que debió garantizar la integridad de Moronta, quien deja en la orfandad a dos menores de 10 y 3 años.
«El caso será investigado con el rigor que exige la gravedad del hecho», afirmó la procuradora, quien además manifestó su solidaridad con el dolor de los familiares ante la pérdida.
Santo Domingo, R.D.-Un anteproyecto para modificar el articulo 1 del Codigo Civil trabaja la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con el objetivo de que las leyes entren en vigencia al mismo tiempo en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La iniciativa procura eliminar la diferencia existente en la actualidad sobre el momento en que las normas se consideran obligatorias en ambos territorios. Actualmente, el Código Civil establece que las leyes se reputan conocidas al día siguiente de su publicación en el Distrito Nacional, mientras que en el resto de las provincias ocurre el segundo día.
Con la reforma, el Poder Ejecutivo busca adecuar esa disposición a la realidad territorial e institucional surgida tras la creación de la provincia Santo Domingo mediante la Ley 163-01, ya que dicho territorio anteriormente formaba parte del Distrito Nacional, indica un documento.
- La Consultoría Jurídica considera que mantener plazos distintos carece de sentido jurídico, tomando en cuenta que hoy ambos territorios conforman el Gran Santo Domingo y mantienen una estrecha integración administrativa, económica y social.
El anteproyecto también persigue fortalecer la seguridad jurídica y garantizar mayor coherencia normativa en la aplicación de las leyes, evitando diferencias en el inicio de su obligatoriedad entre territorios que históricamente estuvieron unificados.
La propuesta forma parte del proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional impulsado por el Poder Ejecutivo, en respuesta a los cambios institucionales y territoriales experimentados por el país en las últimas décadas.
Santo Domingo, R.D.-Yirbety Polanco, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, ordenó la libertad de diez personas acusadas de integrar una presunta red vinculada a posesión ilegal de armas y sustancias controladas, tras ser arrestadas durante un operativo realizado en una villa de San José de las Matas, provincia Santiago.
Como parte de la decisión judicial, la magistrada impuso medidas de coerción consistentes en el pago de una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país para los imputados.
Entre los señalados en el expediente figuran Yapur Ramian Díaz, alias “Shampoo”, y Leury Damián Mata Castillo, ambos identificados por las autoridades como presuntos prófugos de la justicia. Asimismo, fue detenido Carlos José Troche, conocido como “Nino Dólar”, quien supuestamente estaría vinculado a la alegada estructura criminal, según informaciones oficiales.