Opinión
El clan de presidentes y expresidentes multimillonarios con empresas offshore
La inversión en política electoral opera como mecanismo de acceso o compra de cargos muy rentables para maniobras ilegítimas.
Por Narciso Isa Conde
De más en más abundan en la región latino-caribeña los presidentes, ex presidentes, ministros y funcionarios multimillonarios, representantes de la oligarquía capitalista nativa y transnacional.
Ante el fenómeno de los políticos convertidos al vapor en relevantes componentes del capitalismo parasitario, los narcos metidos a políticos y los políticos asociados a los capos, la poderosa cúpula capitalista tradicional ha decidido tomar importante cargos ejecutivos y legislativos en los Estados cada vez mas gansterizados del Continente Americano y más allá. Todos ellos entrelazados, compitiendo y cooperando entre sí, según temas y derivaciones de la crisis sistémica.
A esa dinámica perversa sirven las nuevas privatizaciones, los préstamos que las favorecen, las Alianzas Público-Privada (APPS), las contrataciones y compras sobrevaluadas, la usura tolerada o legalizada, el narcolavado y otros lavados parecidos, las exenciones de impuestos, las exoneraciones selectivas, las obras de infraestructuras dirigidas a incrementar el valor y la rentabilidad de las inversiones privadas, y las Constituciones y leyes hechas a la medida de una voracidad muy diversa.
Están también los paraísos fiscales y las empresas carpetas, offshore y demás yerbas no aromáticas.
- LOS ESCÁNDALOS DE UNA LUMPEN-BURGUESÍA DIVERSA Y AMPLIADA.
Así, la nueva lumpen-burguesía que exhibe una gran y riesgosa creatividad delictiva para desarrollarse, se suma a una vieja lumpen-burguesía que ejerce, junto a la acumulación ampliada de capital, nuevas y viejas formas de acumulación originaria.
Esto llena de contradicciones al bloque político-social dominante, las cuales estallan periódicamente y obligan a una parte de sus componentes, a pagar costos de descréditos adicionales.
Las grandes y cada vez más profundas desigualdades sociales crecen a la velocidad de la diversificada gansterización del gran capital, ya heredado, ya robado, ya producto de la sobre-explotación de la fuerza de trabajo e intelectual.
Brotan así los escándalos relacionados con conflictos de intereses, tráfico de influencia y apropiación de lo público y lo social, ya sean empresas, territorios y naturaleza variada, incluida costas y fuentes de agua.
Llueven los nombres de los protagonistas de las fullerías legales e ilegales, propietarios de fortunas que se multiplican ejerciendo altas funciones públicas al servicio del capital privado, ya propio, ya de otros componentes de las elites de la clase dominante.
La inversión en política electoral opera como mecanismo de acceso o compra de cargos muy rentables para maniobras ilegítimas.
Los partidos se privatizan y son asaltados por grupos empresariales, que pasan fácilmente a ocupar las más altas funciones gubernamentales y Estado; lo que lo expone a descrédito mayores o los obliga a exhibir el cobre tras el baño de oro
- PANDORAS, PAPELES Y OTRAS PENALIDADES.
Es ahora el caso de una buena parte de los integrantes del clan de los presidentes, ex presidentes y ministros empresario asociados a los paraísos fiscales y empresas offshore.
El Consorcio Internacional de Periodistas publicó con el nombre de PAPELES DE PANDORA la nueva versión de los PAPELES DE PANAMÁ, una investigación sobre las finanzas de 300 altos funcionarios a escala global y detectó depósitos en el exterior de ex presidentes y actuales gobernantes.
21 ex gobernantes, altos funcionarios y ex presidentes latino-caribeños han sido denunciados porque en diversos periodos escondieron millones en paraísos fiscales de Panamá, islas Vírgenes y Dakota del Sur; una parte de ellos para evadir impuestos y otra para obtener otras ventajas. La denuncia incluye tres presidentes activos, entre ellos a LUIS ABINADER.
