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El caso Intrant, con Hugo Beras y Jochi Gómez como protagonistas, ya espera por decisión de jueza
Santo Domingo, R.D.-Tras escuchar la comparecencia de varios de los imputados, la noche del viernes culminó la audiencia preliminar contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados en el presunto fraude al Estado mediante la adjudicación e instalación de una red semafórica y se decidirá si el caso irá a juicio a fondo.
Esa decisión está en manos de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien se reservó el fallo para el próximo martes cinco de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público aseguró que el caso cuenta con “los presupuestos necesarios” para que el mismo pase a la etapa de juicio de fondo, indicando que durante la fase preliminar se “probó” con “pruebas contundentes” la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de los acusados.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputado e indicó que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que han hecho los comentarios de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
los imputados
Al hablar ante el tribunal, Jochi Gómez indicó que es “absurdo” que se le acuse de fraude indicando que el dinero que recibió desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la adjudicación, fue “mucho menor” a la cantidad total invertida por la empresa para la adquisición de los equipos.
“Éramos nosotros quienes invertíamos todo; es decir, el personal, la tecnología, los locales, las unidades móviles, los simuladores y el Estado no invertía nada; lo cual fue reconocido por el Intrant y más aún, nunca dejamos de prestar el servicio; no obstante, nos someten y nos quedan debiendo más de 700 millones de pesos y quizás se pregunte, porqué continuar prestando el servicio pese a la deuda requerida, porque nuestro único cliente es el Estado Dominicano y no deseábamos que se viera afectado dicho servicio público”, argumentó Gómez.
“Yo estoy seguro que ustedes se preguntan cómo llegó este joven empresario, con aparente inteligencia, a esta situación y yo se lo voy a decir: porque querían quedarse con lo mío y no me doblegué, ni se lo permití; por eso, solo les quedó la opción de utilizar a este Ministerio Público para perseguirme, aunque se caiga la acusación en el juicio preliminar”, manifestó Gómez.
Mientras, que la defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, indicó que el Ministerio Público no respondió ninguno de los argumentos presentados a favor de su cliente.
La acusación
El Ministerio Público acusa a los implicados de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Las autoridades señalan que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Por su participación en el mismo también están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Nacionales
Falta de interés de jueces de la Suprema por evaluación crea preocupación en algunos sectores de la sociedad.
Santo Domingo.- Una cierta preocupacion en la sociedad civil ha creado la renuncia de la jueza María Garabito a postularse para mantener su cargo en la Suprema Corte de Justicia, lo que a pesar de que abre una tercera plaza para un nuevo aspirante, pero que causa mucha atencion el poco interes de someterse a la evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Que ya sumen tres los jueces que decidieron salir del Poder Judicial genera preocupación entre representantes de la sociedad civil.
Desde Participación Ciudadana se cuestionan las razones de las decisiones del presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, y las juezas Nancy Salcedo y María Garabito, aunque otras organizaciones consideran que solo es el cierre de una larga carrera judicial.
Con el retiro voluntario de Garabito, la magistrada marca el cierre de una destacada trayectoria de más de 38 años dedicada a la administración de justicia.
Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura deberá cubrir tres vacantes, además de desarrollar el proceso de evaluación de los demás jueces.
Fue revocado este jueves por la Segunda Sala de la Corte Penal el auto de no ha lugar que favoreció a Jean André Pumarol Fernández, por lo que enfrentará un juicio de fondo por el ataque con arma blanca a sus vecinos y en cuya agresión falleció una mujer de 70 años.
Los jueces del tribunal de segundo grado, presidido por Ysis Muñiz Almonte e integrado por Teófilo Andújar y Luis Jiménez, también dictaron prisión preventiva de tres meses a Pumarol Fernández, a ser cumplida en el centro de Anamuya, en Higüey.
El magistrado Andújar emitió un fallo observado, que quiere decir que está de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación.
- El procesado no se encontraba en audiencia, como el pasado 23 de julio, cuando se aplazó la decisión de la corte.
El fallo deja sin efecto el emitido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar a juicio de fondo al acusado, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro sicótico.
Pumarol atacó a las víctimas el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el Condominio Naco Dorado IV, agresión que dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, dentro de su apartamento, al cual el victimario tocó y se le abrió la puerta.
También causó lesiones al menos cinco personas, entre ellas a su padre, y a la doméstica de la víctima.
Santo Dpmingo, R.D.-El primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el juez Manuel Herrera Carbuccia, presentó su renuncia como magistrado de esa alta corte.
La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esta dimisión, ya suman cuatro los jueces que han declinado participar en el proceso de evaluación establecida por la ley para determinar su continuación o remoción de la alta corte.
Herrera Carbuccia, quien finaliza un ciclo de 14 años en el Poder Judicial, expresa en su misiva recibida este miércoles por la Secretaría del CNM.
Entre el lunes y ayer comunicaron también su decisión a no continuar en la alta corte el actual presidente Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y María Garabito Ramírez.