Sus nombres están bien calientes en el Washington Post, BBC de Londres, La Jornada de México, The Guardian de Inglaterra, http://Noticiassin.com de República Dominicana y otros medios de comunicación.
Es el precio de lanzarse a la política y realizar campañas electorales como inversión de una de las partes de las fracturadas elites capitalistas enfrascadas con otras en pugnas por la preeminencia; ocultando vertientes de sus fortunas y operaciones empresariales antes de ocupar esas funciones públicas, o incluso en no pocos casos no declarando esas empresas como componentes de su patrimonio familiar.
- LOS EX Y ACTUALES PRESIDENTES POR SU NOMBRE.
Entre los ex presidentes, que según los Papeles de Pandora ocultaron fortuna para evadir impuestos, se destacan Kuczynski de Perú (sobornado por ODEBRECHT), Porfirio Lobo (el golpista que masacró al pueblo hondureño), César Gaviria y Pastrana (vinculados al y a la corrupción en Colombia), Ricardo Martinelli (procesado en Panamá) y Ernesto Pérez Balladares también de Panamá. Corruptos y multimillonarios todos.
El trió de presidentes activos con varias empresas offshore y operaciones en paraísos fiscales lo integran Guillermo Lasso (Banquero de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader. Todos con grandes fortunas familiares.
- EL DE AQUÍ SE LLAMA LUIS Y SU GESTIÓN ESTÁ ENTRAMPA EN LA DUALIDAD POLÍTICA-EMPRESARIAL.
Luis Abinader y dos hermanos aparecen en esos papeles como propietarios de LITLECOT INC. creada en el 2011 y PADRESO S.A. en el 2014, junto a un Holdings que incluye varias más.
Eso se desconocía cuando fue candidato, pero ciertamente incluyó esa información en su declaración patrimonial cuando asumió la Presidencia de la República. También se desconocía el monto de su fortuna.
Ahora alega que las referidas offshore han pagado los impuestos correspondientes en el país, sin precisar el monto de sus activos ni presentar todavía pruebas documentales del cumplimiento de sus compromisos fiscales.
Hemos dicho responsablemente que el Presidente Abinader -además de esclarecer todo lo concerniente a esa denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas- tiene cuentas que explicar cómo la ubicación Cementera propiedad de su familia en Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño (violando aéreas protegidas por ley), y las obras de infraestructuras y políticas públicas que favorecen sus empresas.
Debe justificar la transparencia de la promoción gratuita a la empresa TESLA de Elon Musk en la ceremonia de toma de posesión, la protecciones y alianza política con el poderoso Grupo Vicini (responsable de variadas estafas al Estado Dominicano), el apoyo a su Ministro de la Presidencia (miembro del Grupo Vicini, señalado como beneficiario de la corrupción del gobierno anterior), y la designación de Samuel Pereyra Rojas como Administrador del Banco de Reservas (a pesar de estar involucrado en el fraude de la compra de aviones Súper Tucanos a Brasil en complicidad con el ex presidente Leonel Fernández).
A esto se agrega su injustificable silencio frente a la conexiones de la cúpula de su partido PRM con capos y redes de la drogas y respecto sus reiteradas visitas durante la campaña electoral a la familia López Pilarte; vinculada políticamente al PRM y denunciada por la Procuraduría General por delito de narcotráfico y lavado de dinero sucio.
Esos silencios le imprimen mucha fuerza a la percepción de que la proclamada transparencia y el cacareado compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad del Presidente de este Gobierno de Multimillonarios, tiene su límite en el área de sus “corruptos preferidos” y se detiene la acción de justicia cuando se trata de personeros del mundo empresarial, jefes militares y parcelas políticas propia o aliadas. Porque no hay dudas de que hay silencios más elocuentes que las palabras. 7-10-2021, Santo Domingo, RD
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!